Cesar GonzàLez Pantaleon
Expediente 369/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 369/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Cesar GonzàLez Pantaleon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En Ciudad de México, a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de garantías número 369/2021-VII, en audiencia pública el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Francisco Javier Rebolledo Peña, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes ni representante de ellas. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentra la demanda de amparo promovida por César González Pantaleón, por propio derecho, con la admisión de la demanda de amparo de doce de abril de dos mil veintiuno, las constancias de emplazamiento a las partes. Enseguida, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias que antecede. A continuación, se abre el período probatorio y se informa al Juez, que la parte quejosa ofreció como pruebas las documentales que exhibió. El Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, exhibidas y admitidas las pruebas documentales, ofrecidas por la quejosa, con las que se da cuenta, que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las cuales serán valoradas en el momento de dictar la resolución correspondiente. Periodo de alegatos, abierto éste, el Secretario hace constar que las partes no hicieron uso del derecho que les confiere el artículo 124 de la Ley de Amparo así como tampoco el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito presentó el pedimento que a su representación social compete. El Juez acuerda: Se declara desierto este periodo. En consecuencia, el Juez acuerda: Téngase por hecha la manifestación que antecede para todos los efectos legales conducentes. Sin existir pruebas, diligencias o pedimento alguno, pendientes por desahogar, se tienen por celebradas las presentes etapas de la audiencia constitucional en términos de esta acta. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 369/2021-VII, promovido por César González Pantaleón, por propio derecho, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Norte de la Ciudad de México, Subdelegación "4" Guerrero; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Por escrito recibido el ocho de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, turnado a este Juzgado de Distrito el cuatro siguiente, César González Pantaleón, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por los actos que a continuación se precisan: SEGUNDO. Por auto de doce de abril de dos mil veintiuno, se radicó la demanda de garantías con el número 369/2021-VIII, se admitió, se dio la intervención que legalmente le corresponde al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Éste Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 37 y 114, fracción II de la Ley de Amparo, 48 en relación con el 52, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Considerando Cuarto, Artículo Primero, fracción I, Artículo Segundo, fracción I, punto 3 y, Artículo Cuarto, fracción I, del Acuerdo General número 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se promueve contra un ordenamiento federal emitido por autoridad administrativa con residencia en la jurisdicción que corresponde a éste juzgado. SEGUNDO. Para efectos de determinar la certeza del acto reclamado, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se toma en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció la obligación de que el juez de amparo analice la demanda de garantías en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento es del rubro y datos de localización siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (Registro: 192097, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32) En el presente caso, de la lectura integral que al efecto se realiza de la demanda, se colige que los actos reclamados son: a) El oficio de once de diciembre de dos mil veinte, signado por el Titular de la Subdelegación "4" Guerreo de la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del cual hace del conocimiento la Autorización de baja del registro patronal, la cual surtiría efectos a partir del once de diciembre de dos mil veinte. TERCERO. Es cierto el acto atribuido al Titular de la Subdelegación 04 Guerrero de la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues así lo aceptó al rendir su informe justificado, certeza que se corrobora con la copia certificada de dicho oficio que obra en autos, al que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 814, aplicada por analogía, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. (Registro: 394770, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página: 553) Ahora bien, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del acto reclamado que por esta vía constitucional reclama. Al respecto, los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establecen: "CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución. ... Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.] De la interpretación de los preceptos transcritos, se aprecia que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de los derechos fundamentales establecidos en la carta magna, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en los artículos 107 de la Constitución General de la República, y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo, obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues como ya se dijo, el juicio de garantías se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. En ese tenor, se desprende que tratándose de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, debe agotarse previamente a la interposición del juicio de amparo. En términos del 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establece que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos dictados por las autoridades administrativas, que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, tal como se desprende del numeral que se transcribe a continuación. "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: ... XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. .... En ese sentido, conviene citar el oficio que por esta via constitucional reclama: De lo anterior, se advierte que el oficio de once de diciembre de dos mil veinte, signado por el Titular de la Subdelegación "4" Guerreo de la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del cual hace del conocimiento la Autorización de baja del registro patronal, la cual surtiría efectos a partir del once de diciembre de dos mil veinte, fundamenta entre otras leyes, en la Ley del Seguro Social, en particular los artículos 5 A, 251, fracción XI, 270, 271 y en su contra procede el juicio contencioso administrativo en términos del artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa. Son aplicables por identidad de razón las tesis 2a.X/2003 y 2a./J. 95/2004, que prevén: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS". ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL. La acción contenciosa administrativa promovida ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la Administración Pública, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan "resoluciones definitivas", y que se encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia que prevé el citado artículo 11; ahora bien, aunque este precepto establece que tendrán carácter de "resoluciones definitivas" las que no admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo sólo por esa expresión, ya que también debe considerarse la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la Administración Pública, que suele ser de dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En ese tenor, cuando se trata de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podrán considerarse resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento, y cuando se impugne ésta podrán reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el dictado de la resolución; mientras que, cuando se trate de actos aislados expresos o fictos de la Administración Pública serán definitivos en tanto contengan una determinación o decisión cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados. (Registro: 184733, Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Febrero de 2003, Administrativa, página 336). "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PREVIO AL JUICIO DE GARANTÍAS NECESARIAMENTE DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 56/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 351, con el rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE DICHO RECURSO AL QUEJOSO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN XV, DE ESA LEY.", sostuvo el criterio de que es innecesario agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo antes de acudir al juicio de amparo indirecto, en los casos en que no se haga del conocimiento del gobernado el recurso que proceda en contra de tal resolución. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a apartarse de tal criterio a fin de establecer que las resoluciones administrativas que en términos del referido artículo 83 son impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de manera optativa a través del recurso de revisión o del juicio de nulidad, necesariamente deberán impugnarse a través de este último, previo al juicio de garantías, en términos del artículo 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que no obstante que se haya optado por sustanciar el recurso de revisión, con posterioridad a éste siempre deberá agotarse el juicio de nulidad. Apoya lo anterior la circunstancia de que en relación con la tramitación del juicio contencioso administrativo, el Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 155/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, página 576, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio de nulidad en los casos en que se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." (Registro: 181026, Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, página 414) Sin que pase desapercibido que las tesis enunciadas en primer término, hacen referencia a la Ley Abrogada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa, toda vez que los supuestos previstos por el numeral 11 del ordenamiento jurídico abrogado, prevalecen en el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora bien, de las consideraciones anteriormente expuestas, éste Juzgado Federal estima que en el caso particular, se actualiza la hipótesis normativa prevista en el numeral en comento, razón por la cual resulta procedente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que el amparo se promueve en contra del oficio de once de diciembre de dos mil veinte, signado por el Titular de la Subdelegación "4" Guerreo de la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del cual hace del conocimiento la Autorización de baja del registro patronal, la cual surtiría efectos a partir del once de diciembre de dos mil veinte, el cual se sustenta, entre otros ordenamientos, en la Ley del Seguro Social, misma que se apoya de manera supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; de ahí que se estime que el oficio reclamado pone fin a la instancia intentada por el quejoso; por lo que, se concluye que el acto reclamado, es impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos del artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del citado Tribunal. Bajo esa tesitura, si el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es procedente en contra de las resoluciones definitivas o actos administrativos que pongan fin a una instancia, como sucedió en el caso, entonces es claro que previamente a la promoción del juicio de amparo se debió agotar ese medio ordinario de defensa, ya que a través de éste se puede obtener la modificación, revocación o anulación del oficio reclamado, así, al no satisfacerse el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, éste juzgado estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Sin que en el caso se actualice alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad y, por tales razones, es que debió agotarse el juicio ante el mencionado órgano antes de promoverse el juicio de amparo. A saber, en la especie los supuestos de excepción se actualizan cuando: 1. El artículo 28, fracción III, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos que los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Resultan aplicables, las jurisprudencias 2ª./J. 130/2013 (10a.), 2a./J. 19/2015 (10a.) y 2a./J. 27/2016, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que disponen: PROCEDIMIENTOCONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. (Registro: 2004553, Décima Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, página 1446) RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado. (Registro: 2008807, Décima Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 783) JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. (Registro: 2011289, Décima Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1194) Por tanto, es válido concluir que el juicio contencioso previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no prevé mayores plazos, no exige más requisitos ni establece menores alcances que los contemplados por la Ley de Amparo para conceder la suspensión, razón por la cual cumple con las condiciones establecidas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que es necesario agotarlo en atención al principio de definitividad. 2. Cuando se impugnan leyes con motivo del primer acto de aplicación. Dicha excepción no aplica pues en el caso, la quejosa no promovió amparo contra leyes. 3. En aquellos casos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. Al respecto debe precisarse que no es obstáculo que la parte quejosa aduzca violaciones directas a la Constitución, toda vez que ello por sí mismo no hace procedente el juicio de amparo, pues de ser así, se dejaría a su arbitrio el tramitar la instancia constitucional o el medio ordinario de defensa, ya que bastaría que únicamente se refirieran en la demanda la contravención a preceptos constitucionales para hacer procedente el juicio. Bajo esa circunstancia, aun cuando los argumentos expuestos por la parte justiciable hagan énfasis sobre violaciones al artículo 16 constitucional, dada la naturaleza del acto que combate en esta instancia, obligaría a examinar aspectos de legalidad que pueden ser materia de análisis en sede ordinaria de defensa, por lo que esta circunstancia no puede tomarse como excepción al principio de definitividad, toda vez que el quejoso puede ser oído con la amplitud respecto de los derechos fundamentales que persigue. Sirvede apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. (Registro: 237480, Séptima Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 175- 180, Tercera Parte, página 119) 4. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan. Al respecto, debe destacarse que al quejoso no le asiste el carácter de tercero extraño. 5. Los que carecen de fundamentación. En este aspecto del contenido del oficio reclamado se advierte la cita de diversos preceptos y razonamientos en los cuales la autoridad apoyó su determinación. 6. En aquellos que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Tampoco se actualiza dicha excepción al principio de definitividad, en razón que el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, prevé la procedencia del juicio contencioso administrativo, el cual tiene por objeto que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, confirme, revoque o modifique los actos reclamados. 7. De igual forma, los actos reclamados no importan el peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los prohibidos por el diverso 22 Constitucional, ni que conlleve violación a los derechos previstos en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. En virtud de que no se actualizó alguna excepción al principio de definitividad, se concluye que debió promoverse el juicio contencioso administrativo antes de acudir a la instancia constitucional. En las condiciones apuntadas, en acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de garantías, se estima colmada la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por lo que SOBRESEE en el juicio por el acto reclamado. No es obstáculo a la conclusión anterior el hecho de que se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no era posible advertir su manifiesta e indudable improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las partes, de tal suerte que la simple admisión de la demanda de garantías no representa un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiera del análisis de las constancias de autos, pues este juzgado está obligado a proceder en tales términos, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo y la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXXXI, página 164, de rubro "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, ES DE ORDEN PUBLICO EL ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73 a 79 y 217 de la Ley de Amparo, así como los demás relativos y aplicables, se: R E S U E L V E. ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, por las razones expuestas en el considerando cuarto de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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Ciudad de México, a diez de mayo de dos mil veintiuno. Se tiene recibido el oficio de cuenta signado por el Titular de la Subdelegación cuatro (04) Guerrero de la Delegación Norte del Distrito Federal hoy Ciudad de México del Instituto Mexicano del Seguro Social, por medio del cual, rinde su informe justificado. Se agrega el oficio de cuenta y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad citada en el párrafo precedente, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente al momento de la celebración de la audiencia constitucional, con éste se da vista a las partes a fin de que manifiesten y puedan hacer valer lo que a su interés y derecho convenga. Con apoyo en el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de la autoridad citada a las personas que menciona. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, del citado ordenamiento, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Sin que haya lugar a tener como medio de comunicación para recibir notificaciones los correos electrónicos y el número telefónico que indica, toda vez que no son vía ni forma para recibir notificaciones conforme a la Ley de Amparo, pues ésta únicamente prevé notificaciones de forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. No obstante, con fundamento en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 citado, dichos correos electrónicos y número telefónico se tomarán en cuenta, únicamente en caso de que sea conveniente entablar alguna comunicación no procesal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, quien autoriza. Doy fe.
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Ciudad de México, a veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio signado por la Directora General de Especialidades Periciales Documentales de la Fiscalía General de la República, mediante el cual hace del conocimiento de este Juzgado de Distrito que se notificó a María del Rosario Martínez Arriaga, perito oficial, el contenido del oficio 20146/2020, correspondiente al proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a sus autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.
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(RAZÓN ACTUARIAL).-VISTO.- POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE 09/ABR/2021, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEÍDO DE REFERENCIA. NOTIFÍQUESE.
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