César Jonathan De Ávila Arellano
Expediente 241/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 241/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- César Jonathan De Ávila Arellano
Actuaciones
- Principal
Se agrega diligenciado el exhorto con número de origen 74/2021, número de orden 203/2021; téngase por notificado al quejoso Erick Antonio López Arellano, de los proveídos de doce de febrero y veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Estado de autos Se declara que dicho auto que desechó la demanda por notoriamente improcedente, promovida por César Jonathan De Ávila Arellano y Erick Antonio López Arellano, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. Una vez analizado el presente asunto, se establece que no es de relevancia documental. Se establece que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de garantías por notoriamente improcedente; lo cual se efectuará por personal de este órgano jurisdiccional una vez que transcurran tres años de haberse dictado el presente acuerdo en que se ordena el archivo como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
Se ordena al actuario adscrito a este juzgado, se sirva notificar el proveído de doce de febrero de dos mil veintiuno, proveído por lista a César Jonathan de Ávila Arellano, para los efectos legales consiguientes. Envíese atento exhorto vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juez de Distrito en turno en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz, para que sirva notificar el proveído de doce de febrero de dos mil veintiuno, así como el presente acuerdo al quejoso Erick Antonio López Arellano, quien se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de esa localidad; anexándole copia autorizada de los citados acuerdos para que le corra traslado en términos de la fracción I, inciso a), del artículo 27 de la Ley de Amparo, previa constancia que se deje asentada en la notificación respectiva, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente al promovente Erick Antonio López Arellano, mediante exhorto, y por lista a César Jonathan de Ávila Arellano. SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS al quejoso Erick Antonio López Arellano el proveído de 12/03/2021: Los Mochis, Sinaloa, a doce de febrero de dos mil veintiuno. Se acuerda promoción 9830 Agréguese a los presentes autos la comunicación proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto 186/2020, con número de orden 606/2020; en tal razón, téngase por notificado al quejoso Erick Antonio López Arellano, del proveído de diecinueve de octubre de dos mil veinte. Acúsese de recibo correspondiente. Se acuerda promoción 1270 Agréguese a los presentes autos la comunicación proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto 101/2020, con número de orden 405/2020; en tal razón, téngase por notificado a Erick Antonio López Arellano y César Jonathan de Ávila Arellano, del proveído de veintidós de julio de dos mil veinte. Acúsese de recibo correspondiente. Se acuerda estado de autos Ahora bien, en cuanto al quejoso César Jonathan de Ávila Arellano al haberle transcurrido el plazo de tres días para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de los Mochis, Sinaloa, sin que lo hubiere hecho, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de veintidós de julio de dos mil veinte, por lo que las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hágansele por medio de lista, de conformidad con lo previsto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio procesal para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, párrafo primero de la Ley de Amparo. Designación de defensor Por otra parte, de autos se advierte que mediante acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veinte, se requirió al Director del Instituto de Defensoría Pública del Estado, con residencia en Culiacán, Sinaloa, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, proporcionara un defensor para que asesora al quejoso Erick Antonio López Arellano, en el presente juicio de amparo; sin que hasta la presente fecha obre agregado en el expediente su informe solicitado o constancia alguna que acredite que se encuentra debidamente notificado del referido proveído. En ese tenor, en obvio de mayores dilaciones, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, requiérase de nueva cuenta al Director del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa, para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, designe un profesionista de esa dirección que funja como autorizado (defensor o asesor) para que lo asesore en el trámite del presente juicio al citado quejoso, en el que reclama al Asesor Jurídico Público Estatal de Víctimas y/u Ofendido, la omisión de solicitar audiencias, promover los recursos y medios de impugnación lo que aduce produce violación al derecho de defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata. En el entendido de que la petición que se realiza al instituto de defensa pública, deriva también de la obligación que tiene este juzgador como garante de los derechos de acceso a la justicia y defensa adecuada del peticionario de amparo, por ser una persona privada de su libertad. Visto el estado de autos en el que se advierte que a los quejosos les transcurrió el plazo concedido en el acuerdo de veintidós de julio de dos mil veinte, sin que hayan dado cumplimiento a las prevenciones en el contenidas; atento a lo cual, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto por lo que en la especie únicamente se proveerá respecto de los actos reclamados al Asesor Jurídico Público Estatal de Víctimas y/u Ofendido, consistente en la omisión de solicitar audiencias, promover los recursos y medios de impugnación lo que aduce produce violación al derecho de defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata. Desechamiento respecto a César Jonathan de Ávila Arellano. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esto es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En efecto, por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara o patentemente y por indudable, aquello que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En ese tenor, por lo que hace al quejoso César Jonathan de Ávila Arellano este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el los artículos artículo 61, fracción XXIII, 1º, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." (Énfasis añadido) De la lectura de los preceptos invocados los cuales contienen el principio general de procedencia del amparo denominado "agravio personal y directo", consistente en que la ley o acto afecte algún derecho perteneciente a la esfera jurídica del quejoso. Esto es, en el artículo 6° de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prevé uno de los principios que rige el juicio de amparo, pues se establece que dicho juicio será procedente a instancia de parte agraviada. Lo anterior significa que un juicio constitucional lo deberá promover aquél que considere que una ley o acto de autoridad vulnera su esfera jurídica, pudiendo hacerlo por sí, por su representante o por su apoderado; por su defensor si se trata de un acto que corresponda a un procedimiento penal, por medio de cualquier persona en los casos en que la Ley de Amparo lo permita de manera expresa; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Cabe destacar que por "agravio", se debe entender todo menoscabo u ofensa a la persona (física o moral), que puede ser o no patrimonial, siempre que sea material y apreciable de manera objetiva. En otras palabras, la afectación que en su detrimento aduzca la parte quejosa debe ser real y no sólo subjetivo; y, ese agravio debe recaer en persona determinada, concretarse en ésta, no ser abstracto ni genérico y de realización pasada, presente o inminente; es decir, se debe haber producido o estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio; luego, el agravio es considerado como cualquier afectación cometida a la persona en su esfera jurídica. Es necesario establecer que para que el agravio pueda ser causa generadora del juicio de amparo, necesita también ser personal, esto es, que recaiga sobre persona determinada (física o moral). Por ende, todos aquéllos daños o perjuicios en que se pueda manifestar el agravio que no afecten a persona específica de manera concreta, no pueden reputarse como agravios desde el punto de vista constitucional y no origina por tanto, la procedencia del amparo. Además de la personal determinación del agravio, éste debe ser directo, lo cual significa que sea de realización presente, pasada o futura de manera inminente. En consecuencia, aquéllas posibilidades o eventualidades en el sentido de que cualquier autoridad cause a persona determinada daño o perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse como integrantes del concepto de agravio. Ahora, en el presente asunto, el quejoso le reclama al Asesor Jurídico Público Estatal de Víctimas y/u Ofendido, los actos consistentes en: La omisión de solicitar audiencias, promover los recursos y medios de impugnación lo que aduce produce violación al derecho de defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata en la carpeta administrativa A009/2019, del índice del Juzgado del Sistema Penal Acusatorio del partido Judicial en la Paz. En atención a los actos reclamados es de precisarse que al realizar un análisis de la demanda de amparo, se desprende que los actos que reclama son con motivo de lo que considera violación al derecho de defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata en la carpeta administrativa A009/2019, del índice del Juzgado del Sistema Penal Acusatorio del partido Judicial en la Paz, ocasionados por las omisiones que atribuye al Asesor Jurídico Público Estatal de Víctimas y/u Ofendido, a saber omisión de solicitar audiencias, promover los recursos y medios de impugnación, en el que el diverso quejoso Eric Antonio es parte procesal en la citada carpeta administrativa y no así el diverso amparista Cesar Jonathan de Ávila Arellano, por lo que las omisiones que reclaman de solicitar audiencias, promover los recursos y medios de impugnación no son susceptibles de un agravio personal y directo al segundo de los impetrantes. Lo anterior es así, en razón de que en todo caso la prestación del servicio de asesoría a cargo del Asesor Jurídico Público Estatal de Víctimas y/u Ofendido, no estará dirigido a su persona, puesto que se trata de una omisión relativa a la representación que en su caso ostenta la responsable que tiene origen en la carpeta administrativa en la que el impetrante de amparo Erick Antonio López Arellano, figura como víctima en su calidad de denunciante, por lo que a quien en todo caso en caso de que se le ocasionare un agravio personal y directo dichos actos reclamados serían a Erick Antonio López Arellano. Dicho en otras palabras, toda vez que César Jonathan de Ávila Arellano no es parte formal en el procedimiento de origen (indiciado o víctima), es inconcuso que los actos señalados como reclamados en el presente controvertido incide de manera directa en la esfera jurídica de las partes procesales en dicho procedimiento y no en la esfera jurídica del impetrante, quien se insiste es ajeno a dicha controversia. Entonces, los actos reclamados no producen una afectación personal y directa al promovente, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica del mismo, por lo cual, no puede ser sujeto al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, lo que en la especie no acontece, ya que a través de las omisiones que refiere de la autoridad responsable, no se ocasiona una violación directa a los derechos fundamentales de César Jonahtan de Ávila Arellano establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte de éste. Luego, es incuestionable que los actos reclamados no afectan real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso César Jonahtan de Ávila Arellano, toda vez que como se dijo en párrafos precedentes, los actos de los que aquí se duele son con motivo de la carpeta administrativa instaurada con motivo de los hechos denunciados por Erick Antonio López Arellano. Además, conviene establecer que los actos reclamados no se sitúan en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, en los que la propia Ley de la materia, permite venir al amparo en favor de distinta persona. Por tanto, no basta que el recurrente se considere agraviado, sino que es necesario, además, que esté legitimado para promover el