César Isaac Saucedo Rodríguez

Expediente 1565/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1565/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • César Isaac Saucedo Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. REGISTRO Agréguese el oficio signado por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al que adjunta el diverso 8778/2023, los autos de juicio de amparo directo 793/2023 constante de dieciocho fojas, tres copias de traslado, un incidente de reducción de pensión alimenticia constante de ciento un fojas, así como el expediente 1290/2011 constante de trescientos treinta y dos fojas; y, comunica la determinación de catorce de noviembre del año en curso, en la que declaró carecer de competencia legal para conocer la demanda de amparo promovida por César Isaac Saucedo.... Acúsese recibo. DESECHAMIENTO Al respecto, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues previo a la interposición del juicio de amparo la parte quejosa debió promover el recurso de apelación, por los motivos que a continuación se exponen. El citado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual descansa en la carga procesal del impetrante de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación que regula el acto reclamado, que pueden conducir a su revocación, modificación o anulación, así como las excepciones a la obligación de agotar los recursos ordinarios. Ese principio encuentra justificación en la naturaleza del juicio constitucional, el cual se rige como un medio extraordinario de defensa procedente contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le origina afectación, previamente a solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Por su parte, el acto reclamado por el impetrante de amparo en el presente juicio es el siguiente: -La sentencia interlocutoria de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Supernumerario Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el expediente 1290/2011, en la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar sobre divorcio necesario, por el que declaró parcialmente fundado el incidente de reducción de pensión alimenticia planteado por César Isaac Saucedo Rodríguez -aquí quejoso-, y redujo la pensión alimenticia decretada en el controvertido de tres a dos días de salario mínimo en favor de sus hijos E.S.S. y César Máximo Saucedo Segura. Por lo tanto, se estima que el quejoso no agotó el principio de definitividad, al no combatir la precitada resolución mediante la interposición del recurso de revocación que prevé la legislación adjetiva civil del Estado de México, previo a acudir a la instancia constitucional, para efectos de la procedencia del juicio constitucional, en términos de lo previsto en el citado numeral que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." Sobre esa base, los elementos con los que se integra la hipótesis de improcedencia de la acción constitucional respecto de las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo (autoridades jurisdiccionales) establecidos en el numeral y fracción transcrita, son los siguientes: 1. Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio ordinario de defensa; 3. Que ese recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, 4. Que por virtud de dicho recurso o medio ordinario de defensa, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Cabe señalar que los casos de excepción, esto es, los supuestos en los que no resulta necesario agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto, están anunciados en la propia fracción que se analiza y son los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Empero, no debe pasarse por alto que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; lo anterior implica que, salvo las excepciones destacadas, de no agotarse los recursos o medios de defensa que procedan en contra del acto reclamado el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. Así las cosas, es evidente que la interlocutoria reclamada, puede ser impugnada a través del recurso de apelación previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que establece la procedencia de dicho recurso contra las resoluciones interlocutorias y definitivas; atento a que los artículos 5.76 y 5.77 del citado ordenamiento adjetivo civil, establecen: "Artículo 5.76.- La apelación procede en contra de: I. Las resoluciones que ponen fin a la controversia; II. El auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia; y III. Las resoluciones interlocutorias y definitivas. Apelación de la sentencia que concede alimentos. Artículo 5.77.- La sentencia que concede alimentos será apelable sin efecto suspensivo." La interpretación sistemática de los preceptos transcritos permite considerar, como regla general, que el recurso de apelación es de naturaleza casuística, pues el artículo 5.76 estatuye que serán apelables entre otras, las resoluciones interlocutorias y definitivas. Es aplicable a lo anterior, el criterio que sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, en la tesis II.1o.C.T.114 C, registro 199850, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Diciembre de 1996, página 364, Novena Época, Materias(s): Civil, de rubro y texto siguiente: "APELACION EN MATERIA CIVIL. SU PROCEDENCIA ES DE NATURALEZA CASUISTICA (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO). Del artículo 432 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se advierte que necesariamente deben estar previstos en la legislación los casos en que son apelables las sentencias interlocutorias y los autos, precisión que evidencia el sistema legal récord del recurso de apelación, el cual queda dentro de la regla genérica, que establece la procedencia de alguno de los recursos o medios de defensa que fija el Código contra todo acto de