César Isaac Dorantes Siliceo

Expediente 1033/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1033/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
13/10/2022

Partes del expediente

  • César Isaac Dorantes Siliceo
  • Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro

Actuaciones

  1. Principal

    se declara que HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales conducentes el auto que desechó la demanda...

  2. Principal

    Querétaro, Querétaro, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Recepción de oficio de la Superioridad, demanda de amparo y diversas constancias. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, al que se adjuntan las constancias que integran el juicio de amparo directo civil ********************, de su índice, entre ellas: a) Demanda de amparo promovida por ******************** b) Informe justificado rendido por las autoridades responsables: Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y Juez Segundo de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, Querétaro********************c) Constancias de emplazamiento********************y, d) Toca familiar 796/2022, cuaderno de apelación 40/2022 en dos tomos y copia certificada del expediente 10/2021). Ahora bien, tomando en consideración el contenido de las constancias precisadas, se advierte que mediante proveído de ocho de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo directo civil ********************, la Superioridad se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda planteada y declinó la competencia a un Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en la ciudad del mismo nombre********************determinación que causó estado a través del acuerdo de trece de septiembre del año en curso********************y, por ello, correspondió conocer del presente asunto a este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en la ciudad del mismo nombre. Se ordena acusar de recibido. Avocamiento del conocimiento de la demanda de amparo. En razón a lo anterior, este Tribunal Federal, con fundamento en el artículo 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37, 45, 107 y 170 a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se avoca al conocimiento de la presente demanda de amparo, con fundamento en el diverso artículo 37 de la Ley de Amparo********************en consecuencia, se procede a proveer respecto de la demanda, en los siguientes términos: Desechamiento Vista la demanda de amparo promovido por ********************, por propio derecho, contra actos de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y otra autoridad, a efecto de proveer respecto de la admisión o no de la demanda, es menester recordar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa de improcedencia, la desechará de plano. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Ahora, al analizarse la demanda de amparo de manera integral, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, agosto de mil novecientos noventa y ocho, página doscientos veintisiete, del rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS."********************este juzgado de distrito advierte que la parte quejosa reclama: Acto reclamado: La resolución de segunda instancia de fecha dieciocho de mayo del presente año, que recayó al toca familiar número 796/2022, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de catorce de febrero del presente año del índice del Juez Segundo de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro. Lo anterior, bajo el contexto de lo actuado en el juicio sucesorio testamentario a bienes de ********************10/2021, acumulado al 977/2018, en el que el aquí quejoso ********************, previo a que el juez del conocimiento emitiera resolución que aprobara o no el inventario y avalúo propuesto, promovió el incidente de oposición respecto del presentado por el albacea de la sucesión a bienes, al referir que el inventario y el avalío del único inmueble señalado no correspondía. Tramitada la incidencia planteada, el juez familiar del conocimiento la declaró procedente mediante interlocutoria de catorce de febrero de dos mil veintidós, y ordenó que se formule un nuevo inventario y avalúo en los términos ahí indicados. Inconforme con lo anterior, el demandado incidental, en su carácter de albacea, interpuso recurso de apelación y mediante sentencia de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, revocó el fallo impugnado, a fin de determinar la falta de personalidad del actor incidental y por ende, la improcedencia del incidente de oposición de inventario y avalúo exhibido por el albacea de la sucesión. Bajo esas circunstancias, este Juzgador advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu, los cuales señalan: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] ...XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 107.- El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: ... V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..." De los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos en un procedimiento cuyos efectos sean de imposible reparación, los que - de acuerdo con el propio texto legal- son aquéllos que afectan materialmente los derechos sustantivos del quejoso -como la vida, salud, integridad física, negativa de atención médica adecuada, la libertad, posesión, propiedad, entre otros-, reconocidos en la Constitución General y en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. De este modo, la Ley de Amparo, prevé condiciones específicas para que el juicio constitucional en la vía indirecta sea procedente contra un acto intraprocesal, toda vez que es necesario que el acto emitido dentro del procedimiento afecte materialmente los derechos sustantivos del quejoso, quedando excluidos los perjuicios a derechos adjetivos o procesales, con independencia del grado de afectación que causen. Cabe precisar que respecto a la procedencia del juicio de amparo cuando se reclamen actos dictados en juicio -en el particular, dentro de la substanciación de alguna de las etapas del juicio sucesorio-, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), que modificó la diversa P./J. 4/2001, para regir bajo el rubro y contenido siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"********************puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo********************además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo********************y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"********************concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". El criterio jurisprudencial invocado marca la pauta para determinar la procedencia del amparo indirecto respecto de los actos que surgen dentro de la substanciación del juicio, estableciendo cuándo y en qué casos se puede combatir dichos actos. Al respecto, debe decirse que los derechos sustantivos se diferencian de los derechos adjetivos o procesales, toda vez que la afectación de estos últimos podría no trascender a la resolución que se dicte en el fondo y, en caso contrario, será necesario que se impugnen junto con dicha resolución a través del medio de defensa establecido para tal efecto. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha asumido la postura de que en la etapa de juicio el elemento de "afectación directa a derechos sustantivos" del promovente es determinante para la procedencia del juicio de amparo indirecto, que representa una salvedad para no esperar al dictado de la sentencia definitiva o la que ponga fin al juicio, como condicionante para recurrir a la vía constitucional, como acontece con las determinaciones emitidas en juicio que afectan derechos sustantivos como son la propiedad, vida, posesión, salud, etcétera. Es pertinente indicar que de acuerdo a la legislación adjetiva del Estado de Querétaro, el juicio sucesorio consta de cuatro secciones. Ahora, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cada una de las secciones del juicio sucesorio tiene un objeto especial y se resuelve por separado, por lo que no hay una sentencia definitiva que abarque todo el procedimiento********************asimismo, ha sustentado que la sentencia de adjudicación sí tiene el carácter de definitiva para efectos de la procedencia del amparo directo. En esa línea, aquellas determinaciones que se dicten durante la substanciación de cada una de las secciones que integran el juicio sucesorio-resoluciones intermedias o de trámite-, de no ubicarse dentro de aquellas que afectan derechos sustantivos como son la propiedad, posesión, libertad, etcétera, deberán esperar a combatirse de manera conjunta o concomitante con la resolución que resuelva en definitiva la sección correspondiente, para ser reclamadas en amparo indirecto. En efecto, es posible que alguna de las determinaciones que se dictan dentro de la tramitación de alguna de las secciones del juicio sucesorio pueda afectar derechos sustantivos de alguna de las partes y, tener el carácter de autónomas, caso en el cual podrán ser combatidas a través del juicio de amparo biinstancial, ello en atención a que al tratarse de un acto que guarda independencia con la resolución definitiva, lo que se hubiera resuelto en él no podría ser materia de estudio como violación procesal en el amparo directo que se promueva contra la resolución definitiva correspondiente a la sección en que se haya verificado dicha violación. Esto es, es importante tomar en cuenta que los juicios sucesorios, como aquel del que emana el acto reclamado, son procedimientos de carácter universal y peculiar, que se componen de cuatro etapas, las cuales se deciden por separado********************a saber, 1) sucesión, 2) inventarios, 3) administración y 4) partición y adjudicación. En ese orden de ideas, la acción de amparo indirecto, por regla general, es procedente en cada una de las tres primeras fases, hasta que se decide el fondo de cada una de ellas, momento en el que pueden hacerse valer las violaciones de carácter adjetivas, o bien, si el acto reclamado constituye un obstáculo para su conclusión. Ahora, en el caso a estudio, la resolución de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, que revocó la interlocutoria de catorce de febrero del año en curso, en el que el juez inicialmente declaró procedente el incidente de oposición al inventario y avaluó planteado por el quejoso respecto del presentado por el albacea, para ahora determinar que el quejoso no tiene personalidad y por ende, improcedente la oposición planteada, no puede ser analizada en el juicio de amparo, dado que no es de imposible reparación, pues no afecta ningún derecho sustantivo. En efecto, no es un acto susceptible de análisis constitucional por el momento, pues se trata de una violación procesal que sólo afecta derechos adjetivos que pueden ser reparados al dictarse la última determinación en la etapa de inventarios y avalúos, si dicho fallo le resulta favorable al ahora inconforme********************en caso contrario, si es desfavorable podrá reclamarla a través del juicio de amparo indirecto en donde puede hacer valer las violaciones procesales, como en el caso pretende la parte quejosa, previo agotamiento del principio de definitividad en su caso. Lo anterior, si se considera que, conforme a los antecedentes narrados en párrafos precedentes, la segunda sección del sucesorio de origen aún no está resuelta en definitiva, de tal manera que la resolución reclamada sólo deriva en una cuestión adjetiva o procesal, que no es impugnable en esta instancia constitucional, ni aun cuando se estimare que se hayan lesionado derechos adjetivos en grado predominante o superior********************pues en términos del numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, no es razón suficiente para estimar procedente este juicio constitucional. Luego, si el acto reclamado solamente se trata de una determinación intraprocesal acaecido durante el trámite de la segunda sección del testamentario de origen, misma