Cesar Madrid Lopez

Expediente 663/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
663/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
04/12/2020

Partes del expediente

  • Cesar Madrid Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cuatro de diciembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio enviado por el Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, por medio del cual acusa recibo de un juego de copias certificadas del expediente 599/2020, que remitió dicha oficiante en apoyo a su informe justificado. En consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento de multa con que se conminó a la oficiante, mediante proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Notifíquese a las partes el presente acuerdo por medio de lista, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de cinco de noviembre de dos mil veinte, dictada por este órgano jurisdiccional, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por ---------------, por propio derecho, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y notificado este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones, en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia, y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II, y capitulo octavo, numerales 20 y 21, inciso a) que dice: VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y. Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;. . b) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados;" En este sentido, SE ESTIMA QUE EL EXPEDIENTE PRINCIPAL, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional sobreseyó el juicio de amparo. Asimismo, al haberse concedido la suspensión definitiva, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción y el original de depuración, debiéndose dejar únicamente en el original, la copia de la demanda y las determinaciones en las que se concedió la suspensión y en su oportunidad remítanse al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia. Sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. En diverso aspecto, tomando en consideración que la autoridad responsable Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, remitió como complemento a su informe justificado copias certificadas del expediente 599/2020; y toda vez que no es necesaria la retención de las mismas, devuélvanse a su lugar de origen. Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, requiérase a la citada autoridad responsable, para que en el plazo de tres días computados legalmente acuse recibo de las constancias que se le devuelven. Se apercibe a dicha responsable, que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le aplicará una multa de $4,344.00 (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de diez de enero de dos mil veinte, cuyo monto vigente es de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional). Se pone a disposición de la autoridad requerida, el correo electrónicos luis.hernandez.ortiz@correo.cjf.gob.mx para el caso de que desee presentar promociones relacionadas con el presente asunto, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, se remita de manera digitalizada, con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional. De igual modo, se hace de su conocimiento el número telefónico del Secretario encargado del asunto, Luis Daniel Hernández Ortiz, siendo 5553870500, extensión 1385, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. En diverso aspecto, con relación a los documentos que la parte quejosa exhibió, con fundamento en el citado artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se dejan a su disposición, en el entendido que, cuando se presente a su recolección deberá dejarse en autos copia certificada de los mismos; previa toma de razón que por su recibo asiente en autos, apercibida que de no solicitarlos en el término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de la presente determinación, se procederá a su destrucción. Asimismo, se precisa que para poder acudir la parte quejosa a recoger las documentales, conforme a los artículos 31 y 42 del indicado 1 "Artículo 3. Micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias. A partir del 3 de agosto de 2020 estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el sistema "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Finalmente, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente al quejoso y a las demás partes por medio de lista, en los términos que establece el artículo 213 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 663/2020-IV, promovido por ----------------, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Mercantil en Ecatepec, Estado de México y otra autoridad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito recibido el uno de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este Juzgado Federal el día hábil siguiente, ----------------, por propio derecho, demandó la protección constitucional contra las autoridades y actos que se indican: II.-AUTORIDADES RESPONSABLES.