César Gilberto Fernández Fortoul
Expediente 26/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 26/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 26/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- César Gilberto Fernández Fortoul
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
PERSONAL. ...se reanudan los plazos; por tanto, con fundamento en los artículos 93, fracción IV y 117 de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO para la celebración de la audiencia constitucional. En otro orden de ideas, agréguese a los autos los oficios de cuenta, téngase como correos electrónicos de las autoridades responsables, los que refieren en los oficios que se proveen... Asimismo, se tienen a los correos electrónicos, como medios de comunicación no oficiales. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, REQUIÉRASE a las autoridades responsables referidas. Se aperciben.
- Principal
...se reanudan los plazos. Por tanto, agréguese a sus autos el oficio de cuenta, expídase y remítase por medio de oficio que se gire para tal efecto, copia certificada del escrito de dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Por otra parte, agréguese a sus autos el oficio de cuenta, se tienen por hechas sus manifestaciones y por informadas las gestiones de referencia, de las que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
PERSONAL ELECTRÓNICA. Se tiene por no presentada la demanda de garantías.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y tomando en consideración el oficio registrado con el número de promoción 161, acordado en proveído de quince de enero del año en curso en el presente expediente, signado por la Asesora Jurídica Federal del Instituto Federal de Defensoría Pública del que se advierte que no le ha sido posible localizar al quejoso, por las razones que ahí señala. Por lo anterior, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión, y toda vez que el proveído de siete de enero de dos mil veintiuno contiene una prevención pendiente de ser desahogada, se ordena notificar por lista el mismo. ASIMISMO, EN ESTE ACTO, SE NOTIFICA POR LISTA A LAPRTE QUEJOSA EL DIVERSO AUTO DE FECHA SIETE DE ENERTO DE DOS MIL VEINTIUNO, AUTO, CUYO CONTENIDO ES EL SIGUIENTE: "Ciudad de México; siete de enero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Luz del Carmen Bernard Fuentes, en nombre y en representación de César Gilberto Fernández Fortoul, contra actos del Subrepresentante Federal del Instituto Nacional de Migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 26/2021. Ahora, de un estudio efectuado a la demanda que nos ocupa, se advierte que la parte promovente acude a este órgano jurisdiccional a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos reclamados consistentes en: ? La inminente deportación y/o expulsión de los Estados Unidos Mexicanos. ? La incomunicación y ausencia de asesoría legal del quejoso. ? La privación de la libertad personal fuera de procedimiento. ? La detención del quejoso, en las instalaciones del Aeropuerto de la Ciudad de México. ? La privación de la libertad de tránsito. ? El Acta de Rechazo. ? La falta de notificación o emplazamiento a procedimiento migratorio. ? La negativa de permitirle el acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y por ende la violación al principio de no devolución y discriminación hacia el quejoso. ? La violación a su derecho al debido proceso y acceso a la justicia. De igual forma, del capítulo de antecedentes, se advierte, en síntesis, lo siguiente: «[.] El día de hoy 07 de enero de 2021, aproximadamente a las 15:40 horas, se recibió una llamada en las oficinas de Asesoría Jurídica Federal en la Ciudad de México, del Instituto Federal de Defensoría Pública, por parte de Katiuska Fernández Morales quien informó que su hermano el quejoso César Gilberto Fernández Fortoul de nacionalidad venezolana, se encuentra incomunicado o detenido en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración que están en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde las 10:56 horas de esta fecha y con la probabilidad de ser devuelto a su país de origen o procedencia, no obstante ser solicitante de refugio.». Por tales motivos, es que se surte la hipótesis prevista en el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: «Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I.- De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera del procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos». En tales condiciones, tomando en consideración los actos que la parte promovente señala como reclamados en su demanda de garantías, se estima que este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, carece de competencia legal para conocer de la demanda que nos ocupa, por cuanto a los siguientes actos: ? La inminente deportación y/o expulsión de los Estados Unidos Mexicanos. ? La incomunicación y ausencia de asesoría legal del quejoso. ? La privación de la libertad personal fuera de procedimiento. ? La detención del quejoso, en las instalaciones del Aeropuerto de la Ciudad de México. ? La privación de la libertad de tránsito. Es así, ya que conforme a la disposición legal transcrita los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal deberán conocer, entre otros actos, de aquellos que provengan de cualquier autoridad que afecte la libertad personal del agraviado, y que en su caso implique hasta su expulsión del territorio nacional o deportación a su