Cesar Israel Davila Alquisiras
Expediente 963/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 31 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 963/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 23/08/2021
Partes del expediente
- Cesar Israel Davila Alquisiras
Actuaciones
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MESA V. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, contra la sentencia de treinta de julio de dos mil veintiuno, por la cual se sobreseyó el presente juicio constitucional y se negó el amparo y protección de la justicia de la unión; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la misma ha causado estado para los efectos legales conducentes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de depuración, pues se negó el amparo y protección de la justicia federal y se sobreseyó el presente asunto; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectiva (artículo 18, fracción I, inciso b) del acuerdo en cita). 2. El original del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa es depurable, pues se concedió la suspensión definitiva (artículo 18, inciso a), del citado acuerdo en cita) 3. El duplicado del incidente de suspensión es destruible conforme a los establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) del multicitado acuerdo. 4. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la depuración del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante y se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Ahora bien, devuélvase al Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México el disco en formato DVD que remitió como complemento a su informe justificado. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese
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MESA V. PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio por el acto y autoridades precisados en el considerando tercero de la presente resolución y por las razones expuestas en el mismo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a******, contra el acto y autoridad precisados en los considerandos segundo y cuarto, por los motivos asentados en el último considerado de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. SEGUNDO. Derechos humanos violados. El quejoso señaló como derechos violados, los protegidos por los artículos 14, 16, 18, 20, y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Recibida la demanda en este Juzgado, a quien por razón de turno tocó su conocimiento, se registró con el número de amparo 963/2010-V y por auto de once de diciembre de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo, se dio la intervención que corresponde al Ministerio Público adscrito, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. Una vez integrado el presente asunto, dicha audiencia, previos diferimientos, se llevó acabo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud que se reclama un acto que afecta la libertad personal del quejoso y que se pretende ejecutar dentro de la jurisdicción donde este juzgado de distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por el quejoso, considerando todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que el quejoso reclama: La orden de búsqueda, localización, aprehensión, detención o comparecencia y su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. A rendir su informe justificado, las siguientes autoridades negaron el acto reclamado: FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO FISCAL DE VIOLENCIA DE GENERO DEL ESTADO DE MEXICO FISCAL REGIONAL DE JUSTICIA DE ATLACOMULCO, ESTADO DE MEXICO. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR ADSCRITO AL PRIMER TURNO DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE IXTLAHUACA, ESTADO DE MÉXICO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR ADSCRITO AL SEGUNDO TURNO DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE IXTLAHUACA, ESTADO DE MÉXICO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR ADSCRITO AL TERCER TURNO DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE IXTLAHUACA, ESTADO DE MÉXICO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR ADSCRITO AL PRIMER TURNO DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR ADSCRITO AL SEGUNDO TURNO DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR ADSCRITO AL TERCER TURNO DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR ADSCRITO A LA AGENCIA ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y DE GENERO DE ATLACOMULCO, ESTADO DE MEXICO. JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE IXTLAHUACA, MEXICO JUEZ DE JUICIO ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE IXTLAHUACA, MEXICO. JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL ORO, ESTADO DE MEXICO. JUEZ DE JUICIO ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL ORO, ESTADO DE MEXICO. COORDINADOR GENERAL DE LA POLICIA DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO ADSCRITO A LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. Sin que el quejoso haya aportado prueba idónea para desvirtuar la negativa vertida por las autoridades responsables; por tanto, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Por su parte, El Juez de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión en Línea, y el Jefe de Grupo de Grupo de la Policía de Investigación Adscrito a la Fiscalía Central Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género de Atlacomulco, Estado de México, aceptaron la existencia del acto reclamado, por lo que se tiene como cierto y se hace extensiva al Coordinador General de la Policía de Investigación del Estado de México, adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pues le recae el carácter de autoridad ejecutora. Certeza que se corrobora con las constancias que acompañó la Jueza de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, consistentes en copia certificada de la carpeta administrativa 204/2020con las videograbaciones de audiencias atinentes a la misma, a las que se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de disco óptico en formato de videograbación (DVD), considerado como una prueba documental pública lato sensu. Lo anterior se sustenta, en