Cesar Karim Parrazal Romero
Expediente 731/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 731/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 08/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jorge Omar Parrazal Romero
- Cesar Karim Parrazal Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil el Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz. Atento a su contenido, se le tiene informando que aceptó la competencia declinada por este juzgado, radicando para tal efecto el juicio de amparo directo ********************/2022, asimismo del auto emitido el dos de marzo del año en curso, se advierte que desechó la demanda de amparo presentada por Jorge Omar Parrazal Romero y César Karim Parrazal Romero, por improcedente, de lo que esta autoridad toma conocimiento. Acúsese el recibo de estilo; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el cuaderno de antecedentes en que se actúa como asunto totalmente concluido. Así, en cumplimiento al artículo 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que la titular del juzgado se declaró incompetente para conocer del juicio de amparo y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el ocho de marzo de dos mil veintiséis. En cumplimiento al párrafo segundo, del punto décimo primero, del referido acuerdo, hágase constar lo anterior por el secretario en la carátula del expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de la secretaria Yonaji Nuria Juárez Rivas, con quien actúa y da fe.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta Xalapa; en atención con su contenido, téngasele informando a este órgano jurisdiccional que previo aceptar o no la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, y toda vez que no cuenta con los elementos fehacientes necesarios para emitir pronunciamiento en uno o en otro sentido, requirió a la autoridad responsable, para que en el término establecido por diez días rinda informe justificado, emplazase a la parte tercero interesada, remita los autos del expediente 2463/2019. De lo anterior, este órgano se da por enterado. Notifíquese...
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 27-09-2022, POR NO ATENDER AL AVISO DE 30-09-2022: .. Boca del Río, Veracruz, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el contenido de la diligencia de ratificación del escrito de desahogo de prevención de demanda a cargo de Jorge Omar Parrazal Romero y Cesar Karim Parrazal Romero, a través de la plataforma de Cisco Webex de veintiséis de septiembre del año en curso, con lo cual da cumplimiento a lo instado mediante proveído veintidós de agosto de dos mil veintidós; se provee: INCOMPETENCIA Las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados; por tanto, antes de decidir sobre la admisión de la demanda de amparo que nos ocupa es menester analizar tal cuestión. En este contexto, del escrito de demanda la parte quejosa señala como acto reclamado y autoridad responsable el siguiente: Y respecto del diverso escrito aclaratorio de demanda, la parte quejosa manifestó: De lo apuntado, se evidencia que el acto reclamado en el presente juicio constitucional, es la sentencia de seis de junio del año en curso, dictada por el Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz en los autos del juicio ordinario civil 2463/2019, por la que cancela la pensión por concepto de alimentos que tenía en su favor la parte quejosa. Lo anterior, pone de manifiesto que se está ante la presencia de una sentencia que se dictó después de seguir un procedimiento en el que, a decir de los propios quejosos, tuvieron intervención al contestar la demanda; y que dirimió el juicio en lo principal; sin que contra esa resolución hayan interpuesto medio de impugnación alguno. Sobre esa base, se estima que en el caso, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, carece de competencia legal para conocer, tramitar y resolver el presente juicio por las razones que a continuación se exponen. De los artículos 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte en lo que interesa, que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por éstas las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Dichos numerales de manera literal señalan: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. La presidenta o el presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará a la quejosa o al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que, en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre juezas o jueces de distrito o tribunales colegiados de apelación. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta, en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control;." Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente. Asimismo, que el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito y el trámite que se debe dar a una demanda cuando se reclamen actos que se estimen sean materia de amparo directo. Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 38/2014, sostuvo que los tribunales colegiados de circuito son legalmente competentes para conocer de la demanda de amparo promovida contra sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, aunque no se haya agotado el medio ordinario de defensa previsto para impugnarlas. Lo anterior se cristalizó en la jurisprudencia 6/2015, publicada en la página 95, tomo i, Libro 17, abril 2015, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro electrónico 2008791, de rubro y texto siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor". En virtud de lo expuesto, se considera que la presente demanda no es competencia de este Juzgado de Distrito, por ser materia del juicio de amparo uniinstancial, ya que, acorde a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad, narró la parte quejosa en la demanda y en el escrito aclaratorio, se está en presencia de una sentencia que dirimió en lo principal la Litis en el expediente 2463/2019, del índice del Juzgado de Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en el Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Consecuentemente, a consideración de quien esto suscribe, se actualiza la hipótesis que prevé el mencionado artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo, pues se colige que en el juicio natural se tramitó un procedimiento principal en el que se dictó la sentencia combatida en esta vía, en la que se declaró probada la acción de cancelación de pensión alimenticia ejercida por la parte tercera interesada. En consecuencia, se insiste, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, quien esto suscribe declara carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de competente para ello lo es el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en turno, con residencia en Xalapa, Veracruz, por lo que remítasele el expediente relativo al presente juicio de amparo, para los efectos legales a que haya lugar, solicitándole que una vez que obre lo anterior en su poder, de no tener inconveniente alguno, se sirva enviar el correspondiente acuse de recibo mediante el cual comunique si acepta o no la competencia declinada. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda y de este acuerdo. Notifíquese personalmente a los promoventes....
