Cesar Jair Pozos Ariza

Expediente 780/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
780/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
22/02/2021

Partes del expediente

  • Cesar Jair Pozos Ariza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y en cumplimiento al artículo 2º del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, así como al punto 16 de la circular SECNO/10/2021, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, de trece de febrero de dos mil veintiuno, se levanta la suspensión de los plazos procesales y se reanuda el procedimiento en el presente asunto desde el punto en que quedó pausado. Por otra parte, agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual transcribe el auto de quince de diciembre de dos mil veinte, del cual se advierte que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, mismo que se registró con el número 216/2020. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en estos autos. En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, y demás relativos de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación que hace valer la parte quejosa. En mérito a lo anterior, con fundamento en el artículo 101 de la ley de la materia, remítase el aludido escrito a la Superioridad, ríndase dentro del término señalado el informe con justificación requerido, adjuntando copia del auto impugnado; de las constancias de notificación a las partes y de las demás que se estimen necesarias para el mejor conocimiento del asunto. Haciéndose saber a la Superioridad que SI ES CIERTO EL HECHO QUE SE ATRIBUYE; empero el mismo fue dictado conforme a derecho. Sin que pase inadvertido para este juzgador que el escrito que dirige el quejoso a este órgano jurisdiccional, manifiesta que interpone recurso de revisión en contra de la resolución dictada el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, sin embargo, del diverso que acompaña que se encuentra dirigido a los Magistrados en turno del Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Octavo Circuito Judicial, con residencia en Cuernavaca, Morelos, se advierte que interpone el recurso de queja. Notifíquese cúmplase. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte QUEJOSA por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Agréguese para que obre como corresponda el escrito signado por la parte quejosa, por medio del cual da cumplimiento a la prevención realizada y exhibe las copias solicitadas, por tanto se provee como sigue: 1).- Desechamiento. Ahora bien del análisis integral del escrito de demanda y su aclaración, se advierte que los actos reclamados consisten en: El apercibimiento de multa contenido en el acuerdo de seis de julio de dos mil veinte, dictado dentro del Recurso de Revisión RR/748/2018, por la [1] presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística; y su ejecución atribuida al [2] Comisionado Ponente de la Ponencia Uno y a la [3] Secretaria Ejecutiva, ambos del mencionado instituto. Cabe precisar que tratándose de este apercibimiento, de la integridad de su escrito de demanda, y del contexto del acto que reclama, se advierte que de lo que se duele es de la afectación personal y directa que le causa el apercibimiento de multa que se le impuso en el proveído reclamado de forma directa como persona física al contar con el cargo en cuestión, de allí que se tenga que el presente juicio, por lo que respecta a éste acto en particular, lo presenta por propio derecho, pues es con esté carácter que dicho acto n le causa una afectación y no propiamente a la autoridad que representa. La determinación contenida en el mencionado acuerdo mediante la cual se pronunció en el sentido de que aún no había dado cumplimiento a la resolución definitiva emitida en el mencionado recurso y al acuerdo de incumplimiento que se emitió dentro del mismo. La omisión de dictar un acuerdo escrito al oficio que presentó el once de junio de dos mil diecinueve, en el que sostiene la responsable que comprueba que ha dado cumplimiento a la resolución emitida dentro del mencionado recurso. Los últimos dos actos, enumerados como 2).y 3), a su vez, se tiene que los reclama el quejoso, en su carácter de Titular de la Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de Yautepec, pues es con éste carácter que está obligado a dar cumplimiento a la determinación emitida. Ahora bien en cuanto a los actos reclamados, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano la demanda de amparo, dado que existen causas manifiestas e indudables de improcedencia que se actualizan, las cuales se exponen a continuación. En cuanto al apercibimiento de multa contenido en el acuerdo de seis de julio de dos mil veinte En el caso, tratándose del acto reclamado enlistado como 1), consistente en el acuerdo de seis de julio de dos mil veinte, únicamente en la parte que contiene un apercibimiento de multa en contra del quejoso en su carácter de persona física, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 5, fracción I, de dicho ordenamiento legal, en razón de que el apercibimiento de multa reclamado, en este caso en particular -porque no se desconoce que puede haber casos de excepcionales- no produce una afectación actual, real y directa, sino que constituye un acto futuro e incierto. En efecto, en esencia y desde la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, ha sido criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los apercibimientos como los de multa, pero ello es en tanto que constituye una medida de apremio, al probable infractor que depende de su actividad, constituyen actos futuros e inciertos que no tienen el carácter de inminentes. Ello, pues la materialización de esa conminación requiere dos cosas: 1) la actuación de la persona apercibida