Cesar Javier Rojano López
Expediente 1177/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 44 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1177/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 44
- Última actuación
- 02/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Cesar Javier Rojano López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 44.
- Principal
Ciudad de México, dos de junio de dos mil veintidós. Agréguese el escrito signado electrónicamente por José Manuel Donnadieu López, autorizado de Asociación Civil "Pequeña Liga Mexicana Asociación Civil", a través del cual solicita copia certificada por duplicado del instrumento notarial que refiere. En relación con la copia fotostática por duplicado que solicita del instrumento notarial que indica, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que se atendió favorablemente la devolución del referido documento en proveído de cuatro de enero de dos mil veintidós, en el cual, asimismo, se le informó respecto de su solicitud de copias, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, cuatro de enero de dos mil veintidós. Agréguese el escrito signado vía electrónica por José Manuel Donnadieu López, autorizado de Asociación Civil "Pequeña Liga Mexicana Asociación Civil", a través del cual solicita la devolución de las documentales que indica, así como copia certificada del instrumento notarial que refiere. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la devolución de las documentales que refiere, previa toma de razón que de su recibo obre en autos para constancia, a satisfacción de este órgano jurisdiccional. En relación con la copia fotostática por duplicado que solicita del instrumento notarial que indica, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que se atendió favorablemente la devolución del referido documento y, por tanto, se encuentra en posibilidad de realizar la reproducción del mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de asistido de Jesús Coronel Montiel, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Ciudad de México, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, y la certificación que antecede, de la que se advierte que feneció el plazo para que la parte quejosa, que es a quien pudiera causar perjuicio, interpusiera recurso de revisión en contra de la resolución emitida por este Juzgado Federal el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se determinó lo siguiente: "ÚNICO. Se sobresee en el juicio en términos del considerando tercero de esta sentencia". En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado. En esas condiciones, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción c), del citado Acuerdo General, al haberse negado la medida cautelar de los actos reclamados; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción II, del artículo 20 del citado Acuerdo General; hecho que deberá realizarse en un término de treinta días posterior al plazo de seis meses, como lo dispone el artículo antes referido. Notifíquese. Lo proveyó y firma Felipe Camacho Silva, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de seis de diciembre de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/4780/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo mencionado realizado en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, asistido de Jesús Coronel Montiel, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
En la Ciudad de México, a las trece horas con veinticinco minutos del nueve de diciembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo 1177/2019, promovido por César Javier Rojano López, en audiencia pública, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido del secretario Felipe Camacho Silva, en cumplimiento al artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a declararla abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el secretario hace relación de todas y cada una de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentran la demanda de amparo y anexos, auto de desechamiento de la demanda de amparo, ejecutoria de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve dictada por el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el toca Q.A. 299/2019, auto admisorio, las constancias de notificación a las partes y los informes justificados de las autoridades responsables, así como los acuerdos donde se proveyó lo conducente. Asimismo, se hace constar que las autoridades responsables fueron omisas en rendir su informe justificado, no obstante que fueron debidamente emplazadas, tal y como se advierte de las constancias de notificación relativas (fojas 75 a 83) y que transcurrió el plazo previsto en el artículo 117, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para tal efecto. