César Ivan Perezvargas Rios

Expediente 663/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
663/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
12/12/2022

Partes del expediente

  • César Ivan Perezvargas Rios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Principal 663/2022-I-M El doce de diciembre de dos mil veintidós, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, CERTIFICA: 1. Que el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la sentencia de veintitrés de noviembre pasado, dictada en el presente juicio de amparo, transcurrió del veintiocho de noviembre al nueve de diciembre actual, sin contar los días tres y cuatro del presente mes y año, por ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho; 2. No se aperturó incidente de suspensión; y 3. No obra agregado documento original con firma autógrafa e insustituible. Doy fe.- La secretaria María Chávez Valencia CUENTA. En esta misma fecha, la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal que guarda este sumario. Conste.- La secretaria María Chávez Valencia Acapulco de Juárez, Guerrero; doce de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Atenta a la certificación secretarial de cuenta y al estado de autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este sumario. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que por un lado SOBRESEE y por el otro NO AMPARA NI PROTEGE a César Iván Perezvargas Ríos, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 Ahora bien, de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa, en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior a las partes y, toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En la inteligencia de que con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo general, se determina que el expediente principal es susceptible de depuración una vez que transcurra el término de tres años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, con excepción del escrito inicial de demanda, escrito de ampliación, en su caso, la sentencia, ejecutoria y este proveído. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de noventa días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir del presente proveído, se procederá a su depuración y hecho que sea, habrá de solicitarse su transferencia a la dirección antes mencionada para su depósito. Se destaca que a juicio de la suscrita, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 WordSISE ??A?????????? conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en los artículos 15 y 17, fracción II, del Acuerdo General invocado. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 663/2022-II promovido por *** por derecho propio y en su calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuautepec, Guerrero, en contra de actos de la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con sede en Ometepec, Guerrero, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: De ahí que, contrariamente a lo aducido por la parte quejosa, la Sala del conocimiento sí cumplió con su deber constitucional de fundar y motivar su decisión, pues precisó de manera detallada las razones y los fundamentos que estimó aplicable para imponer la multa reclamada, además de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento. Al efecto, resulta importante precisar que aun cuando es verdad que el quejoso alegó que mediante escrito presentado el dos de junio de dos mil veintidós, a fin de justificar el requerimiento de diecinueve de mayo, señaló que no contaba con la suma necesaria para cubrir el pago de la condena impuesta, y que se encontraba realizando las gestiones necesarias para realizar el pago a la parte actora y que no lo tomó en cuenta la autoridad para emitir el acto reclamado, sino hasta el veinte de junio siguiente, en que dictó el acuerdo que recayó el mismo, lo cierto es que la demandada no exhibió documento alguno eficaz para acreditar las gestiones que expresó en el mismo ha realizado para cumplir con el pago de lo condenado en la sentencia de nulidad, por lo que su sola manifestación es insuficiente para considerar justificado el desacato de la demandada para cumplir con la sentencia citada. Inclusive, con independencia de las manifestaciones anotadas, no se observa constancia en autos que acrediten las diversas actuaciones que se han realizado para lograr dar cumplimiento a lo ordenado. En función de lo expuesto, como se adelantó, procede declarar infundado el concepto de violación vertido, pues contrario a lo que expresa el quejoso, el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado. En el segundo concepto de violación, el quejoso aduce que la multa impuesta por la autoridad responsable, transgrede en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la misma resulta excesiva, ya que se debió determinar su capacidad económica, su reincidencia y en su caso, la gravedad de la infracción. Concepto de violación infundado. La multa que le fue impuesta a la parte quejosa constituye una medida de apremio, con que legalmente cuenta la autoridad responsable para hacer cumplir la sentencia condenatoria dentro del expediente TJA/SRO/007/2018, de su índice y no se trata de una multa impuesta en materia fiscal, cuyas reglas para su imposición son diversas a las que operan en materia fiscal, en donde también aplican otros principios para tal efecto. En cambio, las multas como medidas de apremio, encuentran sustento en el artículo 17, párrafo séptimo, de la Constitución Federal,5 que consagra el derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva en su vertiente de ejecución de sentencias, acorde con el cual, una resolución final y de obligatorio cumplimiento no debe tornarse inoperante en perjuicio de una de las partes, pues ello supondría la negación misma del derecho involucrado; de ahí que la existencia de los medios instrumentales tendientes a 5 "Articulo 17. [.] Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. [.]" lograr el efecto útil de lo sentenciado constituye una garantía propia de ese derecho constitucional. En este tenor, tratándose de las multas como medidas de apremio por la inejecución de sentencias, como la que nos ocupa, impuesta al quejoso en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Cuautepec, Guerrero (parte demandada en el juicio de origen), resulta innecesario que se atienda a su capacidad económica, así como a la existencia y gravedad de la infracción, pues para ello únicamente es menester que se incumpla con el requerimiento formulado para hacerse acreedor a la multa con la que se apercibió, la que, como quedó precisado, de acuerdo con el artículo 22 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, va de tres a ciento veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, y se impone de forma gradual; mientras que en el caso, se impuso una multa de $8,659.80 (ocho mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 80/100 moneda nacional), que deba ser individualizada, pues se insiste, se impuso a la parte demandada, aquí quejosa, en su carácter de Presidente municipal constitucional del Ayuntamiento de Cuautepec, Guerrero, y no de persona ajena o extraña al procedimiento de ejecución de la sentencia. Sobre el particular, cabe traer a colación el contenido de la jurisprudencia P./J 5/2011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede consultar Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, página 12, con registro digital 187083, del contenido siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, fundamentalmente en la Quinta y Sexta Épocas del Semanario Judicial de la Federación, emitió diversas tesis en las cuales sostuvo el criterio predominante de que tratándose de obligaciones de pago derivadas de sentencias de amparo a cargo de las autoridades responsables, no se sancionaría su incumplimiento cuando el pago no se encontrara previsto en el presupuesto autorizado, de manera que la responsabilidad de aquéllas quedaba limitada a la mera gestión ante los órganos competentes para que se autorizara el gasto correspondiente. En este sentido se orientan los siguientes criterios históricos, de rubros: "CASO EN QUE NO ES APLICABLE, DE MOMENTO, LA FRACCIÓN XI EL ARTÍCULO 107 CONSTITUCIONAL. DEFECTO DE EJECUCIÓN."; "SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN DE LAS."; "SENTENCIAS DE AMPARO, INELUDIBLE EJECUCIÓN DE LAS." e "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA IMPROCEDENTE.", publicados, respectivamente, en el Informe de 1941, página 131 y en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXI, página 2277 y Tomo XLVII, página 4882, y Sexta Época, Volumen LXXVIII, Primera Parte, página 14. Sin embargo, estos criterios no deben prevalecer en la actualidad pues, por una parte, obedecen a la interpretación aislada del artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (que originalmente era el 125) y, por otra, desconocen la fuerza vinculatoria de las ejecutorias de amparo cuya eficacia deriva del mandato constitucional. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el presupuesto de egresos se rige por el principio de anualidad, porque el ejercicio fiscal, por razones de política tributaria, comprende un periodo de un año, para el cual se planea precisamente el gasto público que implica la programación de actividades y cumplimiento de proyectos al menos durante ese tiempo, también lo es que el citado artículo 126 de la Norma Fundamental acepta que el presupuesto no debe ser estricto, inflexible, ni imposible de modificar, pues prevé la posibilidad de que pueda variarse al establecer que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior, de donde se desprende que en el propio texto de la norma constitucional referida, subyace el principio de modificación presupuestaria, al permitir que el gasto pueda programarse en dos momentos, uno anterior y otro posterior, a saber: a) Al aprobarse el presupuesto de egresos; o, b) En ley posterior, la que por su cronología necesariamente sucede a aquel proyecto presupuestario original en el tiempo; de manera que el precepto constitucional en mención, en lugar de constituir un valladar insuperable para la autoridad responsable, prevé la posibilidad de modificación del presupuesto original para adecuarlo a las necesidades sobrevenidas, es decir, su virtud es la de establecer un remedio para los casos fortuitos, que le permite solicitar los ajustes presupuestarios necesarios para enfrentar las obligaciones pecuniarias del Estado, gasto que necesaria e ineludiblemente debe autorizarse por tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es impostergable. Además, si la autoridad ya tiene autorizado un presupuesto que le permite efectuar un pago, aun cuando no esté previsto específicamente en él, debe realizarlo si con ello da cumplimiento a un mandato de amparo, pues exclusivamente en esta hipótesis no podría considerarse jurídicamente que vulnerara la prohibición contenida en el artículo 126 de la Constitución General de la República, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo no puede quedar condicionado a la determinación de si se aprueba o no una partida presupuestal para hacer frente a la obligación impuesta, dado que la majestad de la Constitución Federal impone categóricamente que aquéllas sean cumplidas inexcusablemente, por lo que únicamente en esta hipótesis no puede operar el principio de responsabilidad que deriva del mencionado artículo 126 constitucional, pues técnicamente no se estaría contraviniendo, sino que se actualizaría un caso de excepción en el que no sería punible la conducta de la autoridad. Asimismo, tal proceder tampoco contravendría el artículo 134 del Ordenamiento Fundamental, relativo al manejo de los recursos económicos con apego al principio de honradez, la cual se entiende como un actuar probo, recto, sin desvío alguno, pues no hay improbidad alguna en cumplir con un mandato de amparo, por el contrario, es un principio rector de los actos de la autoridad cumplir y hacer cumplir la Constitución y, por ende, los mandatos de amparo que derivan de ésta, cuya finalidad es el restablecimiento del orden constitucional." Entonces, tal como ha quedado visto en párrafos precedentes, la imposición de una multa constituye una medida de apremio con la que la sala responsable cuenta para hacer cumplir sus determinaciones, la cual podrá oscilar de tres a ciento veinte veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente, contando además con la obligación de promover a la eficaz e inmediata ejecución de las sentencias, para lo cual dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, por ende, es legal que la autoridad imponga las medidas de apremio necesarias para lograr su cumplimiento, como en el caso ha acontecido. Por ello, si como ya se apuntó en los párrafos que anteceden, en el acuerdo