la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 455/2012, visible en la página 703, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, registro 2004362, del rubro y texto siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." QUINTO. Causales de improcedencia. No existe causa de improcedencia alegada por las partes o advertida de oficio por este juzgador en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. SEXTO. Estudio de fondo. A fin de realizar el estudio del fondo del asunto, conviene precisar que se tienen por reproducidos en este considerando los conceptos de violación planteados por el quejoso, como si a la letra se insertaran, en virtud que la ley de la materia no contiene dispositivo legal que ordene su transcripción. Lo que además es acorde con la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, correspondiente a mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, que es del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No obstante lo anterior, en sus conceptos de violación, el quejoso aduce esencialmente lo siguiente: Se viola el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos ya que no se cumplieron las formas esenciales del procedimiento, sin que se haya hecho de su conocimiento para su oportuna defensa Se viola la garantía, legalidad, seguridad y libertad que se encuentran protegidas y tuteladas en los artículos 14 y 16 constitucionales ya que se pretende privarlo de su libertad, lo cual le causa un acto de molestia, sin que se haya seguido un juicio previo ante la autoridad judicial competente Son infundados los conceptos de violación, sin que se advierta queja deficiente qué suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a, de la ley de la materia, por las razones que se exponen a continuación: En primer lugar, debe precisarse que la resolución que constituye el acto reclamado por el solicitante de amparo, al tratarse de una orden de aprehensión su estudio debe efectuarse, en principio, a la luz del artículo 16 constitucional, ya que contiene los requisitos mínimos que debe reunir ese tipo de resoluciones a fin de que se justifique los actos de molestia derivados del mismo, precepto legal, el cual textualmente dispone: "Arti´culo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podra´ librarse orden de aprehensio´n sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley sen~ale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. [...]" En efecto, la autoridad judicial responsable cumplió´ con la garantía de seguridad jurídica que establece el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que no se aplico´ en perjuicio del quejoso una ley retroactiva, el mandamiento de captura se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, dado que fue emitido por autoridad judicial competente, a saber, Jueza de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensio´n en Li´nea del Poder Judicial del Estado de Me´xico, dentro de un procedimiento (causa 204/2020) en el que precedio´ denuncia de hechos determinados que la ley sen~ala como delito, esto es, el delito de violación en agravio de la persona del sexo femenino menor de edad de identidad resguardada de iniciales JCG dando origen a la carpeta de investigación NUC: ORO/FVG/VIA/014/240413/19/08; ilícito previsto y sancionado por el artículo 273 párrafo primero, tercero y quinto del Código Penal para el Estado de México, vigente en la época que sucedieron los hechos. Adema´s existen datos que acreditan los elementos que integran el ili´cito mencionado; asi´ como la probable intervencio´n del indiciado en su comisio´n; aunado a que el procedimiento se siguio´ ante tribunales previamente establecidos, de ahi´ que el acto de molestia combatido no deja en estado de indefensio´n o incertidumbre juri´dica al solicitante del amparo. Criterio que se encuentra plasmado en la jurisprudencia por contradiccio´n 1a./J.31/99, aprobada por la Primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federacio´n y su Gaceta, Novena E´poca, Tomo IX, mayo de 1999, pa´gina 285, cuyo contenido es el siguiente: "ORDEN DE APREHENSIO´N, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTI´AS TUTELADAS, EN ARTI´CULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTI´CULO 16 CONSTITUCIONAL. La circunstancia especi´fica de que el arti´culo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensio´n, no se puede llevar al extremo de considerar que so´lo este precepto rija a tal acto, ya que evidentemente tambie´n debera´ vigilarse, en su caso, si dicha determinacio´n judicial no infringe alguna garanti´a constitucional contenida en diverso precepto, dado que podri´a darse el caso que en la misma se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, o fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; tambie´n podri´a darse el caso que autoridades jurisdiccionales del fuero comu´n, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensio´n, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al eje´rcito y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislacio´n del fuero castrense; o que no estuviere fundado y motivado dicho acto, asi´ como diversas hipo´tesis que pudieren formularse respecto de la posible violacio´n de garanti´as constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; luego entonces, resulta limitativo y equi´voco concluir que para el libramiento de una orden de aprehensio´n, so´lo deba cumplirse lo establecido en el mencionado arti´culo 16 constitucional; y por ende, su emisio´n no puede ser violatoria de los arti´culos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las garanti´as de seguridad juri´dica que se encuentran consagradas en la Constitucio´n General de la Repu´blica, son la base sobre las cuales descansa el sistema juri´dico mexicano, por tal motivo, e´stas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, las garanti´as de seguridad juri´dica valen por si´ mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un arti´culo se contengan todos los derechos pu´blicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los dema´s, de tal forma, que el gobernado jama´s se encuentre en una situacio´n de incertidumbre juri´dica y por lo tanto, en estado de indefensio´n. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensio´n, deben de cumplirse no u´nicamente las formalidades establecidas por el arti´culo 16 constitucional, pa´rrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los dema´s arti´culos que tutelan las garanti´as de seguridad juri´dica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna.". Requisitos constitucionales para el dictado de la orden de aprehensión. Procede analizar la constitucionalidad de la orden de aprehensión de seis de diciembre de dos mil veinte, en cuanto a los requisitos de forma y fondo que debe reunir. En principio es de señalarse que el estudio del acto reclamado se realizara´ conforme a los antecedentes y datos expuestos por el Ministerio Público al solicitar la orden de aprehensio´n y los que fueron ponderados por el Juez responsable, en razo´n de que el arti´culo 142 del Co´digo Nacional de Procedimientos Penales, refiere que el Ministerio Pu´blico puede solicitar el libramiento de orden de aprehensio´n, por cualquier medio que garantice su autenticidad, en que expondra´ ante la autoridad judicial las razones que sustenten su pretensio´n, y en el caso esto u´ltimo fue realizado en li´nea a trave´s del Sistema de Gestio´n Judicial Penal (SIGEJUPE), por lo que la orden de aprehensio´n reclamada debe estudiarse u´nicamente con base en las cuestiones expuestas por el Ministerio Pu´blico al solicitar tal medida y ponderadas por la responsable, sin que haya lugar a introducir nuevos temas al respecto. Una vez precisado lo anterior, cabe destacar que la orden de aprehensio´n de la cual se duele el quejoso, se encuentra prevista en el arti´culo 16 de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, el cual contiene los requisitos mi´nimos que debe reunir ese tipo de resoluciones a fin de que se justifique los actos de molestia derivados del mismo, por lo que el ana´lisis de la legalidad de dicho acto reclamado debe hacerse en contraposicio´n del mencionado precepto legal. Es oportuno destacar que para el libramiento de la orden de aprehensio´n, deben atenderse el arti´culo 16 de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, en relacio´n con los arti´culos 141, 142, 143 y 145 del Co´digo Nacional de Procedimientos Penales. El arti´culo 16 de la Constitucio´n General de la Repu´blica, en lo que interesa, establece: "Arti´culo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podra´ librarse orden de aprehensio´n sino por autoridad judicial, y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley sen~ale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometio´ o participo´ en su comisio´n." Por su parte, los arti´culos 141, 142, 143, 145, del Co´digo Nacional de Procedimientos Penales, preve´n: "Arti´culo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensio´n Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley sen~ale como delito, el Ministerio Pu´blico anuncie que obran en la carpeta de investigacio´n datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisio´n, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Pu´blico, podra´ ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a trave´s de la fuerza pu´blica, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificacio´n alguna, y III. Orden de aprehensio´n en contra de una persona cuando el Ministerio Pu´blico advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificacio´n juri´dica que realice el Ministerio Pu´blico se especificara´ el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecucio´n del hecho, la forma de intervencio´n y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificacio´n correspondiente. Tambie´n podra´ ordenarse la aprehensio´n de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarara´ sustrai´do a la accio´n de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citacio´n judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde este´ detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligacio´n de darlo. En cualquier caso, la declaracio´n dara´ lugar a la emisio´n de una orden de aprehensio´n en contra del imputado que se haya sustrai´do de la accio´n de la justicia. El Juez podra´ dictar orden de reaprehensio´n en caso de que el Ministerio Pu´blico lo solicite para detener a un imputado cuya extradicio´n a otro pai´s hubiera dado lugar a la suspensio´n de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Pu´blico podra´ solicitar una orden de aprehensio´n en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los te´rminos del arti´culo 174, y el Juez de control la podra´ dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. Arti´culo 142. Solicitud de las o´rdenes de comparecencia o de aprehensio´n En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensio´n se hara´ una relacio´n de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondra´n las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias sen~aladas en el arti´culo anterior. Las solicitudes se formulara´n por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control. Arti´culo 143. Resolucio´n sobre solicitud de orden de aprehensio´n o comparecencia El Juez de control resolvera´ la solicitud de orden de aprehensio´n o comparecencia en audiencia, o a trave´s del sistema informa´tico; en ambos casos con la debida secreci´a, y se pronunciara´ sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud debera´ ser resuelta en la misma audiencia, que se fijara´ dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Pu´blico. En el segundo supuesto, dentro de un plazo ma´ximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensio´n o comparecencia no reu´na alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendra´ en la misma audiencia o por el sistema informa´tico al Ministerio Pu´blico para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podra´ dar una clasificacio´n juri´dica distinta a los hechos que se planteen o a la participacio´n que tuvo el imputado en los mismos. No se concedera´ la orden de aprehensio´n cuando el Juez de control considere que los hechos que sen~ale el Ministerio Pu´blico en su solicitud resulten no constitutivos de delito.Si la resolucio´n se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensio´n debera´n transcribirse y entregarse al Ministerio Pu´blico. [...] Arti´culo 145. Ejecucio´n y cancelacio´n de la orden de comparecencia y aprehensio´n La orden de aprehensio´n se entregara´ fi´sica o electro´nicamente al Ministerio Pu´blico, quien la ejecutara´ por conducto de la Polici´a. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de aprehensio´n pondra´n al detenido inmediatamente a disposicio´n del Juez de control que hubiere expedido la orden, en a´rea distinta a la destinada para el cumplimiento de la prisio´n preventiva o de sanciones privativas de libertad, informando a e´ste acerca de la fecha, hora y lugar en que e´sta se efectuo´, debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma. Los agentes policiales debera´n informar de inmediato al Ministerio Pu´blico sobre la ejecucio´n de la orden de aprehensio´n para efectos de que e´ste solicite la celebracio´n de la audiencia inicial a partir de la formulacio´n de imputacio´n. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de comparecencia pondra´n al imputado inmediatamente a disposicio´n del Juez de control que hubiere expedido la orden, en la sala donde ha de formularse la imputacio´n, en la fecha y hora sen~alada para tales efectos. La Polici´a debera´ informar al Ministerio Pu´blico acerca de la fecha, hora y lugar en que se cumplio´ la orden, debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma. Cuando por cualquier razo´n la Polici´a no pudiera ejecutar la orden de comparecencia, debera´ informarlo al Juez de control y al Ministerio Pu´blico, en la fecha y hora sen~aladas para celebracio´n de la audiencia inicial. El Ministerio Pu´blico podra´ solicitar la cancelacio´n de una orden de aprehensio´n o la reclasificacio´n de la conducta o hecho por los cuales hubiese ejercido la accio´n penal, cuando estime su improcedencia por la aparicio´n de nuevos datos. La solicitud de cancelacio´n debera´ contar con la autorizacio´n del titular de la Procuraduri´a o del funcionario que en e´l delegue esta facultad. El Ministerio Pu´blico solicitara´ audiencia privada ante el Juez de control en la que formulara´ su peticio´n exponiendo los nuevos datos; el Juez de control resolvera´ de manera inmediata. La cancelacio´n no impide que continu´e la investigacio´n y que posteriormente vuelva a solicitarse orden de aprehensio´n, salvo que por la naturaleza del hecho en que se funde la cancelacio´n, deba sobreseerse el proceso. La cancelacio´n de la orden de aprehensio´n podra´ ser apelada por la vi´ctima o el ofendido." De las anteriores disposiciones legales, se observa que la orden de aprehensio´n debe satisfacer ciertos requisitos formales y otros ma´s de i´ndole material; en cuanto a los primeros, constitucionalmente se establece que dicha orden debe dictarse, siempre que se reu´nan los siguientes requisitos de forma y fondo, considera´ndose los siguientes: a) Que sea emitida por autoridad judicial competente. b) Que sea solicitada por el Ministerio Pu´blico; quien debera´ precisar la clasificacio´n juri´dica preliminar, mencionando para ello: tipo penal, grado de ejecucio´n, forma de intervencio´n, naturaleza de la conducta, dolosa o culposa. c) Que exista denuncia o querella de un hecho ili´cito. d) El hecho ili´cito tenga sancio´n privativa de libertad. e) Existan datos que establezcan que se ha cometido el hecho ili´cito y la probabilidad de que el imputado lo cometio´ o participo´ en su comisio´n. f) Se advierta necesidad de cautela, exista resistencia o evasio´n a una orden de comparecencia, haya sustraccio´n de la accio´n de la justicia, o se haya incumplido la medida cautelar en te´rminos del arti´culo 174 del Co´digo Nacional de Procedimientos Penales. De igual forma, en la orden de aprehensio´n, la constitucionalidad del acto se satisface, con una correcta y sana cri´tica de los datos de prueba relacionados, observando las reglas de la lo´gica, conjugado con los conocimientos cienti´ficos y las ma´ximas de la experiencia, en la valoracio´n de aquellos elementos (individual y global), que han servido y que llevan a establecer, como enseguida se desarrollara´, si los datos de prueba son suficientes para establecer la existencia de un hecho calificado por la ley como delito y, despue´s la posibilidad de que el imputado lo cometio´ o participo´ en tal evento, razonando en todo momento porque´ el juzgador de control actu´a en determinado sentido. g) Adema´s, a fin de cumplir con la garanti´a de motivacio´n contenida en el citado arti´culo 16, se debe precisar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecucio´n del delito. De conformidad con lo establecio´ la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 102/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federacio´n y su Gaceta, Novena E´poca, febrero de 2007, tomo XXV, pa´gina 452, registro 173, 237, del rubro y contenido siguientes: ORDEN DE APREHENSIO´N. PARA SU DEBIDA MOTIVACIO´N DEBE SEN~ALAR EL LUGAR, TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS DE EJECUCIO´N DEL DELITO QUE SE IMPUTA AL ACUSADO. Si bien es cierto que el arti´culo 16 de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos no indica que en la orden de aprehensio´n deban expresarse el lugar, tiempo y circunstancias de ejecucio´n del delito que se le imputa al acusado -requisitos que establece el arti´culo 19 constitucional para el auto de formal prisio´n-, tambie´n lo es que a efecto de cumplir con la garanti´a de motivacio´n contenida en el citado arti´culo 16, la autoridad que emite la referida orden debe sen~alar dichos datos, ya que son los que permiten comprender la forma y condiciones en que se llevo´ a cabo la conducta delictiva en el mundo fa´ctico, lo cual permite al acusado conocer con amplitud los motivos por los que se ordena su captura, estando asi´ en posibilidad de desplegar eficazmente su defensa." Dicho lo anterior, de las constancias que obran en el presente expediente se obtiene que la autoridad responsable estableciera que el hecho delictuoso acontecido, se hizo consistir en: "El di´a 06 de enero del an~o 2017, aproximadamente a las once y media de la man~ana, la victima de iniciales J.C.G. menor de quince an~os, acudio´ al HOTEL IXTLA UBICADO EN LA AUTOPISTA TOLUCA-ATLACOMULCO KM 32, BARRIO SAN JOAQUI´N LA CABECERA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACA, ESTADO DE ME´XICO, junto con el Padre CE´SAR ISRAEL DA´VILA ALQUICIRAS, en un cuarto de ese hotel, CE´SAR ISRAEL DA´VILA ALQUICIRAS, comenzo´ a besar a la vi´ctima J.C.G. menor de quince an~os, posteriormente le quito´ su ropa, baja´ndole su pantalo´n y ropa interior, le quito´ su blusa y la acosto´ en la cama, CE´SAR ISRAEL DA´VILA ALQUICIRAS se desvistio´ y penetro´ a J.C.G. con su pene en su vagina; valie´ndose el Padre CE´SAR ISRAEL DA´VILA ALQUICIRAS, de la confianza que gozaba por parte de la menor, de su minori´a de edad y la inexperiencia sexual; es decir el acto se cometio´ cuando J.C.G. contaba con una edad inferior a los quince an~os." Atendiendo al hecho narrado y a las pruebas recabadas por la autoridad ministerial, el Juez de Control considero´ reunidos los requisitos para ordenar la aprehensio´n del quejoso por el hecho delictuoso de VIOLACIO´N POR EQUIPARACIO´N (AL SER LA VI´CTIMA MENOR DE QUINCE AN~OS), previsto y sancionado por el arti´culo 273 pa´rrafos primero, tercero y quinto, en relacio´n con los ordinales 6, 7, 8 fracciones I y III, asi´ como 11 fraccio´n I inciso c) del Co´digo Penal para el Estado de Me´xico, en agravio de persona de sexo femenino de identidad resguardada de iniciales J.C.G. Asi´, analizados los antecedentes y datos proporcionados por el Ministerio Pu´blico al solicitar la orden de aprehensio´n materia del presente sumario constitucional y lo resuelto por la Juez responsable, se llega a la conclusio´n de que la orden de aprehensio´n reclamada, reu´ne los requisitos previstos por el arti´culo 16 constitucional, mismos que se analizara´n a continuacio´n: A) Competencia. Este aspecto e encuentra cubierto pues de la lectura de las constancias se permite determinar que dicha resolucio´n fue emitida por autoridad judicial competente como lo es la Jueza de Control Especializada en Cateos y Órdenes de Aprehensión en línea del Poder Judicial del Estado de México; conforme a lo dispuesto por los arti´culos 14, 16, 17, 21 y 116 fraccio´n III de la Carta Magna, 88 inciso b), 104 Bis de la Constitucio´n Local, 1, 2, 20, 133 fraccio´n I, 141 fraccio´n III, 142, 143, 145 y Tercero Transitorio del Co´digo Nacional de Procedimientos Penales en vigor, asi´ como 187 fraccio´n I de la Ley Orga´nica del Poder Judicial del Estado de Me´xico y la circular 33/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Me´xico, de fecha quince de junio del an~o dos mil diecise´is. B) Solicitud del Ministerio Pu´blico. La autoridad judicial responsable de emitir el mandamiento de captura tuvo acreditado el primer requisito -sen~alado en el inciso b)- , pues la fiscali´a mediante solicitud realizada en li´nea, a trave´s del Sistema de Gestio´n Judicial Penal, en el apartado correspondiente, el agente del Ministerio Pu´blico, hizo peticio´n formal de libramiento de orden de aprehensio´n, en contra de CÉSAR ISRAEL DÁVILA ALQUISIRAS por su probable intervencio´n en el hechos delictuoso de VIOLACIO´N POR EQUIPARACIO´N (AL SER LA VI´CTIMA MENOR DE QUINCE AN~OS) CON MODIFICATIVA (AGRAVANTE DE COMETERSE POR QUIEN HAYA TENIDO RELACIO´N CON LA VI´CTIMA POR MOTIVOS RELIGIOSOS), previsto y sancionado por los arti´culos 273 pa´rrafos primero, tercero y quinto, 274 fraccio´n VIII, en relacio´n con los numerales 6, 7, 8 fracciones I y III, asi´ como 11 fraccio´n I inciso c) del Co´digo Penal para el Estado de Me´xico, en agravio de persona del sexo femenino de identidad resguardada de iniciales J.C.G. C) Denuncia o querella. Tambie´n acredito´ el segundo requisito -especificado en el inciso c)-, lo cual se actualiza, dado que el veintise´is de agosto de dos mil diecinueve, MIGUEL A´NGEL CARRILLO NIETO, Apoderado Legal de la Dio´sesis de Atlacomulco, Me´xico, denuncio´ ante la representacio´n social hechos constitutivos de VIOLACIO´N, en agravio de la persona del sexo femenino menor de edad de identidad resguardada de iniciales J.C.G., dando origen a la carpeta de investigacio´n con NUC: ORO/FVG/VIA/014/240413/19/08; y, posteriormente una vez que la pasivo acudio´ ante la representacio´n social, los di´as treinta y uno de agosto y tres de septiembre de dos mil veinte realizo´ la denuncia respectiva en contra del hoy indiciado. D) Sancio´n privativa de libertad. Por lo que hace al requisito - enunciado en el inciso d)-, se acredito´ que el delito de violación referido por el agente del Ministerio Pu´blico investigador tiene pena privativa de la libertad, de acuerdo con el arti´culo 273 pa´rrafo primero del Co´digo Penal para el Estado de Me´xico, pues se sen~ala una pena de prisio´n de diez a veinte an~os y se destaca que, en cuanto a la modificativa agravante prevista en el diverso arti´culo 274 fraccio´n VIII ibidem, a la que alude la representacio´n social, sen~ala un aumento de aque´lla hasta en un tercio. E) Datos de prueba. De las constancias que obran en autos, se desprende que el Juez de control responsable advirtio´ como datos de prueba los antecedentes de la investigacio´n expresados por el Ministerio Pu´blico en la solicitud vi´a electro´nica, consistentes en: Escrito elaborado de puño y letra de la menor J.C.G., en el que describe diversos hechos suscitados y narra relaciones sexuales que tuvo con diversos sacerdotes, y entre otros acontecimientos, describe lo ocurrido el seis de enero de dos mil diecisiete en el Hotel IXTLA. Acta de nacimiento en copia certificada expedida a favor de J.C.G, con fecha de nacimiento treinta de noviembre de dos mil tres, de lo que se desprende que el día seis de enero de dos mil diecisiete contada con trece años de edad. Dictámenes médicos, expedidos a favor de la persona del sexo femenino de identidad resguardada de iniciales J.C.G. por la perito KENYA ANABELL HINOJOSA MONDRAGO´N, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte, y siete de septiembre de dos mil veinte. Inspección en el lugar de los hechos, practicada por el oficial ARTURO YA´N~EZ MARI´N, de fecha dos de octubre de dos mil veinte, en el que se constituyó en el Hotel IXTLA, ubicado en Autopista Toluca-Atlacomulco, Km. 32, Barrio de