César Gerardo García Roel

Expediente 18/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
18/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
03/02/2023

Partes del expediente

  • César Gerardo García Roel
  • C. G. G. Á.

Actuaciones

  1. Principal

    Se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    De conformidad con el articulo 29 de la ley de amparo se notifica por lista al quejoso el auto de 3 febrero de 2023.-

  3. Principal

    AUTO. MONTERREY, NUEVO LEÓN, A DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. V I S T A; la demanda de derechos fundamentales presentada por ******************** por sí y en ejercicio de la patria potestad de sus menores hijos de iniciales******************** y ********************, contra actos del JUEZ DE CONTROL Y DE JUICIO ORAL PENAL DEL ESTADO Y OTRA AUTORIDAD; se ordena formar y anotar el expediente físico y electrónico en el libro de registro de juicios de amparo bajo el número 18/2023-III que le correspondió, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E 2.0) que al efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. De la revisión practicada a la demanda, se aprecia que la parte quejosa reclama a favor de los menores de iniciales******************** y ********************, tormento, tortura psicológica al no tomarse las medidas necesarias para proteger su sano desarrollo integral y poniendo en peligro la vida de los menores, actos que de la redacción del escrito de cuenta, se obtiene son realizados directamente por la figura materna de dichos menores y de persona diversa del núcleo familiar, al no ser objeto de los cuidados maternos. En tal tenor, resulta pertinente destacar que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen derechos humanos del gobernado, y únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique; sin embargo, el acto de autoridad debe existir, o bien, que sea futuro inminente, esto es, que su existencia sea indudable y que sólo falte que se cumplan determinadas formalidades para que se ejecute, ya que de no ser así, no sería inminente, sino futuro, probable o remoto; es decir, sin que exista certeza clara y fundada de su realización. En la especie, en el libelo se pretende reclamar actos que el promovente expresa perturban la tranquilidad emocional de los menores agraviados, causándoles tormento, tortura psicológica y una afectación a su sano desarrollo integral. A su vez, el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 15 de la Ley de Amparo, en la parte que interesa, establecen: "Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado." "Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado." La intelección de los preceptos anteriormente transcritos, ponen de manifiesto que en los juicios de amparo, cualquier persona puede promover el amparo cuando el directamente agraviado se encuentre imposibilitado para hacerlo, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. De acuerdo con el aspecto eminentemente protector de la institución, la demanda de amparo que se formule impugnando alguno de esos actos no requiere ser promovida por el directamente agraviado, atendiendo a la situación de vulnerabilidad en la que probablemente se encuentra, lo que resulta entendible, en razón a que, de manera palmaria se advierte que el legislador de amparo, ha querido que cuando una persona se encuentre detenida y esté siendo objeto de tormento y tortura psicológica, no existan obstáculos que dificulten la promoción del amparo, puesto que, en estricta observancia de lo preceptuado por el artículo 126 de la ley que regula el procedimiento del juicio de amparo, cuando se impugnen actos de esa naturaleza, procede suspenderlos de oficio, pues lo que se busca proteger es la integridad física del directamente agraviado para evitar la consumación de esos actos, o por lo menos, que no se sigan causando daños y perjuicios trascendentes para el quejoso. Así, se entiende que los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, tienen como premisa fundamental que se ejerzan sobre el cuerpo de las personas para infringir dolor físico y, generalmente, están ligados a una privación de libertad realizada de manera ilegal que se utiliza para arrancar la confesión de un inculpado, para esclarecer contradicciones suscitadas en un juicio, para descubrir a los cómplices y hasta para presionar a los testigos con el fin de que aporten datos en un procedimiento. De esta manera, el dispositivo constitucional en cita utiliza la expresión "tormentos de cualquier especie" para garantizar el derecho de todos los seres humanos a no ser sometidos a tortura, penas crueles, inhumanas o degradantes, tutelando la integridad física, psíquica y moral de las personas privadas de libertad que desde luego merecen ser tratadas con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. El promovente se duele de que los actos reclamados son ejecutados por la figura materna de los directos agraviados y de diversa persona ajena a su familia, no por una autoridad; además, no indica que dichos menores******************** y ********************, estén sujetos a una medida extraordinaria de protección social derivada de algún procedimiento judicial que procure la protección de sus derechos, conforme al interés superior del menor de edad, reconocidos en el artículo 4o. constitucional y conforme al artículo 3, numeral 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño. En tales condiciones, no ha lugar decretar la suspensión de plano solicitada. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia I. 3o. A. J/7, con número de registro 229397, visible en la página 951 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, Octava Época, Materia: Administrativa, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el siguiente rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA.". VISTA A LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO. En razón de la especial situación de los menores de iniciales******************** y ********************, toda vez que el promovente refiere que son objeto de tortura y tormento psicológica poniendo en peligro la vida de los menores, y tomando en consideración que en nuestro derecho interno, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de la niñez a un sano desarrollo integral, y en consonancia con ello, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 13, fracciones VII y VIII, reconoce los derechos de los menores de edad a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, así como a vivir una vida libre de violencia y a la integridad personal; mientras que el precepto 103 de la misma ley obliga a quienes ejercen la patria potestad, a protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación, aunado a que la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 19, establece el derecho del infante a ser protegido contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras éste se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo, atendiendo a las circunstancias del caso, se ordena dar vista a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado, a fin de que provea lo conducente entorno del uso deliberado y punitivo de la fuerza para provocarles dolor, molestia, humillación, o cualquier otra forma violenta, cruel o degradante con ese fin; en la inteligencia que según se aprecia del escrito de demanda, quienes las infieren son la figura materna de los menores******************** y ******************** y la persona identificada como ******************** para cuyo acto deberá remitirse copia simple del ocurso de trato. Sirve de apoyo a tal medida, la tesis P. XXI/2015 (10a.) sustentada por el Pleno del Máximo Órgano de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Constitucional, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Página 233, bajo el rubro: "ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO." PREVENCIÓN. En otro tenor, con el objeto de acordar lo conducente sobre la admisión de la demanda de trato, es importante tener presente el contenido de los numerales 112 y 114 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga al suscrito que cuando advierta en ésta lo siguiente: a). Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; b). Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; c). No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. d). No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y e). No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. El Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que: * Llene los requisitos omitidos, * Haga las aclaraciones que corresponda, o * Presente las copias. Es decir, en el auto que se emita, se deberá señalar con precisión las irregularidades, deficiencias u omisiones que deban llenarse, a fin de que el promovente pueda subsanarla dentro del término que se le señale para tal efecto y si no cumpliere con lo prevenido dentro del término señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías. Cierto, de acuerdo con la teoría general del proceso toda demanda debe reunir ciertos requisitos esenciales, los que permiten al Juez, a la demandada y, en caso de existir, al tercero interesado, conocer con precisión cuál es la materia de la impugnación, a fin de que el primero esté en posibilidad de analizar lo que se reclama, la segunda de hacer valer excepciones y defensas y, al tercero, de hacer las manifestaciones que estime convenientes, por lo que, en toda demanda debe expresarse la persona que pide, la cosa que se demanda, la acción que se ejerce, la persona o sujeto contra quien se reclama y el hecho o fundamento del que emana la acción, ya que si tales datos no se plantean con claridad, no podría tramitarse el proceso. En este sentido, el juicio de amparo comparte algunas de estas características en lo atinente a la presentación de la demanda de derechos fundamentales, pues al respecto, el numeral 108 de la ley relativa enumera los requisitos que debe reunir la petición de amparo. De éstos, resultan esenciales: a) El nombre del quejoso (persona que pide); b). La autoridad o autoridades responsables (sujeto de la reclamación); y, c) La ley o acto que se reclame (cosa que se demanda). En consonancia con lo precedente, conforme el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el suscrito procede interpretar el escrito de demanda en su integridad vinculado con los actos que se conocerán en el presente asunto; al efecto, se aprecia que la parte quejosa señala un doble apartado identificado como "autoridad responsable", a saber: "JUEZ DE CONTROL DE JUICIO ORAL PENAL DEL ESTADO". "JUEZ OCTAVO DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO ********************/******************** RELATIVO AL JUICIO ORAL DE ALIMENTOS". En esa secuencia, en el apartado de "acto reclamado" y "antecedentes