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar; y, por omisas a las autoridades responsables en rendir su informe justificado, no obstante que fueron debidamente emplazadas en el presente juicio de amparo. Abierto el periodo de ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales exhibidas en el juicio, así como con la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, por su propia y especial naturaleza, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, pues es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto. Se cierra el periodo de pruebas. Acto seguido, se procede al desahogo de la etapa de alegatos y el secretario hace constar que la parte quejosa los formuló, no así las demás partes y, que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no presentó intervención alguna. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la parte quejosa, sin perjuicio de tomarlos en consideración al momento de resolver en definitiva; asimismo, se tiene por precluido el derecho de las autoridades responsables para formularlos. Con lo que se concluye el período de referencia. Al no existir diligencias pendientes de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el doce de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitido el día siguiente a este Juzgado de Distrito en la misma materia y jurisdicción, César Javier Rojano López, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto, en contra de las autoridades responsables y por los actos reclamados siguientes: -III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. PRIMERO. El Consejo Directivo de la 'Pequeña Liga Mexica, A.C.', en su carácter de Autoridad Ordenadora y Ejecutora. SEGUNDO. La Presidenta del Consejo Directivo de la 'Pequeña Liga Mexica, A.C.', también en su carácter de ordenadora y ejecutora, por haber sido quien firmó el documento en que consta el acto reclamado. TERCERO. La Asociación Civil 'Pequeña Liga Mexica, A.C.' por cuanto a ser representada por su consejo directivo y a través de la presidente de éste último. -IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: 1. La resolución administrativa emitida y firmada por la Presidenta del Consejo Directivo de la 'Pequeña Liga Mexica, A.C.' (integrante de la Asociación de Béisbol Infantil y Juvenil del Distrito Federal A.C. y éstas a su vez a la Federación Mexicana de Beisbol A.C., la cual forma parte de la Comisión Nacional del Deporte, integrante del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte), y por la cual determinó mi expulsión y Baja Definitiva como Jugador Activo, dentro de la misma liga, y con ello, el que se me impida participar en eventos deportivos, juegos, torneos o cualquier actividad deportiva al interior de la Liga, privándome de facto, o cuando menos limitando mi derecho a la práctica del deporte y la cultura física, sin que me hubiesen llamado a procedimiento alguno de manera previa, y sin una orden o resolución dirigida al suscrito quejoso, conculcando con ello mis garantías de seguridad jurídica, audiencia y debido proceso legal. 2. La restricción que se me impone como jugador activo en el Béisbol dentro de la Ciudad de México y en específico al interior de la Liga administrada y dirigida por la responsable, sin que existiera un procedimiento previo, seguido en forma de juicio, en el que se respetaran las formalidades esenciales del procedimiento y sin respetar mi garantía de audiencia. 3. Las órdenes verbales y/o escritas de comparecencia, emplazamiento, citación o cualquier otro medio que, de manera unilateral, hubiesen emitido las responsables y ejecutadas previamente y sin mi consentimiento, y sin que hubiesen sido notificadas al suscrito quejoso, mismas que se encuentran viciadas por no estar dirigidas al suscrito y sin respetar mis derechos de Debido proceso legal, seguridad y certeza jurídicas, así como de audiencia. 4. Las actas de comparecencia, audiencia, desahogo de pruebas o notificaciones que se hayan dictado y ejecutado de manera unilateral y sin hacerlas de mi conocimiento previo, impidiendo con ello que el suscrito quejoso tenga la oportunidad de defensa ante la autoridad responsable. 5. La omisión de emplazarme, notificarme o citarme y permitir que propusiera defensas y pruebas en mi descargo, tendiente a desvirtuar cualquier imputación que obrase en mi contra y a confrontar a mi acusador, a conocerle y a conocer las causas de cualquier imputación, o bien de permitirme conocer la imputación misma que obrase en mi contra y que fuera origen de la baja como jugador activo y expulsión definitiva de la liga, privándome o cuando menos limitándome de un derecho fundamental como lo es la práctica del deporte y la cultura física, lo que constituye un acto de privación y de molestia en sí mismo.