que concluirá hasta en tanto se apruebe en definitiva el inventario y avalúo presentado********************es inconcuso que los efectos que trajo consigo la resolución reclamada, únicamente son de índole adjetivo, ya que la prosecución del procedimiento, no genera una afectación directa a derechos fundamentales, sino en todo caso, tal efecto lo podrá causar la determinación que concluya la sección en comento. Sin que tampoco la resolución reclamada sea autónoma o se oponga a la resolución de la segunda sección del juicio testamentario de origen. Ello, considerando que la resolución de alzada reclamada se ocupó de dilucidar un tópico propio de esa fase procedimental, que además, permitirá su tránsito hacia su resolución definitiva********************de ahí que tampoco se oponga a su conclusión. Por tanto, no puede ser impugnada en un juicio de amparo indirecto la resolución reclamada de segunda instancia que revocó la interlocutoria de catorce de febrero del año en curso, en el que el juez declaró procedente el incidente de oposición al inventario y avaluó********************dado que, por el momento ese fallo no produce en su perjuicio una afectación directa a sus derechos sustantivos protegidos en la Constitución Política de los Estados Unidos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte********************pues, estimar lo contrario, existiría la posibilidad de impugnar cada violación procesal con lo que se retardaría injustificadamente todo el juicio. Empero, como ya se dijo, el ahora inconforme estará en condiciones de impugnar la resolución reclamada como una violación procesal, en el juicio de amparo indirecto que promueva en contra de la resolución que ponga fin a la segunda etapa de inventarios del juicio sucesorio. Por consiguiente, las violaciones procesales cometidas durante cada una de las etapas del juicio sucesorio, no son impugnables en amparo indirecto, sino que éste procede en contra de la resolución que termina de fondo cada una de dichas etapas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.439 C, sustentada por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 182385, Novena Época, Tomo XIX, Enero de 2004, página 1546, del tenor literal siguiente: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores)********************la de inventarios y avalúos********************la de administración********************y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva********************sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos********************por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente." Así como la diversa tesis VI.2o.C. J/316, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 165770, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 1311, de contenido siguiente: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones********************que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia********************y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." De manera que cuando se producen violaciones procesales dentro de cada una de las mencionadas etapas, deben combatirse a través del juicio de amparo indirecto, cuando el acto reclamado sea precisamente esa resolución que puso fin a determinada sección, ya que, si se impugnara tal violación de manera inmediata, previo al dictado de la última resolución, el amparo indirecto, por regla general, resulta improcedente, de conformidad a lo establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XLVIII/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2009478, Décima Época, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 1070, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." Pues en el caso se tiene el propio contenido de la resolución reclamada del que se advierte precisamente la continuación del procedimiento, lo que no afecta un derecho sustantivo (como la vida, libertad, posesión, propiedad, patrimonio, entre otros, que ha precisado la Suprema Corte de Justicia de la Nación), en el entendido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha señalado que la continuación del procedimiento por sí sola no es de imposible reparación. Lo antes considerado encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia número I.8o.C. J/2 (10a.), verificable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicada el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, que dice: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida". Por lo expuesto, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de referencia, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. Sirve de apoyo a la conclusión anterior, la tesis número II.1o.21 K (10a.), consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, página 2186, de tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTA SÓLO DERECHOS PROCESALES Y NO SUSTANTIVOS. Si el gobernado promueve demanda de amparo indirecto contra la falta de notificación personal de la sentencia pronunciada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en la que resuelve el recurso de revisión promovido contra lo resuelto en el amparo directo, es evidente que ello no le irroga afectación a sus derechos sustantivos, además de que contra dicha resolución no existe medio de impugnación alguno que pudiera promover********************de ahí que el conocimiento de esta decisión, aun en el supuesto de que no hubiera sido notificada por la Sala citada, no irroga perjuicio a sus derechos fundamentales, ya que únicamente se está frente a una violación de carácter procesal, ante la cual, procede desechar la demanda de amparo indirecto, por no tratarse de un acto de imposible reparación violatorio de derechos sustantivos, en términos de la fracción V del artículo 107, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo". También acude en apoyo de lo considerado, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones********************lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Exhortación de tramitar asuntos "en línea". Asimismo, en atención al contenido de la certificación de cuenta, se desprende que el trámite del presente asunto se encuentra en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, por ende, con fundamento en el artículo 28, se exhorta a las partes a que transiten la tramitación del presente juicio hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea********************a través del cual es posible notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, así como el envío de demandas y promociones, todo a través de los recursos tecnológicos. Bajo los siguientes pasos: 1.