César Manuel Guzmán Amaya
Expediente 55/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 55/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/02/2022
Partes del expediente
- César Manuel Guzmán Amaya
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, catorce de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, y toda vez como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, que tanto el promovente como sus asesores jurídicos del presente juicio de amparo fueron debidamente notificados del auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en fecha veintiséis de enero y dos de febrero del año en curso, respectivamente; en consecuencia, toda vez que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja, en contra del auto de referencia, en el que se tuvo desechada la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En términos del artículo vigésimo primero, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, uno de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, que remite la Coordinadora del Área Penal Zona Costa de Defensoría Pública Estatal, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que nombró a Jesús Mendoza Medina y Mariana Lizbeth García, a fin de que asesoren al quejoso, en la tramitación del presente juicio de amparo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. En atención a lo expuesto, con fundamento en los artículos 1 y 14 constitucionales, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones, que conforman el presente juicio de amparo, a los asesores jurídicos antes mencionados, para que, vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que la misma deba ser examinada de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 43/2019, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1301, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: Por consiguiente, túrnense los autos al Actuario Judicial de la Adscripción, a fin de que se sirva notificar el contenido del presente proveído, así como del resto de las actuaciones del presente juicio, a los defensores adscritos a la Coordinación del Área Penal Zona Costa de Defensoría Pública Estatal, con residencia en esta ciudad, respecto de quienes, el remitente señala como domicilio para notificarlos el sitio en Plaza Mundo Divertido, Vía Rápida Poniente, José Fimbres Moreno, locales 41-43, fraccionamiento San José, código postal 22226, de esta ciudad. Asimismo, se les tiene designando como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que indica, en los términos del artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y a sus defensores jurídicos.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo de cuenta, fórmense los expedientes físico y electrónico respectivos, regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 55/2022-A. Desechamiento. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del dispositivo transcrito se advierte que el Juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes Ahora bien, en el caso, es indudable y manifiesta la improcedencia del juicio de amparo que se promueve, en atención a las siguientes consideraciones: Es menester destacar lo establecido por los artículos 61, fracción XXIII, 5 y 6 de la Ley de Amparo y 107 fracción I, Constitucional, mismos que literalmente dicen Artículo 61 XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5, de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa De lo anterior se desprende que el artículo 107 constitucional, en su fracción I, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada; por su parte, los artículos 5 y 6 de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita expresamente. En efecto, para promover el juicio de amparo, la parte quejosa debe presentar por escrito su voluntad de excitar a los órganos jurisdiccionales encargados de llevar a cabo el control de constitucionalidad de los actos que señala como reclamados, bien por la vía ordinaría o por la vía electrónica. Todo lo anterior, conduce a este órgano jurisdiccional a concluir que el juicio de amparo es improcedente cuando no obra en el escrito de demanda la manifestación expresa del quejoso que permita advertir que es su voluntad promover la acción constitucional, en términos de los artículos 3 y 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, de la ley de la materia. En ese contexto, del escrito de demanda se desprende una omisión en la formalidad que resulta indispensable para la tramitación del juicio que intenta entablar César Manuel Guzmán Amaya, contra la autoridad que señala como responsable, ello en razón de que el escrito de demanda fue presentado sin firma autógrafa, toda vez que como se advierte de la certificación secretarial de cuenta así como de la demanda presentada en el que se aprecia que no cuenta con firma, por lo tanto no denota la voluntad de quién ha sido afectado en su interés jurídico, para promover este medio de defensa, que se rige por el principio de parte agraviada; y, al no estar firmada por el directamente agraviado se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por los numerales 107 fracción I, constitucional, en relación con el 5 y 6 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, en relación con el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, lo que da lugar a desechar de plano la demanda de que se trata. Tiene aplicación al respecto la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 314, del Tomo X, Octubre