Cesar Hernández Bolaños

Expediente 1399/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1399/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • Cesar Hernández Bolaños

Actuaciones

  1. Principal

    POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LO SIGIENTE: Morelia, Michoacán, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE DEMANDA. Establecido lo anterior, el suscrito procede a realizar el análisis de la demanda de amparo generadora del expediente en que se actúa. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por su parte, el artículo 62 de la Ley de Amparo, dispone: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Ahora, de la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa César Hernández Bolaños, reclama del Juez Civil de Primera Instancia de Maravatío, Michoacán, lo siguiente: a) El auto de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio oral familiar número 864/2019, que sobre perdida de la patria potestad promueve Gabriela Hernández Hernández, ante el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Maravatío, Michoacán. Sin embargo, del análisis del escrito inicial de la demanda, y constancias que adjuntó a la misma, conduce a considerar que, respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18 de dicha normatividad, según se verá a continuación: El artículo 61, fracción XIV, de la ley en cita, dispone lo siguiente: "El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" Por su parte, los preceptos 17 y 18 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De conformidad con el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, el término genérico para promover la demanda de garantías es de quince días, el cual, en términos del numeral 18 de dicha ley, debe computarse de acuerdo a los siguientes supuestos: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame. b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; o, c) Desde el día siguiente al en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Sentado lo anterior y para un correcto entendimiento del asunto, resulta pertinente enfatizar que, tanto de los antecedentes reseñados por el peticionario del amparo, como de las copias aportadas por éste como anexos de su demanda, se obtiene que: 1. El ocho de noviembre del año en curso, el Juez señalado como responsable en el presente asunto, dictó un acuerdo, mediante el cual, estableció una pensión alimenticia, a cargo del hoy quejoso y a favor de la menor C.G.H.H., por un monto equivalente al 30% de las percepciones mensuales que obtiene como empleado del H. Ayuntamiento del Municipio de Maravatío, Michoacán; además, determinó que los únicos descuentos susceptibles de tomarse en cuenta son los fijos, es decir, los correspondientes al impuesto sobre la renta (impuestos sobre productos de trabajo), de fondo de pensiones y las aportaciones que se enteren al Instituto Mexicano del Seguro Social como cuotas. 2. Posteriormente, el aquí quejoso hizo del conocimiento al Juez responsable que, actualmente, cuenta con un crédito en la institución crediticia SOFI EXPRESS, por la cantidad de $21,000.00 (veintiún mil pesos 00/100 m.n.), y que por ese concepto mensualmente se le descuenta la cantidad de $1,444.00 (mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.). 3. Por ese motivo, el cuatro de diciembre pasado, el Juez Primero Civil de Primera Instancia de Maravatío, Michoacán, requirió al aquí quejoso para que, dentro del término de tres días, indicara con qué finalidad proporcionó la información antes mencionada. 4. En mérito de lo anterior, por escrito presentado ante el Juzgado responsable el cinco de diciembre siguiente, el aquí quejoso Hernández Bolaños, manifestó que la mencionada información la proporcionó con la finalidad de que se tomara en cuenta el crédito antes aludido, como parte de las deducciones de su salario; y, que el descuento por concepto de pensión alimenticia se calculara únicamente respecto del resto de las percepciones obtenidas. 5. Finalmente, el nueve de diciembre pasado, el Juez responsable, dictó aun auto a través del cual ordenó que se hiciera del conocimiento del ahora amparista que debería de estarse a lo acordado en auto de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, en donde se le indicó cuáles son las deducciones fijas legales que se deben tomar en consideración del salario del trabajador, siendo la firmeza del procedimiento garantía de las partes, y por ello todo auto que no haya sido recurrido deberá seguir rigiendo en los términos en que se emitió, materia del acto que se reclama en esta instancia constitucional. De lo expuesto hasta aquí se obtiene que, si bien el peticionario del amparo pretende combatir el proveído de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio oral familiar número 864/2019, lo cierto es que en dicho proveído únicamente se le remitió a lo determinado en el proveído de ocho de noviembre anterior, porque fue en ese acuerdo donde se determinó los conceptos que deberían tomarse en cuenta como deducciones y como percepciones, para el cálculo de la pensión. Lo anterior, quiere decir que, en realidad, el proveído que le generaba perjuicio al hoy peticionario del amparo era el de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, precisamente porque fue donde se determinó las condiciones sobre las que deberían calcularse el débito alimentario. Luego, si ni de las constancias aportadas por el amparista, ni de lo manifestado por éste, se obtiene que dicho proveído haya sido impugnado; válidamente puede afirmarse que dicho proveído fue consentido tácitamente por el ahora peticionario del amparo. Esto implica que, si en la especie el proveído combatido -nueve de diciembre de dos mil diecinueve-, es una mera consecuencia de lo determinado el ocho de noviembre pasado, el presente juicio resulta improcedente; precisamente porque se trata de un acto derivado de otro consentido. Al respecto, resulta aplicable la tesis que se inserta en seguida: "Época: Séptima Época Registro: 232011 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 217-228, Primera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 9 ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Amparo en revisión 3616/86. Aceros y Laminado del Norte, S.A. de C.V. 26 de mayo de 1987. Unanimidad de veinte votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Octava Parte, tesis 19, página 38, bajo el rubro 'ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA'". Máxime, que en el caso, no podría tomarse como acto reclamado el proveído de ocho de noviembre pasado -el cual fue listado en su fecha-, porque la demanda que se provee fue presentada hasta el dieciséis de diciembre actual, lo cual patentiza que, a la fecha, transcurrió en demasía el término para la promoción del juicio de amparo en contra de aquella determinación. No es óbice, que las constancias aportadas por el peticionario del amparo sean copias simples; porque dicho medio de convicción se encuentra robustecido con la protesta de decir verdad formulada en la demanda que se provee; pues dichas manifestaciones vertidas por el peticionario del amparo merecen valor probatorio pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los preceptos 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por los motivos expuestos, se cita la jurisprudencia cuyo contenido y datos de localización son los siguientes: "Época: Octava Época Registro: 214035 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XII, Diciembre de 1993 Materia(s): Común Tesis: Página: 857 DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESION EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa". Amparo en revisión 132/93. Anselmo José Zanella García. 4 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: María del Rocío F. Ortega Gómez". Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por el aquí quejoso Cesar Hernández Bolaños, por su propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Maravatío, Michoacán. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Jorge Arturo Hernández García, José Guadalupe Núñez Paredes y Nanci Perdomo Díaz, sin la plenitud de facultades a que se refiere el artículo 12, de la Ley de Amparo, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que no existe registro de las cédulas profesionales que los acrediten que se encuentran facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/6310/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

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