César Lazarillo Vásquez
Expediente 541/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 18 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 541/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 14/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- César Lazarillo Vásquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió para la parte quejosa el plazo de diez días concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la resolución en que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara que ha causado ejecutoria dicha determinación, en consideración al sentido de la misma, el cual únicamente afecta los intereses de la parte quejosa; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a las autoridades responsables, pues sin que ello conlleve a sustituirse a la superioridad, se estima que dichas autoridades incluso no estarían legitimadas para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente, toda vez, que en la misma se sobreseyó en el presente; ello, ya que las autoridades responsables sólo podrán interponer en su caso recurso de revisión contra la resolución que afecte directamente el acto que de ellas se reclamó, de conformidad con lo que establece el artículo 87 de la Ley de Amparo. Lo anterior se considera así, toda vez que se debe tomar en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, no fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio y que cuando, como en el caso, se decretó el sobreseimiento, queda intocado el acto reclamado, se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional y la autoridad se encuentra en aptitud de actuar conforme a sus atribuciones legales; de manera que, dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería a la parte quejosa, pero no a las autoridades responsables. Ello, acorde a la Jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 2464, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS". En razón a lo anterior, archívese el presente asunto como concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el diverso 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con apoyo en el numeral 21, fracción a), del citado Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo de mérito; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, de conformidad con los puntos 8.1.2. del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal y artículos 20 fracción II, inciso a), y 21, inciso c), del citado acuerdo general, los cuadernos incidentales el original y duplicado son destruibles, toda vez que se negó la medida cautelar definitiva Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente principal y original del incidente de suspensión, respectivamente, en términos de los artículos 18, penúltimo párrafo, 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye a la Secretaria judicial encargada del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. En otro contexto, el duplicado del incidente, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurran seis meses, contados a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del mismo, en términos de los artículos 20, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del multicitado Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente se autoriza a la Secretaria y/o Actuario Judicial a que firmen los oficios que deriven de la presente determinación. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el escrito signado*****, autorizada en términos amplios de la parte quejosa; por lo que atento a su contenido, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, requiérase a la citada autorizada, para que dentro del plazo de tres días, contado legalmente, presente a este órgano jurisdiccional el original o copia certificada del acta de defunción de la parte quejosa que anexó al escrito de cuenta, ello, con la finalidad de estar en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda. Apercibida que, de no hacerlo, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en la República; esto es, equivalente a ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos ($8,962.00) moneda nacional. En la inteligencia de que los salarios mínimos aludidos en el presente acuerdo, se entienden referidos a la ahora Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor es de $ 89.62 (ochenta y nueve pesos, sesenta y dos centavos, moneda nacional) en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformados y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Sin que se sea obstáculo a lo anterior, la circunstancia relativa a que, como se observa de la certificación de cuenta, en catorce de enero de dos mil veintiuno, se haya celebrado la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, virtud que con el escrito de cuenta se aprecia una probable causa de improcedencia, lo que faculta a este Juzgado de Distrito su valoración. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 25/2012, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1279, Libro VIII, mayo de 20212, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Incidental
R E S U E L V E: Único. Se niega a ******, la suspensión definitiva de los actos reclamados, materia de esta litis incidental; en términos de los considerandos tercero y último de esta interlocutoria. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, primero de diciembre de dos mil veinte. Vistos los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que para el día de hoy, se encuentra señalada la fecha para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, se estima, no puede llevarse a cabo, ya que a la fecha se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, otorgado a la parte quejosa en auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, con la vista del informe justificado rendido por el Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca. Ello es así, en virtud que la parte quejosa fue notificada del citado proveído, mediante lista de acuerdos el diecinueve de noviembre del año en curso, por lo que el referido plazo de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de la Materia, trascurre para dicha parte, del veinticuatro de noviembre al tres de diciembre del año en curso. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, en aras del derecho fundamental de tutela judicial efectiva, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, se difiere la audiencia constitucional programada para este día y, se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL CATORCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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