procedimiento susceptible de producir un perjuicio a las partes; ejemplo de ello, lo es la norma contenida en el artículo 419 de la legislación en cita. De esa manera, es claro que la sistemática legal aludida, tratándose del recurso de apelación, necesariamente tiene que ser casuística, pues sólo cuando el Código lo dispone puede impugnarse en apelación una interlocutoria o auto, si además, lo fuere la sentencia definitiva en términos de lo previsto por el citado artículo 432." Por lo tanto, si en la legislación ordinaria existe dispositivo que determina en forma expresa la procedencia del recurso de apelación entre otras, contra las resoluciones interlocutorias como en el caso concreto y, que ésta incide en el tópico de alimentos, se llega a la conclusión de que la citada resolución es apelable, y su tramitación se debe ajustar a las reglas que al efecto dispone el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, en sus artículos 5.76 y 5.77. Recurso que tiene por finalidad que la Alzada, de así estimarlo procedente, revoque, confirme o modifique la determinación de la que se duele la parte quejosa, tomando en cuenta las cuestiones materiales y legales que a concepto del promovente causen agravio; es decir, para el caso en concreto, la finalidad del recurso estriba en que el juzgador analice los agravios interpuestos por el accionante incidentista y demandado en lo principal -aquí quejoso- César Isaac Saucedo Rodríguez, en relación a la reducción de la pensión alimenticia decretada en el expediente 1290/2011, de tres a dos días de salario mínimo en favor de sus hijos E.S.S. y César máximo Saucedo Segura. Apoya a lo anterior en lo conducente, la tesis II.4o.C.8 C (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, página 1603, registro 2001228, que establece: "ALIMENTOS PROVISIONALES. SUPUESTOS EN QUE PUEDEN CONTROVERTIRSE LAS DETERMINACIONES RELATIVAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PREVIO AL AGOTAMIENTO DEL RECURSO DE REVOCACIÓN (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 2.110 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO). En términos de los artículos 2.107 al 2.110 y 5.40 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, la admisión de la demanda implica que las acciones, elementos o sujetos materia de admisión, formen parte del proceso litigioso y la orden de emplazamiento del demandado. En cambio, conforme a los diversos preceptos 5.43 al 5.45, ante la solicitud alimentaria del acreedor el Juez puede emitir por lo menos dos determinaciones cautelares que habrán de regir hasta el dictado de la sentencia que, en su caso, fije el monto definitivo de la pensión respectiva: Una indiscutible, que es la que establece que el deudor debe cubrir alimentos provisionales, y otra cuestionable, relativa al monto de la pensión provisional; una tercera, la improcedencia de la solicitud de alimentos. Estas tres determinaciones son independientes del auto que admite la demanda, pues la procedencia o improcedencia de la pensión alimentaria provisional depende de los requisitos previstos en los artículos 4.126 al 4.144, 4.403 y 4.404 (concubinato) del Código Civil del Estado de México; razones por las cuales, el artículo 2.110 del invocado código procesal no es aplicable a esas determinaciones, pues sólo refiere que el auto que admite la demanda no es recurrible. En ese contexto, tanto el acreedor como el deudor alimentario pueden controvertir dichas resoluciones en juicio de amparo indirecto por tratarse de un acto que afecta derechos sustantivos, previo agotamiento del recurso de revocación, en los supuestos siguientes: En términos del artículo 5.74 del código primeramente citado, las resoluciones dictadas fuera de la audiencia inicial y el auto que negó la procedencia de la pensión alimenticia provisional son revocables, pues dicho precepto establece que los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables acorde con las reglas generales y las medidas cautelares dictadas en la audiencia inicial conforme al artículo 5.75, fracción IV, del mismo ordenamiento, también son impugnables en revocación." En este sentido, se insiste que al no haber agotado el recurso ordinario referido, deviene improcedente el juicio de amparo que nos ocupa, lo que genera como consecuencia que no se haya cumplido con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; máxime, que no se actualiza alguna excepción que permita acudir inmediatamente al juicio constitucional sin necesidad de agotar los recursos procedentes, pues dicho principio que rige y caracteriza al juicio de amparo, en cualquiera de sus formas de instauración, es de observancia obligatoria y general, por lo que únicamente mediante el reconocimiento de excepciones, se puede prescindir de la exigencia de agotar los medios ordinarios de defensa que proceden en contra del acto reclamado. No se soslaya que el acto reclamado se encuentra relacionado con la pensión alimenticia otorgada a menores de edad; sin embargo, no son parte quejosa en este expediente; aunado a que la citada pensión se otorgó al decretarse la guarda y custodia que ostentaba la progenitora -resolución de ocho de marzo de dos mil doce-, lo que se estima que de ningún modo deja en estado de riesgo o vulnerabilidad los hijos de los progenitores contendientes en el expediente de origen; pues de así estimarlo incluso, hubieran interpuesto el recurso de apelación y no lo realizaron. Por otra parte, resulta relevante asentar que no pasa inadvertido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 990, de registro digital 2004677, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada." Sin embargo, se considera que dicho criterio no resulta aplicable, pues si bien con el juicio natural se encuentran inmiscuidos los derechos de un menor, lo cierto