César Iván Pérezvargas Ríos
Expediente 1062/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1062/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 20/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- César Iván Pérezvargas Ríos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veinte de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobresee y niega el amparo ha causado ejecutoria... ...este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental... y en igual término es depurable el original del incidente de suspensión, ... Finalmente, tomando en consideración que la parte quejosa allegó al presente sumario una documental en copia certificada; de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 21 del preindicado Acuerdo General, se deja a su disposición, ... apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado será destruida junto con el expediente; Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
CITATORIO: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA MEDIANTE LISTA PUBLICADA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICAL DE LA FEDERACIÓN, EL ACUERDO DE VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; veinte de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobresee y niega el amparo ha causado ejecutoria... ...este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental... y en igual término es depurable el original del incidente de suspensión, ... Finalmente, tomando en consideración que la parte quejosa allegó al presente sumario una documental en copia certificada; de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 21 del preindicado Acuerdo General, se deja a su disposición, ... apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado será destruida junto con el expediente; Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.
- Principal
Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 1062/2022; y ... se califica de infundado el concepto de violación; porque, contrario a lo señalado por la parte quejosa, del contenido del proveído reclamado, se observa que la responsable sí precisó los motivos en que sustentó la multa controvertida, en el que se estableció con claridad que las consideraciones (motivación), que estimó actualizadas para imponer la multa controvertida al caso concreto, las cuales consisten esencialmente en el incumplimiento del fallo emitido en el juicio de origen y la actitud contumaz del aquí quejoso. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la jurisprudencia 127/99, que dentro de los elementos para determinar el monto de una multa, se encuentran, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y su reincidencia. Sin embargo, no se advierte que el acto reclamado trastoque los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica del quejoso previstos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues en el auto reclamado, sí se individualizó la sanción atendiendo a los elementos objetivos que obran en el expediente, los que se advierte que los hizo consistir en agravantes (renuencia), fundando y motivando su determinación, de conformidad con el mandato contenido en el último de los numerales citados. Además, no se vulneran dichos derechos al no establecerse cuál es la capacidad económica del infractor, ya que el artículo 136, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero (abrogado), otorga a la autoridad el uso del arbitrio individualizador, que para no ser arbitrario debe regirse por factores que permitan graduar el monto de la multa, y que serán los que rodean tanto al infractor como al hecho sancionable; pues se trata de una persona física que ostenta un cargo de servidor público municipal, (como lo destacó a responsable) quien indudablemente tiene la capacidad de cumplir dicha medida de apremio. Asimismo, la Sala señaló que de autos no se desprendía que la demandada diera cumplimiento a lo requerido el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, no obstante de haber sido legalmente notificada para ello, como quedó evidenciado en líneas precedentes; en consecuencia, impuso la multa controvertida, lo que como se indicó se estima acertado. Por tanto, la imposición de la sanción con la que se conminó al quejoso, se produce como consecuencia de la conducta contumaz de éste frente a la orden que contiene el apercibimiento respectivo, con el fin de hacer cumplir el mandato de la autoridad, venciendo la resistencia de quien se opone a su acatamiento, por ende, cuando se impone una multa como medida de apremio, lo que subyace es el desacato de una determinación judicial, esto es, la obstaculización a la pronta y efectiva impartición de justicia que hizo necesaria la emisión de ese medio de coerción, que se encuentra a la disposición de las autoridades jurisdiccionales para vencer la resistencia de las partes en el juicio o de terceros. Por otra parte, tampoco se estima que la responsable hubiese incurrido en falta de congruencia al emitir la determinación reclamada, puesto que, materialmente no era posible que atendiera lo informado en el oficio que presentó la autoridad demandada el siete de junio de dos mil veintidós (posterior), mediante el cual pretendía acreditar las gestiones realizadas para dar cumplimiento a lo condenado, previo a la imposición de la multa; tomando en consideración que el acuerdo reclamado se emitió el diecinueve de mayo de esa anualidad (anterior), máxime que no acreditó que haya informado sobre el particular antes de la emisión del acto reclamado. No se soslaya el hecho de que en septiembre de dos mil veintiuno, hubo cambio de administraciones municipales en el Estado de Guerrero, sin embargo, entre aquella fecha y en la que se dictó el acuerdo en el cual se requirió el cumplimiento de la sentencia definitiva y se le apercibió con multa en caso de incumplir con ello, le fue notificado el acuerdo de trece de octubre de dos mil veintiuno y el de cuatro de marzo de dos mil veintidós, en éste se puntualizaron los efectos del fallo condenatorio, así como las cantidades a cubrir, además en el diverso de veinticuatro del mes último citado, nuevamente se le hizo de su conocimiento tal circunstancia, en el que del mismo modo se enfatizó el cambio de administración. En consecuencia, contrario a lo que aduce el quejoso, el acto controvertido consistente en el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, en el que se le hace efectiva la multa de sesenta unidades de medida y actualización (UMA) que asciende a la cantidad de $5,773.20 (cinco mil setecientos setenta y tres pesos 20/100 moneda nacional), se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que es derivado de la actitud contumaz en la que incurrió el quejoso, al no acatar el requerimiento formulado por la Sala Regional responsable el veinticuatro de marzo de esa anualidad, para que diera cumplimiento a la sentencia definitiva; y, que le fue notificado el veinticinco de abril de dos mil veintidós. En mérito de lo expuesto, al devenir infundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, lo procedente es negar el amparo y protección que de la Justicia Federal solicitó. Determinación que se hace extensiva por lo que hace al acto de ejecución reclamado al Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Guerrero, con residencia en la ciudad de Chilpancingo, ya que no fue atacado por vicios propios, sino sólo en vía de consecuencia. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio respecto del acto reclamado al Secretario General de Acuerdos de la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con sede en la ciudad de Ometepec, por las razones contenidas en el considerando sexto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a César Iván Perezvargas Ríos, respecto de los actos reclamados precisados en el considerando tercero, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