juicio de amparo, por haber sufrido de manera real y no teóricamente un agravio, perjuicio o gravamen de carácter material o moral, y que éste sea concreto, actual y directo; es decir, que únicamente el sujeto procesal agraviado que ha visto insatisfecha alguna de sus aspiraciones puede hacer valer el medio de defensa. En esa tesitura, se permite concluir que el juicio de amparo debe ser solicitado precisamente por aquél que sufra una lesión directa en su esfera jurídica, en su persona o en su patrimonio, por cualquier ley o acto de autoridad -situación que en la especie no acontece-, por lo que, es presupuesto necesario para la procedencia de la acción constitucional que se le haya causado un agravio personal y directo al justiciable. En esas condiciones, es indudable que los actos combatidos no lesionan los intereses jurídicos del solicitante César Jonahtan de Ávila Arellano, por lo que se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 1º, fracción I, aplicado a contrario sensu y 6º todos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la demanda. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado, relativo a registro de juicios de amparo, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento de la demanda por lo que hace a Erick Antonio López Arellano. En otro orden de ideas, respecto al quejoso Erick Antonio López Arellano, por los actos que le reclama al Asesor Jurídico Público Estatal de Víctimas y/u Ofendido, adscrito al Instituto Estatal de Defensoría Pública del Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz, consistentes en la omisión de solicitar audiencias, promover los recursos y medios de impugnación lo que aduce produce violación al derecho de defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata, dentro de la carpeta administrativa A009/2019, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, fracción I, y 5, fracción II de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, puesto que el Asesor Jurídico Público Estatal de Víctimas y/u Ofendido, adscrito al Instituto Estatal de Defensoría Pública del Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz, aquí señalado como responsable no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo y, por ende, susceptible de analizarse a través de este medio de control constitucional. Para demostrar dicho aserto, resulta necesario precisar que los preceptos legales que establecen la causa de improcedencia son del siguiente tenor: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la interpretación de los numerales transcritos, se colige que para los efectos del juicio de amparo, el concepto de autoridad responsable converge en establecer, que es aquella con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En el caso, la omisión de solicitar audiencias, promover los recursos y medios de impugnación lo que aduce produce violación al derecho de defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata, no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo y tampoco se puede considerar actos de particulares que se conducen como autoridad o equivalentes a los de autoridad, según se verá a continuación. Así pues, del artículo 1º, fracción I y 5°, fracción II de la Ley de Amparo, es dable inferir que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditado a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En esas consideraciones, a través del juicio de amparo, únicamente es dable combatir un acto que provenga de autoridad, o de un particular que actúa con el carácter de autoridad (con imperio), a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación de legalidad que se hayan aducido en su contra. De lo expuesto, se concluye que la procedencia del juicio de derechos fundamentales se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen, provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que el concepto de "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" es una noción autónoma, es decir, propia de la legislación de amparo e independiente del derecho administrativo y, en general, de otras materias que han definido cuestiones similares. Para el Alto Tribunal, resulta innegable que el sistema jurídico autoriza a que los organismos públicos, en algunos supuestos, actúen como particulares en relaciones de derecho privado, lo que es impugnable a través de los procedimientos ordinarios previstos a esos efectos; y que, en otros casos, emitan actos de autoridad susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo. En ese orden de ideas, afirmó que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un "acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo", sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. Cuestión que se contempla en la actualidad en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo vigente. Luego, destacó que las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del estado. Este tipo de relaciones, dijo, se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Asimismo, señaló que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En cambio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. La nota distintiva de las relaciones de coordinación consiste, según lo estableció la Superioridad, en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. De las anteriores consideraciones, se llegó a la conclusión de que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos consagrados en la Constitución. Luego, en la jurisprudencia por reiteración de tesis 164/2011, sustentada por la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada del siete de septiembre de dos mil once, se determinó que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. El criterio en comento, se encuentra publicado en la página mil ochenta y nueve, tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, y es del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Además, dichos criterios son orientadores para determinar en términos del arábigo 5, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, cuáles actos de particulares pueden ser considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Ahora bien, a fin de advertir si en el caso, es dable atribuir el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en los