es que en el presente asunto, el infante tiene un interés contrario al quejoso; máxime que con la concesión de la suspensión, se evitaría que el impetrante realice el pago por concepto de pensiones alimenticias a favor del impúber. En ese orden de ideas, debe concluirse que la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo referida se actualiza en el caso, porque contra el acto que reclama la parte quejosa de la citada autoridad responsable, existe un medio ordinario de defensa que tiene por objeto analizar lo ahí resuelto, el cual -como se dijo-, se debe agotar previo a la interposición del juicio de amparo; por lo que al no hacerlo, se surte la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, a página 902, de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Lo anterior es así, pues este órgano federal estima que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, encuadra en el supuesto que enmarcan los mencionados artículos 5.76 y 5.77 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México y, por ello, se insiste, al no haber agotado el recurso ordinario procedente, deviene improcedente el juicio de amparo que nos ocupa, trayendo como consecuencia que no se haya cumplido con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; máxime que, se reitera, no se ubica en alguna excepción que permita acudir inmediatamente al juicio constitucional sin necesidad de agotar los recursos procedentes, pues dicho principio que rige y caracteriza al juicio de amparo, en cualquiera de sus formas de instauración, es de observancia obligatoria y general, siendo únicamente mediante el reconocimiento de excepciones específicas que se pueden admitir supuestos en los que dicha observancia deja de ser obligatoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el precepto 113, en relación con el diverso 61, fracción XVIII, ambos de la legislación aplicable, se desecha de plano la demanda de amparo por su notoria e indudable improcedencia. Toda vez que al rendir su informe justificado la autoridad responsable adjuntó: un legajo de constancias originales relativas al incidente de reducción de pensión alimenticia constante de ciento un fojas, así como el expediente 1290/2011 constante de trescientos treinta y dos fojas. Fórmense los tomos de pruebas como anexo I y II. Ahora bien, dado el volumen de dichas documentales, no es factible digitalizar las constancias para ser agregadas a la plataforma del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, dado que el número de fojas supera los 20 MB que aquél permite. Ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que establece: "Artículo 22. Al integrar los expedientes electrónicos, los órganos jurisdiccionales los registrarán dentro de la misma numeración consecutiva que la empleada para los expedientes derivados de promociones que se presenten de manera impresa, y en ambos casos se dará el trámite correspondiente. Las constancias firmadas electrónicamente tienen validez legal suficiente y no deberán agregarse al expediente físico, el cual contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. Las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyen la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. En casos excepcionales que se requieran certificaciones de documentos electrónicos impresos, aplicará el proceso de certificación para documentos físicos, es decir, se deberá incorporar el texto de certificación y firma autógrafa correspondiente. Las y los servidores públicos autorizados para tal efecto, podrán emitir acuerdos mediante el uso de su FIREL para generar copias certificadas de lo que obra en un expediente y agregarlas en otro. Por su parte, las promociones recibidas físicamente deberán integrarse a un expediente electrónico mediante la utilización de la FIREL, atendiendo a lo dispuesto en el siguiente artículo. Todas las constancias y documentos del expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico. Los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico. Se trata de los siguientes: . III. Copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Los cuadernos auxiliares podrán consultarse físicamente por las partes en los órganos jurisdiccionales con las salvaguardas respectivas tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, la digitalización de pruebas, poderes, valores y garantías diversas quedará al arbitrio de la juzgadora o juzgador, pudiéndose, en su caso, incluir una certificación en el expediente electrónico que dé cuenta de éstas e incluya una fotografía o imagen del objeto en cuestión. Los órganos jurisdiccionales deberán digitalizar los anexos. Las OCC, conforme lo permita su carga de trabajo, podrán auxiliar en la digitalización de anexos previo a su turno. En casos excepcionales, el personal de la mesa de trabajo a la que se haya turnado el asunto podrá solicitar el auxilio de la administración de cada edificio para contar con el apoyo de las jornadas de digitalización. Artículo 23. En caso de que exista imposibilidad material para la digitalización de determinadas constancias aportadas por las partes, las y los titulares de los órganos jurisdiccionales acordarán lo conducente y valorarán si hacen del conocimiento de las partes tal situación mediante proveído y si las constancias se integran únicamente al expediente físico, o bien, ordenarán la integración de cuadernos auxiliares previstos en el artículo 22, último párrafo de este Acuerdo." DOMICILIO Y AUTORIZADOS De conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en los estrados de este órgano federal, pues así lo señaló expresamente. Asimismo, por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese por lista a la parte quejosa en términos de lo ordenado en esta data.

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