Cesar Jesús Sandoval Cerón
Expediente 789/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 789/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Cesar Jesús Sandoval Cerón
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Causa estado. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Cesar Jesús Sandoval Cerón, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 789/2021 CAUSA EJECUTORIA del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Depuración o destrucción del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible toda vez que se desechó la demanda de amparo; por ende, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso b), del Acuerdo General citado. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Recepción de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Cesar Jesús Sandoval Cerón, por propio derecho, contra actos que reclama del Titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades. Registro de demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 789/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Consideraciones previas. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, se debe tener en cuenta que de acuerdo, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar los escritos de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución, que impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas para Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 789/2021 las personas que solicitan la protección federal en asuntos que resultarán sobreseídos. Es aplicable al caso la jurisprudencia I.1o.4. A. J/ 4, Novena Época, con registro electrónico 196196, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de 1998, materia común, página 890, que a la letra indica: En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De la jurisprudencia transcrita, se desprende que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 789/2021 ??????????????? c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Estudio de la demanda De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aún de oficio, lo aleguen o no las partes. Es así que del estudio integral de la demanda presentada por el quejoso, se desprende que reclama: La orden para bloquear, cancelar, suspender o revocar la totalidad de las cuentas bancarias del quejoso, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en las cuentas: 20720113111402, 95460205649312 y 95461600852933, aperturadas por la institución bancaria Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. En ese tenor, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados, no pueden ser considerados como actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo; contra los cuales es procedente únicamente cuando un ente público del estado actúa en función a un ordenamiento legal de manera suprasubordinada con el gobernado, preceptos que en su texto disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 4 JUZGADO OCTAVO EXP. 789/2021 "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." La autoridad responsable o el particular que tenga la calidad de autoridad, son los sujetos pasivos de la acción de amparo, contra la cual se demanda la protección de la justicia federal. Al respecto, es necesario señalar que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En este sentido, cabe recordar la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación supra-subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 5 JUZGADO OCTAVO EXP. 789/2021 ??????????????? mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece un serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Es aplicable a esto último, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118 del Tomo V, febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, pues no se opone a la Ley de Amparo vigente conforme el artículo 6° Transitorio de la referida Ley, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA AFECTOS DEL JUCIO DE AMPARO. El término "autoridades" para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 6 JUZGADO OCTAVO EXP. 789/2021 a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les estén atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se le atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la normal legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De todo lo antes destacado, se advierte que en el caso en estudio, la quejosa básicamente señala como autoridad responsable al Representante legal de Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple; y como acto reclamado el bloqueo, cancelación, suspensión o revocación de la totalidad de las cuentas bancarias del quejoso, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en las cuentas: 20720113111402, 95460205649312 y 95461600852933, aperturadas por dicha institución bancaria, a nombre de Cesar Jesús Sandoval Cerón. Asimismo, dentro del capítulo de hechos, la parte quejosa expuso: 1. El veintisiete de julio de dos mil diecisiete, el peticionario de amparo celebró contrato de Productos y Servicios Bancarios (nomina grupo salinas) con la institución bancaria Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, donde se le asignó el número de cuenta bancaria 20720113111402, y el catorce de agosto de dos mil diecinueve, celebro diverso contrato de Productos y Servicios Bancarios (Inversión activa grupo salinas), con la misma institución, asignándole la cuenta bancaria 95460205649312 y 95461600852933. 2. El seis de julio de dos mil veinte, no fue posible realizar una transferencia en las cuentas del quejoso, por lo que acudió a la referida institución bancaria y de manera verbal, el gerente de la Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 7 JUZGADO OCTAVO EXP. 789/2021 ??????????????? sucursal le dijo que sus cuentas habían sido bloqueadas, sin que se le diera mayor explicación. 