Cesar Hernández Santiago

Expediente 645/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
645/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
30/12/2021

Partes del expediente

  • Cesar Hernández Santiago

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guarda los autos, y la certificación de cuenta, se desprende que el auto donde se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó desechar la demanda de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes (SISE) y en el libro de gobierno.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Demanda de Amparo identificación de partes. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos que reclama del Instituto Mexicano del Seguro Social, los cuales considera que transgreden derechos fundamentales que consagra el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 645/2021. Digitalización. Se procede a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o de los datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. El expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que, para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Estudio de la demanda. El artículo 113 de la ley de la materia, impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". La jurisprudencia en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, entendiéndose por manifiesto cuando se advierta de forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, escrito aclaratorio y anexos y por indudable que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso, y aunque se tramite el juicio, ello no va a variar. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción II del artículo 5º, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, numerales que refieren: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." La citada causa de improcedencia invocada se actualiza, toda vez que el acto reclamado consistente en ". el ilícito descuento y/o retención desproporcionado al pago de la pensión jubilatoria." no resulta ser un acto de autoridad para efectos del amparo, sino del resultado de la relación entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el trabajador, asegurado o beneficiario. Es cierto que el acto debatido tiene una naturaleza eminentemente laboral, pero se considera que la responsable, no actúa con una potestad de imperio. En efecto, el acto reclamado no es un acto de autoridad, dado que en este juicio de amparo el Instituto Mexicano del Seguro Social, subdelegación Ciudad Valles, no desarrolla una relación de supra a subordinación, como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino que actuó en un plano de igualdad. Ese tipo de relación difiere sustancialmente, de la que se entabla entre autoridad y gobernado, y al efecto, resulta conveniente acudir al concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativo el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de 1997, tesis P. XXVII/97, página 118, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Como se advierte el Pleno del Alto Tribunal sostiene que la autoridad para efectos del juicio de amparo, es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y, por ende, que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Así, el concepto de autoridad responsable, debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro. Para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, donde éstos actúan en un mismo plano. De ahí que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por propia mano, se establecieron en la ley los procedimientos ordinarios, necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios, para que coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, precisamente porque dichas partes se encuentran en el mismo nivel. En otras palabras, existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad, y por ello, la Constitución Federal establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad, sin necesidad de acudir a los tribunales. También es útil destacar la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, bien pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho, que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. En el asunto, el vínculo jurídico entre la parte quejosa y el referido organismo descentralizado señalado como responsable, se gesta con base en un crédito denominado "cred. Jub-Pen" (crédito jubilado pensionado) que se otorga a solicitud del interesado, lo que implica que tiene la categoría de asegurado y, en consecuencia a disfrutar de las prestaciones que otorga el ente asegurador; por ende, se trata de una relación de coordinación a la que el Instituto Mexicano del Seguro Social, no acude investido de imperio, pues aun cuando respecto de ese preciso vínculo jurídico, unilateralmente, por sí y ante sí, podría afectar la esfera jurídica de los gobernados, en principio, concurre como ente asegurador que tiene entre sus objetivos fundamentales organizar y administrar el Seguro Social, servicio público de carácter nacional. Asimismo, se estima aplicable la Jurisprudencia por contradicción de tesis, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 303, Tomo XXX, diciembre 2009 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que cumple con la función del Estado de prestar el servicio público de seguridad social, y que además de tener la función de autoridad fiscal autónoma tiene el carácter de ente asegurador. Ahora bien, contra la omisión atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social, de responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su carácter de asegurador, no procede el juicio de garantías pues no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del amparo, pues la relación que existe entre el asegurado y el Instituto en comento en dicho supuesto es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que en esta hipótesis, el juicio de amparo será improcedente." Por otra parte, si bien la relación jurídica que existe entre los asegurados y el Instituto Mexicano del Seguro Social, no constituye en todos los casos una consecuencia directa de la existencia de un vínculo laboral, debe tomarse en cuenta que, atendiendo a que las prestaciones de seguridad social que derivan de esa relación se prevén en el artículo 123, apartado "A", fracción XXIX, de la Constitución General de la República, desde la entrada en vigor de la primera Ley del Seguro Social, el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido Instituto