país de origen, lo que acontece en el caso que nos ocupa. Cobra aplicación, por analogía, en lo conducente y por el criterio que sostiene, la tesis de la Séptima Época, visible en la página 29, del tomo 217-228 Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: «LIBERTAD PERSONAL, ACTOS QUE AFECTAN LA. COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA PENAL PARA CONOCER DEL AMPARO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LAS AUTORIDADES DISTINTAS DE LAS JUDICIALES QUE LOS EMITAN. De conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Jueces de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: a) Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad responsable debe ser específicamente judicial; b) Contra actos que afecten la libertad personal, independientemente de la naturaleza de la autoridad que los ordene o ejecute, siempre que no se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal; c) Contra actos que traigan consigo el peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los actos que como penas prohibidas menciona el artículo 22 de la Carta Magna, sin que tenga relevancia la autoridad que los ordene o ejecute, ni la materia específica de que emanen. Cabe advertir, en relación con las hipótesis competenciales identificadas en los incisos b) y c), que éstas no se establecen en razón de actos de naturaleza formal y materialmente penal, como sucede tratándose del supuesto señalado en el inciso a), pues lo que se toma en cuenta fundamentalmente es que el acto, así sea emanado de un orden distinto al penal y emitido por autoridad administrativa, civil, agraria, o de cualquiera otra naturaleza, traiga consigo o tenga como consecuencia la privación de la libertad o de la vida del gobernado, la deportación, el destierro o alguna de las penas prohibidas por el artículo 22 constitucional. Ahora bien, debe estimarse que los actos reclamados, independientemente de que se lleven a cabo por una autoridad distinta a la judicial y no como consecuencia de la comisión de un delito, deben ser del conocimiento de un Juez de Distrito en materia penal, si los imputados al secretario de gobernación y a otras autoridades, consisten en la orden de detención, reclusión y deportación, por una parte, afectan la libertad personal de una persona y, además, existe la posibilidad de que se le deporte». De igual forma, en lo conducente, es aplicable la tesis visible en la página 467 del Semanario Judicial de la Federación, tomo CXXV, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, cuyo rubro es: «DEPORTACIÓN, COMPETENCIA TRATÁNDOSE DE (REVISIÓN EN EL AMPARO). Conforme al artículo 41, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la deportación es un acto que debe estimarse dictado en materia penal, no obstante que provenga de una autoridad administrativa, y del amparo relativo debe conocer un Juez de Distrito en Materia Penal. De aquí que la Segunda Sala de la Suprema Corte sea notoriamente incompetente para conocer de la revisión correspondiente, y por tanto, deben remitirse los autos al Tribunal Colegiado que corresponda, ya que de acuerdo con los artículos 7o., bis, fracción III, del capítulo tercero, bis, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 84, fracción I, de la Ley de Amparo, este último contrario sensu, dicho cuerpo colegiado es el competente para conocer en revisión de la sentencia dictada por el Juez a quo, no obstante que las responsables sean autoridades federales, pues el acto reclamado se dictó en materia penal». Apoya lo anterior, por el criterio que sostiene, la Jurisprudencia número P./J. 80/2007, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15, del tomo XXVI, diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: «SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo». Por tanto, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio, remítase el presente expediente al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo solicítese que tan pronto como sea posible, remita el acuse de recibo de estilo correspondiente y comunique su determinación. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estese en espera de la determinación que adopte el Juez que se estima competente. Asimismo, se instruye al encargado del "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (SISE), para que vincule el presente expediente por medio de la citada plataforma; a fin de que el Juzgado de referencia se encuentren en aptitud de consultar los autos del presente juicio de amparo y resolver lo conducente. No obstante lo anterior y, tomando en consideración lo manifestado por la parte promovente en el sentido de que se encuentra detenido en las instalaciones que ocupa el Instituto Nacional de Migración que están en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sin que se defina su situación jurídica, con fundamento en los artículos 48, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de oficio a César Gilberto Fernández Fortoul, para el efecto de que cese de inmediato cualquier acto de incomunicación del que pueda ser objeto; así como que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y si aún no se han realizado, para que las responsables no ejecuten la deportación o expulsión del quejoso, debiendo quedar en el lugar en el que se encuentre a disposición del órgano constitucional de amparo que conozca del presente asunto; y para el debido cumplimiento de esta suspensión, prevéngase a las autoridades señaladas como responsables para que de inmediato se abstengan de llevar a cabo cualquiera de los actos mencionados en contra del quejoso, en los términos indicados. Hágase saber a las autoridades que en caso de la violación a esta medida suspensional se harán acreedoras a las sanciones que establece el 262 fracción III de la Ley de Amparo, que a la letra dice: «ARTÍCULO 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra;[.]». Por tal motivo, gírese de inmediato los oficios a las autoridades señaladas como responsables para el conocimiento de la suspensión decretada. La presente medida cautelar surtirá sus efectos desde luego, y hasta en tanto el Juez Distrito competente se pronuncie sobre la admisión de la demanda, sin suspender actos diversos a los reclamados, en la inteligencia de que la suspensión concedida NO AUTORIZA AL QUEJOSO A QUE OBTENGA SU LIBERTAD PERSONAL, sino únicamente obliga a las responsables a que cese la incomunicación y a que no sea expulsado del territorio nacional, no deportarlo a su país de origen, no trasladarlo del lugar en el que actualmente se encuentra; no sea torturado ni amenazado. Comisiónese al Actuario para que se constituya en las instalaciones que ocupa el Instituto Nacional de Migración que están en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a fin de notificar al hoy quejoso de manera personal. En tales condiciones, se requiere a las autoridades responsables para que de inmediato, luego de que se encuentren notificadas del presente proveído, informen sobre el cumplimiento dado a la presente determinación, acompañando las constancias respectivas que estimen necesarias para acreditar lo anterior. No obstante lo anterior, y en relación con los diversos actos de naturaleza administrativa, que la parte promovente hizo consistir en: ? El Acta de Rechazo. ? La falta de notificación o emplazamiento a procedimiento migratorio. ? La negativa de permitirle el acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y por ende la violación al principio de no devolución y discriminación hacia el quejoso. ? La violación a su derecho al debido proceso y acceso a la justicia. Debe decirse que, a efecto de proveer lo conducente y, en aras de una pronta impartición de justicia, como lo refiere el artículo 17 constitucional y a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa en comento, comisiónese al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que se constituya en el lugar donde se encuentra detenida, esto es, Instalaciones del Instituto Nacional de Migración, ubicadas en Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y en ese acto, de entender la diligencia con el quejoso, lo requiera a fin de manifestar si es su voluntad o no ratificar el escrito de demanda por lo que hace a los actos reclamados precisados con anterioridad; apercibido que de no hacerlo así, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada, quedando sin efectos las providencias dictadas. Diligencia en la que el notificador de la adscripción deberá asentar todas las particularidades que se susciten en la misma. Tomando en consideración la certificación de cuenta y vista la demanda de amparo, se advierte que una vez consultada la base de datos del "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", se encontró el registro del nombre del usuario "CDMX02AM" correspondientes a Luz del Carmen Bernard Fuentes; en consecuencia, se habilita la consulta del expediente electrónico que a este sumario se refiere, a la persona antes señalada, en términos de los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cago del propio Consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte. Además, como lo solicita de conformidad con el numeral 30, fracción II, de la ley de la materia, se ordena realizar las notificaciones de carácter personal, relacionadas con este asunto, por vía electrónica, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, como lo solicita la parte quejosa, se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, así como recoger documentos a las personas que menciona en el escrito que se provee, hasta en tanto promuevan en el presente juicio y acrediten tener su cédula profesional debidamente registrada en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, con fundamento en los artículos 12, último párrafo y 24 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, así como recoger documentos a las diversas personas que menciona en el escrito de demanda. En el entendido que los valores sólo podrán ser recogidos directamente por la parte quejosa, toda vez que de no ser así se requeriría poder especial para ello, ya que el artículo 12 de la ley de la materia, no contempla tal facultad. Por último, a fin de que se proceda a realizar la notificación del presente proveído en el domicilio señalado, con fundamento en lo previsto en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita al actuario adscrito a este Juzgado Federal, para practicar la diligencia que se encomienda, en horas y días inhábiles. Notifíquese; y personalmente a la parte promovente vía electrónica. Así lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México Licenciada Laura Gutiérrez de Velasco Romo, quien actúa asistida de Leticia Durán Góngora, secretaria que autoriza y certifica que el presente acuerdo, así como las constancias que lo originaron se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. DOY FE.".
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