César Iván Figueroa Vilchis

Expediente 775/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
775/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
18/07/2019

Partes del expediente

  • César Iván Figueroa Vilchis

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    IX.- UN ACUERDO Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    IX.- UN ACUERDO Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    se hace efectivo el apercibimiento hecho al quejoso y se le notifica por medio de lista el acuerdo de dos de julio de dos mil diecinueve que dice:Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por César Iván Figueroa Vichis, mediante el cual desahoga en tiempo y forma el requerimiento formulado en el acuerdo de catorce de junio de dos mil diecinueve (fojas 14 a 18); en consecuencia, téngase por cumplido el requerimiento formulado en el acuerdo de referencia y sin efectos el apercibimiento respectivo. Ahora, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo, se evidencia que la parte quejosa reclama esencialmente lo siguiente: La inconstitucionalidad del artículo 95, fracción I, numeral 6 y fracción II del numeral 6, de la Tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, los cuales establecen el pago de derechos por servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México; ello con motivo de su primer acto de aplicación contenido en la operación de inscripción de embargo ordenado por el Juez Tercero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, relativo al juicio ejecutivo mercantil 247/2019, ante la Institución de la Función Registral del Estado de México. Luego, por lo que hace al acto reclamado en comento, éste órgano de control constitucional advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 17 y 18 de dicha legislación, ya que el acto reclamado por el solicitante de amparo se encuentra consentido tácitamente. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido de los artículos antes mencionados, los cuales rigen en los términos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos ... Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada a la parte quejosa, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija, o bien al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que el acto de autoridad que se tilda de inconstitucional no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. Ahora bien, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe traerse a contexto el artículo 18 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Conforme a lo anterior, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Como es evidente, el precepto en consulta hace una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", la que de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española Larousse, Ediciones Larousse, Primera Edición, página 465, significa "exclusión, alternativa o contraposición", de lo que válidamente se concluye que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido, el legislador hubiese señalado su orden de prelación. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, le indicó por parte del Instituto de la Función Registral del Estado de México, se realizará la inscripción del embargo trabado el doce de abril del dos mil diecinueve relativo al juicio ejecutivo mercantil 247/2019. Manifestaciones que deben considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio." En ese sentido, es dable considerar que el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, el peticionario de amparo tuvo conocimiento de lo que considera el primer acto de aplicación de las normas cuya inconstitucionalidad ahora reclama; lo cual evidencia que se actualiza la hipótesis normativa establecida en el segundo supuesto que prevé el artículo 18 de la Ley de Amparo; es decir, el plazo de quince días debe computarse a partir del siguiente al en que tuvo conocimiento del acto de aplicación reclamado. Entonces, si el promovente de amparo conoció tales actos desde el veintiuno de mayo dos mil diecinueve, el plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover el juicio de amparo empezó a computarse el veintidós de mayo pasado y feneció el once de junio siguiente, previo descuento de los días inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo; a saber, el veinticinco y veintiséis de mayo de este año, así como el uno, dos, ocho y nueve de junio de la presente anualidad. En esas condiciones, si la demanda de amparo de cuenta fue presentada hasta el doce de junio de dos mil diecinueve, según se aprecia del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México (foja 1), resulta irrebatible que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues, aquélla se promovió en forma extemporánea respecto del referido acto reclamado; esto es, fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio, toda vez que dicho término como se dijo transcurrió del veintidós de mayo al once de junio del año en curso. Además, debe decirse que el acto reclamado debe considerarse como consentido, pues es evidente que desde el momento en que se enteró por parte del Instituto de la Función Registral del Estado de México, realizará la inscripción del embargo trabado el doce de abril del dos mil diecinueve, relativo al juicio ejecutivo mercantil 247/2019, y llevó a cabo el pago respectivo lo cual aconteció el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, según consta en copia simple el recibo de pago expedido por la institución bancaria HSBC, en el que consta que el pago aconteció el referido veintiuno de mayo pasado, por lo que como se dijo fue en esa fecha que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado. Por tales motivos, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 17 y 18 de dicha legislación, se impone desechar de plano la demanda de amparo promovida por César Iván Figueroa Vilchis, contra actos de la Legislatura del Estado de México y otras autoridades, por notoriamente improcedente.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; catorce de junio de dos mil diecinueve. Por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual remite los presentes autos y sus respectivos anexos consistentes en el toca de apelación 43/2018-SEA, cuadernillo de amparo 2/2019-SEA, duplicado de la causa de control 236/2018 y tres discos compactos; así como, testimonio de la ejecutoria pronunciada por ese tribunal en sesión celebrada el treinta de mayo de dos mil diecinueve, cuyos puntos resolutivos son: "PRIMERO. Con las precisiones establecidas en esta ejecutoria, se confirma la sentencia revisada; y, . SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a J.A.R.G. contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo de la sentencia que se revisa." Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes, acúsese el recibo de estilo correspondiente y glósese el cuaderno de antecedentes y cuaderno original del incidente de suspensión respectivos. Devuélvase al Tribunal de Alzada Especializado en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de México, las constancias que adjuntó a su informe justificado, las cuales fueron descritas con antelación y requiérasele para que dentro del plazo de tres días contados legalmente, acuse el recibo correspondiente; apercibido que de ser omiso, se hará acreedor a una multa que podrá ser de cincuenta y hasta mil días de la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se estima que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir este asunto al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado; por tanto, se deberá conservar la resolución relativa a su otorgamiento (punto vigésimo primero, inciso III). 3. Se glosa sólo el cuaderno original del incidente, toda vez que el duplicado es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo; en consecuencia, resguárdese en el archivo de este Juzgado de Distrito, hasta en tanto se proceda a su destrucción material. En ese sentido, intégrese copia autógrafa del presente auto al duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales conducentes. 4. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; asistido de la Secretaria Paola Lizzete Acosta Campos, que autoriza y da fe. Doy fe

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 12,830 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano