Cesar Gustavo Miranda Rosales

Expediente 1221/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 6 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1221/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
06/11/2019

Partes del expediente

  • Cesar Gustavo Miranda Rosales

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por -, en cuanto apoderado jurídico de -, carácter que se le reconoce en término de lo dispuesto en el numeral 10 de la Ley de Amparo, por así acreditarlo con la documental que acompaña, consistente en copia cotejada del Poder General otorgado ante la Fe del Notario Público Número 87, con Ejercicio en Tacámbaro, Michoacán; regístrese su ingreso en el Libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número I-1221/2019-P. Ahora bien, del análisis a la demanda de garantías a estudio, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ".IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: Sentencia de fecha 15 quince de octubre del 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, dentro del Toca número I-314/2019, relativo al recurso de apelación interpuesto por el ahora quejoso -, a través de sus autorizados en términos amplios del artículo 1069 del Código de Comercio, los licenciados -, dentro del Juicio con número de expediente 459/2015, en contra de la audiencia de remate en su primera almoneda, celebrada el 13 trece de agosto del presente año, que sobre pago de pesos promovió el endosatario en procuración de -, frente a -." Actos, respecto de los cuales, la suscrita estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 62 y 107 fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, por las siguientes razones: Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, prescriben: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El primero de los preceptos pone de manifiesto, que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo; por su parte el segundo precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora, en el particular, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, éste último aplicado a contrario sensu, los cuales textualmente señalan: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" (Lo resaltado es por este Juzgado) Es así, pues tomando en consideración los antecedentes de la demanda que se analiza, ponen de relieve que, los actos que la parte promovente pretende reclamar consistentes en la resolución de quince de octubre de dos mil diecinueve, emitida en el toca número I-314/2019, que declaró infundado el recurso de apelación planteado por el quejoso y confirmó la audiencia de remate en su primera almoneda, desahogada el trece de agosto de la presente anualidad, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 459/2015, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, los mismos fueron pronunciados en el procedimiento de remate. Ahora, aún y cuando es cierto que de conformidad por lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, éste aplicado a contrario sensu, el juicio de garantías, procede respecto de actos emitidos en el procedimiento de remate, también lo es que, ese precepto legal determina que, sólo será procedente contra la última resolución, que es la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento; lo anterior es importante destacarlo en atención a que, si bien en dicha etapa se emiten autos y resoluciones intermedias, estas determinaciones no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento y en la especie, el promovente pretende combatir la determinación de quince de octubre pasado, dictada en el toca número I-314/2019, que declaró infundado el recurso de apelación contra la audiencia de remate en su primera almoneda, respecto del bien inmueble embargado, desahogada el trece de agosto de la presente anualidad, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 459/2015, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, determinación que no constituye un acto definitivo que haga procedente el juicio constitucional, al no constituir la última determinación judicial que ha de dictarse en ese procedimiento y, por ende, no se está ante el supuesto previsto por el del artículo 107, IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, éste aplicado a contrario sensu, para la procedencia del juicio de amparo, ya que de actualizarse dicha hipótesis, ello sería, se reitera, hasta que se emita la última resolución en dicho procedimiento, lo que le daría a l impetrante la posibilidad de formular demanda de garantías señalándose las violaciones que considere fueron cometidas en el procedimiento llevado a cabo para cumplir con la referida sentencia, incluidas las violaciones que aduce en los conceptos de violación de su demanda se han cometido durante la etapa ejecutiva de la sentencia y que considere han dejado sin defensa a la parte peticionaria de amparo. Tiene aplicación sobre el particular la jurisprudencia consultable en la página 1066, del Tomo II, 29 de abril de 2016, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, aprobada por la Primera Sala del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Asimismo, tiene aplicación sobre el particular por analogía la jurisprudencia consultable en la página 16, del Tomo V, abril de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESION "ÚLTIMA RESOLUCION", A QUE SE REFIERE EL PARRAFO SEGUNDO DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.- El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la última resolución que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente"; y por analogía jurídica, la jurisprudencia número 235, sustentada por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 159, Tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "EJECUCION DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo". Sin que en el caso particular nos encontremos en el supuesto de excepción que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en el criterio jurisprudencial 108/2010; para aplicar por analogía lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, éste aplicado a contrario sensu, y estimar procedente el juicio de amparo contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, pues la resolución de quince de octubre último, emitida en el toca número I-314/2019, que declaró infundado el recurso de apelación interpuesto en contra de la audiencia de remate verificada el trece de agosto del presente año, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 459/2015, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, no afecta de manera inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa imposibles de reparar, pues es evidente que solo afectaría derechos procesales dentro de la fase de ejecución; por lo que, si estamos en presencia de un acto que tiende a ejecutar una sentencia, se trata de un acto que sólo podrá verse reparado, de serle favorable, en el amparo que interponga contra la última resolución dictada en etapa de ejecución. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 62 y 107 fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, éste último aplicado a contrario sensu, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo formulada por - en cuanto apoderado jurídico de -, contra el acto reclamado al Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, por la razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. De igual forma, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 5°, 6° y 7° y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, que entró en vigor el dos de abril del año dos mil cuatro, así como lo establecido en el número 8° de la Ley en cita, hágase saber a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia ejecutoria en el presente juicio, que tienen expedito su derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales e información respecto del expediente en que se actúa, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implica que en la difusión de este fallo, en la versión impresa o electrónica, se supriman dichos datos, salvo su nombre, en la medida que no impidan conocer el criterio sustentado por el órgano jurisdiccional respectivo. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Finalmente, se tiene por señalado el domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones personales, y por autorizado para tal efecto, así como para imponerse de autos a -, por así solicitarlo la parte quejosa.

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