César Gustavo Nogales García
Expediente 36/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 36/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 20/03/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- César Gustavo Nogales García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
MESA "2" VISTA LA CUENTA QUE ANTECEDE, EL JUEZ ACUERDA, DADO QUE EL DÍA DE HOY, QUEDÓ FIRME EL ACUERDO DE VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, EN EL QUE SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO 36/2015-2, DE DONDE EMANA EL PRESENTE INCIDENTE Y SE ORDENÓ EL ARCHIVO DEFINITIVO, COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO; EN TAL VIRTUD, EN CUANTO AL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEDUCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS REFERIDO, Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA SE NEGÓ, CON FUNDAMENTO EN EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO, FRACCIÓN III, PRIMER PÁRRAFO, DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, SE HACE CONSTAR QUE SERÁ SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, PREVIA SU DESINCORPORACIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN MÁS DE CINCO AÑOS DE HABERSE ORDENADO EL ARCHIVO DEL JUICIO PRINCIPAL COMO ASUNTO CONCLUIDO. HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO QUE SE LLEVA EN ESTE JUZGADO, ATENTO A LO DISPUESTO EN EL APARTADO VIGÉSIMO QUINTO DEL ACUERDO CONJUNTO INVOCADO.
- Principal
MESA "2" VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE, DE LA QUE SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO LEGAL QUE ESTABLECE EL 86 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, PARA QUE LOS QUEJOSOS CÉSAR GUSTAVO NOGALES GARCÍA Y MARISOL GARCÍA GUARDADO, INTERPUSIERAN RECURSO DE REVISIÓN CONTEMPLADO EN EL NUMERAL 81, INCISO D), DE LA LEY DE LA MATERIA, EN CONTRA DEL ACUERDO DE VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, EN LA QUE SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 355 Y 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, APLICADO SUPLETORIAMENTE A LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2° DE ESTA LEGISLACIÓN, SE DECLARA QUE DICHA DETERMINACIÓN HA QUEDADO FIRME PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES; POR LO QUE, HÁGANSE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO RESPECTIVO. EN ESA VIRTUD, HÁGASE LO ANTERIOR DEL CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA; Y, CON FUNDAMENTO EN EL NORMATIVO 214 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, PREVIAS LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO, ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO. POR OTRA PARTE, COMO DE LA CERTIFICACIÓN SECRETARIAL QUE ANTECEDE SE DESPRENDE QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE CARECE DE DOCUMENTOS ORIGINALES Y DE RELEVANCIA JURÍDICA, HISTÓRICA Y/O DOCUMENTAL, EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO, FRACCIÓN I, DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, SE HACE CONSTAR QUE EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA SERÁ SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, PREVIA SU DESINCORPORACIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN MÁS DE CINCO AÑOS DE HABERSE ORDENADO SU ARCHIVO COMO ASUNTO CONCLUIDO, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO. ASIMISMO, EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO VIGÉSIMO, FRACCIÓN III, DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, EL DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DERIVADO DEL EXPEDIENTE EN QUE ACTÚA, SERÁ SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, PREVIA SU DESINCORPORACIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN MÁS DE SEIS MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO Y RESPECTO AL DESTINO FINAL DEL CUADERNO ORIGINAL DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, ACUÉRDESE EN EL MISMO LO CORRESPONDIENTE. FINALMENTE, HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE JUICIOS DE AMPARO QUE SE LLEVA EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL APARTADO VIGÉSIMO QUINTO DEL ACUERDO CONJUNTO INVOCADO.