del acto reclamado", menciona que los mismos emanan de los autos de las carpetas judiciales ********************/******************** y ********************/********************; por tanto, es claro que emerge incertidumbre en torno si en el caso que nos ocupa, el peticionario del amparo reclama el actuar de un juez penal o en su defecto de uno especializado en materia familiar; en consecuencia, resulta imperativo determinar con exactitud su intención y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, así como auxiliarlo en el planteamiento y exposición de su demanda de amparo, habida cuenta que tal inseguridad tiende a evitar una efectiva defensa de los derechos del accionante constitucional. Apoya lo anterior el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, bajo el rubro que reza: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5°, 26, 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a ******************** para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, de preferencia de manera electrónica a través de la aplicación del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por disposición expresa del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, bajo protesta de decir verdad aclare lo siguiente: a) Precise la designación correcta de la autoridad responsable, en atención a que inicialmente señala al JUEZ DE CONTROL DE JUICIO ORAL PENAL DEL ESTADO, y en el siguiente párrafo le otorga esa calidad al JUEZ OCTAVO DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO, a fin de estar en condiciones de proveer lo conducente, en congruencia con el principio de economía procesal y el de administración de justicia pronta y expedita, dado que el suscrito no tiene facultades para suplir la deficiencia de la queja y emplazar a una autoridad que no fue llamada a debate constitucional, pues actuar en esa forma, extralimitaría las atribuciones legales, conforme el numeral 108, fracción III de la Ley de Amparo, en relación al artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta aplicable la tesis III.2o.P.36 K [Registro IUS: 176376], emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, Tomo XXIII, del mes de Enero de 2006, página 2329, Materia Común, con el rubro que reza: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA.". Esto es así, dado que obedece al criterio sustentado por la doctrina que sostiene que el juicio de amparo, al ser un medio extraordinario de defensa, debe ser flexible en su aplicación; sin que esto signifique, en modo alguno, suplir la queja deficiente o integrar la acción que intenta el gobernado, sino únicamente de armonizar la información con la que se cuenta, a fin de que a través de ella se precise el verdadero sentido que quiso darle el particular, y que no vea obstaculizado su acceso a la justicia de manera pronta, completa y expedita (garantizando y maximizando la protección de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica), por el exceso de rigorismos que contradicen el espíritu tutelar que informa el juicio biinstancial. Sirve de apoyo la tesis P. VII/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, página 325, Registro digital: 189978, Novena Época, Materia Común, con el siguiente rubro que se lee: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE.". Bajo apercibimiento que de no hacer la(s) aclaración(es) de que se trata(n) en el término concedido, de conformidad con el artículo 114 de la legislación reglamentaria de la materia, en apego a un principio elemental de lógica jurídica, se tendrá por no presentada la demanda de derechos fundamentales. Apoya este proceder el criterio contenido en la tesis XIV.1o.A.C.17 K, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Cuarto Circuito, localizable en la página 2358, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, Materia Común, Novena Época, Registro digital: 176324, con el siguiente rubro que reza: "DEMANDA DE AMPARO. LA SANCIÓN PROCESAL DE TENERLA POR NO INTERPUESTA, DEBE SER CONGRUENTE CON LA PREVENCIÓN FORMULADA.". DESIGNACIÓN DE DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y PROFESIONISTA AUTORIZADA. En concordancia con el dispositivo 27 de la legislación de la materia, se tiene como domicilio para efecto de oír y recibir notificaciones el que se cita en el escrito de mérito; de igual forma, autorizados únicamente para el referido fin (oír y recibir notificaciones) a las personas que se precisan, toda vez que no se proporcionó los datos necesarios que acrediten tener la profesión de licenciados en derecho, como lo dispone el numeral 24 ibídem. INFORMACIÓN RELATIVA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN NO PROCESALES. Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 12/2020, se tiene a la parte quejosa proporcionando el(os) correo(s) electrónico(s) de su(s) autorizado(s): humbertormz5959@hotmail.com, para el único efecto de que se establezca el contacto respectivo en los casos en que este órgano jurisdiccional lo estime necesario, el(os) cual(es) se deberá(n) considerar para futuras comunicaciones. LINEAMIENTOS PARA LAS NOTIFICACIONES. Se instruye a los Actuarios de este juzgado que para realizar las notificaciones utilicen los medios más expeditos previstos por la legislación correspondiente, para lo cual deberán privilegiar el uso de las herramientas tecnológicas. Asimismo, en caso de que resulte necesario llevar a cabo diligencias de manera personal, éstas deberán efectuarse con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por las dependencias del Consejo de la Judicatura Federal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. SERVICIOS GRATUITOS. Se hace del conocimiento de las partes que los servicios que prestan los servidores públicos de este órgano jurisdiccional en lo ateniente a la administración de justicia de forma completa, pronta y expedita son gratuitos, al tenor del párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, de existir cualquier solicitud, insinuación o recomendación para ofrecer, exigir o aceptar algún tipo de dádiva a cambio de una promesa de hacer o no hacer durante el procedimiento de este expediente, hecha por el personal del juzgado o por terceras personas ajenas al mismo, constituye un delito y deberá comunicarse a la suscrita y/o al Centro de Atención para la Recepción de Quejas y Denuncias del Consejo de la Judicatura Federal, para detectar, prevenir, sancionar y erradicar las conductas que dañan el funcionamiento, la imagen y la credibilidad institucional del Poder Judicial de la Federación. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3°, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, así como el 3°, del Acuerdo 12/2020 reformado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena la integración del expediente electrónico, conforme a las bases establecidas en el último precepto legal. En el entendido que no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22, del citado acuerdo 12/2022, reformado por el acuerdo en mención en el párrafo que precede, las cuales son: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier otro tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan; copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Sin embargo, es criterio de esta juzgadora que se digitalicen las pruebas, poderes, valores, garantías diversas, así como las constancias que sirvan de justificación al acto reclamado remitidas por las autoridades responsables, para el efecto de una Integración del expediente electrónico. Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por el virus Covid-19 a que se hizo mención en líneas precedentes, este órgano jurisdiccional a partir de esta data adoptará con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en los asuntos, la actuación desde la aplicación del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de dar debido cumplimiento a lo establecido por el artículo Sexto Transitorio del mencionado Acuerdo, donde se establece que a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esa vía, en ese tenor a partir de esta data, las determinaciones judiciales solo constarán en forma electrónica, conforme a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes. La digitalización de documentos requerirá la firma electrónica de quien la lleve a cabo. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales procurarán exhortar a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; III. La única excepción a lo dispuesto en las fracciones I y II del presente artículo será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas; IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto; y V. Las constancias recibidas físicamente deberán coincidir con las incorporadas al expediente electrónico mediante digitalización. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA SEGUIR EL JUICIO EN LÍNEA. Se hace del conocimiento de las partes en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre de usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea por judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se le notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo se invita a las partes a que propongan formas especiales y expedita de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean partes en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE HORARIO Y DÍAS INHÁBILES. En la inteligencia de que, para la celeridad del procedimiento, atendiendo al principio de expedites en la administración de justicia, para las notificaciones de carácter personal se habilitan los días y horas inhábiles, en términos de lo dispuesto en el artículo el artículo 17° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el ordinal 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, enlazado con los preceptos 282 y 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la legislación reglamentaria de la materia, en términos del numeral 2° de esta última. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Finalmente, con fundamento en lo estipulado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los ordinales 5, 7, 8, tercer párrafo y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, omítanse el nombre y datos personales de las partes en las resoluciones públicas y demás publicaciones que se difundan por medios electrónicos, aún y cuando no hayan manifestado por escrito su oposición, en la inteligencia que dicha supresión no debe impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese, y personalmente.

  4. Principal

    TODA VEZ QUE EL QEJOSO NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL CONTENIDO DEL DIEZ DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN CONSECUENCIA, SE NOTIFICCA POR LISTA DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 29 DE LA LEY DE AMPARO

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