en sentido contrario a lo que le ha sido conminado; y 2) que las autoridades constaten tal hecho y determinen hacer efectivo el apercibimiento decretado. De modo tal que como no hay certeza de que el acto se produzca, y su posible existencia depende del modo de actuar de la persona, tal actuación debe considerarse como futura y de realización incierta. Véase al respecto la jurisprudencia con registro 238544, visible en la página 55, Volumen 66, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "MULTAS DE QUE SE APERCIBE AL POSIBLE INFRACTOR, QUE DEPENDE LA ACTIVIDAD DE ESTE. SON ACTOS FUTUROS E INCIERTOS QUE NO TIENEN CARACTER DE INMINENTES. El acto reclamado que se hace consistir en el apercibimiento de que se impondrán multas diarias al quejoso de seguir realizando una promoción de ventas, es un acto futuro e incierto, porque para su realización sería necesario que la persona apercibida continuara realizando la promoción de ventas sancionada y, además, que las autoridades constataran tal hecho y determinaran hacer efectivo el apercibimiento decretado, lo cual bien podría no acontecer. Como no hay certeza de que el acto se produzca y su posible existencia dependería, en todo caso, del modo de actuar del quejoso, por ello debe considerársele como futuro y de realización incierta; por lo tanto, respecto de dicho acto procede el sobreseimiento del juicio de amparo". Y ese criterio, fue replicado por el Pleno en Materia del Trabajo del Primer Circuito, en la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a.), con registro 2010813, consultable en la página 2321, Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley". Es en ese sentido, que el apercibimientos de multa, constituye un acto futuros e incierto, que no produce una afectación actual, real y directa ni constituye un acto de molestia, en la medida de que la imposición de la medida de apremio eventualmente no se decretará como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con lo que le fue requerido, así como que la autoridad decida llevar a cabo lo ordenado; de ahí que no sea inminente. Y en todo caso si tuviera alguna cuestión que hacer valer en relación a una imposibilidad jurídica o material, a título personal o como parte integrante de la autoridad en cuestión, para cumplimentar con lo que le fue requerido en el acuerdo impugnado, eso puede hacerlo valer ante la autoridad responsable, o insistir en tal cuestión, a partir del nuevo apercibimiento que le fue efectuado, para que ella analice los argumentos del quejoso, y este en posibilidad de pronunciarse al respecto; de modo que la realización del apercibimiento aún depende de la voluntad del quejoso, de la defensa que al respecto oponga y de que la autoridad decida ejercer o no esa atribución. Y todo esto viene a reforzar que el apercibimiento reclamado no es inminente, sino futuro e incierto; de ahí que se actualice la causal de improcedencia en estudio, además en caso de que la multa le fuera impuesta en este supuesto, la misma podría ser impugnada y eventualmente ser declarada ilegal, en virtud de que la parte quejosa se encontraba imposibilitada para cumplir el apercibimiento que le fue efectuado. Por tanto, se desecha la demanda respecto del acto aquí analizado, pues además, la causa de improcedencia en estudio es manifiesta e indudable, porque aun de sustanciarse el juicio de amparo, no cambiaría el hecho de que en el caso, la parte quejosa carece de interés jurídico para reclamarlo, pues impugna un apercibimiento de multa, el cual se trata de un acto futuro e incierto que no afecta de manera real y actual su esfera jurídica. En cuanto los actos enlistados como 2) y 3) Ahora bien, en cuando a los actos destacados listados con los números 2) y 3), consistentes en el acuerdo de seis de julio de dos mil veinte, en la parte en que se pronunció en el sentido de que aún no había dado cumplimiento a la resolución definitiva emitida en el mencionado recurso y al acuerdo de incumplimiento que se emitió respecto en el mismo; así como la omisión de dictar un acuerdo escrito al oficio que presentó el once de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual la responsable señala que ha dado cumplimiento a la resolución emitida dentro del mencionado recurso, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 7°, de la Ley de Amparo, dado que la persona moral pública que comparece como quejosa, no se encuentra en el supuesto de legitimación para promover el juicio de amparo, en contra de los actos que aquí reclama, en razón de que se advierte que la relación subyacente a dichos actos no se actualiza en un plano de igualdad con un particular, además de que los actos reclamados no le afectan en su patrimonio. En efecto, conforme al artículo 7°, de la Ley de Amparo, cualquier persona moral pública podrá solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión [1] los afecten en su patrimonio; y [2] respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Y al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado el artículo 7° de la Ley de Amparo, en el sentido de que establece una hipótesis de legitimación para que las personas morales oficiales puedan solicitar amparo para impugnar afectaciones que puede ocasionarles otra autoridad mediante un acto, una norma o una omisión, siempre que la afectación patrimonial que sufran se de en una situación jurídica en la que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. De allí que, debe analizarse en cada caso que en la relación que subyace el acto reclamado, la autoridad no pretenda defender un acto emitido dentro de las funciones públicas que le son encomendadas, esto es un acto en donde exista una relación de supra subordinación respecto a los particulares. Es ilustrativa en lo conducente, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde interpretó la Ley de Amparo abrogada, de contenido sustancialmente igual en este aspecto, la cual establece: "PERSONAS MORALES OFICIALES. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA AL NEGARLE LEGITIMACIÓN A AQUÉLLAS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO SI ACUDEN A UN PROCESO EN DEFENSA DE UN ACTO EMITIDO CON POTESTAD PÚBLICA. El hecho de que una autoridad acuda a un proceso en el que debe respetarse la igualdad procesal, como principio de la teoría general del proceso que otorga a las partes las mismas oportunidades de participación dentro de un procedimiento, de ninguna manera elimina la potestad de la autoridad involucrada. Esto es así, ya que en este caso se trata únicamente de una igualdad de tipo procesal, mientras que la igualdad que se requiere para que una autoridad pueda promover juicio es aquella en la que no haya relación de supra subordinación. Lo que delimita la procedencia del juicio de amparo no es la participación que se tenga dentro de un procedimiento, sino la pretensión que se relaciona con el mismo; y dicha pretensión necesariamente debe ser la tutela de derechos fundamentales y no la defensa de un acto emitido dentro de las funciones públicas encomendadas. Por todo lo anterior, el artículo 9o. de la Ley de Amparo es congruente con los principios constitucionales en materia de amparo y no vulnera el artículo 17 constitucional, al impedir que las personas morales oficiales promuevan juicio de amparo para defender la legalidad de un acto emitido dentro de sus funciones, aunque hubiesen participado en un procedimiento ordinario con igualdad de oportunidades de defensa frente a un particular." Así, en el caso, se afirma que no se generan dichas condiciones, ya que [1] la relación jurídica que subyace a los actos reclamados no se actualiza en un plano de igualdad frente a los particulares, [2] ni le causan una afectación patrimonial, en tanto que el ente público quejoso reclama actos derivados del recurso de revisión RR/001602/2019-I, interpuesto por un particular, en el que en la resolución definitiva de seis de diciembre de dos mil dieciocho, conforme lo manifestó la responsable, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, determinó procedente la afirmativa ficta a favor de los peticionarios de información, y determinó requerir al Títular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos la información consistente en:: "1. Lugar donde se llevó a cabo el "evento" (al parecer se trato de un jaruipeo-baile el día 16 de junio del 2018). 2. Número de asistentes a dicho evento, en virtud de que supuestamente durante el mismo se realizaron rifas de motocicletas y becerros. 3. El objetivo y la finalidad de lo referido en el inciso 1). 4. Costo total para lo mencionado en los numerales que anteceden. De lo anterior se tiene, que el origen de dicho acto proviene de una solicitud de información que un particular le realizó a la autoridad municipal en cita, en la que ésta última con el carácter de sujeto obligado, se negó a proporcionarla, y de la sustanciación del mencionado procedimiento, se tiene que únicamente se le vinculó a que otorgara esa información, de lo que se obtiene que en el presente juicio [1] pretende defender un acto que emitió con las características de ser unilateral, imperativo y coercible, esto es, en su carácter de autoridad dentro de un marco de supra a subordinación, en el que el gobernado se sometió la decisión del ayuntamiento, quien unilateralmente no otorgó la información que se le peticionó. Ello ya que, incluso, dicha relación tiene su sustento en la ley, en específico en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, esto es dentro de las funciones públicas encomendadas a dicho organismo público como sujeto obligado en materia de transparencia. Por tanto, lo que pretende defender la parte quejosa, es un acto en el que la relación que subyace con el particular, no es en un plano de igualdad, y en consecuencia, pretende impugnar un acto emitido con potestad pública en el que la autoridad quejosa funge con su carácter de autoridad, no como particular. Y de la misma forma, dicho acto no le afecta [2] patrimonialmente, en tanto que solamente se le está obligando a otorgar cierta información, lo que no repercute directamente de forma económica en su erario. De allí, que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 7°, de la Ley de Amparo. Sin que se inadviertan las manifestaciones de la persona moral pública quejosa en cuanto a que en sustancia impugna el acuerdo reclamado y la omisión de acordar su petición, con base en el argumento de que existe la imposibilidad material y jurídica de dar cumplimiento a la resolución emitida en el recurso de revisión en comento, sin embargo dicha circunstancia no es razón suficiente para tornar procedente el juicio de amparo, pues ello no justifica que el acto reclamado no la afecta en su patrimonio, así como que el mismo no es emitido en un procedimiento cuya relación subyacente se produzca en un plano de igualdad con un particular. Además, el hecho de que la parte quejosa no cuente con legitimación para acudir al juicio de amparo a reclamar tal cuestión, no le causa afectación a su derecho de acceso a la justicia, pues por la naturaleza del juicio de amparo, el mismo fue instituido como un procedimiento de control constitucional para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, no para defender los actos de autoridades, por lo que solamente se contempló un supuesto específico de excepción bajo el cual las personas morales oficiales pueden promover juicio de amparo, tal como se visualiza en la tesis 1a. CXIII/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro 2003342 de rubro "PERSONAS MORALES OFICIALES. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA AL NEGARLE LEGITIMACIÓN A AQUÉLLAS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO SI ACUDEN A UN PROCESO EN DEFENSA DE UN ACTO EMITIDO CON POTESTAD PÚBLICA." Lo anterior además, fue clarificado por la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, al resolver la contradicción de tesis 374/2016, en cuya ejecutoria, precisó que tratándose de procedimientos contenciosos administrativos, donde las autoridades demandadas en los mismos, acudían a defender un acto emitido con las notas distintivas de uno de autoridad, el juicio de amparo resultaba improcedente, con independencia de que reclamaran que en el mismo no se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, -incluyendo la falta de emplazamiento-, pues lo que interesaba en el caso es que cumplieran con los requisitos establecidos para el supuesto de procedencia establecidos para ellas, pues el juicio de amparo fue establecido para defender los derechos fundamentales de los ciudadanos, y no como un medio de control constitucional respecto de actos de autoridad ejercidos por una autoridad en contra de otra, pues para tal efecto existen diversos medios de defensa, como la controversia constitucional, quedando a margen de toda discusión que las autoridades no cuentan con derechos fundamentales que defender, sino un supuesto de legitimación especial establecido en la ley de amparo a su favor, el cual si no se cumple ,torna improcedente el juicio de amparo, dichas consideraciones fueron reflejadas en la jurisprudencia 2a./J. 128/2017 (10a.), con registro 2015321, del contenido siguiente: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos. De allí que en este supuesto específico en que los actos derivan de un recurso de revisión en materia de transparencia, es que no puede sostenerse que tales autoridades cuenten con legitimación para defender los actos allí producidos mediante el juicio de amparo, lo que corroboran los preceptos 97, segundo párrafo y 157 de la mencionada ley general y 133 de la ley estatal en la materia, que expresamente establecen que las resoluciones -incluyendo las emitidas en el recurso de revisión- emitidas por los organismos garantes -entre ellos los estatales como el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística- son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados -tales como el ente edilicio aquí quejoso-. Luego, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, se desecha la demanda de amparo de análisis. Y dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de sustanciarse el juicio de amparo, no cambiaría el hecho de que en el caso la parte quejosa no se encuentra en el supuesto de legitimación para promover el juicio de amparo, en contra de los actos que aquí reclama. 2).- Autorización de copias. En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos. En el entendido de que dicha entrega se realizará en términos del artículo 2, fracción VII y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, esto es, mediante cita previa que genere en el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal de Servicios en Línea, micrositios "Servicios Judiciales". No obstante lo anterior, y tomando en consideración que el referido sistema es un proceso automatizado que permite generar citas cada media hora, lapso en el cual no es seguro que se obtengan las copias solicitadas, debido a la considerable carga de trabajo que impera, tanto en este órgano jurisdiccional como en el centro de fotocopiado, se previene al promovente para que, de ser el caso, y a fin de evitar la concentración de personas, en su primer cita lleve a cabo los trámites inherente al encargo y pago de dichas copias en el referido centro de fotocopiado, se retire y genere nueva cita para la entrega de esas constancias. Sin perjuicio de lo anterior, se le hace de su conocimiento que los Acuerdos Generales 12 y 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal exhortan al uso de medios electrónicos para la tramitación de los asuntos competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación, por tanto, está en aptitud de solicitar el acceso al expediente electrónico y descargar las constancias que necesite, las cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 36, segundo párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, cuando incluyan la evidencia criptográfica se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de doce de noviembre de dos mil veinte, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, doce de noviembre de dos mil veinte. Agréguese para que obre como corresponda el escrito signado por la parte quejosa por medio del cual desahoga la prevención realizada mediante proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, bajo los puntos requeridos, sin embargo, no acompaña a su escrito aclaratorio de cuenta las copias necesarias para correr traslado a las partes, tal y como le fue ordenado, en razón de que sólo exhibió cuatro, y son necesarias seis, tres para correr traslado a las autoridades responsables, dos para el incidente y una para el Agente del Ministerio Público Federal adscrito, por tanto, dígase a la promovente que no se le tiene por cumplido el requerimiento realizado en autos. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que subsiste el requerimiento y apercibimiento decretado en auto de treinta de diciembre de dos mil veinte; en el entendido de que el término decretado, con el pretendido desahogo, se suspende y empieza a correrle nuevamente a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación personal del presente proveído. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.

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