- SEGUNDO. Derechos fundamentales. La quejosa señaló que en el caso no existe tercero interesado; narró los antecedentes del acto reclamado; indicó como derechos violados los contenidos en los artículos 1º, 4º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y formuló los conceptos de violación que estimó conducentes. TERCERO. Desechamiento de la demanda. Mediante proveído de catorce de agosto de dos mil diecinueve (fojas 25 a 32), este Juzgado de Distrito ordenó registrar la demanda con el número 1177/2019; asimismo, desechó la demanda al estimar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1, fracción I y 5, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados no eran susceptibles de someterse a control de la constitucionalidad a través del juicio de amparo, pues fueron emitidos por un particular que no ejerce funciones de autoridad para efectos del juicio de amparo. CUARTO. Recurso de queja contra desechamiento. Por escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitido el día hábil siguiente a este Juzgado de Distrito (fojas 34 a 47), el ahora quejoso interpuso recurso de queja en contra del acuerdo de catorce de agosto de dos mil diecinueve, del cual tocó conocer al Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que por ejecutoria de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve dictada en su toca Q.A. 299/2019 (fojas 58 a 69), declaró fundado dicho recurso. QUINTO. Admisión de la demanda. Mediante acuerdo de cinco de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 70 y 71), este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le corresponde y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. SEXTO. A través de los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó la suspensión de plazos del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, como medida de contingencia con motivo de la pandemia originada por el virus SARS-Co2 (COVID -19). SÉPTIMO. En proveído de tres de agosto de dos mil veinte (fojas 148 a 150), en virtud del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se levantó la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, se reanudó el trámite en el presente juicio de amparo, señalándose día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. OCTAVO. Celebración de la audiencia constitucional. Previos los trámites legales correspondientes, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el juicio de amparo en que se actúa, con apoyo en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos primero, fracción I, segundo, fracción I, numeral 3, y cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama un acto de naturaleza administrativa atribuido a un particular con el carácter de autoridad responsable, con residencia en la Ciudad de México, con ejecución en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Sustenta lo anterior la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: -ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.- En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de la totalidad de las constancias que obran en el expediente, se advierte que el quejoso reclama: Del Consejo Directivo de la Pequeña Liga Mexica, asociación civil, de la Presidenta del Consejo Directivo de la Pequeña Liga Mexica, asociación civil y de la Asociación Civil Pequeña Liga Mexica, asociación civil: La resolución de uno de junio de dos mil diecinueve, mediante la cual se determinó la baja definitiva del quejoso como jugador activo dentro de la Pequeña Liga Mexica, asociación civil. Sin que haya lugar a considerar como actos reclamados destacados, la restricción que se impuso al promovente del amparo al interior de la liga deportiva en mención sin que existiera un procedimiento previo seguido en forma de juicio en el que se respetaran las formalidades esenciales del procedimiento y sin respetar su garantía de audiencia; las órdenes verbales y/o escritas de comparecencia, emplazamiento, citación o cualquier otro medio, que se hayan emitido sin su conocimiento y sin que se le hubieren notificadas, mismas que se encuentran viciadas al no respetar los derechos de debido proceso legal, seguridad y certeza jurídicas, así como de audiencia; las actas de comparecencia, audiencia, desahogo de pruebas o notificaciones que se hayan dictado y ejecutado de manera unilateral y sin hacerlas de su conocimiento previo, lo que le impidió contar con la oportunidad de defensa ante la autoridad responsable; y, la omisión de emplazarlo al procedimiento respectivo. Toda vez que dichas expresiones se refieren a conceptos de violación encaminados a controvertir el procedimiento previo a la resolución que ahora reclama la parte quejosa; aspectos que se estudiarán en el capítulo de fondo respectivo, en caso de que no se actualice alguna causa de improcedencia. TERCERO. Análisis de causas de improcedencia y sobreseimiento. Previamente al estudio de constitucionalidad del acto reclamado, procede el análisis de las causas de improcedencia, toda vez que son de estudio oficioso y preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este Juez de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1, fracción I y 5, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados no son susceptibles de someterse a control de la constitucionalidad a través del juicio de amparo, pues fueron emitidos por un particular que no ejerce funciones de autoridad para efectos del juicio de amparo. Para demostrar esa conclusión, a continuación se analizará qué tipo de actos son susceptibles de analizarse a través el juicio de amparo; en qué supuestos los actos de los particulares son susceptibles de análisis; y, porque en el caso, el acto reclamado a la asociación deportiva quejosa no es susceptible de someterse a control de la constitucionalidad a través del juicio de amparo El juicio de amparo como medio de control