- Autoridad ordenadora, Con este carácter señalo al C. JUEZ PRIMERO MERCANTIL EN ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO,. Autoridad Ejecutora: Con este carácter señalo al C. Ejecutor adscrito al C. JUEZ PRIMERO MERCANTIL EN ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO. ACTO RECLAMADO: De la autoridad ordenadora, se reclama absolutamente todo lo actuado, actos, autos, diligencias, audiencias, notificaciones, resoluciones, sentencias interlocutorias y de fondo, y así como todos los actos judiciales tendientes a la ejecución de la sentencia de fondo, así como el mandamiento emitido de embargo dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil tramitado bajo el número 599/2020, seguido por ---------------- en contra de ---------------- y ---------------- , por violaciones a los artículos 1, 14 y 16 constitucionales. De la autoridad Ejecutora, reclamo la inminente práctica de la diligencia de embargo que pretende practicar en el domicilio del suscrito ubicado en la avenida Morelos número 2-C poniente, colonia Centro, de San Cristóbal, Ecatepec de Morelos, Estado de México, y en el que pretende embargar bienes de mi propiedad dentro del juicio ejecutivo mercantil tramitado bajo el número 599/2020, seguido por ---------------- en contra de ---------------- y ----------------. SEGUNDO. El quejoso consideró que el acto reclamado es violatorio de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. En auto de seis de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda registrada en el libro de gobierno bajo el juicio de amparo indirecto 663/2020-IV, se dio la intervención que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se requirió a las responsables su informe justificado, asimismo, se fijó día y hora en que tendría lugar la celebración de audiencia constitucional, la cual, inició al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México con sede en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución General de la República; 33 fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 en relación con el 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el apartado cuarto fracción II del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, Acuerdo General 03/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación al Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el quince de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, que reforma el numeral segundo, fracción II número tres del citado Acuerdo General 3/2013; pues se reclama un acto de autoridad jurisdiccional de índole civil, y tiene ejecución dentro de la circunscripción territorial en la que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Por cuestión de método, se procede a precisar los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo resuelto; por lo que, de acuerdo al contenido íntegro de la demanda de amparo y el informe justificado rendido por las responsables, los actos reclamados se hacen consistir en: Juez Primero Mercantil en Ecatepec, Estado de México: Todo lo actuado, actos, autos, diligencias, audiencias, notificaciones, resoluciones sentencias interlocutorias y de fondo, así como los actos tendientes a la ejecución de la sentencia de fondo en el expediente 599/2020, respecto del inmueble ubicado en avenida ----------------, de San Cristóbal, Ecatepec de Morelos, Estado de México. Ejecutor adscrito al Juzgado Primero Mercantil en Ecatepec, Estado de México: La diligencia de embargo que pretende practicar en el domicilio ubicado en?? avenida -------------------------, Ecatepec de Morelos, Estado de México. TERCERO. El Juez y Ejecutor adscritos al Juzgado Primero Mercantil en Ecatepec, Estado de México, al momento de rendir su informe justificado negaron la existencia del acto a ellas reclamado. Sin embargo, de sus propios informes las autoridades responsables hacen manifestaciones de las que se advierte la existencia del acto reclamado, pues refieren que conocen del expediente 599/2020, derivado del Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por ----------------, por propio derecho, en contra de ------------- y ----------------, en la vía ejecutivo mercantil, en ejercicio de la acción cambiaria directa, en el que se ordenó el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de los demandados en su domicilio ubicado en avenida -------------------------- Ecatepec de Morelos, Estado de México y/o avenida ------------, al costado derecho del Consultorio Dental, Ecatepec de Morelos, Estado de México. Por su parte, del informe signado por el ejecutor responsable, se desprende que el siete de septiembre de dos mil veinte, se constituyó en el citado domicilio, quien fue atendido por -------------, parte demandada, a quien le requirió el pago, manifestando que en ese momento no tenía dinero para cubrir las prestaciones que se le reclaman, que no señala bienes para embargo, sin permitir el acceso al bien inmueble, por lo que el actor no hizo uso del derecho que la ley le concede. Circunstancias que se corroboran con las constancias que el Juez responsable remitió, consistentes en copia certificada del expediente 599/2020, de su índice; documental que adquiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. CUARTO. Previamente al estudio del fondo de la controversia constitucional que nos ocupa, se deben analizar las causales de improcedencia, sea que lo hagan valer las partes o de oficio se adviertan, por ser cuestión de orden público y estudio preferente de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente caso, este juzgador federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 5°, fracción I, cuarto párrafo, del ordenamiento legal en cita, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (.)". De la lectura del artículo transcrito se advierte que la Ley de Amparo hace una distinción entre la existencia de un interés legítimo y un interés jurídico; sin embargo, la figura del interés legítimo se encuentra excluida tratándose de actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues desde la reforma constitucional en materia de amparo se consideró que en estos casos se están discutiendo las posiciones dentro de un litigio en el que, en principio, las partes tienen las mismas posibilidades procesales y los mismos medios de defensa, de modo tal que cualquier afectación de ese equilibrio por la postulación de un interés legítimo frente a otro jurídico, afectaría el equilibrio procesal que siempre es necesario mantener. Así, quien resuelve, advierte que la exigibilidad del interés jurídico subsiste cuando se reclamen actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como