César Gustavo Navarro López

Expediente 1252/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1252/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
26/11/2021

Partes del expediente

  • César Gustavo Navarro López
  • Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. I. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta se hizo constar que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la determinación de veinte de octubre de dos mil veintiuno, en el presente juicio de amparo, y así, hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo hayan hecho, en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. II Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido. III. Orden de destrucción. Toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. IV. Información reservada. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. V. Oposición de datos personales. Asimismo, se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. VII. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros electrónico y de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE).

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veinte de octubre de dos mil veintiuno. Se sobresee fuera de audiencia en el juicio. De las actuaciones del presente juicio de amparo, así como del contenido del informe justificado rendido por la citada Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se advierte que se ha actualizado la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 63, en su fracción IV de la Ley de Amparo, que estatuye lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y" De la porción normativa trascrita se advierte que establece dos supuestos específicos que constituyen motivos de sobreseimiento del juicio de amparo; a saber: a) Cuando con las constancias que obran en los autos del juicio, es suficiente para tener plenamente demostrado que no existe el acto que se reclama, o bien; b) Cuando la existencia del acto reclamado no se acredita en la audiencia constitucional. Además, debe precisarse que la existencia del acto reclamado debe analizarse, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, en tanto que, de otra manera, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del juicio de amparo. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 79, julio de 1994, página 15, registro 206346, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja" En el mismo sentido se pronunció la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo X, agosto de 1992, Octava Época, página 145, registro 206800, cuyo rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO. SU ANÁLISIS DEBE HACERSE EN RELACIÓN A LA FECHA EN QUE SE IMPUGNA. La existencia del acto reclamado, debe estimarse, en general, con relación a la fecha en que se presente la demanda de amparo respectiva, pues de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse previsiblemente de actos posteriores y distintos de los que dieron origen a la queja, lo que además de ser contrario a la técnica que rige en el juicio de garantías, sería violatorio de lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, que establece: "el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable" En el caso, la quejosa señala como acto reclamado: la omisión de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco de dictar laudo en el expediente laboral 1783/2017. No obstante, en el informe justificado rendido por la autoridad responsable en veintidós de septiembre del año en curso, la responsable manifestó que es cierto el acto reclamado, toda vez que si bien no ha emitido laudo, ello obedece a que no se han desahogado la totalidad de las pruebas orecidas por las partes contendientes dentro del juicio laboral, consecuentemente no se ha cerrado el periodo de instrucción, siendo, por tanto, inviable dictar laudo en este momento procesal. Manifestaciones que acredita con las copias certificadas que remitió en apoyo a su informe, de las que se advierte que, en auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno la responsable remitió oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, rinda el informe solicitado en atención a lo peticionado por la oferente, las cuales de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Las cuales se plasman a continuación para mayor claridad: De lo anterior, se colige, que no existe la omisión atribuida; sino que, en el caso, se trata de una imposibilidad jurídica, pues, en la etapa en que se encuentra el juicio, a la fecha en que presentó la demanda de amparo, esto es, nueve de julio del año en curso, la Junta responsable no está en aptitud de dictar el laudo de mérito. En de afirmarse lo anterior, de conformidad con los artículos 685, párrafo primero, 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, que establecen: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. (.)" "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo." "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." Los preceptos transcritos ponen de manifiesto la obligación de la autoridad responsable, de que, al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales; además, en caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo, asimismo que, una vez desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Finalmente, precisa que, hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo. Es decir, la obligación de la Junta de formular el proyecto de laudo, nace a partir de que se declara cerrada la instrucción. Precisado ello, tenemos que, en el caso, la Junta responsable, el treinta de septiembre del año en curso ordenó girar de nueva cuenta, oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de desahogar la prueba ofertada en autos; motivo por el cual no se ha cerrado instrucción, y en consecuencia no se ha dictado laudo correspondiente. Es decir, en el caso, a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, es decir, el siete de julio del año en curso, aún no se encontraba cerrada la instrucción en el juicio laboral y, por tanto, la Junta responsable no estaba en posibilidad de dictar o formular laudo. Con base en todo lo anterior, se tiene que lo reclamado a la responsable, no resulta ser una omisión, sino una imposibilidad jurídica, por no encontrarse el juicio laboral en la etapa procesal conducente para la emisión o dictado del laudo. Así, según el caso no se actualiza la omisión a que hace referencia la quejosa y por tanto, se actualiza, el motivo de improcedencia previsto en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, de ahí que, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo. Lo cierto es que, en el particular, no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que al estar plenamente demostrado que la omisión que reclama no existe en el juicio natural, ya que se encuentra acreditado que la responsable ya emitió el pronunciamiento respectivo y señaló fecha para el desahogo de la audiencia de demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. Lo que a su vez permite concluir que resulta ocioso e innecesario postergar la conclusión del presente sumario, en virtud de que el sentido de la resolución que al respecto se emita, sin duda, seguiría siendo el mismo. Sostener lo contrario, aun cuando existe certeza de que en nada práctico conduce postergar la conclusión del presente juicio constitucional, sería en detrimento de los principios de impartición de justicia pronta, expedita y acceso efectivo a la jurisdicción, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. No está por demás agregar que la improcedencia del juicio constitucional es una cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que el juez de Distrito está obligado a decretar el sobreseimiento en cuanto aparezca, durante su trámite, alguna causal de improcedencia o de sobreseimiento, incluso sin necesidad de dar vista previamente a la parte quejosa. II. Se deja sin efectos audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las CATORCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Citatorio Principal.