Cesar Iván Taboada Meza

Expediente 131/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
131/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
13/04/2021

Partes del expediente

  • Cesar Iván Taboada Meza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a trece de abril de dos mil veintiuno. Adquiere firmeza. Visto lo de cuenta, se advierte que ya transcurrió a las partes el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiera recurrido el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, motivo por el cual lo conducente en el caso es, de acuerdo con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno relativo. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No obran dentro del expediente. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Incidente. No fue solicitado por la parte quejosa Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Y TODA VEZ QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA ****, NO ATENDIO EL CITATORIO QUE LE FUE DEJADO EL 18 DE MARZO DE 2021, SE LE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN EL MISMO Y SE LE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Sobreseimiento fuera de audiencia. En el caso concreto, de la intelección de la demanda de amparo y de todas las constancias de autos, podemos advertir que la parte quejosa reclama en concreto: i. La omisión por parte de la autoridad señalada como responsable Tribunal de Arbitraje del Estado en esta ciudad, de emitir acuerdo de admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, en el expediente laboral burocrático *****. En la especie, respecto del acto reclamado apuntado, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. [.] De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. [.] Así, como se anticipó, la parte quejosa se duele en esencia de la omisión por parte del Tribunal de Arbitraje del Estado en esta ciudad, de emitir acuerdo en el que se pronuncie respecto la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, en el expediente laboral burocrático ****. Sin embargo, de las constancias remitidas en copia certificada por la autoridad señalada como responsable en apoyo al informe justificado, documentales que, por cierto, tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones; se advierte que el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, dictó el acuerdo relativo en el que se proveyó en torno a la admisión de las pruebas en cuestión, cuya falta de emisión ahora se duele el amparista, y además, fijó las audiencias correspondientes para desahogar las pruebas admitidas; por lo anterior, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. En congruencia con lo anterior lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. [.] Resta precisar que la autoridad responsable fijó como hora y fecha para dicha audiencia, diversos horarios para los días, diecinueve, veinte, veintiuno, veintiséis, veintisiete y veintiocho del dos mil veintiuno, esto es, dentro de cuarenta y cinco días posteriores a los quince hábiles que tenía como máximo para el señalamiento de dicha diligencia, conforme lo establece el artículo 117 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, tomando en consideración que el acuerdo de admisión de demanda se dictó el día dieciocho de febrero de este año y sin contar los días inhábiles que median entre aquellas fechas. De manera que en el caso, en la fijación de las audiencias de trato, no se incurre en una abierta o excesiva dilación en la impartición de justicia, a que se refirió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual acontece cuando transcurren más de cuarenta y cinco días en el dictado de los proveídos, resoluciones o realización de las diligencias relativas, ello si se toma en cuenta como parámetro lo dispuesto que en el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, que es precisamente el periodo máximo que tolera esa legislación para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. [.] Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, déjese sin efectos la audiencia constitucional señalada a las doce horas con treinta minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguese a los autos únicamente para que obre como legalmente corresponda el oficio y anexo que remite la delegada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, toda vez que en proveído de doce de marzo del año en curso, se acordó lo conducente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Nazareth Cristina Linares Reyna, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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