y sus asegurados, por la naturaleza constitucional de las prestaciones cuya tutela se reclama, corresponden al ámbito competencial de los tribunales federales laborales, en términos de lo dispuesto en la fracción XX, del citado precepto constitucional y en el artículo 604, de la Ley Federal del Trabajo. También es pertinente señalar que la propia Ley del Seguro Social, dispone en su artículo 295, lo siguiente: "Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante los Tribunales Federales en materia laboral, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa." Ante ello, resulta inconcuso que ha sido criterio del legislador estimar que, los conflictos suscitados entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y los asegurados o sus beneficiarios, en relación con las prestaciones sociales que le corresponde otorgar, constituyen auténticas controversias de hechos íntimamente relacionados con las relaciones de trabajo. Entonces, las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto, sobre las prestaciones que la ley les otorga, no constituyen actos de autoridad, sino una relación de coordinación, pues el Instituto concurre como ente asegurador que tiene entre sus objetivos fundamentales organizar y administrar el Seguro Social, servicio público de carácter nacional, por lo que las controversias que se susciten entre ellos, deben ser ventilados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que es un órgano creado por la ley para ese fin. Como ya se indicó el acto reclamado carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad. Tiene aplicación al caso, la Tesis la tesis V.2°.46 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 816, tomo X, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, que indica: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO NO ACTÚA COMO PERSONA REVESTIDA DE IMPERIO FRENTE AL PARTICULAR. En las controversias surgidas entre el asegurado y el Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de prestaciones otorgadas por la ley que regula a este organismo público descentralizado, la actuación de éste no se encuentra revestida de imperio frente al particular, porque el acto impugnado carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad, dado que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social establece que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto, sobre las prestaciones que la referida ley otorga, podrán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por lo que si el citado artículo le da el carácter de particular al Instituto Mexicano del Seguro Social, en virtud de que puede ser demandado como tal ante la autoridad del trabajo, luego, es obvio que en esas circunstancias no podría sujetársele al juicio de garantías, reclamándole actos que, en todo caso, podrían ser demandados ante otra instancia, como lo es el otorgamiento de una pensión o la falta de acuerdo al respecto." También sustenta lo anterior la tesis I.4o.A.115 A, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 856, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. CUÁNDO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. Si el Instituto Mexicano del Seguro Social emite una resolución donde dilucida una controversia surgida entre un asegurado y el propio Instituto, respecto de prestaciones otorgadas por la ley que lo regula, es claro que no actúa como persona de derecho público revestida de imperio frente al particular, por lo que el acto a él atribuido carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad; por lo mismo, será un juicio de diversa índole el idóneo para reclamar el pago de la cantidad que señala, de acuerdo con el artículo 275, de la Ley del Seguro Social, ya que en este caso, el Instituto Mexicano del Seguro Social no es autoridad para efectos del amparo." No se inadvierte que la parte quejosa trascribió parte de la resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito emitida en el recurso de queja 36/2021, en la que, en síntesis, se sostuvo que corresponde al estudio de fondo propio de la sentencia de amparo determinar si los actos reclamados provienen o no de autoridad para efecto del juicio de amparo, sin embargo, esa resolución es de un circuito judicial distinto, en el que las particularidades del caso no permitían hacer el análisis respectivo. Lo que en el caso no ocurre, porque la parte quejosa aportó como prueba el recibo de la pensión que percibe de la que se advierte que se le descuenta el concepto 322 consistente en el crédito pensionado-jubilidado, que otorga el instituto a sus asegurados, por lo que se corrobora el carácter con el que actuó el ente asegurador señalado como responsable. Además, en oposición al criterio adoptado por dicho tribunal, está la tomada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en sesión de veintiséis de junio de dos mil catorce, en el expediente QT.- 112/2014, en la que consideró que el Instituto Mexicano del Seguro Social, al efectuar descuentos a una pensión en razón de un crédito otorgado como beneficio del asegurado no es un acto que proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo y por ende confirmó el auto en que se desechó la demanda de amparo, como ocurre en este asunto. Lo que es un hecho notorio para éste órgano jurisdiccional en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II del artículo 5º, del mismo ordenamiento, este último aplicado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda promovida por César Hernández Santiago, por propio derecho, contra los actos que reclama del Instituto Mexicano del Seguro Social. Autorizados. Se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Martín Augusto Hernández Hernández, María Carolina Vera Arcos y José Lucio Castro González toda vez que cuentan con sus respectivas cédulas profesionales de licenciados en derecho ante el Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Respecto a Abigail Muñoz, al realizar la búsqueda de la cédula profesional 11682538, en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaria de Educación Pública que proporciona; dicho registro pertenece a Abigail Ortega Muñoz, por lo que debe tenerse en los términos precisados en el párrafo que antecede. Por otra parte, se autoriza únicamente para oír notificaciones y recibir notificaciones e imponerse de autos a Edwin Alejandro Solís Solís, Javier Maldonado Santiago y Carlos Fernando Niño Valdivia por así haberlo solicitado la parte quejosa. Domicilio. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Francisco I. Madero entre las calles Reforma y Salazar, número treinta y uno, zona Centro, de esta ciudad; sin embargo, el promovente solicita se realicen las notificaciones vía electrónica, lo que se proveerá en el apartado respectivo. Expediente electrónico. Ahora, toda vez que la parte quejosa señala como nombre de usuario "EXCUTOR" el cual se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; con fundamento en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la consulta electrónica del presente expediente y la presentación de promociones vía electrónica en el presente juicio. En otro contexto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de amparo, todas las notificaciones que se realicen en el presente asunto, aún aquellas que sean de carácter personal, realícense por vía electrónica por así haberse solicitado expresamente. Resulta aplicable la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la Décima Época, de la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2498, número de registro 2018958, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE PUEDAN HACERSE RESPECTO DE RESOLUCIONES, SE REQUIERE DE SOLICITUD EXPRESA DEL INTERESADO, CONTAR CON FIRMA ELECTRÓNICA Y DE LA AUTORIZACIÓN DEL JUZGADOR. El artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo autoriza que las notificaciones en el juicio puedan hacerse vía electrónica a las partes, condicionado a que así lo soliciten y que previamente hayan obtenido la firma electrónica. Por su parte, los numerales 77 a 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2015, prevén la posibilidad de que las partes consulten el expediente electrónico respectivo, lo que se supedita a la previa solicitud expresa del interesado y a la autorización del juzgador ante quien se tramite el asunto, con la determinación de que dicha cuestión no implica, por sí misma, el permiso para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales, pues para ello se exige, en primer término, la solicitud expresa mediante una promoción impresa o electrónica, cumpliendo los requisitos respectivos, aunado a que el Juez es el único facultado para autorizar o revocar los permisos necesarios para realizar notificaciones en esta forma. En esa tesitura, si se solicita la vinculación del juicio de amparo con un nombre de usuario, de concederse, únicamente tiene como consecuencia poder consultar el expediente electrónico; dicho en otras palabras, la circunstancia de que a solicitud expresa, el expediente electrónico se vincule a un determinado usuario, no implica que por ese hecho, las notificaciones se harán electrónicamente, pues para ello se requiere de una solicitud expresa del interesado, entre otros requisitos." De igual manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo, adviertan una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este juzgado federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Reproducción electrónica. Por otro lado, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada número I.13o.T.15 K (10a.), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 9, agosto de 2014, Tomo III, página 1560, con número de registro 2007298, que a la letra dice: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL).La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Expedición de copias. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, expídanse a costa de las partes, las copias de las constancias que integren el presente juicio y de las remitidas por las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, sin necesidad de promoción y acuerdo que le recaiga; lo anterior, siempre y cuando las constancias solicitadas no contengan datos sensibles, reservados o confidenciales en términos de la Ley de Transparencia. Para ello bastará: I) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del juzgado responsable de su expediente; (II) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado más cercano al edificio en el que se encuentra este juzgado federal; y, (III) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. En el entendido de que a efecto de que se la haga entrega de la copia que soliciten o la obtención de imágenes por medios electrónicos de las constancias existentes en el expediente, la parte interesada deberá generar la cita correspondiente en el Portal Judicial de la Federación, en el micro sitio "Servicios Jurisdiccionales", donde se localiza el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles para acudir a este juzgado federal, y al efecto se otorgara un código QR, que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional -en un horario de las doce horas con treinta minutos a las dieciocho horas con treinta minutos, de lunes a viernes-, en la inteligencia de que el límite máximo de la duración de la cita es de veinticinco minutos; por lo que, se le exhorta a presentarse puntualmente en el horario elegido; asimismo, deberá cumplir con las medidas sanitarias establecidas en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que en caso de incumplimiento se podrá restringir el acceso o en su caso, se procederá a su expulsión del recinto, de conformidad con el artículo 7 del acuerdo general en cita. Protección de datos personales. Conforme a los artículos 23, 70 fracción XXXVI, y 73 fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación actuarial. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Exhortación para utilizar el "juicio en línea". En otro aspecto, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de las personas y la propagación del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que en la medida de lo posible accedan a las herramientas tecnológicas necesarias para efecto de continuar con la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Cabe precisar que en el caso de que la anterior exhortación no sea atendida por la totalidad de las partes, no será posible que el presente asunto se trámite mediante el esquema denominado "juicio en línea", en tanto que para que ello sea posible, resulta necesario que todas y cada una de las partes cuenten con acceso a medios electrónicos. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma electrónicamente Gloria Paulina Aza Plascencia, Jueza Séptima de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante Luis Ignacio Arredondo Veytia, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

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