3. El trece de agosto de dos mil veinte, acudió a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUCEF), para presentar por escrito una reclamación en contra de los actos infundados realizados por la institución bancaria Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, misma a la que se le otorgo el número de expediente 2020/096/275490, en la cual la institución, manifestó que no se sometería al procedimiento arbitral; no obstante, la parte quejosa, continuo con el procedimiento hasta que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUCEF), le otorgó el Dictamen de Valoración Técnica y Jurídica, en el que se resolvió que la referida institución bancaria, debía eliminar cualquier tipo de bloqueo de las cuentas 20720113111402, 95460205649312 y 95461600852933, a nombre de Cesar Jesús Sandoval Cerón. 4. El seis de agosto del presente año, la parte quejosa acudió a la institución bancaria, a disponer de los recursos económicos que tiene en las cuentas bancarias antes referidas, donde se le informo que las mismas se encontraban bloqueadas por el área de validación de operaciones y prevención de fraudes. Todo lo cual revela que entre la quejosa y la persona moral que señaló como autoridad responsable, existe una relación contractual contenida en el contrato signado por el quejoso; y por ende, se encuentran en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación como alega la impetrante de amparo, lo que hace patente que la moral que señaló como responsable, no tiene esa calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo. Cabe recalcar, que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 8 JUZGADO OCTAVO EXP. 789/2021 cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña; también tendrá la calidad de autoridad responsable el particular que: a) Realice actos equivalentes a los de autoridad. b) Tales actos creen, modifiquen o extingan, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad o aún en contra de ella; y, c) Sus funciones estén determinadas por una norma general; supuestos que en la especie no acontecen, dado que como ya se dijo, entre el aquí quejoso y la persona moral que señalo como autoridad responsable, existe una relación jurídica de coordinación; y ésta, no se rige por una norma de carácter general. Es aplicable a lo anterior, la tesis (II Región)1o.5 K (10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, con registro electrónico 2020006, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, página 5188, que a la letra dice: "INSTITUCIONES BANCARIAS. NO REALIZAN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO INMOVILIZAN LAS CUENTAS RESPECTIVAS CON BASE EN EL CLÁUSULADO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS BANCARIOS CELEBRADOS ENTRE AQUÉLLAS Y SUS CLIENTES. De conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo y lo delineado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 112/2015 (10a.), los particulares pueden figurar como autoridades responsables, en la hipótesis de que realicen actos semejantes a los de las entidades públicas, susceptibles de combatirse en el enjuiciamiento de derechos fundamentales, siempre y cuando el acto que se les reclame tenga como génesis, entre otros requisitos, una norma de carácter general que les confiera facultades para comportarse de manera similar a un ente estatal. Ahora bien, cuando los bloqueos de las cuentas bancarias de los quejosos por parte de las nombradas instituciones no se realicen con sustento en las atribuciones otorgadas en una disposición legal o reglamentaria, sino con asidero en un contrato de servicios bancarios, celebrado entre aquéllos y las referidas entidades crediticias, éstas no pueden tener la calidad de particulares equiparables a autoridades, para efectos del mencionado juicio constitucional, al tener su origen ese contexto en disposiciones de orden privado acordadas entre la propia impetrante y dichas instituciones en un plano de coordinación, lo que es indicativo de una relación que difiere sustancialmente de la que se Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 9 JUZGADO OCTAVO EXP. 789/2021 ??????????????? entabla entre una autoridad y un gobernado; ello, pese a que el actuar aludido pueda calificarse como unilateral, o bien, traiga como consecuencia un cambio de entorno para el solicitante de la protección de la Justicia de la Unión, en la medida en que es indispensable que el acto desplegado por los particulares, señalados como autoridades responsables, esté fundado en un ordenamiento que les dote de atribuciones que, en principio, corresponden al Estado." En efecto, la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado la orden para bloquear, cancelar, suspender o revocar la totalidad de las cuentas bancarias del quejoso, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en las cuentas: 20720113111402, 95460205649312 y 95461600852933, aperturadas por la institución bancaria Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. Sin embargo, los contratos celebrados contienen elementos reglamentarios y elementos contractuales, entre ellos los relativos al bloqueo de la cuenta, respecto de los cuales aquella no se encuentra obligada a seguir un procedimiento especial o contar con el consentimiento del depositante a fin de modificarlos. Tal y como se advierte del "Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios", que celebró la parte quejosa con Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, del que se advierte que en su cláusula Vigésima Sexta, Bloqueo de la Cuenta, lo siguiente: "El Cliente y el Banco convienen que éste último podrá bloquear la Cuenta en forma total o parcial en los siguientes supuestos: a. Por mandamiento de autoridad competente. b. Por