acontece en el presente juicio, ya que dicho interés jurídico consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio, es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma general, que se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad y le ocasiona un perjuicio a su titular en sus derechos o intereses. El interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente para demandar el cese de ésta; en otras palabras, el perjuicio se entiende como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos. Consecuentemente, el promovente debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que la ley o el acto de autoridad reclamado vulneran en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causan un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de garantías resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1484, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1046 del Tomo I, Materia Constitucional, Sección Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro "INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO." Lo anterior, es acorde a los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que exponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada,." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Por ello, el peticionario de amparo, debe acreditar de forma fehaciente, cuando acude en su demanda, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera, que si esa circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Así las cosas, en el presente asunto el quejoso reclama todo lo actuado, actos, autos, diligencias, audiencias, notificaciones, resoluciones sentencias interlocutorias y de fondo, así como los actos tendentes a la ejecución de la sentencia de fondo en el expediente 599/2020, respecto del inmueble ubicado en avenida ----------------, Ecatepec de Morelos, Estado de México; y la diligencia de embargo que se pretende practicar en el citado domicilio, por parte de la responsable ejecutora. Sin embargo, de la revisión de las constancias remitidas por la responsable no se advierte que el quejoso sea parte demandada en dicho juicio, puesto que de las constancias que en copia certificada exhibió el juez responsable, se desprende que por auto de cuatro de agosto de dos mil veinte, admitió la demanda promovida por --------, contra -------- y --------, en la que demandó en la vía ejecutiva mercantil, en ejercicio de la acción cambiaria directa el pago de la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos moneda nacional 00/100), derivado, derivado de ello, ordenó el emplazamiento de la parte quejosa. Por ende, es evidente que el acto reclamado, no causa afectación alguna al quejoso al no ser parte demandada, por ende, no se afecta algún derecho sustantivo, requisito esencial para que se considere una afectación a su interés jurídico, como se ha analizado. Es orientadora, la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.) del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 5, abril de dos mil catorce, tomo I, página doscientos seis, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo." Lo anterior, máxime que de las propias constancias se aprecia que la diligencia de la que se duele el quejoso, no se pudo llevar a cabo, toda vez que la parte demandada César Madrid Díaz, se opuso a la misma, ya que se abstuvo de señalar bienes para embargo, y no permitió el acceso al inmueble que por esta vía defiende el quejoso, de ahí que, no exista embargo que recaiga en alguno de los bienes de los cuales se ostenta propietario. En ese sentido, si el ahora quejoso no forma parte de la controversia en el juicio de origen y no existe alguna afectación a los bienes de los que aduce es propietario, al no haberse ejecutado la orden de embargo, queda claro que no existe afectación alguna a sus derechos fundamentales, de ahí que resulte improcedente el juicio de amparo. De todo lo anterior, se llega a la conclusión, que respecto al acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 en relación con el diverso precepto 5°, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con el diverso 63, fracción V, del citado ordenamiento, se sobresee el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E. ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por ----------, por los motivos expresados en el cuarto considerando de esta sentencia. Notifíquese a las partes por medio de lista, en los términos que establece el artículo 212 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Incidental

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que se le otorgó al quejoso Cesar Madrid López, en resolución incidental de catorce de octubre de dos mil veinte, a efecto de que exhibiera la garantía que le fue fijada para garantizar los posibles daños y perjuicios de difícil reparación que se pudieran ocasionar a los terceros interesados con el otorgamiento de la suspensión definitiva del acto reclamado, sin que obre en autos constancia alguna que acredite dicha circunstancia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, comuníquese a la autoridad responsable que quedan expeditas sus facultades para ejecutar el acto reclamado; sin que desde luego, haya lugar a declarar que se deja sin efectos la medida cautelar concedida. No obstante, mientras no se ejecute el acto reclamado, el quejoso en cita podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida concedida. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razón, la tesis visible en la página mil ciento ochenta y dos, del tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SUSPENSIÓN. NO DEBE DEJARSE SIN EFECTOS POR NO EXHIBIRSE LA GARANTÍA." Notifíquese a las partes el presente acuerdo por medio de lista, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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