- Principal
MESA "2" VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA ADSCRITA A ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, DE LA QUE SE DESPRENDE QUE TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO OTORGADO A LOS QUEJOSOS CÉSAR GUSTAVO NOGALES GARCÍA Y MARISOL GARCÍA GUARDADO, O A CUALQUIERA DE SUS AUTORIZADOS, A FIN DE QUE SE PRESENTARAN EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO PARA SER NOTIFICADO DEL ACUERDO DE VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, DICTADO POR ESTE JUZGADO DE DISTRITO; POR TANTO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DEL PACTO FEDERAL, NOTIFÍQUESE A LOS QUEJOSOS DE REFERENCIA, EL PROVEÍDO MENCIONADO POR MEDIO DE LISTA. ACUERDO: "MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE. Vista la certificación que precede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el término de concedido a los quejosos CÉSAR GUSTAVO NOGALES GARCÍA y MARISOL GARCÍA GUARDADO, en auto de cinco de febrero de dos mil quince, para que tres días contados a partir de su legal notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniera, en relación a la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, sin que hubiesen realizado manifestación alguna; por lo tanto, se procede a realizar el estudio de la causal de improcedencia antes descrita. Del escrito inicial de demanda, se aprecia que los quejosos CÉSAR GUSTAVO NOGALES GARCÍA y MARISOL GARCÍA GUARDADO, señalaron como actos reclamados: a) La orden aprehensión. b) La orden de detención. c) La orden de presentación. d) La violación al derecho fundamental de nombrar abogado defensor en los autos de la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/894/2014, contemplado en el artículo 20 Constitucional. e) La negativa de las autoridades responsables de permitir la intervención de los abogados particulares de los quejosos en los autos de la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/894/2014. Y como autoridades responsables: 1) Procurador General de la República. 2) Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada; y. 3) Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, de la Procuraduría General de la República. En ese tenor, se advierte que el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, de la Procuraduría General de la República, al momento de rendir su informe justificado, al pronunciarse respecto de la existencia del acto reclamado señalado en el inciso b), manifestó que los promoventes de amparo, fueron detenidos en flagrancia y en base a un operativo policiaco y denuncia ciudadana e incluso cuando fueron detenidos tenía a una persona privada de su libertad en un inmueble que usaban como casa de seguridad. Respecto de los actos señalados en los incisos d) y e) la representación social responsable, negó su existencia pues refirió que de las declaraciones ministeriales de los disconformes, se advierte que, por lo que hace a CÉSAR GUSTAVO NOGALES GARCÍA, el diez de enero de dos mil quince, se le hizo saber el derecho que tenía a nombrar abogado para que lo asistiera en dicha declaración, posteriormente se le hizo saber que en la Subprocuraduría que representa la responsable, se encontraban adscritos Defensores Público Federales, por lo que, el quejoso solicitó se le nombrara a uno de ellos, siendo este el licenciado José Federico Labastida Salomón; asimismo, por lo que hace a la quejosa MARISOL GARCÍA GUARDADO, de igual forma, negó los actos señalados en lo incisos d) y e), ya que de su declaración ministerial de diez de enero de dos mil quince, se desprende que se le hizo saber el derecho que tenía de nombrar abogado para que la asistiera en dicha diligencia, y posteriormente solicitó le fuera nombrado como su abogado al Defensor Público Federal, Jorge Carlos Heredia García, a quien se le notificó debidamente el cargo antes dicho. (foja 18-19) Sin embargo, de las constancias que acompañó el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, de la Procuraduría General de la República, a su informe justificado, se advierte que el catorce de enero de dos mil quince, en los autos de la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/894/2014, ejerció acción penal en contra de los impetrantes de garantías CÉSAR GUSTAVO NOGALES GARCÍA y MARISOL GARCÍA GUARDADO, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro, en agravio de Roberto López Domínguez, previsto en el artículo 9, fracción I, inciso a), en relación con el 10, fracción I, incisos a), b) y c) (foja 23), los cuales fueron puestos a disposición del Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en Turno con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, también se advierte que la quejosa MARISOL GARCÍA GUARDADO ingresó al Centro Federal de Readaptación Social número 4 "Noroeste" en el área Femenil, y por su parte el quejoso CÉSAR GUSTAVO NOGALES GARCÍA, ingresó al Centro Federal de Readaptación Social número 4 "Noroeste" (foja 25). En esas condiciones, este Juzgado de Distrito considera que en el caso concreto, como del mencionado informe y de las constancias de las cuales se hace referencia en líneas precedentes, se actualiza una causal de improcedencia que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo, misma que debe estudiarse oficiosamente, lo aleguen o no las partes en la tramitación del asunto, toda vez que las causales de improcedencia son una cuestión de orden público y preferentes. Tiene aplicación al caso la tesis jurisprudencial número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Así como la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". En ese tenor, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XVII