Cesar Joel Olmedo Vargas

Expediente 922/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
922/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
02/02/2018

Partes del expediente

  • Cesar Joel Olmedo Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad de México, a dos de febrero de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En ese sentido, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 922/2017, promovido por Cesar Joel Olmedo Vargas, contra las omisiones atribuidas al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el ocho de noviembre del año próximo pasado, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las omisiones que se precisarán en el considerando segundo. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes de las omisiones reclamadas, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violan sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 8°, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Un día después de su recepción, se admitió a trámite la demanda bajo el orden 922/2017; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se fijaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que en su oportunidad se realizó al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza de las omisiones reclamadas. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que bajo el número 1347 aparece publicada en la página 1511 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [aplicable de conformidad con el artículo SEXTO TRANSITORIO del decreto por el que se expidió la ley de la materia, dado que no se opone a su contenido], que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis de la demanda y de las demás constancias se precisa que las omisiones atribuidas al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México son las siguientes: * La abstención de notificar personalmente la contestación a los escritos presentados el once y treinta y uno de octubre del año próximo pasado en la Oficialía Mayor de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, registrados con los folios 026760, 026766, 028890 y 028891, respectivamente. TERCERO. Son ciertas la omisiones reclamadas, pues así lo admitió la autoridad responsable al rendir informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada que remitió en apoyo al mismo, así como las diversas que requirió este órgano de control constitucional; documentales que tienen valor probatorio pleno, al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda (ocho de noviembre de dos mil diecisiete) no se había notificado al quejoso la contestación recaída a sus peticiones. No obstante la certeza de las omisiones reclamadas, es innecesario analizar el fondo del asunto, pues es fundada la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable. En efecto, se actualiza el supuesto previsto en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que las omisiones reclamadas cesaron en sus efectos. Así se considera, porque de las referidas documentales se aprecia que se notificó al quejoso las respectivas respuestas que emitieron inferiores jerárquicos de la autoridad responsable a las peticiones que aquél realizó, como a continuación se precisa: Escrito (folio) Fecha de notificación 026760 15 de noviembre de 2017 (Foja 110) 026766 12 de diciembre de 2017 (Foja 137) 028890 15 de noviembre de 2017 (Foja 129) 028891 15 de noviembre de 2017 (Foja 129) Con base en lo anterior, si autoridades inferiores jerárquicas de la autoridad responsable notificaron al quejoso las respuestas emitidas en relación con sus peticiones, independientemente de la legalidad de tales pronunciamientos, es inconcuso que las omisiones reclamadas cesaron en sus efectos, con lo que se le restituyó en su derecho fundamental violado, esto es, como si se hubiera otorgado el amparo, pues el alcance de la eventual protección sólo implicaría que se notificara al justiciable la respectiva contestación a cada una de sus solicitudes, lo que en el caso se realizó, de ahí que no existe materia para el pronunciamiento de fondo en cuanto a la litis planteada. Es aplicable la jurisprudencia identificada con el orden 198, emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal de Justicia del País, consultable en la página 216 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte -SCJN Segunda Sección- Improcedencia y sobreseimiento, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Así como la diversa 1a./J. 6/2000 emitida por la sala de referencia, publicada en la página 50 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Junio de 2000, que dispone: "PETICIÓN, DERECHO DE. CUÁNDO SE CUMPLE CON LA GARANTÍA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 8o. DE LA CARTA MAGNA. Si la protección federal se otorgó por violación a la garantía de petición consagrada en el artículo 8o. constitucional, para que las autoridades responsables dieran contestación congruente por escrito y en breve término a la solicitud formulada por el quejoso, tal exigencia se cumple cuando una de las autoridades responsables, director general de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República, subordinada a otra autoridad responsable, oficial mayor de la misma dependencia, da contestación a la solicitud por instrucciones de éste, aunque esta última autoridad no haya dado contestación, en tanto que se trata de autoridades de una misma dependencia y fundamentalmente lo que pretende la garantía constitucional invocada es la exigencia de dar contestación a la petición, toda vez que el precepto constitucional únicamente establece que el derecho de petición se cumpla en los términos antes especificados, por lo que la autoridad, independientemente de su cargo o jerarquía, tiene la obligación de contestar al peticionario y no dejarlo sin acuerdo alguno". No se soslaya que no se dio vista al quejoso con las respuestas que recayeron a sus peticiones, a efecto de que pudiera ampliar su demanda, pues tal obligación sólo deriva cuando a través del juicio tuvo conocimiento de dicha circunstancia y, en el caso, como se estableció, autoridades inferiores jerárquicas de la autoridad responsable le notificaron la respuesta que recayó a sus respectivas peticiones, por lo que el amparista estaba en condiciones de controvertirlas por la vía que considerara conducente y no lo hizo; por tanto, en el caso, se estima que no se actualiza el supuesto que prevé la jurisprudencia 136/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 801 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, mayo de 2012, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA". Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia mencionada, lo procedente es sobreseer en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, fracción V, 65, 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Cesar Joel Olmedo Vargas, contra las omisiones atribuidas al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, consistentes en: * La abstención de notificar personalmente la contestación a los escritos presentados el once y treinta y uno de octubre del año próximo pasado en la Oficialía Mayor de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, registrados con los folios 026760, 026766, 028890 y 028891, respectivamente.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a las partes, previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo; por tanto, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy se difiere y se señala como nueva fecha para celebrarse, el dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO".

  4. Principal

    Ciudad de México, a dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, procedentes de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ya que mediante el primero remitió las constancias requeridas; por tanto, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con sustento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad remitente, la documental que acompañó al comunicado que se provee, que se tiene por desahogada en razón de su naturaleza jurídica, que se relacionará en la audiencia constitucional.

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