Cesar Jesús Valdes Garcia

Expediente 1436/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1436/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
18/02/2019

Partes del expediente

  • Cesar Jesús Valdes Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 284/2018, interpuesto por CÉSAR JESÚS VALDÉS GARCÍA por propio derecho y con el carácter de Presidente del Consejo de Administración de YMVAZA ARQUITECTOS, Sociedad Anónima de Capital Variable, concluyendo con el punto resolutivo que es del tenor siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído a la Superioridad, en vía de acuse de recibo de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 284/2018. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, tomando en consideración que en el presente juicio se interpuso recurso de queja en contra del auto por el cual se desechó de plano de demanda de amparo, y el Tribunal de Alzada, declaró infundado el recurso de queja, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días comparezca al local de este juzgado, debidamente identificada, a efecto de que le sea devuelta la documentación que anexó a su escrito de demanda, previo cotejo y certificación de la copia que exhiba para tal efecto, así como previa toma de razón y recibo que quede en autos, de conformidad con el último párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Apercibiéndole que de no hacerlo así, aquellos podrán ser destruidos con el expediente, una vez que las labores de este juzgado lo permitan. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual acusa recibo e informa que admitió el recurso de queja, mismo que quedó registrado con el número 284/2018; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta los efectos legales conducentes, el escrito signado por el quejoso, a través del cual interpone recurso de queja en contra del auto de diez de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por dicha parte; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se da trámite al recurso de queja respectivo. Por consiguiente, en vía de informe con relación a la materia de la queja, comuníquese a la Superioridad que es cierto el acto, toda vez que mediante acuerdo de diez de septiembre de dos mil dieciocho, se determinó desechar de plano la demanda de amparo, en virtud de que advirtieron motivos manifiestos e indudables de improcedencia, por las razones que ahí se expusieron. Cabe hacer mención, que la parte recurrente señaló las constancias que en copia certificada deberán remitirse al Tribunal de Alzada que deba resolver el citado recurso, de conformidad con lo establecido por el artículo 100, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en consecuencia; se ordena tramitar las copias certificadas de las constancias inherentes al auto recurrido, así como las que se estimen pertinentes. Finalmente, establecido lo anterior se ordena enviar las copias certificadas así como el escrito original de agravios y copia simple del mismo, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso interpuesto. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de septiembre de dos mil dieciocho. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por CÉSAR JESÚS VALDÉS GARCÍA, por su propio derecho y en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la persona moral denominada "YMVAZA ARQUITECTOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", personalidad que acredita con el instrumento notarial once mil trece, contra actos del Presidente, Coordinador General de la Sindicatura y Contralora, todos del Municipio de Cuernavaca, Morelos; fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número de orden que le corresponde 1436/2018-V. Desechamiento. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: Acto Reclamado. La parte quejosa reclama del Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos y otras autoridades, lo siguiente: La abstención y falta de respuesta de la petición formulada el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. La abstención de pagar de manera total y definitiva a la personal moral quejosa, las cantidades pactadas en los términos de los contratos de obra celebrados entre ellos, detallados en el escrito cuya omisión de respuesta reclama. A mayor abundamiento, de lo narrado en el escrito inicial de demanda así como de los documentos que anexa, se advierte lo siguiente: La parte quejosa refiere que las autoridades señaladas como responsables no han dado cabal cumplimiento a los siguientes contratos de obra celebrados entre ellos: / / / / / Refiere que, dada la omisión de pago es que formuló petición el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, solicitando a las autoridades responsables dieran cabal cumplimiento al pago de las cantidades pactadas en los contratos antedichos. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, este órgano constitucional desecha la demanda de garantías de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la ley en consulta, estos últimos a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."; "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: .II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos transcritos, se infiere que no es posible admitir la demanda de amparo, cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque tal y como enseguida se observara, tienen el carácter de autoridades aquellas que con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, es importante hacer énfasis en que existen diversos tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y de sus gobernados, a saber: I. Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de particulares, en la cual éstos actúan en un mismo plano, o sea, de igualdad; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, y se requiere de la intervención de un tribunal ordinario, expresa y legalmente facultado para dirimir las controversias que se susciten entre las partes contendientes. II. Las relaciones de supra a subordinación, que son aquellas que surgen entre los órganos de la autoridad, por una parte y por la otra, el gobernado; en dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características: la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En ese orden de ideas, cabe decir que el juicio de amparo procede únicamente contra actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pues son dichos actos los que revisten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Es por ello que, la relación entre la persona moral quejosa y las autoridades que señala como responsables, no corresponde a la de autoridad y gobernado, sino a una relación entre particulares dada la existencia de derechos contractuales en los que se encuentran inmersos tanto el Presidente, así como el Coordinador General de la Sindicatura, la Contralora, todos del municipio de Cuernavaca, Morelos con la persona moral "YMVAZA ARQUITECTOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", con motivo de la suscripción de los contratos antes mencionados. En el entendido, que si por tal relación contractual existen derechos y obligaciones incumplidas entre ellas, entonces será en alguna otra instancia en donde se ventile tal problemática y no mediante esta vía constitucional, en atención a que el acto que reclama consiste en la abstención de las autoridades señaladas como responsables de pagar de manera total y definitiva al quejoso, las cantidades pactadas en los términos de los contratos de obra celebrados entre ellos. Por tanto, esta consecuencia, es decir el referido incumplimiento del pago relativo a los contratos de obras celebrados entre las partes, no tienen el carácter de actos de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en razón de que corresponden u obedecen al ejercicio de los derechos y al cumplimiento de las obligaciones contractuales de la moral "YMVAZA ARQUITECTOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", con el Presidente, Coordinador General de la Sindicatura, Contralora, todos del municipio de Cuernavaca, Morelos; y por lo tanto, de acuerdo al vínculo jurídico existente entre dos o más particulares en una relación de coordinación; caso en el que se insiste, actúan en un plano de igualdad. En lo conducente e interpretada en sentido contrario, cobra aplicación la tesis 42, publicada en la página 31 del Tomo VI, Materia Común, Sección Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. De lo anteriormente vertido, se desprende que la alegada omisión de dar contestación a la petición realizada mediante escrito de fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, tampoco puede considerarse como un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio, ya que no se les reconoce el carácter de autoridades al Presidente, Coordinador General de la Sindicatura, Contralora, todos del municipio de Cuernavaca, Morelos, toda vez que como se ha explicado, la persona moral quejosa y autoridades señaladas como responsables se encuentran inmersas en una relación entre particulares dada la existencia de derechos contractuales; por tanto, la petición de cumplimiento del contrato no tiene las notas distintivas de acto de autoridad, razón por la que el juicio de amparo resulta improcedente. Es cierto que la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, se encuentra obligada a dar contestación por escrito y en breve término a la solicitud formulada por el gobernado, pero para que la existencia de este derecho se encuentre reconocida como garantía individual y sea procedente el juicio de amparo, se requiere que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado, en que el ente público actúe como particular, como se desprende del presente asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 42/2001, de la Novena Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Abril de 2001, Tomo XIII, Página 126, con registro 189914, de rubro siguiente: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD." Luego, debido a que los actos reclamados que nos ocupa, no son susceptible de analizarse a través del juicio de amparo, ello no significa que se deje al promovente en estado de indefensión, ya que tiene expedito el derecho de acudir ante el tribunal correspondiente para deducir lo que a través de esta vía pretende. En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, estos últimos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, por tanto se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por CÉSAR JESÚS VALDÉS GARCÍA, por su propio derecho y en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la persona moral denominada "YMVAZA ARQUITECTOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", en términos del artículo 113 de la Ley de la materia. No es óbice a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10ª) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA". En cambio, apoya el desechamiento de la demanda la tesis III.5o.A. J/6 (10a.) sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA DETERMINAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE DESECHARLA, ARGUMENTANDO QUE SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, SALVO QUE ÉSTA SE ADVIERTA EN FORMA PATENTE Y ABSOLUTAMENTE CLARA, Y SE TENGA LA CERTEZA Y PLENA CONVICCIÓN DE QUE ES OPERANTE". Domicilio procesal y personas autorizadas. Tomando en consideración que el promovente de amparo señala un domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la residencia oficial de este Juzgado; en tales condiciones, con apoyo en lo establecido en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, se ordena practicar las notificaciones a la parte quejosa por medio de lista, incluso las que sean de carácter personal; asimismo se tiene como autorizados para los términos que expone a las personas que propone. Gratuidad en el servicio. Por último, se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la carta magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos; asimismo, se indica que las promociones que dirija a este juicio de amparo, deben contener el número de expediente y mesa de trámite. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

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