San Joaqui´n, La Cabecera, Municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, en cuyo interior se dijo fue copulada vaginalmente la persona del sexo femenino de identidad resguardada de iniciales J.C.G. por el activo; obteniendo placas fotográficas. Dicta´menes en materia de psicologi´a, de fechas siete de septiembre y nueve de octubre de dos mil veinte, a cargo de la perito BELTHZMAR LO´PEZ ESTRADA; de los que se advierte que la menor de identidad resguardada de iniciales J.C.G. SI´ PRESENTO´ INDICADORES QUE RESULTAN CONCORDANTES Y CONGRUENTES CON LO ENCONTRADO EN VI´CTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL. Entrevista y ampliaciones de entrevista de SUSANA GALVA´N HERNA´NDEZ, realizadas ante el ministerio pu´blico los di´as veintiuno de mayo, treinta y uno de agosto y tres de septiembre de dos mil veinte. Datos de prueba que, al recabarse fueron valorados por la autoridad responsable, quien los considero´ ido´neos, pertinentes y suficientes para emitir la orden de aprehensión que se reclama, misma que obsequio´ el seis de diciembre de dos mil veinte, en la causa 204/2020 del Juzgado de Control de Ixtlahuaca, por lo que no se pretende privar al quejoso de su libertad en forma arbitraria, de ahi´ lo infundado de los conceptos de violación. Asi´, en lo que se refiere al requisito consistente en la existencia de datos que acrediten el hecho delictuoso y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometio´ o participo´ en su comisio´n, se procede al ana´lisis de los datos de prueba que se desprenden del propio acto reclamado, siendo que de e´sta se advierten indicios suficientes para tener por acreditadas las anteriores circunstancias, empero, el juez de amparo al no poder sustituirse al juez natural en la apreciación de los datos de prueba, esta´ impedido para revisar el juicio de valoracio´n que de e´stos se desarrollo´, ya que el juicio de amparo se circunscribe a analizar so´lo la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado, no de los datos de prueba en si´. Por tanto, la responsable, preciso´ que el delito por el cual emitio´ la aprehensio´n del quejoso consiste en VIOLACIO´N POR EQUIPARACIO´N (AL SER LA VI´CTIMA MENOR DE QUINCE AN~OS), previsto y sancionado por el arti´culo 273 pa´rrafos primero, tercero y quinto del Co´digo Penal vigente el Estado de Me´xico, en agravio de persona del sexo femenino de identidad resguardada de iniciales J.C.G.; mismo que tiene pena privativa de la libertad. Hecho ili´cito que tuvo por acreditado con los datos de prueba que enlazaron como fue la denuncia realizada por MIGUEL A´NGEL CARRILLO NIETO, en fecha seis de agosto de dos mil diecinueve, realizo´ la denuncia respectiva, por hechos constitutivos de delito cometidos en agravio de la menor J.C.G., aunado a que presento´ y ratifico´ el escrito signado el seis de marzo de dos mil veinte por el Obispo Juan O. Marti´nez Garci´a, mediante el cual remitio´ ante la representacio´n social aquel documento elaborado por la pasivo, en el que, entre otros acontecimientos, describio´ el ocurrido el seis de enero de dos mil diecisiete, en el Hotel IXTLA (mismo que fue ratificado por la víctima). Datos de prueba que adecuadamente fueron ponderados y tomados en consideracio´n por el juez responsable, y los considero´ ido´neos, porque de su contenido surgio´ informacio´n que se vinculo´ a los hechos y suficientes pues le permitio´ conocer en forma objetiva y razonada la existencia de un comportamiento que la ley sen~ala como delito. Lo anterior, en razo´n de que pondero´ todos los datos de prueba aportados por la representacio´n social, los cuales fueron coincidentes al referir el tiempo, lugar y modo de comisio´n del hecho delictivo, asi´ como la probable intervencio´n en el ili´cito que se le imputa. Se advierte la existencia del dolo como elemento subjetivo gene´rico debido a que la conducta fue probablemente desplegada por el quejoso, conociendo los elementos del tipo, queriendo y aceptando la realizacio´n del hecho descrito por la ley; de ahi´, que se patenticen los componentes cognoscitivo y volitivo (conocer y querer), traducidos en dolo directo, previsto por el arti´culo 8 fraccio´n I del Co´digo Penal para el Estado de Me´xico. Por lo que, la autoridad responsable llegó a la conclusión de que se encuentra legalmente justificada la probable intervencio´n penal de CE´SAR ISRAEL DA´VILA ALQUICIRAS en la comisio´n del hecho delictuoso de VIOLACIO´N POR EQUIPARACIO´N (AL SER LA VI´CTIMA MENOR DE QUINCE AN~OS), previsto y sancionado por el arti´culo 273 pa´rrafos primero, tercero y quinto, en relacio´n con los ordinales 6, 7, 8 fracciones I y III, asi´ como 11 fraccio´n I inciso c) del Co´digo Penal para el Estado de Me´xico, en agravio de persona de sexo femenino de identidad resguardada de iniciales J.C.G. En esas condiciones, la responsable consideró reunidos los extremos del arti´culo 16 de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, en concatenacio´n con los ordinales 141 y 142 del Co´digo Nacional de Procedimientos Penales vigente; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 143 de la ley procesal en cita, se ORDENÓ LA BU´SQUEDA, LOCALIZACIO´N Y APREHENSIO´N de CE´SAR ISRAEL DA´VILA ALQUISIRAS, al justificarse su probable intervencio´n penal en el hecho delictuoso de VIOLACIO´N POR EQUIPARACIO´N (AL SER LA VI´CTIMA MENOR DE QUINCE AN~OS), previsto y sancionado por el arti´culo 273 pa´rrafos primero, tercero y quinto, en relacio´n con los ordinales 6, 7, 8 fracciones I y III, asi´ como 11 fraccio´n I inciso c) del Co´digo Penal para el Estado de Me´xico, en agravio de persona de sexo femenino de identidad resguardada de iniciales J.C.G. Por otro lado, se considera acertado que la responsable haya tenido por acreditado el dolo en el actuar del quejoso ya que no se advierte que al momento de cometer el hecho por el que se libro´ la orden de aprehensio´n en su contra no tuviera la capacidad de comprender el cara´cter ili´cito de su conducta y de conducirse de acuerdo a esa compresio´n; tampoco se advierte ningu´n error de prohibicio´n invencible, que le hubiera hecho creer que su conducta era li´cita, habida cuenta que obro´ dentro del margen de su libertad