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Boca del Río, Veracruz, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el contenido de la diligencia de ratificación del escrito de desahogo de prevención de demanda a cargo de Jorge Omar Parrazal Romero y Cesar Karim Parrazal Romero, a través de la plataforma de Cisco Webex de veintiséis de septiembre del año en curso, con lo cual da cumplimiento a lo instado mediante proveído veintidós de agosto de dos mil veintidós; se provee: INCOMPETENCIA Las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados; por tanto, antes de decidir sobre la admisión de la demanda de amparo que nos ocupa es menester analizar tal cuestión. En este contexto, del escrito de demanda la parte quejosa señala como acto reclamado y autoridad responsable el siguiente: Y respecto del diverso escrito aclaratorio de demanda, la parte quejosa manifestó: De lo apuntado, se evidencia que el acto reclamado en el presente juicio constitucional, es la sentencia de seis de junio del año en curso, dictada por el Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz en los autos del juicio ordinario civil 2463/2019, por la que cancela la pensión por concepto de alimentos que tenía en su favor la parte quejosa. Lo anterior, pone de manifiesto que se está ante la presencia de una sentencia que se dictó después de seguir un procedimiento en el que, a decir de los propios quejosos, tuvieron intervención al contestar la demanda; y que dirimió el juicio en lo principal; sin que contra esa resolución hayan interpuesto medio de impugnación alguno. Sobre esa base, se estima que en el caso, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, carece de competencia legal para conocer, tramitar y resolver el presente juicio por las razones que a continuación se exponen. De los artículos 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte en lo que interesa, que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por éstas las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Dichos numerales de manera literal señalan: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. La presidenta o el presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará a la quejosa o al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que, en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre juezas o jueces de distrito o tribunales colegiados de apelación. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta, en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control;." Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente. Asimismo, que el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito y el trámite que se debe dar a una demanda cuando se reclamen actos que se estimen sean materia de amparo directo. Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 38/2014, sostuvo que los tribunales colegiados de circuito son legalmente competentes para conocer de la demanda de amparo promovida contra sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, aunque no se haya agotado el medio ordinario de defensa previsto para impugnarlas. Lo anterior se cristalizó en la jurisprudencia 6/2015, publicada en la página 95, tomo i, Libro 17, abril 2015, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro electrónico 2008791, de rubro y texto siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor". En virtud de lo expuesto, se considera que la presente demanda no es competencia de este Juzgado de Distrito, por ser materia del juicio de amparo uniinstancial, ya que, acorde a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad, narró la parte quejosa en la demanda y en el escrito aclaratorio, se está en presencia de una sentencia que dirimió en lo principal la Litis en el expediente 2463/2019, del índice del Juzgado de Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en el Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Consecuentemente, a consideración de quien esto suscribe, se actualiza la hipótesis que prevé el mencionado artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo, pues se colige que en el juicio natural se tramitó un procedimiento principal en el que se dictó la sentencia combatida en esta vía, en la que se declaró probada la acción de cancelación de pensión alimenticia ejercida por la parte tercera interesada. En consecuencia, se insiste, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, quien esto suscribe declara carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de competente para ello lo es el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en turno, con residencia en Xalapa, Veracruz, por lo que remítasele el expediente relativo al presente juicio de amparo, para los efectos legales a que haya lugar, solicitándole que una vez que obre lo anterior en su poder, de no tener inconveniente alguno, se sirva enviar el correspondiente acuse de recibo mediante el cual comunique si acepta o no la competencia declinada. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda y de este acuerdo. Notifíquese personalmente a los promoventes....
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