del citado artículo 61 de la ley de la materia, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. .". En efecto, este Juzgado de Distrito considera que en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVII del cuerpo normativo invocado, en virtud que como se dijo, de las manifestaciones que realizó el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, de la Procuraduría General de la República, al rendir su informe justificado, se pone en evidencia que el catorce de enero de dos mil quince, dentro de las actuaciones que integran la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/894/2014, de su inventario, se consignó ante el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en Turno con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, a los quejosos CÉSAR GUSTAVO NOGALES GARCÍA y MARISOL GARCÍA GUARDADO, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro, en agravio de Roberto López Domínguez, previsto en el artículo 9, fracción I, inciso a), en relación con el 10, fracción I, incisos a), b) y c) cometido en agravio de Roberto López Domínguez; de lo que deriva que ha cambiado la situación jurídica de los justiciables de mérito, pues pasaron de tener la calidad de detenidos a consignados ante autoridad judicial; por ello deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones reclamadas en los actos que señalaron en los incisos b), d) y e) , porque no se puede decidir al respecto sin afectar la nueva situación jurídica, puesto que la situación jurídica que tenían los impetrantes de garantías cuando promovieron el presente juicio de amparo respecto de dichos actos reclamados, era de detenidos. Bajo esa óptica, la causal de improcedencia en comento, se refiere al cambio de situación jurídica, es decir, la posición de los quejosos frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de diversos preceptos a su caso en particular, ese cambio de situación jurídica, acontece en la especie, el cual se entiende como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las posibles violaciones Constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. A mayor abundamiento, como ya se dijo, no pueden examinarse las violaciones alegadas por los peticionarios de amparo respecto a los actos que reclaman, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido (consignación ante autoridad judicial de CÉSAR GUSTAVO NOGALES GARCÍA y MARISOL GARCÍA GUARDADO por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro, en agravio de Roberto López Domínguez, previsto en el artículo 9, fracción I, inciso a), en relación con el 10, fracción I, incisos a), b) y c) cometido en agravio Roberto López Domínguez, (foja 23) respectivamente, verbigracia, si este Juzgado de Distrito analiza los actos reclamados indicados en los incisos b) d) y e), y declara fundadas las objeciones de los mismos, tendrían que anularse por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible y contrario a la finalidad del juicio de amparo, pues la sentencia de amparo no podría restituir a la impetrante en el goce pleno de sus garantías individuales violadas, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el solicitante de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis 2a. CXI/96, visible en la página 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son, y que si bien refiere a preceptos legales contenidos en la Ley de Amparo que fue abrogada a raíz de la entrada en vigor de la Legislación en la materia, también es que la naturaleza jurídica de los actos que menciona en su contenido, no han variado: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". En consecuencia, al haberse consignado a CÉSAR GUSTAVO NOGALES GARCÍA Y MARISOL GARCÍA GUARDADO por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro, en agravio de Roberto López Domínguez, previsto en el artículo 9, fracción I, inciso a), en relación con el 10, fracción I, incisos a), b) y c) cometido en agravio Roberto López Domínguez, ante la autoridad judicial, como consecuencia de ello, operado el cambio de situación jurídica, lo conducente es conforme a la fracción V del numeral 63, concatenado con el diverso 61, fracción XVII, ambos de la Ley de Amparo, SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo promovido por CÉSAR GUSTAVO NOGALES GARCÍA y MARISOL GARCÍA GUARDADO, en contra de los actos reclamados precisados en los incisos b), d) y e), que le atribuyen a las autoridades señaladas como responsables en el escrito de demanda. Por analogía jurídica, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia XIII.2o. J/6, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 1076, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, que reza, y que si bien refiere a preceptos legales contenidos en la Ley de Amparo que fue abrogada a raíz de la entrada en vigor de la Legislación en la materia, también es que la naturaleza jurídica de los actos que menciona en su contenido, no han variado: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO, SI DURANTE SU SUSTANCIACIÓN SE EMITIÓ AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Es inexacto que el Juez Federal deba abordar el estudio de las posibles violaciones cometidas en la orden de aprehensión, cuando no se dan los supuestos previstos en la segunda parte de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, siendo su redacción actual, conforme a la reforma por decreto de ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, la siguiente: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. ..."; de ahí que, excluidas de dicho apartado las violaciones al artículo 16 constitucional, esta segunda