de la constitucionalidad. En un Estado Democrático de Derecho el establecimiento de un sistema de control de la constitucionalidad de los actos de poder es un elemento fundamental que permite la consecución de los fines del Estado. Uno de los elementos fundamentales de ese sistema de control de la constitucionalidad son los medios de control, es decir, los recursos o medios procesales a través de los cuales se puede analizar la correspondencia de los actos de poder con la Constitución. Los medios de control de la constitucionalidad también se conocen como garantías constitucionales, que Fix-Zamudio define de la siguiente manera: los medios jurídicos, de naturaleza predominantemente procesal, que están dirigidos a la reintegración del orden constitucional cuando el mismo ha sido desconocido o violado por los propios órganos de poder-. Entonces, el objeto del control de la constitucionalidad es el poder, pero no cualquier tipo de poder, sino el poder político organizado en la Constitución, el cual se institucionaliza a través de normas jurídicas. Max Weber sostiene que el poder es la posibilidad de imponer la propia voluntad sobre la ajena; sin embargo, no toda manifestación de poder -en sentido amplio- puede ser objeto del control de la constitucionalidad, pues es claro que existen distintas modalidades de ejercicio de poder, tales como la fe, la religión, la fuerza física, el poder psicológico o mental, el poder económico o cualquier otro mecanismos que pudiera influir en la conducta humana. El poder político se basa en la posibilidad de ejercer la coacción, de usar la fuerza legal, lo cual equivale a la aplicación de la ley misma, pues ese poder político está juridificado. Bajo ese orden de ideas, Carla Huerta define al poder político como -la facultad reconocida por el orden jurídico para que determinados individuos actualicen sobre otros los mandatos contenidos en las normas jurídicas bajo amenaza de coacción-. Siguiendo estas ideas, podemos decir que el objeto del control de la constitucionalidad es el poder político jurídicamente regulado, pues el ejercicio de éste debe guardar correspondencia con la Constitución, es decir, que el poder que se puede someter a control de la constitucionalidad es el poder institucionalizado del Estado. La doctrina especializada es consistente en aceptar que el juicio de amparo es uno de los medios de control de la constitucionalidad del poder político en México. Ahora bien, conforme al artículo 1 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos; en dicho precepto se señala que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la propia Ley. En el artículo 5, fracción II, se establece que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos de forma unilateral y obligatoria, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como se desprende de las normas anteriores, para que una controversia sobre violación a derechos humanos pueda analizarse a través del juicio de amparo es indispensable que provenga de una autoridad o de un particular que ejerza actos equivalentes, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Lo anterior implica que los actos susceptibles de control de la constitucionalidad a través del juicio de amparo -por violación a derechos humanos-, son aquellos que impliquen el ejercicio de un poder político institucionalizado del Estado, es decir, que deriven de la aplicación de normas jurídicas y que se impongan por fuerza legal, bajo amenaza de coacción, ya sea por un ente estatal o por un particular [por delegación estatal según las normas jurídicas], pero siempre que dicha manifestación de poder, derive del ejercicio de facultades propias del Estado establecidas por normas generales. Esto quiere decir que la coacción que ejerce un patrón al mandar a su trabajador, una madre al obligar a su hijo, un profesor al evaluar a un estudiante o un árbitro al expulsar a un jugador de un partido, es una manifestación de poder en sentido amplio, como lo define Max Weber, pero no implica que constituyan actos de poder político susceptibles de someterse a control de la constitucionalidad a través del juicio de amparo, pues es claro que dicha coacción no deriva del ejercicio de una facultad propia del Estado o de un particular al que se le haya reconocido su ejercicio legalmente, esto es, no son actos que deriven del de poder institucionalizado del Estado. Si bien, dichas conductas se encuentran reguladas por disposiciones jurídicas en materia laboral, civil, de educación o de deporte, lo cierto es que ello obedece a que es un función básica del Derecho regular la conducta de las personas, pero ello ningún modo implica que en esos caso, dichas disposiciones conlleven la manifestación de un poder institucionalizado del Estado. Desde luego que las manifestaciones de poder en sentido amplio, pueden ser contrarias a derechos humanos, pero ello es insuficiente para concluir que se pueden analizar inmediatamente a través del juicio de amparo indirecto. Eficacia normativa de la Constitución. Las normas constitucionales que reconocen derechos humanos permean sobre todo el orden jurídico y, por