Cesar Guadalupe Espinoza López

Expediente 128/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 23 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
128/2022
Año
2022
Actuaciones
23
Última actuación
13/04/2023

Partes del expediente

  • Cesar Guadalupe Espinoza López
  • Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Vista la constancia secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de once de octubre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2 de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído que sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por ********************, ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Hágase la anotación correspondiente en el Libro Uno de Juzgado, Juicios de Amparo, así como en la carátula de este expediente y archívese como asunto totalmente concluido. Se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, once de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que en proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, se tuvo al Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia, con sede en esta ciudad, remitiendo copias certificadas de diversas actuaciones derivadas de la carpeta de investigación número 0202-2019-10920 de su índice, entre las que destaca la constancia de hechos de veintidós de junio del presente año, de la que se observa que se entregó copia de la citada carpeta al ofendido, aquí quejoso, César Guadalupe Espinosa Lopez, por conducto de su abogado, Jesús Alberto Tirado Vega, quien a su vez tiene el carácter de autorizado en el presente controvertido. Asimismo, de las constancias que integran el sumario en que se actúa, se aprecia el escrito presentado el veintinueve de junio del año en curso, por el autorizado del quejoso, el que manifestó: ".vengo a informar a usted C. JUEZ que las copias de la carpeta de investigación con el NUC: 0202-2019-10920 solicitadas por medio del escrito de fecha 17 de febrero de 2021 ya fueron expedidas por la Autoridad C. Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio, Sociedad y Justicia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California." Por tanto, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, esta juzgadora advierte de manera notoria la existencia de una causa de improcedencia que determina el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia, como lo señala el precepto 63, fracción V, de la ley apenas citada, que se invoca de oficio y fuera de audiencia, por tratarse de una cuestión de orden público. Ahora bien, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa señaló como acto reclamado: "IV.- ACTO RECLAMADO: Se reclama de la autoridad responsable, la omisión de expedir las copias de la carpeta de investigación con el NUC: 0202-2019-10920, solicitadas por medio del escrito de fecha 17 de febrero de 2021, presentado en fecha 08 de abril de 2021, transgrediendo y vulnerando los artículo 16, 109, del CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." Del contenido de las constancias remitidas por el Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia, con sede en esta ciudad, se obtiene que el veintidós de junio del presente año, dentro de la carpeta de investigación NUC: 0202-2019-10920, del índice de la citada autoridad, se entregó al abogado de la parte ofendida, aquí quejosa, copia simple de todo lo actuado en la referida carpeta. Actuaciones de las cuales se desprende que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que se debe sobreseer el presente juicio fuera de audiencia, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Se cita al respecto el criterio jurisprudencial número 814 que se localiza en la página 553 del Tomo VI de la materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la federación de 1917 a 1995, de la Octava Época, con registro 394770, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." [.] En sustento de lo anterior, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Pues bien, se afirma que se actualiza dicha causal de improcedencia, en virtud de que la parte quejosa hace consistir sustancialmente el acto reclamado en la omisión de la autoridad responsable de expedirle copias de la carpeta de investigación con el NUC: 0202-2019-10920; cuya existencia se corroboran con el informe justificado emitido por el Agente del Ministerio Público responsable, quien afirmó la omisión reclamada, así como con las constancias remitidas con el oficio agregado al expediente en auto de treinta y uno de agosto del presente año, de las que se obtiene que el veintidós de junio del presente año, dentro de la carpeta de investigación NUC: 0202-2019-10920, del índice de la citada autoridad, se entregó al abogado de la parte ofendida, aquí quejosa, copia simple de todo lo actuado en la referida carpeta. Lo cual se robustece con el escrito presentado el veintinueve de junio de esta anualidad, por el autorizado del impetrante, en el que toralmente manifestó que ya le habían sido entregadas las copias solicitadas, relativas a la carpeta de investigación antes mencionada. Documentales que participan de plena eficacia demostrativa de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de dicho ordenamiento. Con base en lo anterior, se afirma que se actualiza la referida causal de improcedencia, en virtud de que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión de entregarle copias de la carpeta de investigación NUC: 0202-2019-10920, mismas que solicitó mediante escrito en diecisiete de febrero de dos mil veintiuno; sin embargo, según se advierte de las constancias que remitió la responsable y que obran en autos -las cuales fueron valoradas con antelación- el veintidós de junio del año en curso, le fueron entregadas las copias de mérito a la parte ofendida, aquí quejosa. Por lo que, al haberse entregado las copias solicitadas, es dable concluir que ha cesado la omisión reclamada y en consecuencia sus efectos, desapareciendo del mundo fáctico y jurídico, pues tal cesación de efectos trajo como consecuencia directa que volvieran las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, de ahí la actualización de la causal de improcedencia en estudio. En estas condiciones, al evidenciarse que los efectos del acto reclamado en este juicio constitucional han desaparecido o han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es que se actualiza la referida causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, del diverso de la misma ley, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Lo anterior se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Apoya lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, tesis 2a./J. 9/98, página 210, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Sin que sea obstáculo a la anterior determinación, el hecho de que en auto de diecinueve de septiembre del año en curso, se hayan señalado las nueve horas con veinte minutos de este día, para la celebración de la audiencia constitucional, ya que la misma no se llevaría a cabo, al encontrarse pendiente el emplazamiento del tercero interesado. Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL" El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011" Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Asimismo es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA" Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por César Guadalupe Espinoza López. Por tal motivo, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos de esta propia data. Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones correspondientes conforme a la ley aplicable con el oficio correspondiente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente María del Socorro López Villarreal, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ante Francisco Javier Ayala Valenzuela, Secretario que autoriza y da fe, asimismo, certifica que el presente acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente físico y electrónico del Juicio de Amparo 128/2022-2. Doy fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentran realizando las gestiones necesarias a fin de entregar el oficio 30481/2022, dirigido a la autoridad Servicio de Administración Tributaria, con domicilio en esta ciudad, en el cual, se ordenó reexpedir los diversos 22337/2022 y 19799/2022, por el que se le requiere a efecto de que realice una búsqueda e investigación del domicilio del tercero interesado Jaime Cobos Alvidres a efecto de llevar a cabo su emplazamiento. -Diferimiento- En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las nueve horas con veinte minutos del once de octubre de dos mil veintidós, para su verificativo. Notifíquese.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio y anexo de cuenta que remite el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos Contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia, con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención a lo solicitado en auto de treinta de junio de este año, remite copia certificada de diversas constancias que integran la carpeta de investigación con número único de caso 0202-2019-10920 de su índice, a fin de ponerlas a disposición de la parte quejosa, toda vez que no les ha sido posible entregarles personalmente las mismas; por tanto, dese vista a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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