de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia P./J 38/2018 (10a), sustentada por el Tribunal Pleno, Décima Época, visible en la página 5, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 62, enero de dos mil diecinueve, con número de registro 2018943, que establece Sin que en el caso se advierta que la parte quejosa se encuentre imposibilitada para promover la demanda de amparo en términos de lo dispuesto en la parte final, primer párrafo del artículo 15 de la Ley de amparo; pues atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados los mismos no pueden ser ubicados como de los prohibidos en el artículo 22 Constitucional. En el caso en concreto, analizado en su integridad la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado en esta vía constitucional no se ubica dentro de los supuestos establecidos por el artículo 126 de la Ley de Amparo, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que, no se esté en el supuesto de decretar la suspensión de plano en el presente asunto, toda vez que el peticionario de amparo en el escrito de cuenta, señaló como acto reclamado: El acto reclamado Vulnera el derecho humano de legalidad consagrada en nuestra Carta Magna en sus Art 1º, 14, 16, 17, 18, 21, 22 toda vez que las autoridades responsables me tienen alejado núcleo familiar en virtud de que en la fecha 21ENERO-2021 fui trasladado de manera involuntaria del Cereso de Tijuana al del Hongo 1 en Tecate B.C. de la cual representa una gran Violación amis derechos y garantías en Virtud se Viola en mi Perjuicio el Art. 18 Constitucional toda vez que me tienen alejado de mi nucleo Familiar y esto representa un gasto para mis Padres, en venir hasta este lugar ya que carecen de recursos ecónomicos en este tenor se esta Violando en mi Perjuicio el ART. 18 ya que este es claro en señalar que los sentenciados en los casos y condiciones que establece la Ley podrán compurgarse sus penas en los Centros Penitenciarios mas cercanos a su Domicilio Como Forma de reinserción social existiendo en contradicción lo anterior ya que se me tiene alejado de mi nucleo Familiar y se Viola dicha disposición por tanto solicito el amparo y protección de la justicia Federal, y se le ordene alas autoridades realicen un traslado a la Ciudad de TIJUANA de manera definitiva ya que se Violan en mi Perjuicio la garantía del ART 18 Constitucional Por tanto se -reitera- el acto reclamado no es de aquellos que pongan de manera directa y actual en peligro la vida del quejoso, en relación con los hechos plasmados en el escrito de demanda, en términos del artículo 22 de la Constitución Federal, ni se encuentra dentro de los previstos por el 15 de la Ley de Amparo (para ser promovido a su favor y en su caso se encuentre en posibilidad de ratificar la aludida demanda Con independencia de lo anterior y tomando en consideración que el acto reclamado por el quejoso, lo hace consistir en el traslado del Centro de Reinserción Tijuana al Centro de Reinserción Social "El Hongo", con residencia en Tecate, Baja California, es conveniente precisar que si bien en diversos asuntos tramitados ante este órgano jurisdiccional, ha sido criterio reiterado que se dé trámite a las demandas en las que los quejosos reclamen la orden de traslado ordenado y ejecutado por autoridades administrativas, concediendo la suspensión de oficio y de plano en su contra. Sin embargo, ante una nueva reflexión de las circunstancias legales que imperan en nuestro sistema jurídico, específicamente lo relativo a la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, lleva a esta autoridad a cambiar el criterio sobre la forma de resolver al respecto, precisamente porque el contexto bajo el cual se resolvía era el de la inexistencia de una ley que regulara o estableciera el procedimiento mediante el cual se ordenará el traslado de las personas privadas de su libertad y, en su caso, éstas combatieran las determinaciones de autoridades administrativas o judiciales que ordenaran dichos traslados. En efecto, la reforma a los artículos 18 y 21, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, la cual entró en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas. A lo expuesto, se suma la reforma publicada en el citado medio de difusión oficial el diez de junio de dos mil once, que modificó el segundo párrafo del mencionado artículo 18 constitucional, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, y que representó el reconocimiento constitucional de los derechos humanos previstos en la constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte; esquema de protección que se extendió al modelo del sistema penitenciario al establecerse que se organizará sobre la base de respeto a los derechos humanos. Así, se puede decir que como parte integral de la implementación del sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. De ahí que se considere que el peticionario de amparo cuenta con medios ordinarios de defensa para la impugnación de la supuesta orden de traslado que combate, por lo que aun y cuando tales actos afectan su libertad personal de manera indirecta, no debe estimarse que dicha vulneración sea fuera del procedimiento. En efecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. Luego, como ya se acotó, el quejoso actualmente ya fue trasladado al Centro de Reinserción Social El Hongo, con residencia en Tecate, Baja California, por tanto atendiendo a la causa de pedir, se advierte que señala como acto reclamado la orden de traslado ejecutada. Sin embargo, dicho acto previo a ser reclamado por la vía constitucional, debe ser impugnado ante el Juez de Ejecución o de Control, según se trate, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que tratándose de órdenes de traslado emitidas por autoridades administrativas, existe un medio de defensa ordinario que debe agotarse previo a acudir al juicio de amparo, en observancia al principio de definitividad, pues no debe perderse de vista, que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, los cuales están previstos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se encuentra el principio de definitividad en estudio; de ahí que se actualice de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia. En efecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes: I. Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo II del título segundo de la Ley Nacional de Ejecución Penal. II. Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo III del título segundo de la legislación nacional especial citada. III. Traslados de las personas detenidas; en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. Este procedimiento está previsto en el capítulo V del título segundo de la invocada legislación especial, la cual, distingue tres tipos de traslados. 1. Traslados voluntarios, son los que solicita el propio interno ante el juez y éste lo autoriza; 2. Traslados involuntarios, los que impone la autoridad con previa autorización judicial; y, 3. Traslados urgentes (o excepcionales), impuestos u ordenados por la autoridad penitenciaria, a través de una resolución administrativa, sin consentimiento del interno, pero con autorización judicial posterior. A continuación se explica de manera separada esos tres tipos de traslados: a) Los traslados voluntarios, previstos por el numeral 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, inician a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución, este último celebrará una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir los requisitos establecidos en la ley. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país, operarán cuando exista un tratado internacional, en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución Federal. b) El traslado involuntario, tanto de procesados como de sentenciados, conforme al artículo 51 de la ley nacional especial, debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. c) Los traslados urgentes o excepcionales surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del juez, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante, conforme al artículo 52 de la Ley de Ejecución, notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. En contra de la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá el recurso de apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De lo anterior se advierte que los traslados siempre deben ser autorizados por el juez competente, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un juez. Por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Cuando la autorización judicial es posterior, pueden surgir dos vertientes, a saber: un análisis oficioso, y otro, a petición de parte: a) La Ley de Ejecución en su artículo 52, impone a la autoridad penitenciaria la obligación de notificar al juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, la resolución administrativa que lo ordena, a su vez surge la obligación a cargo del juez de calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, dentro de cuarenta y ocho horas; esta resolución puede ser apelada por el interno. En este supuesto estamos en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. b) Cuando el juez competente omite calificar la legalidad del traslado, el interno está en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52 en relación con los diversos 116 a 119 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así, con base en lo expuesto, se puede decir que como parte integral de la implementación del sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. En ese sentido, el quejoso previo acudir al amparo, debe agotar el medio de defensa ordinario que prevé la Ley de Ejecución Penal, pues al considerar que puede ser trasladado del lugar donde se encuentra actualmente, a otro Centro de Reinserción, tiene la posibilidad de reclamarla ante el Juez de Ejecución o Control según se trate, con todas las prerrogativas legales que establece el citado mecanismo de control, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis PC.III.P. J/18 P (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada el viernes 07 de septiembre de 2018, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación registro 2017822, del rubro y texto siguiente Máxime, debe establecerse que respecto de los actos reclamados no se puede considerar que se actualice alguna de las causas de excepción previstas en el segundo párrafo de la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo que señala: Artículo 61. XX. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, cuando solo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Supuestos de excepción a la causal de improcedencia en estudio que no se configuran en el caso, porque como ya quedó establecido en párrafos precedentes, las hipótesis para la procedencia de los medios ordinarios de defensa en análisis, están previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Esto es, el traslado urgente o excepcional, aun cuando se emita de forma oral, no es un acto que carezca de fundamentación, porque está previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, concretamente en su artículo 52, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria, para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral. Es decir, tratándose de casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; cuando exista riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Así, la fundamentación de la resolución administrativa penitenciaria que ordena verbalmente un traslado urgente o excepcional, se encuentra prevista en dicha disposición normativa; y la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida. Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que actualmente se cuenta con un modelo de reinserción social y de judicialización del régimen de penas; a partir de lo cual, se ejerce un verdadero control judicial del sistema penitenciario, por lo que las autoridades de ese ramo, ya no pueden decidir discrecionalmente sobre las medidas de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios. Esa facultad le corresponde ahora a las autoridades judiciales en materia penal; en especial, a los jueces de ejecución, quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre esa ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. En ese sentido, si bien es cierto que la orden de traslado urgente o excepcional, se emite y ejecuta por una autoridad administrativa sin autorización judicial previa; ello no pugna con la judicialización del régimen penitenciario, porque la legalidad de esa determinación, finalmente la califica un Juez de Control o un Juez de Ejecución, según sea el caso. Lo que se corrobora con lo dispuesto por el citado artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que en los supuestos específicos de la excepción al traslado voluntario, la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar esa medida, con el único requisito de notificar a las citadas autoridades judiciales, dentro de las veinticuatro horas de haber realizado el traslado, para el efecto de que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, se califique la legalidad de la determinación administrativa del traslado. Del mismo precepto legal, también se desprende una facultad legal expresa a favor de la autoridad administrativa penitenciaria, para emitir y ejecutar la orden de traslado en los casos de excepción anunciados; es decir, se trata de una actuación realizada por autoridad competente para tales efectos. No se soslaya que la Primera Sala del Máximo Tribunal, al resolver la Contradicción de Tesis 461/2012, determinó que la orden de traslado de un procesado o de un sentenciado, si bien no entraña por sí misma una afectación a la libertad personal, porque ese menoscabo es producto de un acto que directamente mantiene restringido ese derecho, es decir, una sentencia condenatoria; sin embargo, no es imposible argumentar que no se afecta de forma indirecta ese derecho. Pese a ello, el traslado urgente o excepcional, ordenado y ejecutado en términos del artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no constituye una violación directa a la Constitución Federal; porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Además, el artículo 117, fracción III, y último párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite advertir que ahora se cuenta con un medio ordinario de defensa denominado controversia judicial, a través del cual, la actuación de la autoridad administrativa puede ser confrontada con el objeto de corroborar que no exista afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de su libertad en un centro de reclusión, sin perjuicio de que también se realice un ejercicio de verificación sobre la actualización de las hipótesis legales que autorizan el dictado de una orden de traslado urgente o excepcional. Lo que significa que será el Juez de Control o el Juez de Ejecución, según sea el caso, quien finalmente determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso. Incluso, se reitera, de resultar que la decisión judicial dictada no es acorde a sus intereses, podrán interponer el recurso de apelación que procede de conformidad con el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que la resolución que dirima la controversia judicial, pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. Lo que lleva a concluir que la orden de traslado urgente o excepcional, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro del procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. Las anteriores consideraciones se encuentran contenidas en las ejecutorias dictadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los recursos de queja 36/2020 y 46/2020 de su índice, en sesión virtual celebrada el trece de enero de dos mil veintiuno. Así como en lo considerado por dicho cuerpo colegiado, en sesión remota, al resolver la contradicción de tesis 448/2019, en la cual estableció jurisprudencia en el sentido de que, cuando una persona privada de su libertad reclama una orden de traslado calificada como urgente o excepcional, de un centro penitenciario a otro, sin tener certeza de su legalidad, no deberá promover un juicio de amparo sino el recurso denominado "controversia judicial previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que sea el juez de control o de ejecución de sentencia quien resuelva respecto a la posible afectación a alguno de sus