términos que se analizan, a la autoridad responsable, conviene tener en cuenta lo siguiente: En la demanda de amparo, el quejoso se duele de la omisión de solicitar audiencias, promover los recursos y medios de impugnación lo que aduce produce violación al derecho de defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata, dentro de la carpeta administrativa A009/2019, al Asesor Jurídico Público Estatal de Víctimas y/u Ofendido, adscrito al Instituto Estatal de Defensoría Pública del Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz, lo que evidentemente, no corresponde a una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de carácter de asistencia jurídica que se da en el particular entre el aquí quejoso y la autoridad que brinda dicha asistencia. En ese sentido, la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California Sur, en su artículo 5, establece que la defensoría pública se regirá por los principios de igualdad y equilibrio procesal, legalidad, gratuidad, calidad, confidencialidad, obligatoriedad, indivisibilidad y unidad de actuación, probidad, responsabilidad profesional, solución de conflictos, independencia funcional, diligencia y diversidad cultural. Asimismo, el diverso artículo 6, fracción VI, de la citada ley orgánica establece que los Asesores Jurídicos son los encargado de orientar, asesorar e intervenir legalmente en el procedimiento penal en representación de la víctima u ofendido; sin embargo, ello no le da el carácter de autoridad para los efectos del amparo. Sentado lo anterior, se colige que la autoridad señalada como responsable en el presente asunto, no cumple con los tópicos establecidos para que la misma pueda tener el carácter de responsable ya que no tiene facultades para emitir actos que afecten de manera unilateral al quejoso ni impone su voluntad a la del gobernante de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública, como se estableció en los párrafos precedentes. Por lo que, lo procedente para combatir el acto del que se duele el promoverte, lo es que, en su caso, dirija un escrito al superior jerárquico de su asesor jurídico de oficio, es decir, al Titular de la Defensoría Pública del Estado de Baja California Sur, para que en uso de sus facultades y atribuciones provea lo conducente y realice las gestiones permitentes en torno a la actuación u omisión atribuibles a su asistente legal. En las relatadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 1º, fracción I, 5, fracción II, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su ordinal 2°, y de conformidad con los artículos 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, envíese atento exhorto vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juez de Distrito en turno en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz, para que en auxilio de la Justicia Federal y por comisión de las labores de este Juzgado, sirva notificar el presente proveído al quejoso Erick Antonio López Arellano, quien se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de esa localidad; anexándole copia autorizada del presente auto para que le corra traslado en términos de la fracción I, inciso a), del artículo 27 de la Ley de Amparo, previa constancia que se deje asentada en la notificación respectiva, para su conocimiento y efectos legales conducentes. En el entendido de que se faculta al juez de mérito, para que habilite días y horas inhábiles, a fin de que el fedatario judicial de su adscripción, lleve a cabo las diligencias judiciales necesarias relacionadas con sus funciones de notificador, con la finalidad de llevar a cabo la encomienda solicitada, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de amparo. Notifíquese personalmente al promovente Erick Antonio López Arellano mediante exhorto y por lista a César Jonathan de Ávila Arellano.
- Principal
Agréguense alos comunicados provenientes del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz, mediante los cuales devuelven diligenciados los exhortos números 104/2020 y 108/2020, con números de orden 408/2020 y 412/2020, del índice de este órgano jurisdiccional, por tanto, se tiene por notificado al quejoso Erick Antonio López Arellano, de los proveídos de veintisiete de julio y cinco de agosto del presente año, así como al promovente César Jonathan de Ávila Arellano, del último auto mencionado; lo anterior para los efectos legales conducentes. Por otra parte, incorpórense ael escrito de cuenta que suscribe el quejoso Erick Antonio López Arellano, a través del cual pretende realizar manifestaciones respecto del informe de la suspensión de plano se reserva acordar lo que en derecho corresponda, hasta en tanto se provea respecto a la admisión de la demanda de amparo. Ahora bien, solicítese de la manera más atenta al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz, que de no tener inconveniente alguno, informe el estado procesal de la mencionada comunicación oficial, y de ser el caso, realice la devolución correspondiente de la misma; lo anterior, para efecto de que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda. Por otro lado, requiérase al Director del Instituto de Defensoría Pública del Estado, con residencia en Culiacán, Sinaloa, para que dentro del término de tres días, designe un profesionista de esa delegación que funja como autorizado (defensor o asesor) para que lo asesore en el trámite del presente juicio al quejoso Erick Antonio López Arellano, en el que reclama, actos omisivos a Jueces de Distrito y su Asesor Jurídico de Víctimas. Envíese atento exhorto vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juez de Distrito en turno en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz, para que en auxilio de la Justicia Federal y por comisión de las labores de este Juzgado, se sirva notificar personalmente el presente proveído al quejoso Erick Antonio López Arellano, quien se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de esa localidad. Juicio en línea Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea "juicio en línea"; quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020. Así, quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea. Notifíquese personalmente.
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