César Manuel Ruiz Quintero

Expediente 249/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 19 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
249/2017
Año
2017
Actuaciones
19
Última actuación
16/11/2017

Partes del expediente

  • César Manuel Ruiz Quintero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por conducto de la Sección de Amparos de la Secretaría General de Acuerdos, acusa recibo del oficio 17910/2017, con el que se le informó que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en autos. Ahora bien, de la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo, del artículo 202, de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes legitimadas para hacerlo se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que NO existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la Ley de Amparo, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación al tercero interesado el auto que dice...Agréguese el escrito de cuenta signado por el quejoso César Manuel Ruiz Quintero, a través del cual en relación a la vista concedida en proveído de cinco del presente mes y año, hace manifestaciones respecto al informe rendido por la autoridad responsable. Por otra parte, visto el estado de autos, se procede a analizar si la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, cumplió con la ejecutoria del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la primera de las hipótesis. Por sentencia de fecha veinticinco de julio de dos mil diecisiete, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa César Manuel Ruiz Quintero, la cual causó ejecutoria el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, fecha en que se requirió a la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en la parte conducente, señala: "Que el Juez responsable, deje insubsistente la sentencia interlocutoria de dos de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el toca civil 1159/2016, referente a la excepción de incompetencia por inhibitoria opuesta por la parte demandada ante el Juez Segundo de lo Familiar en esta ciudad, en el juicio ordinario civil de divorcio necesario 1236/2015. En su lugar emita otra, en el mismo sentido o en uno diverso, en la que subsane la violación formal expuesta en el último considerando de esta resolución." En fecha cinco de octubre del año en curso, se tuvo por recibido el oficio proveniente de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en el cual la citada responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dejó sin efecto la resolución de dos de septiembre de dos mil dieciséis dictada por esa Sala, declarando fundada la excepción de incompetencia por inhibitoria opuesta por Dulce Estela Delgado Barrios, aquí tercero interesado, en contra del Juez Segundo Familiar del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, dentro del expediente número 1236/2015, relativo al juicio ordinario civil divorcio necesario promovido por César Manuel Ruiz Quintero en contra de Dulce Estela Delgado Barrios. Asimismo, estableció que el Juez competente es aquél en que se encuentre el domicilio de la demandada y consideró que tomando en cuenta las constancias que obran en el expediente, el domicilio de Dulce Estela Delgado Barrios, se encuentra en la ciudad de Durango, Durango, pues así lo reconocían las partes y, en consecuencia, resolvió que quien es competente para seguir conociendo del citado juicio ordinario, es el Juez de lo Familiar en turno, en esa ciudad. Sin que pasen desapercibidas las manifestaciones que vierte el quejoso en el sentido de que se le ha dejado en estado de indefensión dado que de la determinación dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, no se advierte que haya expuesto alguna razón o medio probatorio del que se advierta que la demandada Dulce Estela Delgado Barrios, tuviera su domicilio en el lugar que refiere, y la Sala responsable no motivó adecuadamente como llegó a la certeza de que el domicilio de la demandada se encontraba en El Salto, Pueblo Nuevo, Durango, pues no lo relacionó con ningún medio de convicción que le permitiera arribar a esa conclusión. Lo anterior es así porque, como ya se analizó, el efecto de la ejecutoria fue que la responsable analizara las constancias obrantes en autos para determinar en primer término el domicilio de la demandada y, luego, con libertad de jurisdicción, resolviera lo que en derecho procediera en relación con la excepción de incompetencia planteada por la demandada, como así sucedió al establecer que el domicilio de la demandada se encontraba en la ciudad de Durango, Durango, fundado en las constancias que indican que es ese el lugar que la propia parte actora señaló como domicilio para emplazar a su contraparte, además de ser el domicilio que la demandada reconoció como suyo y no el de El Salto, Pueblo Nuevo, como afirma el quejoso. En consecuencia, al dejar insubsistente la interlocutoria reclamada y al haber subsanado la violación formal expuesta en la ejecutoria, es inconcuso que lo resuelto con libertad de criterio respecto de la excepción de incompetencia planteada por la demandada, no puede ser materia del presente cumplimiento. Consecuentemente, si la protección de la Justicia Federal fue para que la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, dejara sin efecto la resolución de dos de septiembre de dos mil dieciséis, y en su lugar emitiera otra, en el mismo sentido o en uno diverso, en la que subsanara la violación formal expuesta, siendo ésta la omisión a analizar todas las constancias obrantes en autos para establecer el lugar en que se encuentra ubicado el domicilio de la demandada, lo cual así sucedió; por tanto, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese el escrito de cuenta signado por el quejoso César Manuel Ruiz Quintero, a través del cual en relación a la vista concedida en proveído de cinco del presente mes y año, hace manifestaciones respecto al informe rendido por la autoridad responsable. Por otra parte, visto el estado de autos, se procede a analizar si la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, cumplió con la ejecutoria del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la primera de las hipótesis. Por sentencia de fecha veinticinco de julio de dos mil diecisiete, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa César Manuel Ruiz Quintero, la cual causó ejecutoria el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, fecha en que se requirió a la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en la parte conducente, señala: "Que el Juez responsable, deje insubsistente la sentencia interlocutoria de dos de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el toca civil 1159/2016, referente a la excepción de incompetencia por inhibitoria opuesta por la parte demandada ante el Juez Segundo de lo Familiar en esta ciudad, en el juicio ordinario civil de divorcio necesario 1236/2015. En su lugar emita otra, en el mismo sentido o en uno diverso, en la que subsane la violación formal expuesta en el último considerando de esta resolución." En fecha cinco de octubre del año en curso, se tuvo por recibido el oficio proveniente de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en el cual la citada responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dejó sin efecto la resolución de dos de septiembre de dos mil dieciséis dictada por esa Sala, declarando fundada la excepción de incompetencia por inhibitoria opuesta por Dulce Estela Delgado Barrios, aquí tercero interesado, en contra del Juez Segundo Familiar del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, dentro del expediente número 1236/2015, relativo al juicio ordinario civil divorcio necesario promovido por César Manuel Ruiz Quintero en contra de Dulce Estela Delgado Barrios. Asimismo, estableció que el Juez competente es aquél en que se encuentre el domicilio de la demandada y consideró que tomando en cuenta las constancias que obran en el expediente, el domicilio de Dulce Estela Delgado Barrios, se encuentra en la ciudad de Durango, Durango, pues así lo reconocían las partes y, en consecuencia, resolvió que quien es competente para seguir conociendo del citado juicio ordinario, es el Juez de lo Familiar en turno, en esa ciudad. Sin que pasen desapercibidas las manifestaciones que vierte el quejoso en el sentido de que se le ha dejado en estado de indefensión dado que de la determinación dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, no se advierte que haya expuesto alguna razón o medio probatorio del que se advierta que la demandada Dulce Estela Delgado Barrios, tuviera su domicilio en el lugar que refiere, y la Sala responsable no motivó adecuadamente como llegó a la certeza de que el domicilio de la demandada se encontraba en El Salto, Pueblo Nuevo, Durango, pues no lo relacionó con ningún medio de convicción que le permitiera arribar a esa conclusión. Lo anterior es así porque, como ya se analizó, el efecto de la ejecutoria fue que la responsable analizara las constancias obrantes en autos para determinar en primer término el domicilio de la demandada y, luego, con libertad de jurisdicción, resolviera lo que en derecho procediera en relación con la excepción de incompetencia planteada por la demandada, como así sucedió al establecer que el domicilio de la demandada se encontraba en la ciudad de Durango, Durango, fundado en las constancias que indican que es ese el lugar que la propia parte actora señaló como domicilio para emplazar a su contraparte, además de ser el domicilio que la demandada reconoció como suyo y no el de El Salto, Pueblo Nuevo, como afirma el quejoso. En consecuencia, al dejar insubsistente la interlocutoria reclamada y al haber subsanado la violación formal expuesta en la ejecutoria, es inconcuso que lo resuelto con libertad de criterio respecto de la excepción de incompetencia planteada por la demandada, no puede ser materia del presente cumplimiento. Consecuentemente, si la protección de la Justicia Federal fue para que la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, dejara sin efecto la resolución de dos de septiembre de dos mil dieciséis, y en su lugar emitiera otra, en el mismo sentido o en uno diverso, en la que subsanara la violación formal expuesta, siendo ésta la omisión a analizar todas las constancias obrantes en autos para establecer el lugar en que se encuentra ubicado el domicilio de la demandada, lo cual así sucedió; por tanto, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, cinco de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio proveniente de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia, con residencia en Mexicali, Baja California, y anexo, mediante el cual informa los actos que ha realizado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el oficio de referencia por el plazo de tres días a efecto de que manifiesten lo que a su interés legal convenga; apercibidas que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable se resolverá respecto de dicho cumplimiento. Notifíquese personalmente.

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