- Obtén tu firma Electrónica (FIREL). Sólo sigue los pasos: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/SolicitaFirel 2.- Autoriza expresamente la consulta del expediente electrónico y solicita expresamente notificaciones vía electrónica proporcionando tu usuario registrado al Juzgado (requisito para poder acceder al sistema y para la notificación electrónica). * Solo si cumples los dos puntos anteriores es juicio en línea. Autorizado para oír o recibir notificaciones carece de facultad para dicha autorización si aún no lo faculta la parte respectiva. * Solo las partes, apoderados o representantes legales pueden facultar dicha notificación electrónica o encomendarla expresamente al autorizado hacerla a su nombre. 3.- Adicionalmente, puede designar un correo electrónico o teléfono de mero contacto (no sustituye los dos puntos anteriores) ni es medio de notificación. Efectos de no realizar transición a juicio en línea. En la inteligencia que de no realizar el cambio a juicio en línea deberá estar a las reglas de expediente físico y para poder ingresar a las instalaciones que ocupan este Juzgado Federal, solo será por citas, las cuales atenderán a la Agenda del Juzgado, partiendo de la premisa que solo se pueden señalar dos cada media hora, y que el sistema de asignación es automatizado, de acuerdo a la fecha y hora disponible. Sin cita, no se le permitirá la entrada a las instalaciones que ocupan este Juzgado Federal, de conformidad con los artículos 3, 15 y 21 del Acuerdo General 21/2020, ya señalado. El permiso de entrada QR no es transferible, tiene vigencia limitada al horario agendado y únicamente para acudir al órgano jurisdiccional especificado. Favor de atender las indicaciones sanitarias, lineamientos y restricciones del Acuerdo referido que son en pro del bien individual y colectivo. Evite desatenderlas y mayores molestias. Personas vulnerables deberán precisarlo desde la agenda en cita para consultar en el área asignada para su propia protección. Sin perjuicio de lo anterior, las partes pueden consultar la lista electrónica la síntesis del acuerdo publicada o simple consulta electrónica del expediente previa solicitud y usuario electrónico que proporcione conforme el asignado por el Portal relativo. Aspecto que evita mayores molestias o exposición innecesaria. Disponibilidad de consulta de acuerdos por lista electrónica en lugar de estrados (física). En la inteligencia que, mientras el presente asunto no sea juicio en línea, queda expedito a las partes, en general, consultar la información disponible en la lista de acuerdos electrónica que aparece publicada en el Portal del Consejo de la Judicatura Federal: www.cjf.gob.mx en el apartado de "Servicios y Trámites", rubro consultas, donde están disponibles por fechas las listas de acuerdos generadas en los diferentes órganos que conforman el Poder Judicial de la Federación, con independencia que será la Administración Regional en Querétaro, del Poder Judicial de la Federación, quien se encargará de colocar la lista física, en un fácil acceso para quienes no cuenten con cita, con fundamento en el artículo 21, del multicitado Acuerdo. Dado que es un hecho notorio la reanudación de plazos conforme a la publicación oficial del Acuerdo relativo del Consejo de la Judicatura Federal, la presente determinación notifíquese por lista y oficio las partes conducentes********************según corresponda. En el entendido que, una vez que se reciban los anexos relativos al juicio de amparo directo, el que da origen al presente juicio de amparo, se acordará lo que en derecho corresponda. Habilitación de Días y Horas inhábiles Con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. Vista para omitir datos personales Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. Autorizados y domicilio procesal Por otra parte, se tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Tomás Rojas Salazar, y en términos del segundo párrafo del citado numeral a las diversas personas que indica por no contar con el registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se le tiene como domicilio procesal el que señala en su escrito de demanda.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTISÉIS DE SEPTIEM,BRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 1033/2022, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, TODA VEZ QUE FUERON OMISOS EN ACUDIR A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE LA MISMA

  4. Principal

    Sin embargo, toda vez que no se ha remitido el escrito inicial de demanda y anexos correspondientes, de momento, únicamente se ordena formar el expediente relativo y registrar en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional, así como dar de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) con el número de amparo 1033/2022-III; por tanto, este Juzgado Federal se reserva a acordar lo que en derecho corresponda, una vez que la Superioridad remita la demanda de amparo y anexos correspondientes; asimismo de la manera más atenta se solicita a la Superioridad remita a la brevedad que le sea posible las constancias necesarias para que este órgano de control constitucional pueda emitir la determinación correspondiente y así evitar una dilación en la impartición de justiciaÓscar Fernando Ramírez Hernández, Secretario del juzgado que autoriza y da fe.

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