Cesar Gustavo Lavander

Expediente 470/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
470/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
31/08/2021

Partes del expediente

  • Cesar Gustavo Lavander
  • Juez de Control del Tribunal de Garantias Y Juicio Oral Penal del Partido Judicial En Tijuana, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Feneció término legal. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución de tres de agosto de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio; sin que lo hubieran hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años, meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Cuaderno incidental original. Se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción I, inciso a) del artículo 18 del mismo acuerdo; por tanto, consérvese el expediente en el archivo de este juzgado por un plazo de tres años, computado a partir de esta fecha, y transcurrido dicho plazo hágase su depuración, debiéndose conservar únicamente la determinación por la cual se concedió la suspensión provisional. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II del artículo 20 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícense las anotaciones en el libro de gobierno. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Incidental

    ÚNICO. Se niega a César Gustavo Lavander, la suspensión definitiva en términos del considerando tercero de esta resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, dos de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que feneció el plazo de tres días hábiles concedido a la parte quejosa en proveído de veintiuno de julio del año en curso, para que corrigiera la denominación de la autoridad responsable que señaló como Comandante de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, con sede en Mexicali, Baja California. Sin que al momento lo hubiere hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de referencia y con fundamento en lo dispuesto en el numeral 108, fracción III de la Ley de Amparo, se tiene por inexistente a la autoridad ante mencionada, por lo que se ordena suspender toda comunicación con la misma. Desechamiento de ampliación. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso, mediante el cual manifiesta que es su deseo ampliar la demanda de amparo, en su capítulo de actos reclamados y autoridades responsables; señalando como nuevos actos los siguientes: Todo lo actuado dentro de la carpeta de investigación con número único de caso 04-2017-29595; y, Todo lo actuado en la causa penal 2740/2020, del índice del Juzgado de Control del Partido Judicial de Tijuana. Asimismo, manifiesta que tuvo conocimiento de los actos reclamados el ocho de julio de dos mil veintiuno, al tener a la vista el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. Ahora, una vez analizado el escrito que se atiende, este juzgado federal advierte que debe desecharse respecto al acto reclamado consistente en la integración de la carpeta de investigación instruida en contra del quejoso; lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dicho precepto se advierte que es obligación de este juzgado de Distrito analizar si en la especie se actualiza alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, y de ser así, ante lo manifiesto e indudable de la improcedencia advertida desecharla. Luego, es ineludible precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, con relación al acto reclamado consistente en la integración de la carpeta de investigación instruida en contra del quejoso, se considera que se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b) interpretado, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [.] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De la transcripción de los artículos y fracciones que contiene la causa de improcedencia invocada, se advierte que el amparo solicitado ante un Juez de Distrito, cuando se reclamen actos provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, sólo será procedente cuando esos actos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Pues bien, la interpretación de la causal de improcedencia invocada, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, las posesiones, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio; y los actos de ejecución reparable, o intraprocesales, no afectan ese tipo de valores, sino que producen la posibilidad de que esa afectación se pueda reflejar al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Bajo ese contexto, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que infringen derechos sustantivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela para los gobernados; en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Ahora, respecto del acto reclamado, consistente en la integración de la carpeta de investigación con número único de caso 04-2017-29595, instruida en contra de César Gustavo Lavander, se estima que si bien pudiera estar ocurriendo dentro de una carpeta de investigación seguida a nombre del quejoso, tal actuar no tiene sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, dado que no ataca de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos del ciudadano, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior, ya que en todo caso, eventualmente, corresponderá al juez ante quien se consigne la carpeta de investigación relativa, resolver sobre el pedimento del representante social, siendo ésta la única determinación que realmente afecta la esfera jurídica del agraviado. Máxime, que de llegar a estimarse procedente el juicio biinstancial promovido en contra de la orden de investigación emitida dentro de una averiguación previa o carpeta de investigación, conllevaría al entorpecimiento de las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público por mandato constitucional, en cuanto a la investigación y persecución de los delitos. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1ª. CXXXV/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trecientos cincuenta y uno del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XX Diciembre de 2004, con el rubro y texto: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO: El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad". Asimismo, la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 154/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Mayo de 2006, del contenido literal siguiente: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO: La posibilidad de impugnación de los actos acaecidos durante la averiguación previa a través del juicio de amparo indirecto, debe determinarse de manera casuística -en aras de preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función indagatoria-, considerando fundamentalmente si se trata de actos cuyos efectos podrán o no desvirtuarse a través del proceso judicial. Así, los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tal virtud, la omisión de dicho representante social de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto, pues tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así". Ahora, por lo que hace al acto que señaló como todo lo actuado en la causa penal 2740/2020, del índice del Juzgado