detectarse operaciones inusuales y/o relevantes. c. Por los motivos de seguridad y prevención de fraudes. d. Por uso indebido de la Cuenta. e. Por solicitud del Cliente. f. Por el pago de Créditos Asociados a la Nómina en los términos de la cláusula denominada Designación de Créditos Asociados a la Nómina del presente Capitulo." Encuentra sustento lo anterior por identidad de razón la tesis I.1o. A.E.109 A sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 10 JUZGADO OCTAVO EXP. 789/2021 Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "CONCESIÓN ADMINISTRATIVA. NOCIÓN Y ELEMENTOS REGLAMENTARIOS Y CONTRACTUALES QUE LA INTEGRAN. La concesión administrativa, entendida como el acto administrativo mediante el cual el Estado concede a un particular la gestión de un servicio público o la explotación de un bien del dominio público, crea un derecho en favor del concesionario que antes no tenía; sin embargo, el acuerdo de voluntades plasmado no debe concebirse como un simple acto contractual donde primen intereses particulares de los contratantes, pues se trata de un acto administrativo mixto, en el que coexisten elementos reglamentarios y contractuales. Dentro del primer grupo se encuentran las normas a que han de sujetarse la organización y funcionamiento del servicio o la explotación o aprovechamiento de los bienes, las que el Estado puede modificar sin el consentimiento del concesionario, considerando como principios rectores del interés general, los siguientes: a) continuidad, b) mutabilidad, c) igualdad, d) calidad y e) asequibilidad. Por su parte, el elemento contractual protege los intereses legítimos del concesionario, y crea a su favor una situación jurídica individual que no puede ser modificada unilateralmente por el Estado; atiende básicamente a las ventajas económicas que representen para el concesionario la garantía de sus inversiones y la posibilidad de mantener el equilibrio financiero. Así, toda concesión administrativa se encuentra sujeta a las modificaciones del orden jurídico que regulan las condiciones conforme a las cuales, el servicio público debe prestarse o el bien público ser explotado, al mismo tiempo que garantiza los intereses legítimos de los concesionarios." En esa tesitura, atento a que los actos reclamados no corresponden a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, al encontrarse regulados por las cláusulas de tipo contractual contenidas en dicho contrato, es improcedente la demanda de amparo que se provee. Así, el acto que por esta vía constitucional reclama, deriva de una relación contractual, es decir, las partes que intervienen en él, se encuentran en un plano de coordinación, por lo que los desacuerdos derivados de la interpretación no son materia del juicio de amparo, por no constituir un acto de autoridad. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis I.1°.A.13 K (10ª.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 11 JUZGADO OCTAVO EXP. 789/2021 ??????????????? Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "PARTICULARES EN EL JUICIO DE AMPARO. CASOS EN QUE PUEDEN SER LLAMADOS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, prevé la posibilidad de que los particulares adquieran la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo cuando se satisfagan los siguientes requisitos: 1. Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omitan actuar en determinado sentido; 2. Que afecten derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general. De la exposición de motivos que dio origen a la nueva legislación de amparo se advierte que cuando el legislador incorporó esa posibilidad, pretendió limitarla a los casos en que, conforme a sus funciones, los particulares puedan dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que conlleve la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos, es decir, a los casos en que dentro del cúmulo de funciones que les otorgue la norma general y abstracta que los regula se encuentre prevista la de emitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que implique la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos. Por tanto, para decidir si en un juicio de amparo se debe tener como autoridad responsable a un particular, se debe verificar si el acto que se le atribuye fue emitido en ejercicio de las funciones que le son propias, en términos de la norma general que lo regule." Desechamiento de la demanda. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Cesar Jesús Sandoval Cerón. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiéraseles para que Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 12 JUZGADO OCTAVO EXP. 789/2021 dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, apercibido que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. Atento a lo anterior, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en Calle Juárez, Número 33, Colonia San Lorenzo Tetlixtac, Municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, y notifique el contenido del presente proveído a la parte quejosa, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Por cuanto hace a las profesionistas que hace referencia en su demanda, ténganse por autorizados para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, hasta en tanto, acredite haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hizo, podrá válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 13 JUZGADO OCTAVO EXP. 789/2021 ??????????????? amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del capítulo octavo, artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 14 JUZGADO OCTAVO EXP. 789/2021 destruirán en términos del penúltimo párrafo, del artículo mencionado. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.
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