al no existir coaccio´n fi´sica o moral y, por tanto, le era exigible un comportamiento diferente al que observaron, sin que se pueda deducir que de los datos de prueba sujetos a valoracio´n, que al momento del despliegue de su actuar no tuviera la capacidad de comprender el cara´cter ili´cito de tal hecho, por encontrarse bajo el efecto de algu´n trastorno mental transitorio o que padeciera desarrollo intelectual. Asi´, la conducta posiblemente realizada por CE´SAR ISRAEL DA´VILA ALQUISIRAS es antijuri´dica, pues la realizo´ contra derecho, puesto que no se ampara en alguna causa de licitud o de exclusio´n del delito y vulnera el bien juri´dico tutelado por la ley, consistente en el normal desarrollo psicosexual de la persona del sexo femenino menor de edad de identidad resguardada de iniciales J.C.G. Probable intervención. Ahora, por cuanto, a la probable intervención del quejoso, fueron valorados los datos de prueba aportados, específicamente lo que la menor de edad de identidad resguardada de iniciales J.C.G. señaló, ubicando a CE´SAR ISRAEL DA´VILA ALQUISIRAS en circunstancias de modo, tiempo y lugar, de la siguiente manera: "El seis de enero de dos mil diecisiete, cuando ella teni´a trece an~os de edad, aproximadamente a las diez y media de la man~ana, al encontrarse en el Panteo´n Municipal de Atlacomulco, Estado de Me´xico, ubicado en la Colonia El Calvario, se quedo´ de ver con el sacerdote CE´SAR ISRAEL DA´VILA ALQUISIRAS, ya que se habi´an mandado mensajes antes por tele´fono y teni´an como una relacio´n de noviazgo, ese di´a e´l le dijo "vamos a portarnos mal", por lo que ella le comento´ que si´ y fueron a un Hotel que se llama "IXTLA", que esta´ en Ixtlahuaca, entraron en su carro que era un vento azul, recuerda que las placas era 6250, llegaron al Hotel como a las 11:30 am, les dieron un cuarto, en el interior e´l la empezo´ a besar y ella le siguio´ los besos, no le dijo que no, luego empezo´ a quitarle la ropa, recuerda que llevaba una botas cafe´s, le comenzo´ a bajar el pantalo´n y ropa interior, le quito´ la blusa y la acosto´ en la cama, e´l se desvistio´ completamente y le deci´a que estaba bonita y posteriormente la penetro´ con su pene en la vagina por aproximadamente por una hora, incluso recuerda como cai´a el sudor de e´l en su espalda, no uso´ preservativo, despue´s se quedo´ dormido y ella se quedo´ acostada, se senti´a mal, le doli´a el esto´mago y no se pudo dormir, cuando e´l desperto´ volteo´ a verla y le dijo que en qué pensaba, pero ella le respondio´ que en nada, se vistieron, la iba a llevar a su casa, pero le refirio´ que no, que la dejara como a tres cuadras de la casa y que ahi´ se bajaba. - Con este padre tuvo relaciones sexuales tres veces, incluso, en dos ocasiones tuvo retrasos de su regla, teni´a trece an~os, se espanto´ y le conto´ a aque´l, quien tambie´n se preocupo´ y compro´ una prueba de embarazo en la farmacia y se la hizo en su cuarto, salio´ negativa y luego fue a hacerse unos ana´lisis de sangre a un municipio que se llama San Felipe, ahi´ dijo que teni´a diecisiete an~os y los del laboratorio no le dijeron nada, le hicieron la prueba y tambie´n salio´ negativa, cuando le conto´ a CE´SAR, e´l se alegro´. En otra ocasio´n que tampoco le bajaba su regla, CE´SAR le dijo que mejor fuera al doctor, le dio 300 pesos y fue a una Farmacia Similares, le dijo al me´dico que no le habi´a bajado su regla como en mes y medio y le menciono´ que era un problema hormonal, le dio medicamento, se lo tomo´ y le comento´ a CE´SAR que no era embarazo." Al respecto, cabe sen~alar que es legal que en el acto reclamado se haya tenido por demostrada la probable intervención del quejoso con los datos de prueba ya resen~ados, que sirvieron para justificar el hecho que la ley sen~ala como delito, pues aun y cuando el delito y responsabilidad penal son conceptos disímiles, lo cierto es que con un mismo dato de prueba se puede acreditar ambos extremos, ya que por un lado puede revelar la existencia de un hecho determinado como delito y, por otro, atribuir la comisio´n del suceso a un sujeto especi´fico. Por consiguiente, resulta legal que la autoridad responsable haya tenido la intervencio´n del quejoso en te´rminos del arti´culo 11, fraccio´n I inciso c) del Co´digo Penal para el Estado de Me´xico, pues las pruebas que obran en autos asi´ lo acreditan. F) Se advierta necesidad de cautela. El arti´culo 16 constitucional establece los requisitos para librar una orden de aprehensio´n. En este precepto no se hace referencia a la necesidad de cautela como un requisito para su emisio´n, no obstante, si se interpretan de manera armo´nica todos los preceptos constitucionales que rigen al sistema acusatorio oral, si´ es posible considerar que existe una lo´gica en el sistema que se inspira en la proporcionalidad de las medidas que pueden lesionar los derechos de las personas, como la presuncio´n de inocencia y debido proceso, y los fines que se pretenden alcanzar con el juzgamiento de los delitos: principalmente la verdad, justicia y reparacio´n para todas las personas afectadas directa o indirectamente. De esta manera, es cierto que la autoridad judicial debe ponderar hasta que´ punto puede limitar los derechos de las personas de acuerdo con las distintas etapas del proceso penal y los alcances de las medidas judiciales que emite, para no lesionar de manera desmedida derechos sin justificacio´n. El Co´digo Nacional de Procedimientos Penales establece en que´ casos no basta la emisio´n de citatorios u o´rdenes de comparecencia, y es necesaria la emisio´n de una orden de aprehensio´n: - Cuando el Ministerio Pu´blico considere que existe necesidad de cautela (arti´culo 141, pa´rrafo primero fraccio´n III); - Cuando una persona resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la liberated (arti´culo 141, pa´rrafo tercero). De acuerdo con lo anterior, la evasio´n de una orden de comparecencia no es el u´nico caso que amerita que se emita una orden de aprehensio´n, sino que pueden existir otros supuestos en los cuales es necesaria una orden de captura, aunque el inculpado no se haya rehusado a atender citas. En este caso, el agente del ministerio pu´blico, al solicitar la