de Control del Partido Judicial de Tijuana. Debe destacarse, que el mismo que deriva del informe con justificación rendido por el juez responsable, en el que manifestó que no ha girado orden de aprehensión, detención o cualquiera de privación de la libertad, en contra del quejoso; sin embargo, César Gustavo Lavander, se encuentra relacionado a la causa penal 2740/2020, de su índice, en la se señalaron las quince horas del veintiuno de junio de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia inicial de formulación de imputación, en contra del aquí quejoso, y esta se dejó sin efectos, toda vez que no se localizó al promovente. En atención a ello, debe desecharse la ampliación de demanda, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Toda vez que el acuerdo emitido en la causa penal en mención, a través del cual se cita a las partes a la celebración de la audiencia inicial, constituye una infracción de índole procesal, que no transgrede los derechos fundamentales de índole sustantiva del quejoso. Dado que en éste únicamente se señala data para que tenga verificativo la audiencia inicial solicitada por el agente del Ministerio Público, y consecuentemente se ordena la citación del ahora quejoso, constituye una infracción de índole procesal que no transgrede de manera cierta, directa e inmediata los derechos sustantivos fundamentales del impetrante, sino que sus efectos son de naturaleza eminentemente formal o procesal, susceptibles de ser reparados con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio de origen, con lo cual, desaparecería "sin dejar ninguna huella" en la esfera jurídica del quejoso, por lo cual, no se está en presencia de un acto que tenga ejecución irreparable. El acto reclamado de referencia, se emitió iniciado el proceso penal, pues de conformidad al artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se citó al quejoso en calidad de imputado, esto es, se fijó fecha para la celebración de la audiencia inicial ante el juez de control. Por lo cual, la citación reclamada no actualiza los actos de imposible reparación, ya que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Carta Magna y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano es parte, pues no tiene por objeto privar de la libertad, ni siquiera temporalmente, ya que de conformidad con el artículo 141 del Código Nacional adjetivo penal, podrá ordenarse la comparecencia a través de la fuerza pública, únicamente en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna. Así, el acto reclamado no puede considerarse como un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, o bien, un acto consistente en una medida restrictiva de la libertad, ni siquiera temporalmente, aunado a que el juez responsable informó que la fecha señalada para la celebración de la audiencia inicial, se dejó sin efectos al no ser localizado, por lo que la citación reclamada únicamente genera una afectación que desaparece por el hecho de obtener resolución definitiva favorable, entonces, aquélla no trascendió, y por ende, no provocó un daño real y concreto en la esfera jurídica del justiciable. Máxime cuando de los datos que hasta este momento se obtienen del juicio constitucional, no se advierte algún menoscabo personal, laboral y económico, en la esfera del recurrente, que se haya originado con motivo de su citación a la audiencia inicial. Asimismo, debe tomarse en consideración que el Juez de Control del Poder Judicial de Baja California, con sede en Tijuana, informó que no ha girado ninguna orden privativa de la libertad en contra del quejoso, y que la último actuación en la causa penal 2740/2020, fue cuando se dejó sin efectos la citación de las partes a la audiencia inicial, en virtud de que no se localizó al imputado. Se robustece lo anterior, con la tesis 1a./J. 78/2018 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 239, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, Décima Época, con registro digital 2018828, cuyo rubro y texto dicen: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la ampliación de demanda promovida por César Gustavo Lavander, por los nuevos actos reclamados. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que feneció el plazo de tres días hábiles concedido a la parte quejosa en proveído de cinco de julio del año en curso, para que corrigiera la denominación de la autoridad responsable que señaló como Titular de la Unidad de Investigación de Violencia Familiar, en Tijuana, Baja California. Sin que al momento lo hubiere hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de referencia y con fundamento en lo dispuesto en el numeral 108, fracción III de la Ley de Amparo, se tiene por inexistente a la autoridad ante mencionada, por lo que se ordena suspender toda comunicación con la misma. Autoridad inexistente. Ahora, vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que al realizar una consulta en la página de internet www.estafeta.com, de la que se desprende que el oficio 13813, fue devuelto. Requerimiento. Por tanto, requiérase a la parte quejosa para que al momento de la notificación o dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste lo que a su derecho convenga, ya sea corrigiendo la denominación de la autoridad, o bien, acreditando su existencia. En la inteligencia de que si no lo hace, se tendrá por inexistente a la autoridad que indica en los términos del artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar con precisión a la autoridad responsable (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); suspendiéndose toda comunicación con la misma y en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación. Apoya esta determinación la tesis XIII.P.A. J/8 P (10a.) del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 2341, Libro 63, febrero de 2019, tomo II, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 2019352, cuyo rubro y texto dicen: "DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE AUTORIDADES RESPONSABLES. PREVIO A DECRETARLA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE OTORGAR AL QUEJOSO SU DERECHO DE AUDIENCIA. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo señala que uno de los requisitos de la demanda es precisar el nombre de las autoridades responsables. Esto es, dicha circunstancia constituye una carga para el quejoso, lo que implica que si éste señala una denominación incorrecta de la autoridad o, en su caso, que ésta no existe, el juzgador tiene la facultad de declararla inexistente; sin embargo, una vez que el Juez de Distrito tiene la información relativa a la inexistencia de la autoridad responsable señalada en la demanda, para realizar la declaratoria correspondiente debe escuchar primero al quejoso, es decir, darle vista con esa información y requerirle para que manifieste lo que a su derecho convenga, ya sea que aclare la denominación, desista de dicho señalamiento o acredite la existencia de la autoridad. En consecuencia, previo a decretar la inexistencia de una autoridad responsable, el Juez de Distrito debe otorgar al quejoso su derecho de audiencia, previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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