Cesar Gerardo Francisco García Méndez
Expediente 524/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 524/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Cesar Gerardo Francisco García Méndez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que dentro del término legal no se interpuso el recurso de queja, en contra del auto, que desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo, 288 y 356, fracción ll, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en materia, se declara que dicho auto QUEDA FIRME para todos los efectos legales conducentes, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno del Juzgado. En consecuencia, y tomando en consideración que ya obran agregadas todas las constancias necesarias en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Asimismo con fundamento en el artículo vigésimo fracción l, relacionado con el artículo segundo, supuesto XX, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuito, por tratarse de un juicio de amparo que no tiene valor jurídico alguno ya que se desechó la demanda de amparo es susceptible de destrucción
- Principal
...SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL PROMOVENTE...EL AUTO DE SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS...(CIT)
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por su propio derecho, contra actos del **** se advierte que es improcedente. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 524/2016-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal; de igual forma, con fundamento en los artículos 3, de la Ley de Amparo y 60, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la suscrita ordena crear el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe examinar la demanda de amparo sometida a su potestad, y en caso de que advierta alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En ese tenor, de la demanda que se estudia, se desprende que el promovente del amparo, señaló medularmente como acto reclamado, la sentencia de nueve de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el recurso de revocación interpuesto en contra de la certificación de seis de abril de dos mil dieciséis, dictada en el expediente ***. En la especie, se advierte que en el presente asunto, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII en relación con lo dispuesto en el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu de la Ley de Amparo y 172 fracción XII de la misma ley, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (...)". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: - - - [.] - - - XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." De la interpretación sistemática de los citados preceptos, se advierte que el juicio de amparo indirecto que se hace valer contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, procede únicamente cuando los efectos de tales actos sean de imposible reparación, es decir, cuando con su ejecución se afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe hacer mención que al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en sesión de veintidós de mayo de dos mil catorce, el TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, por mayoría de votos, sostuvo que la actual Ley de Amparo ofrece precisión acerca de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación. Es decir, en la legislación actual, en su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Disposición con la que el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, al establecer que para que un acto pueda ser calificado como irreparable, necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; o sea, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, de la Constitución o los Tratados Internacionales. De lo anterior, se colige que la hipótesis normativa prevista en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, sólo precisa la procedencia del juicio de amparo cuando se trata de actos de imposible reparación. Sentado lo precedente, tenemos que la resolución de nueve de mayo de dos mil dieciséis, por la cual hizo del conocimiento de las partes la certificación del plazo de ciento veinte días de inactividad procesal, por sí misma no puede ocasionar perjuicio alguno. Por consiguiente, el acto reclamado, no es acto que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la constitución o algún tratado internacional. En tales condiciones, como el acto que se impugna es de naturaleza intraprocesal y no viola derechos sustantivos del promovente del amparo contenidos en la constitución ni en tratados internacionales, debe de concluirse que no son de aquéllos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, porque no son de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo indirecto, y al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa. Por tanto, el juicio de amparo indirecto que se pretende, resulta improcedente por reclamarse la sentencia de nueve de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el recurso de revocación interpuesto en contra de la certificación de seis de abril de dos mil dieciséis, dictada en el expediente 381/2013, toda vez que esa omisión no afecta derechos sustantivos al constituir sólo una violación intraprocesal. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el que menciona en el escrito de cuenta; asimismo, se autoriza para los mismos efectos, incluso para recoger documentos y valores las personas que menciona. Se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito a este juzgado días y horas inhábiles, a fin de que practique cualquier diligencia o notificación relacionada con el presente asunto y para el caso de que al constituirse en el domicilio mencionado en la demanda, éste no resultare cierto y fuere informado de que el domicilio de las partes es un domicilio distinto y se le proporciona éste, desde este momento se faculta al fedatario de la adscripción para que se constituya de inmediato en ese domicilio y practique la notificación ordenada en autos, debiendo asentar la razón correspondiente en su caso. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorio, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normativa respectiva.
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