reclamado la autoridad responsable citó el fundamento que le faculta para aplicar una medida de apremio (artículo 22 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero) y sustentó su determinación en que existió un apercibimiento en el cual le indicó a la parte demandada lo que debía realizar y la apercibió que de incumplir se le aplicaría una multa de noventa unidades de medida y actualización; y que esa determinación le fue notificada oportunamente, mientras que la demandada no pagó ni acreditó haber realizado alguna gestión encaminada para hacerlo, fue correcto que su conducta contumaz haya sido sancionada con la medida de apremio con la que se le apercibió, pues la autoridad está facultada en usar para que sus determinaciones sean acatadas. Aunado a lo anterior, la sanción se impuso a la persona física que ocupa el cargo de Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Cuautepec, Guerrero -demandado en el juicio de origen-, y que por su función se encontraba obligada a realizar las gestiones necesarias para el pago de la cantidad a la que fue condenada, lo que constituyó un desacato a una determinación, no fue excesiva sino conforme a los preceptos aplicables; no se trató de una sanción fiscal, sino más bien, una medida de apremio tendiente a que se cumpliera con una determinación; además de ello se corrobora que las sanciones impuestas al quejoso, entre ellas la ahora reclamada (tercera multa), han tenido una gradualidad, ante la renuencia de realizar el pago de la cantidad a la que fue condenada la parte demandada. De ahí lo infundado del concepto de violación que nos ocupa. Finalmente, el quejoso en el tercer concepto de violación señala que la autoridad responsable no otorgó un término prudente para realizar el pago de la condena a la parte actora, que el plazo de tres días otorgado es ilegal, pues no tomó en consideración que la cantidad que se tiene que pagar asciende a $40,732.35 (cuarenta mil setecientos treinta y dos pesos 35/100 moneda nacional). Concepto de violación infundado. El artículo 135 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece que cuando haya causado ejecutoria una sentencia favorable al actor, se dictará el auto respectivo y se comunicará por oficio a alguna de las autoridades y a los organismos demandados para su inmediato cumplimiento, en donde se les prevendrá para que informen sobre el cumplimiento que se dé a la sentencia dentro del término de tres días siguientes al que surta efectos su notificación. Así, es posible corroborar que el plazo que le otorgó la sala responsable a la parte demandada para que diera cumplimiento a la sentencia condenatoria fue correcto, pues el citado precepto no establece que se deba tomar en consideración el monto de la condena o algún otro parámetro para establecer el término dentro del cual se deba acatar. Aunado a ello debe decirse que la parte demandada ha contado con el plazo suficiente para realizar el pago de la cantidad a la que fue condenada, pues desde la fecha en que se le realizó el primer requerimiento (diecisiete de febrero de dos mil veinte), a la fecha en que se impuso la multa aquí reclamada - tres de junio de dos mil veintidós-, han transcurrido más de dos años, sin que así lo haya hecho, lo que denota que su actuar ha sido completamente contumaz en detrimento de la parte actora en el juicio natural. De ahí que el concepto de violación analizado es infundado. En las relatadas consideraciones, al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso y al no encontrarnos en alguno de los supuestos que para suplir la queja deficiente establece el artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección que de la Justicia Federal solicitó *** por propio derecho. Negativa de amparo se hace extensiva a los demás actos reclamados relativos al inicio de procedimiento atribuido a las autoridades ejecutoras, en razón de no impugnarse por vicios propios sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la atribuida al acuerdo en que se impuso la multa reclamad. Resulta aplicable la tesis que sustentó el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 438, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, del Apéndice de 1995, del rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACION DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios." Por lo expuesto y fundado en los artículos 35, 73, 74, 217, y demás relativos de la Ley d Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ****en su carácter de Presidente Municipal de Cuautepec, Guerrero, por los motivos que quedaron expuestos en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ****, por derecho propio, contra de los actos que reclamó de la Sala Regional Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa, con residencia en Ometepec, Guerrero, y otras autoridades, por las razones y fundamentos que se indican en la última parte considerativa de esta sentencia. Notifíquese

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Atenta al estado procesal que guarda este sumario, se advierte que en proveído de dieciocho de octubre actual, se tuvieron por recibidas las copias certificadas de todo lo actuado en el expediente TSA/SRO/007/2018 del índice de la Sala Regional Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, a partir del auto de ejecución y del escrito de dos de junio de dos mil veintidós, y con su contenido se dio vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Luego, tomando en cuenta que el citado acuerdo se notificó por lista el diecinueve siguiente, y surtió efectos el veinte del mes en cita, aún no transcurre el término de ocho días para que las partes se impongan de su contenido. Por tanto, para dar margen a lo anterior, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan LAS ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Se tiene por recibido el oficio firmado por el Magistrado de la Sala Regional Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, a través del cual desahoga el requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional, y al efecto remite copia certificada de todo lo actuado en el expediente TSA/SRO/007/2018 de su índice a partir del auto de ejecución y del escrito de dos de junio de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.5o.C.2 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES." Notifíquese.

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