Cesar García Soto
Expediente 423/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 423/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/03/2023
Partes del expediente
- Cesar García Soto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Vista la comparecencia de cuenta se advierte que Marisela Moreno Lucero, perita designado por la autoridad responsable Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, compareció ante la presencia judicial y aceptó el cargo de diestra en materia de valuación de bienes inmuebles; agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, y téngase a la perita de referencia aceptando el cargo. En consecuencia, REQUIÉRASE a la diestra para que dentro del plazo de diez días contados a partir de la notificación de este proveído, emitan su dictamen pericial, con relación al cuestionario propuesto por la responsable, así como con la adición de la parte quejosa; mismo que debe estar ratificado ante la presencia judicial Con el apercibimiento de que de no rendirlo, la probanza se integrará únicamente con el peritaje del diestro oficial.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento al fallo protector, no obstante de encontrarse debidamente notificada para tal efecto de los anteriores requerimientos de dieciséis de enero y diez de febrero del presente año, como se advierte de las siguientes capturas de imágenes: En consecuencia, tal como lo prevé el "TÍTULO TERCERO Cumplimiento y Ejecución", "CAPÍTULO I. Cumplimiento e Inejecución", en su artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del presente acuerdo, dé cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, remitiendo constancia fehaciente de ello; esto es: ". respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, para el efecto de que en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa, durante la vigencia del referido numeral y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previsto para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente; sin perjuicio de que la autoridad hacendaria emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar dicha resolución." Bajo apercibimiento que de no acatar lo anterior en el lapso indicado sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; y además se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Hágasele saber al citado ente, que con fundamento en el segundo párrafo de artículo 193 de la ley de la materia que el incumplimiento de una ejecutoria implica no sólo la falta de actos tendentes a acatarla, sino también el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales; e igualmente que el cumplimiento extemporáneo de forma injustificada, no la exime de responsabilidad; pero será considerado como atenuante al imponer la sanción penal, como lo señala el artículo 195 de la Ley de Amparo. Ahora bien, toda vez que no se ha obtenido respuesta por parte de la autoridad responsable encargada del cumplimiento, de manera excepcional, se comisiona al Actuario de la adscripción, para que el oficio deducido del presente acuerdo, lo remita de manera física al domicilio procesal de la citada autoridad, vía mensajería acelerada; esto es: Avenida Paseo de la Reforma No. 10, Piso 6, Colonia Tabacalera, 06030, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento al fallo protector, no obstante de encontrarse debidamente notificada de los autos de trece de enero y diez de febrero del presente año. En consecuencia, tal como lo prevé el "TÍTULO TERCERO Cumplimiento y Ejecución", "CAPÍTULO I. Cumplimiento e Inejecución", en su artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las responsables adscritas al Ayuntamiento de Tequila, Jalisco, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del presente acuerdo, dé cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, remitiendo constancia fehaciente de ello; esto es: "I. Las autoridades responsables, a través de la dependencia correspondiente, paguen al solicitante del amparo la indemnización y aquellos conceptos a que tiene derecho por el puesto que desempeñaba al momento en que se dio la terminación jurídica en comento. II. Eliminen cualquier anotación de su expediente personal derivada del resultado de no aprobado en la evaluación de control y confianza que le fue practicada, y de la separación de que fue objeto. III. Realicen las gestiones necesarias para que se otorguen al quejoso las prestaciones sociales inherentes a los servicios de salud, durante los seis meses siguientes al cese del cargo que desempeñaba. IV. Realicen la afiliación del quejoso en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, realizando las aportaciones correspondientes, que deberá abarcar el lapso en que prestó sus servicios ante la institución de seguridad pública responsable, y hasta que sea cubierta la indemnización respectiva. Asimismo, pague al quejoso -conforme al punto I- la cantidad de $668,959.92 (seiscientos sesenta y ocho mil novecientos cincuenta y nueve pesos 92/100 moneda nacional), asentada en la interlocutoria dictada en autos; la que se emitió bajo los lineamientos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 1/2021." Bajo apercibimiento que de no acatar lo anterior en el lapso indicado sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; y además se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. De igual forma, requiérase al Presidente Municipal de Tequila, Jalisco, para que, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad en cita, ordene a ésta el cumplimiento de la ejecutoria de mérito dentro del referido término, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa, con apoyo en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para los efectos revistos en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, consistentes en su separación del cargo y consignación ante autoridad competente. Infórmeseles que el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, son consideradas como incumplimiento, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 193 de la ley de la materia; por lo que la obligación que les atañe para dar cumplimiento a la sentencia se traduce en una obligación lisa y llana, cuyo observamiento y eficacia no se encuentran condicionados a ningún componente externo. Es así, porque existe una responsabilidad del Estado en la satisfacción de los deberes esenciales para restituir al gobernado en el goce de los derechos fundamentales transgredidos. Entendido esto, como la obligación ineludible de un órgano del poder público de restituir el perjuicio patrimonial o económico causado a uno de sus gobernados con motivo del indebido ejercicio de la actividad que desempeña, responsabilidad que va más allá de los trámites efectuados para obtener una asignación presupuestaria específica a fin de obtener el pago del débito, pues el cumplimiento de las sentencias de amparo no está sujeto a la voluntad de las autoridades, sino al imperio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hágaseles saber a loa citados entes, que con fundamento en el segundo párrafo de artículo 193 de la ley de la materia que el incumplimiento de una ejecutoria implica no sólo la falta de actos tendentes a acatarla, sino también el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales; e igualmente que el cumplimiento extemporáneo de forma injustificada, no las exime de responsabilidad; pero será considerado como atenuante al imponer la sanción penal, como lo señala el artículo 195 de la Ley de Amparo.
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