su eficacia normativa, trascienden a las relaciones entre particulares. Lo anterior implica que los derechos humanos son aplicables y exigibles en las relaciones entre el Estado y los particulares, pero también en las relaciones entabladas únicamente entre particulares. Se dice que las relaciones entre el Estado y los particulares son de supra a subordinación, ya que ahí la autoridad estatal ejerce el poder público y el particular actúa en su carácter de destinario de ese poder, esto es, como gobernado. Estas relaciones se caracterizan por la unilateralidad, pues el Estado no requiere el consenso de los particulares para emitir sus actos [con independencia del carácter público o privado de quien las ejerce]. Por su parte, las relaciones entre particulares se dice que son de coordinación, pues se rigen por el derecho privado y se entablan por la bilateralidad. Dentro de este tipo de relaciones hay algunas que son asimétricas en la que una de las partes se encuentra en una situación privilegiada ante la otra y dicha desigualdad, puede dar lugar a la violación de derechos humanos en perjuicio de la parte más débil; sin embargo, ello no implica que se conviertan en manifestaciones del poder institucionalizado del Estado. En efecto, es muy común que las relaciones asimétricas entre particulares se confundan con las relaciones de supra a subordinación en las que el particular actúa en calidad de autoridad. Lo anterior, pues en ambos casos: (i) intervienen particulares; (ii) uno de ellos ejerce cierto -poder- sobre el otro; y, (iii) pueden producirse la violación a un derecho humano. Esto es, tratándose de violaciones de derechos humanos entre particulares, es común entenderlas como producto de una relación de supra a subordinación, en la que uno de los particulares actuó con poder y transgredió el derecho del otro, equiparando de esta forma, la relación entre particulares a una relación entre autoridades y particulares. No obstante, esa afirmación es incorrecta, pues no debe confundirse la naturaleza de dichas relaciones, en virtud de que las violaciones a derechos humanos no sólo se dan en actos entre el Estado y los particulares; sin embargo, debe ponerse especial atención en que el hecho de que un particular viole el derecho fundamental de otro, no provoca de manera automática que lo haga en ejercicio de un poder estatal ni le confiere el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Incluso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que únicamente determinados derechos fundamentales son susceptibles de regir el actuar de los particulares, de modo que, la eficacia horizontal de los derechos fundamentales es matizada y tiene un alcance graduado que dependerá del derecho de que se trate. Así, en cada uno de los ámbitos de eficacia se prevén garantías distintas para reparar las violaciones a derechos fundamentales; sin embargo, la ingeniería constitucional atiende justamente al tipo de relación de que se trata para diseñar las garantías y sus respectivos procedimientos. Por ejemplo, tratándose de relaciones entre autoridades y particulares, en la Constitución se prevén ciertos mecanismos de defensa como lo es el juicio de amparo, y atendiendo a la naturaleza de la relación de la que conoce -de supra a subordinación- el juicio de amparo es una garantía diseñada con determinadas particularidades. Tratándose de las relaciones exclusivamente entre particulares, en la Constitución también se prevén mecanismos específicos de defensa, como lo son los juicios ordinarios, ya que estos medios también fueron diseñados atendiendo a la naturaleza de las relaciones de coordinación [incluidas las asimétricas] y son mecanismos en los se procura la igualdad procesal de las partes. Conforme a las anteriores premisas, este Juez de Distrito estima que la Pequeña Liga Mexica, asociación civil, al emitir el acto reclamado en este juicio actúa como particular que no ejerce funciones propias del poder institucionalizado del Estado, sino que actúa en un plano de coordinación -aunque sea asimétricamente- en relación con César Javier Rojano López. Para demostrar lo anterior, debe decirse que dicha asociación civil es de carácter deportivo, pero no constituye propiamente una Asociación Deportiva Nacional, en términos de la Ley General de Cultura Física y Deporte. En efecto, en el artículo 52 de dicha legislación se prevé: 52. Las Asociaciones Deportivas Nacionales son la máxima instancia técnica de su disciplina y representan a un solo deporte en todas sus modalidades y especialidades, en los términos del reconocimiento de su respectiva Federación Deportiva Internacional-. Entonces, si la asociación civil señalada como responsable no es una asociación deportiva nacional y tampoco es propiamente una Federación Deportiva, no le resulta aplicable la jurisprudencia PC.I.A. J/74 A (10a.), establecida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito que lleva por rubro: -FEDERACIONES DEPORTIVAS MEXICANAS. SON PARTICULARES EQUIPARADOS A UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO EJERCEN, POR DELEGACIÓN, FUNCIONES PÚBLICAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, ACTUANDO COMO AGENTES COLABORADORES DEL GOBIERNO FEDERAL Y COMO CONSECUENCIA DE MANEJAR RECURSOS PÚBLICOS-. Por las mismas razones no es aplicable la jurisprudencia PC.I.A. J/79 A (10a.), establecida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito que lleva por rubro: -ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES. REALIZAN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO EJERCEN LA POTESTAD DISCIPLINARIA, PORQUE SON LA MÁXIMA INSTANCIA TÉCNICA DE SU DISCIPLINA Y REPRESENTAN A UN SOLO DEPORTE EN TODAS SUS MODALIDADES Y ESPECIALIDADES-. Incluso, debe tenerse en consideración que en las jurisprudencias mencionadas se reconoció que las Federaciones Deportivas Mexicanas y las Asociaciones Deportivas Nacionales pueden tener el carácter de autoridades para efectos del juicio de amparo, pero ello no implica que todos y cada uno de sus actos tengan esa naturaleza, pues incluso, tratándose de entes Estatales hay algunos que, dependiendo del tipo de acto que emitan, pueden estimarse sujetos a control de la constitucionalidad; por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que puede actuar como autoridad fiscal y como ente asegurador. Aunado a lo anterior, debe tenerse en consideración que la potestad disciplinaria no es una especie del derecho administrativo sancionador, pues las sanciones por infracciones a los estatutos, reglamentos deportivos y ordenamientos de conducta no son una manifestación punitiva del Estado, ya que los jueces, árbitros y comisionados de las competencias deportivas no ejercen funciones públicas propias del Estado, ni dichas normas son ordenamientos jurídicos de índole público. De estimarse lo contrario, se llegaría al extremo de considerar que las sanciones deportivas que se sustenten en los estatutos, reglamentos deportivos y ordenamientos de conducta de las asociaciones deportivas constituyen manifestaciones del poder institucionalizado del Estado y que, por ende, el juicio de amparo puede ser una vía para analizarlas, con la finalidad de alterar, e incluso, modificar los resultados de una justa deportiva, lo que equivaldría a judicializar resultados deportivos. Ahora bien, en el caso, la baja definitiva del quejoso como jugador activo de la liga que administra la asociación civil señalada como responsable está basada en los estatutos de la liga y no tiene como sustento la Ley General de Deporte y Cultura Física, sino que únicamente se basa en los estatutos de la liga, los cuales no son normas jurídicas emitidas por el Estado, sino que se trata de reglas de carácter privado. Por esa razón, no resultan aplicables las tesis cuyos rubros se transcriben a continuación: -CONFEDERACIÓN DEPORTIVA MEXICANA, ASOCIACIÓN CIVIL. TIENE LA CALIDAD DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SUS ACTOS SE FUNDEN EN LA LEY GENERAL DEL DEPORTE, EN RELACIÓN CON SU ESTATUTO-. -COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO, ASOCIACIÓN CIVIL. LA DETERMINACIÓN TOMADA POR SU ASAMBLEA GENERAL DE EXPULSAR A UNO DE SUS MIEMBROS, FUNDADA EN LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE Y EN SU ESTATUTO, ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO-. En mérito de lo hasta aquí expuesto, se concluye que cuando una asociación civil decide sancionar a una persona para que no pueda participar en los eventos que organiza con base en sus estatutos, no ejerce funciones propias del Estado, sino que lo hace en su carácter de ente particular, razón por la cual, aun cuando pudiera haber de por medio una relación asimétrica de coordinación, dicho acto no es susceptible de someterse a control de constitucionalidad a través del juicio de amparo. En consecuencia, este Juez de Distrito concluye que, en la emisión del acto aquí reclamado, el particular señalado como autoridad responsable no ejerció una función propia del poder institucionalizado del Estado y, por ende, no puede considerarse como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Por tanto, se actualiza de manera manifiesta indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1, fracción I y 5, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, razón por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento, se sobresee en el juicio. Sin que proceda hacer mayor pronunciamiento en relación con los alegatos de la parte quejosa, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que los alegatos no forman parte de la litis del juicio de amparo. Sirve de apoyo a la consideración expuesta, la jurisprudencia 27/94 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 80, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, página 14, que dispone: -ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, 'así como los demás razonamientos de las partes', a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos.- Por lo expuesto y fundado; se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio en términos del considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Felipe Camacho Silva, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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