CÉSAR LEONARDO MANZANO MORALES o CÉSAR MANZANO MORALES y Otros.

Expediente 420/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
420/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
13/07/2022

Partes del expediente

  • CÉSAR LEONARDO MANZANO MORALES o CÉSAR MANZANO MORALES y Otros.
  • CÉSAR LEONARDO MANZANO MORALES o CÉSAR MANZANO MORALES

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintidós. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el veinte de junio de dos mil veintidós, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en los artículos 1, 14, 15 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecisiete de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, en vigor el veintiséis de marzo de la misma anualidad, archívese el presente asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este juzgado durante tres años, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del expediente y remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Anotaciones en la carátula y libro de gobierno Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Coincidencia entre expedientes electrónico y físico Conforme a lo establecido en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase por hecha la certificación de la Secretaria, en el sentido de que este expediente impreso coincide en su totalidad con el expediente electrónico en el que se encuentran incorporadas todas las promociones, acuerdos y notificaciones correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos de los que se advierte que en auto que inmediatamente antecede se tuvo a la Secretaria de Acuerdos de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, remitiendo copia certificada de la resolución de nueve de junio de la actual, dictada en el juicio de derecho indígena ""...."" de su registro; así como, de sus respectivas constancias de notificación. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora, del análisis integral del escrito de demanda de amparo, y de las constancias que obran en autos, se advierte que este juicio de amparo únicamente se tramita por lo que hace al acto reclamado consistente en lo siguiente: ? La falta del dictado de la sentencia en el juicio de derecho indígena ""......"" del registro de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, promovido por ""...."". En este sentido, cabe precisar que la autoridad responsable Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, y mediante diverso oficio "".....""" que obra agregado en auto de dieciséis de junio pasado, tuvo a bien remitir copia certificada de la resolución de nueve de junio del año en curso, dictada en el juicio de derecho indígena ""....."" de su registro; así como, de sus respectivas constancias de notificación al aquí quejoso "".....""", -vía correo electrónico-. Establecido lo anterior, contra el referido acto, se actualiza de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia establecido en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque ha cesado en sus efectos. El citado precepto establece: "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: ""...."" XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En principio, es menester precisar que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esas condiciones, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte, lo que éste exija. Así, en el caso concreto, de autoridad responsable Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, tuvo a bien remitir copia certificada de la resolución de nueve de junio de la actual, dictada en el juicio de derecho indígena ""....""" de su registro; así como, de sus respectivas constancias de notificación al quejoso de mérito -vía correo electrónico-, con lo que restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho humano que estimaba vulnerado, de manera total e incondicional como si se le hubiere otorgado el amparo. ""....""""" Lo anterior se considera así, toda vez que, de resultar fundados los conceptos de violación del quejoso, el efecto del amparo hubiera sido ordenar a la autoridad responsable dictar la resolución en el juicio de derecho indígena ""....""" de su registro, lo que, como se dijo, ya aconteció en la especie, por lo que la legalidad de ésta ya no es susceptible de análisis constitucional, al haber cesado sus efectos. En esas condiciones, al actualizarse de manera indudable la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada. Por consecuencia, queda sin efecto la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    POR LISTA: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos de los que se advierte que en auto que inmediatamente antecede se tuvo a la Secretaria de Acuerdos de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, remitiendo copia certificada de la resolución de nueve de junio de la actual, dictada en el juicio de derecho indígena ""...."" de su registro; así como, de sus respectivas constancias de notificación. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora, del análisis integral del escrito de demanda de amparo, y de las constancias que obran en autos, se advierte que este juicio de amparo únicamente se tramita por lo que hace al acto reclamado consistente en lo siguiente: ? La falta del dictado de la sentencia en el juicio de derecho indígena ""......"" del registro de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, promovido por ""...."". En este sentido, cabe precisar que la autoridad responsable Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, y mediante diverso oficio "".....""" que obra agregado en auto de dieciséis de junio pasado, tuvo a bien remitir copia certificada de la resolución de nueve de junio del año en curso, dictada en el juicio de derecho indígena ""....."" de su registro; así como, de sus respectivas constancias de notificación al aquí quejoso "".....""", -vía correo electrónico-. Establecido lo anterior, contra el referido acto, se actualiza de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia establecido en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque ha cesado en sus efectos. El citado precepto establece: "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: ""...."" XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En principio, es menester precisar que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esas condiciones, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte, lo que éste exija. Así, en el caso concreto, de autoridad responsable Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, tuvo a bien remitir copia certificada de la resolución de nueve de junio de la actual, dictada en el juicio de derecho indígena ""....""" de su registro; así como, de sus respectivas constancias de notificación al quejoso de mérito -vía correo electrónico-, con lo que restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho humano que estimaba vulnerado, de manera total e incondicional como si se le hubiere otorgado el amparo. ""....""""" Lo anterior se considera así, toda vez que, de resultar fundados los conceptos de violación del quejoso, el efecto del amparo hubiera sido ordenar a la autoridad responsable dictar la resolución en el juicio de derecho indígena ""....""" de su registro, lo que, como se dijo, ya aconteció en la especie, por lo que la legalidad de ésta ya no es susceptible de análisis constitucional, al haber cesado sus efectos. En esas condiciones, al actualizarse de manera indudable la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada. Por consecuencia, queda sin efecto la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el que remite copia certificada de la resolución de nueve de junio de la actual, dictada en el juicio de derecho indígena ****************"" de su registro; así como, de sus respectivas constancias de notificación. Pruebas Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable de que se trata, las documentales referidas en el párrafo que antecede; mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional; en términos del artículo 117 de la ley de la materia dese vista a las partes con las referidas documentales. Diferimiento de la audiencia Por otra parte, para hoy está programada la audiencia constitucional, y en los párrafos que anteceden, se instruyó dar vista a las partes con las documentales remitidas por la responsable Magistrados de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado Aspecto que indefectiblemente evidencia que no media el plazo previsto en el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, por ese motivo, se difiere la citada audiencia, y se fijan las diez horas con veintidós minutos del quince de julio de dos mil veintidós, para su celebración. Se invoca en apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis I.5o.C.2.K, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 594, Tomo II, agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado. Notifíquese.

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