orden de aprehensio´n en contra del quejoso, advirtio´ que al tratarse del medio de conduccio´n al proceso ma´s lesivo, procede en aquellos casos en los que existe la necesidad de cautela y que es su obligacio´n expresar los motivos o razones particulares por los que se considera necesaria la emisio´n de una orden de aprehensio´n en contra del investigado, por encima del citatorio y la orden de comparecencia, esto es, tiene el deber de justificar frente al juez la necesidad de cautela de la persona, ya sea porque: Existe riesgo de que se sustraiga de la accio´n de la justicia; Se ponga en riesgo la integridad de la vi´ctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad; o bien, Se ponga en peligro el desarrollo de la investigacio´n misma. Lo que en el caso particular acontece, pues expreso´ que la finalidad del mandamiento de captura es evitar que se ponga en riego a la integridad de la vi´ctima y que el indiciado se sustraiga de la accio´n de la justicia. Ma´xime que la vi´ctima se encuentra ante la gran posibilidad de un riesgo fi´sico y psicolo´gico ante el indiciado, dado la imputacio´n que realiza en su contra y por aquellas asimetri´as de poder, conocimiento y gratificacio´n que fueron advertidas en su persona; de manera que puede nuevamente estar en contacto con la vi´ctima y tener la facilidad para intimidarla o agredirla, ma´xime si de acuerdo a lo manifestado por la pasivo, no habi´a sido la primera vez que la habi´a penetrado vaginalmente, de ahi´ que es factible que, por esas circunstancias, aumente la inestabilidad emocional de la menor. Adema´s, de que dada la naturaleza del hecho delictuoso, hay circunstancias que evidencian la posibilidad de que el indiciado evada la accio´n de la justicia, ma´s au´n si el ili´cito que nos ocupa amerita prisio´n preventiva oficiosa, cuestio´n que si bien por si´ sola no basta para justificar la necesidad de cautela, es un factor que puede incidir para que el investigado no comparezca de manera voluntaria a su proceso. Y, no se soslaya que, el mandamiento de captura es proporcional al hecho delictuoso que nos ocupa, pues como lo refirió el agente del ministerio público, el hecho delictuoso recayo´ en una mujer y menor de edad, por lo que es claro pertenece a un grupo histo´ricamente vulnerable y se tiene la obligacio´n de atender al principio de intere´s superior de los nin~os, nin~as y adolescentes, asi´ como a impartir justicia con perspectiva de ge´nero. De ahi´ que sea infundados los conceptos de violacio´n, y en consecuencia, al encontrarse el acto reclamado ajustado a derecho, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIO´N DE LA JUSTICIA FEDERAL a CE´SAR ISRAEL DA´VILA ALQUICIRAS, respecto del acto reclamado a la Jueza de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensio´n en Li´nea, del Estado de Me´xico, que se hizo consistir en la orden de aprehensio´n dictada en su contra el seis de diciembre de dos mil veinte, por las razones expuestas en el presente considerando. Por lo expuesto y fundado, adema´s con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 74, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio por el acto y autoridades precisados en el considerando tercero de la presente resolución y por las razones expuestas en el mismo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a CE´SAR ISRAEL DA´VILA ALQUISIRAS, contra el acto y autoridad precisados en los considerandos segundo y cuarto, por los motivos asentados en el último considerado de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma electrónicamente Breyman Labastida Martínez, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido de Iraís Mercado Montalvo, Secretaria que autoriza, firma electrónicamente y da fe, sin perjuicio de firmarlo físicamente hasta el día de hoy treinta de julio de dos mil veintiuno en que las labores del juzgado lo permiten. Doy fe.
- Principal
MESA V Toluca, Estado de México; siete de julio de dos mil veintiuno. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el oficio firmado por el Agente del Ministerio Publico Investigador Adscrito al Tercer Turno de la Agencia del Ministerio Público de Atlacomulco, Estado de México, mediante el cual rinde su informe justificado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que en su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al diverso 124 del propio cuerpo normativo de leyes. Por ende, con la finalidad de que transcurra el plazo establecido en el ordinal 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado de la responsable, y con ello no violar las reglas fundamentales del juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON CINCUENNTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO dado el horario establecido para este juzgado de Distrito, en términos del artículo 15 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV-2 y los subsecuentes. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.
- Principal
Mesa V INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense al expediente electrónico y físicamente a los autos una vez que las labores del juzgado lo permitan, los oficios de cuenta a través del cual el Jefe de Grupo de la Policía de Investigación adscrito a la Fiscalía Central Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género de Atlacomulco, Estado de México, rinde su informe justificado; por tanto dése vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional, conforme al diverso ordinal 124 del propio cuerpo normativo de leyes. SE DEJA DE TENER AUTORIDAD RESPONSABLE. Del estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que feneció el término de tres días otorgado a la parte quejosa en auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, para que aclarara la denominación de la autoridad responsable que denominó como "Jefe de Grupo de Aprehensiones perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con sede en Atlacomulco"; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminada en el citado proveído y se deja de tener con el carácter de responsable a dicha autoridad en el presente asunto. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.
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