parte de la fracción y precepto legal aludidos no resulta aplicable, porque el acto reclamado lo constituye una orden de aprehensión, regida por los requisitos establecidos en el artículo 16 constitucional; por tanto, no corresponde analizar las violaciones que pudiera contener la orden de captura reclamada, ante el pronunciamiento del auto de formal prisión, porque tratándose de violaciones a dicho precepto constitucional, con el dictado de esta última resolución, sobreviene un cambio de situación jurídica de los indiciados, en términos de la primera parte de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, lo cual obliga a decretar el sobreseimiento en el juicio, como correctamente lo determinó el Juez Federal". También resulta aplicable, por similitud jurídica, la jurisprudencia número VII.1o.P. J/42, visible en la página 875, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época: Instancia: Primer Tribunal Colegiado En Materia Penal Del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son, y que si bien refiere a preceptos legales contenidos en la Ley de Amparo que fue abrogada a raíz de la entrada en vigor de la Legislación en la materia, también es que la naturaleza jurídica de los actos que menciona en su contenido, no han variado: "IMPROCEDENCIA, SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y POSTERIORMENTE SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN. APLICACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY DE AMPARO (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 1999). Es correcto el sobreseimiento decretado por el a quo en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, en el que se reclamó la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso, por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que en el caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías a que se refiere el artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en virtud de que consta en autos que la autoridad responsable, decretó formal prisión al quejoso y ello conlleva a establecer que ha operado un cambio de situación jurídica; lo anterior es así, atento la reforma del artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación y que en lo conducente dice: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto." En la inteligencia de que tal situación no priva de defensa a los peticionarios de amparo, en virtud de que la determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica de los quejosos, cuando éstos se encuentran privados de su libertad por haber cometido un ilícito, y durante la sustanciación del juicio se le ejerce acción penal y consigna ante autoridad judicial, pues de las copias certificadas de cuenta, se advierte que la libertad de los quejosos se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen Constitucional del acto reclamado sin afectar su nueva situación derivada del auto de enjuiciamiento; de modo que las posibles violaciones contenidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable, lo que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia Constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan las pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el ordinal 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cobra aplicación al respecto el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, visible en la página número 386 del Tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Novena Época, de rubro y tenor siguientes, y que si bien refiere a preceptos legales contenidos en la Ley de Amparo que fue abrogada a raíz de la entrada en vigor de la Legislación en la materia, también es que la naturaleza jurídica de los actos que menciona en su contenido, no han variado: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite, conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No es óbice para la anterior determinación, que el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, de la Procuraduría General de la República, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados en los incisos a) y c) y el Procurador General de la República y Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, en su respectivo informe justificado negaron la existencia de la totalidad de los actos que los promoventes de amparo les atribuyeron, pues, de igual forma operaría el sobreseimiento ya que se actualiza una hipótesis de sobreseimiento en el juicio de amparo que nos ocupa, esta es la establecida en el primer supuesto del primer párrafo de la fracción IV, del normativo 63 de la Ley de Amparo, la cual establece lo siguiente: "Artículo 63- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; ." En la inteligencia de que tal situación no priva de defensa a los solicitantes del amparo, en virtud de que la presente determinación se sustenta en una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, ante tales circunstancias y por las razones expuestas, se deja sin efectos la audiencia Constitucional señalada para las NUEVE HORAS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE. Tal situación hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE...."
- Principal
MESA "2" CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 61 Y 62 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN AL NUMERAL 2° DE ÉSTA, AGRÉGUESE A SUS AUTOS ÚNICAMENTE PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA, LA INTERVENCIÓN MINISTERIAL NÚMERO 77/2015 SIGNADA POR LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA, TODA VEZ QUE MEDIANTE PROVEÍDO DE VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO.
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