derechos fundamentales. Y concluyó que la orden de traslado urgente o excepcional no constituye una violación directa a la Constitución Federal que haga procedente el juicio de amparo indirecto como excepción al principio de definitividad, pues se trata de un acto dentro del procedimiento respecto del cual existe un medio ordinario de defensa que permite combatirlo e incluso suspenderlo. Aunado al criterio anterior, el suscrito considera que, la impugnación de la orden reclamada, emitida por una autoridad administrativa, se encuentra prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal y no en un reglamento, el cual constituye un instrumento legal en sentido formal y material de aplicación en todo el territorio nacional; con ello se satisface el requisito de que el medio de defensa sea legal, esto es, que se encuentre contemplado por ley. Asimismo, el procedimiento cuya tramitación ahí se contiene del que se estableció el mecanismo, fases y plazos que lo componen, tiene como finalidad inexcusable revocar, nulificar o modificar todo hechos, actos u omisiones relacionados con las órdenes de traslado -ya sean voluntarios, involuntarios, excepcionales o urgentes- emitidas con control judicial, previo o posterior a su ejecución; lo que implica que tales medidas de traslado puedan modificarse o revocarse a consecuencia del accionar de la persona privada de libertad o en virtud de un control de legalidad ejercido de manera oficiosa por la autoridad judicial. No obstante, a que la propia norma prevé la posibilidad de recurrir las determinaciones que se adopten contra los intereses del recluso; lo cual convierte tal trámite en un verdadero medio de defensa. Aunado a ello, al considerarse la viabilidad de la suspensión respecto de una cuestión de carácter urgente, sin exigir mayores requisitos que los contemplados en la Ley de Amparo, tal como lo disponen los artículos 122 y 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de oficio o a petición de parte, el juez de ejecución de forma inmediata suspenderá el hecho o acto que motivó la controversia, así como los efectos que tuviere, en aras de salvaguardar la subsistencia de la materia del recurso hecho valer, hasta en tanto resuelva en definitiva la legalidad de la medida de traslado que ahí se impugne, se pone de manifiesto que se satisface plenamente la exigencia señalada en la causal de improcedencia en análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. XXI/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, materia Penal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento De igual manera, sustenta lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 1513, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II, Primera Sala, Undécima Época, que señala: ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 113 del mismo cuerpo normativo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Domicilio. En ese contexto, al no haberse proveído respecto de domicilio para oír y recibir notificaciones, por carecer de firma la demanda de amparo y por tanto, de voluntad de quien se dice la promueve, por única ocasión y tomando en consideración que el se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con sede en Tecate, Baja California; y dada la situación actual por el virus SARS (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020, y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para que notifique personalmente al quejoso este proveído mediante los medios electrónicos establecidos en el acuerdo general 12/2020. En la que deberá de realizar la lectura integra del presente proveído, poniéndoselo a la vista y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido, asimismo, levante constancia de ello. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 282 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, por su contenido la jurisprudencia 1a./J. 82/2019 (10a.)6, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen Designación de defensor público. A efecto de salvaguardar los derechos de César Manuel Guzmán Amaya, atento a lo dispuesto con fundamento en el artículo 20, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 10, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Baja California, gírese oficio al Coordinador del Área Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, anexando copia simple de la demanda, para que dentro de plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, designe a un profesionista que pueda fungir como autorizado del aquí quejoso en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y en su caso esté en posibilidad de promover lo conducente para la debida representación del quejoso. Sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 43/2019, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 69, agosto de dos mil diecinueve, Tomo II, página 1301, cuyo rubro y texto son los siguientes: Expedición de Copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan. Medios electrónicos Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Transparencia y digitalización. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta al Asesor Jurídico que en su caso se nombre, para que de ser su deseo continúe con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace de su conocimiento que para efecto de que tenga mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea Notifíquese personalmente al quejoso.
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