- Se notifica por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, a la parte quejosa, el acuerdo autorizado el veinte de octubre todos de dos mil veintiuno, mediante el cual, De las actuaciones del presente juicio de amparo, así como del contenido del informe justificado rendido por la citada Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se advierte que se ha actualizado la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 63, en su fracción IV de la Ley de Amparo, que estatuye lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y" De la porción normativa trascrita se advierte que establece dos supuestos específicos que constituyen motivos de sobreseimiento del juicio de amparo; a saber: a) Cuando con las constancias que obran en los autos del juicio, es suficiente para tener plenamente demostrado que no existe el acto que se reclama, o bien; b) Cuando la existencia del acto reclamado no se acredita en la audiencia constitucional. Además, debe precisarse que la existencia del acto reclamado debe analizarse, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, en tanto que, de otra manera, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del juicio de amparo. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 79, julio de 1994, página 15, registro 206346, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja" En el mismo sentido se pronunció la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo X, agosto de 1992, Octava Época, página 145, registro 206800, cuyo rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO. SU ANÁLISIS DEBE HACERSE EN RELACIÓN A LA FECHA EN QUE SE IMPUGNA. La existencia del acto reclamado, debe estimarse, en general, con relación a la fecha en que se presente la demanda de amparo respectiva, pues de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse previsiblemente de actos posteriores y distintos de los que dieron origen a la queja, lo que además de ser contrario a la técnica que rige en el juicio de garantías, sería violatorio de lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, que establece: "el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable" En el caso, la quejosa señala como acto reclamado: la omisión de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco de dictar laudo en el expediente laboral 1783/2017. No obstante, en el informe justificado rendido por la autoridad responsable en veintidós de septiembre del año en curso, la responsable manifestó que es cierto el acto reclamado, toda vez que si bien no ha emitido laudo, ello obedece a que no se han desahogado la totalidad de las pruebas orecidas por las partes contendientes dentro del juicio laboral, consecuentemente no se ha cerrado el periodo de instrucción, siendo, por tanto, inviable dictar laudo en este momento procesal. Manifestaciones que acredita con las copias certificadas que remitió en apoyo a su informe, de las que se advierte que, en auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno la responsable remitió oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, rinda el informe solicitado en atención a lo peticionado por la oferente, las cuales de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Las cuales se plasman a continuación para mayor claridad: De lo anterior, se colige, que no existe la omisión atribuida; sino que, en el caso, se trata de una imposibilidad jurídica, pues, en la etapa en que se encuentra el juicio, a la fecha en que presentó la demanda de amparo, esto es, nueve de julio del año en curso, la Junta responsable no está en aptitud de dictar el laudo de mérito. En de afirmarse lo anterior, de conformidad con los artículos 685, párrafo primero, 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, que establecen: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. (.)" "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo." "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." Los preceptos transcritos ponen de manifiesto la obligación de la autoridad responsable, de que, al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales; además, en caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo, asimismo que, una vez desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Finalmente, precisa que, hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo. Es decir, la obligación de la Junta de formular el proyecto de laudo, nace a partir de que se declara cerrada la instrucción. Precisado ello, tenemos que, en el caso, la Junta responsable, el treinta de septiembre del año en curso ordenó girar de nueva cuenta, oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de desahogar la prueba ofertada en autos; motivo por el cual no se ha cerrado instrucción, y en consecuencia no se ha dictado laudo correspondiente. Es decir, en el caso, a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, es decir, el siete de julio del año en curso, aún no se encontraba cerrada la instrucción en el juicio laboral y, por tanto, la Junta responsable no estaba en posibilidad de dictar o formular laudo. Con base en todo lo anterior, se tiene que lo reclamado a la responsable, no resulta ser una omisión, sino una imposibilidad jurídica, por no encontrarse el juicio laboral en la etapa procesal conducente para la emisión o dictado del laudo. Así, según el caso no se actualiza la omisión a que hace referencia la quejosa y por tanto, se actualiza, el motivo de improcedencia previsto en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, de ahí que, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo. Lo cierto es que, en el particular, no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que al estar plenamente demostrado que la omisión que reclama no existe en el juicio natural, ya que se encuentra acreditado que la responsable ya emitió el pronunciamiento respectivo y señaló fecha para el desahogo de la audiencia de demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. Lo que a su vez permite concluir que resulta ocioso e innecesario postergar la conclusión del presente sumario, en virtud de que el sentido de la resolución que al respecto se emita, sin duda, seguiría siendo el mismo. Sostener lo contrario, aun cuando existe certeza de que en nada práctico conduce postergar la conclusión del presente juicio constitucional, sería en detrimento de los principios de impartición de justicia pronta, expedita y acceso efectivo a la jurisdicción, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. No está por demás agregar que la improcedencia del juicio constitucional es una cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que el juez de Distrito está obligado a decretar el sobreseimiento en cuanto aparezca, durante su trámite, alguna causal de improcedencia o de sobreseimiento, incluso sin necesidad de dar vista previamente a la parte quejosa. II. Se deja sin efectos audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las CATORCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, a cinco de octubre de dos mil veintiuno. Se recibe oficio. Téngase por recibido el oficio suscrito por el Presidente de la Junta Especial número Diecisiete, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que se le formuló en auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, remite copia certificada de las constancias, en las que sustentó su informe justificado, las cuales se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, en términos del numeral 119 de la ley de la materia. Se da vista a las partes. En razón de lo anterior, dese vista a las partes con las constancias respectivas para los efectos legales a que haya lugar, en el entendido de que las constancias quedan a su disposición en la secretaria de este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

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