CITATORIO: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA MEDIANTE LISTA PUBLICADA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICAL DE LA FEDERACIÓN, LA SENTENCIA DE VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, MISMA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 1062/2022; y ... se califica de infundado el concepto de violación; porque, contrario a lo señalado por la parte quejosa, del contenido del proveído reclamado, se observa que la responsable sí precisó los motivos en que sustentó la multa controvertida, en el que se estableció con claridad que las consideraciones (motivación), que estimó actualizadas para imponer la multa controvertida al caso concreto, las cuales consisten esencialmente en el incumplimiento del fallo emitido en el juicio de origen y la actitud contumaz del aquí quejoso. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la jurisprudencia 127/99, que dentro de los elementos para determinar el monto de una multa, se encuentran, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y su reincidencia. Sin embargo, no se advierte que el acto reclamado trastoque los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica del quejoso previstos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues en el auto reclamado, sí se individualizó la sanción atendiendo a los elementos objetivos que obran en el expediente, los que se advierte que los hizo consistir en agravantes (renuencia), fundando y motivando su determinación, de conformidad con el mandato contenido en el último de los numerales citados. Además, no se vulneran dichos derechos al no establecerse cuál es la capacidad económica del infractor, ya que el artículo 136, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero (abrogado), otorga a la autoridad el uso del arbitrio individualizador, que para no ser arbitrario debe regirse por factores que permitan graduar el monto de la multa, y que serán los que rodean tanto al infractor como al hecho sancionable; pues se trata de una persona física que ostenta un cargo de servidor público municipal, (como lo destacó a responsable) quien indudablemente tiene la capacidad de cumplir dicha medida de apremio. Asimismo, la Sala señaló que de autos no se desprendía que la demandada diera cumplimiento a lo requerido el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, no obstante de haber sido legalmente notificada para ello, como quedó evidenciado en líneas precedentes; en consecuencia, impuso la multa controvertida, lo que como se indicó se estima acertado. Por tanto, la imposición de la sanción con la que se conminó al quejoso, se produce como consecuencia de la conducta contumaz de éste frente a la orden que contiene el apercibimiento respectivo, con el fin de hacer cumplir el mandato de la autoridad, venciendo la resistencia de quien se opone a su acatamiento, por ende, cuando se impone una multa como medida de apremio, lo que subyace es el desacato de una determinación judicial, esto es, la obstaculización a la pronta y efectiva impartición de justicia que hizo necesaria la emisión de ese medio de coerción, que se encuentra a la disposición de las autoridades jurisdiccionales para vencer la resistencia de las partes en el juicio o de terceros. Por otra parte, tampoco se estima que la responsable hubiese incurrido en falta de congruencia al emitir la determinación reclamada, puesto que, materialmente no era posible que atendiera lo informado en el oficio que presentó la autoridad demandada el siete de junio de dos mil veintidós (posterior), mediante el cual pretendía acreditar las gestiones realizadas para dar cumplimiento a lo condenado, previo a la imposición de la multa; tomando en consideración que el acuerdo reclamado se emitió el diecinueve de mayo de esa anualidad (anterior), máxime que no acreditó que haya informado sobre el particular antes de la emisión del acto reclamado. No se soslaya el hecho de que en septiembre de dos mil veintiuno, hubo cambio de administraciones municipales en el Estado de Guerrero, sin embargo, entre aquella fecha y en la que se dictó el acuerdo en el cual se requirió el cumplimiento de la sentencia definitiva y se le apercibió con multa en caso de incumplir con ello, le fue notificado el acuerdo de trece de octubre de dos mil veintiuno y el de cuatro de marzo de dos mil veintidós, en éste se puntualizaron los efectos del fallo condenatorio, así como las cantidades a cubrir, además en el diverso de veinticuatro del mes último citado, nuevamente se le hizo de su conocimiento tal circunstancia, en el que del mismo modo se enfatizó el cambio de administración. En consecuencia, contrario a lo que aduce el quejoso, el acto controvertido consistente en el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, en el que se le hace efectiva la multa de sesenta unidades de medida y actualización (UMA) que asciende a la cantidad de $5,773.20 (cinco mil setecientos setenta y tres pesos 20/100 moneda nacional), se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que es derivado de la actitud contumaz en la que incurrió el quejoso, al no acatar el requerimiento formulado por la Sala Regional responsable el veinticuatro de marzo de esa anualidad, para que diera cumplimiento a la sentencia definitiva; y, que le fue notificado el veinticinco de abril de dos mil veintidós. En mérito de lo expuesto, al devenir infundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, lo procedente es negar el amparo y protección que de la Justicia Federal solicitó. Determinación que se hace extensiva por lo que hace al acto de ejecución reclamado al Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Guerrero, con residencia en la ciudad de Chilpancingo, ya que no fue atacado por vicios propios, sino sólo en vía de consecuencia. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio respecto del acto reclamado al Secretario General de Acuerdos de la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con sede en la ciudad de Ometepec, por las razones contenidas en el considerando sexto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a César Iván Perezvargas Ríos, respecto de los actos reclamados precisados en el considerando tercero, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES.
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