César García Rosas

Expediente 1141/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1141/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
20/09/2019

Partes del expediente

  • César García Rosas

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; el estado de autos y el cómputo que antecede, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, se provee: Como el quejoso no recurrió dentro del término legal el proveído en el que se desechó la demanda por notoriamente improcedente, se declara que éste HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. Atento a lo anterior, efectúense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y archívese el expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Agréguese el escrito del promovente, por medio del cual da cumplimiento a la prevención ordenada en auto de veintisiete de agosto del año en curso (fojas 9 a 13), en atención a su contenido, se acuerda. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese orden de ideas, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Por su parte, los numerales 17 y 18 del citado ordenamiento legal, prevén: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. (.) Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos antes transcritos, se desprenden los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo, siendo la regla genérica el término de quince días hábiles, los cuales deben comenzar a computarse a partir de tres momentos, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del acto o su ejecución. En el entendido que de no promoverse el juicio de amparo en dicho término, se estimará consentido el acto de que se trate, salvo que se actualice alguna de las hipótesis de excepción contenidas en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, pues en tal virtud el término será de treinta días, siete u ocho años e incluso en cualquier tiempo, según el caso. Se afirma lo anterior, ya que de la lectura integral de la demanda y del escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados:  El acuerdo de admisión veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, emitido en el expediente FGE/DIC/005/2019, del índice del Órgano Interno de Control, dependiente de la Fiscalía General del Estado, relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa seguida en contra del quejoso.  El acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, por medio del cual se radicó el Juicio de responsabilidad administrativa TJA/JRA/004-A/2019, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, Ponencia A. Asimismo, en su escrito aclaratorio manifestó que el acuerdo de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente administrativo de responsabilidad FGE/DIC/005/2019, del índice del Órgano Interno de Control, dependiente de la Fiscalía General del Estado, le fue notificado a través de citatorio de nueve de abril de dos mil diecinueve, mediante el oficio 139.2019.MSA. De igual forma, señaló que el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, se le notificó el acuerdo de esa misma fecha, dictado en el expediente TJA/JRA/004-A/2019, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, Ponencia A. Manifestación que constituye una confesión que hace prueba plena en su contra, conforme con lo establecido por los artículos 95, 99, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2. Es aplicable, la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, revisable en el Semanario Judicial de la Federación, en el tomo XII, Diciembre de 1993, en la página 857, Octava Época, del rubro y texto: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa". De lo anterior, se tiene que la parte quejosa tuvo conocimiento de la existencia de los actos reclamados desde el veintiocho de marzo y nueve de abril de dos mil diecinueve; respectivamente; de ahí que, el plazo de quince días para promover la demanda, transcurrió en exceso; ello es así, puesto que la demanda de amparo fue presentada en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en Cintalapa de Figueroa, hasta el día veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, como se advierte del escrito de demanda (foja 2); de ahí que se estime promovida extemporáneamente. En consecuencia, dado que el término de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa promoviera su demanda transcurrió en exceso, su presentación resulta extemporánea, traduciéndose dicha circunstancia, en el consentimiento tácito del acto reclamado. Máxime, que el impetrante no se ubica dentro de las hipótesis legales que contempla el artículo 17, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, pues se trata de un acto que no implica restricción a la libertad del quejoso, por lo que en el caso concreto debe estarse a la regla general que contempla el multicitado numeral 17 del propio ordenamiento legal. Apoya a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la Jurisprudencia P./J. 27/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 57, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda por notoriamente improcedente, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal. No es impedimento de lo anterior, el hecho de que el quejoso refiera que se cometieron diversas violaciones en el procedimiento respectivo; sin embargo, debe decirse que el estudio de aquellas cuestiones en el juicio constitucional, sólo se podrá hacer valer hasta que se impugne la resolución definitiva que se llegue a emitir en dichos procedimientos; o en su defecto, que transgredan derechos sustantivos, supuestos que no se actualizan en el presente caso; ello es así, pues el propio quejoso refiere que el treinta de agosto del año en curso, fue informado que el asunto fue turnado con el magistrado instructor para el eventual dictado del fallo, aunado a que las violaciones a las que se refiere son meramente adjetivas o procesales. Asimismo, debe decirse que la anterior determinación no implica una transgresión al derecho fundamental de acceso a la justicia, pues éste no implica dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen los juicios, ya que de considerarse procedente una demanda presentada de forma extemporánea se contravendría el principio de impartición de justicia pronta, y desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que el promovente obtendría un beneficio no previsto en la norma. Es aplicable al caso, por las razones que informa, la tesis VII.2º.C 14 (10ª.), sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el citado medio de difusión, Décima Época, Libro XII, Tomo 3, septiembre de 2012, página 1495, del rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA Y EFECTIVIDAD DE LOS RECURSOS. NO IMPLICA DEJAR SIN EFECTOS LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA Y ADMISIBILIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, al interpretar el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableció que el acceso a la justicia no se agota con la simple existencia de tribunales, procedimientos formales ni con la posibilidad de acudir a ellos, sino que es necesario que los recursos judiciales tengan efectividad, esto es, que se brinde al justiciable la posibilidad real de interponerlos y el órgano jurisdiccional competente evalúe sus méritos, por lo que serán efectivos en tanto sean capaces de producir el resultado para el que fueron concebidos; sin embargo, fue la propia Corte Interamericana, quien estableció que la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de los recursos resulta compatible con la Convención Americana, y que esa efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan tales requisitos, el órgano judicial evalúe sus méritos. Por tanto, el derecho humano de acceso a la justicia y la efectividad de los recursos, no implican dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen en el juicio de amparo, instrumento éste de justicia constitucional por el que, en sede nacional y en vía judicial, se garantiza al individuo la protección de sus derechos fundamentales". Consecuentemente, con fundamento en los artículos 112 y 113 del ordenamiento jurídico citado, se desecha de plano la demanda de amparo. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA QUEJOSO.- Agréguese el escrito del promovente, por medio del cual da cumplimiento a la prevención ordenada en auto de veintisiete de agosto del año en curso (fojas 9 a 13), en atención a su contenido, se acuerda. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese orden de ideas, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Por su parte, los numerales 17 y 18 del citado ordenamiento legal, prevén: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. (.) Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos antes transcritos, se desprenden los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo, siendo la regla genérica el término de quince días hábiles, los cuales deben comenzar a computarse a partir de tres momentos, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del acto o su ejecución. En el entendido que de no promoverse el juicio de amparo en dicho término, se estimará consentido el acto de que se trate, salvo que se actualice alguna de las hipótesis de excepción contenidas en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, pues en tal virtud el término será de treinta días, siete u ocho años e incluso en cualquier tiempo, según el caso. Se afirma lo anterior, ya que de la lectura integral de la demanda y del escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados:  El acuerdo de admisión veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, emitido en el expediente FGE/DIC/005/2019, del índice del Órgano Interno de Control, dependiente de la Fiscalía General del Estado, relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa seguida en contra del quejoso.  El acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, por medio del cual se radicó el Juicio de responsabilidad administrativa TJA/JRA/004-A/2019, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, Ponencia A. Asimismo, en su escrito aclaratorio manifestó que el acuerdo de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente administrativo de responsabilidad FGE/DIC/005/2019, del índice del Órgano Interno de Control, dependiente de la Fiscalía General del Estado, le fue notificado a través de citatorio de nueve de abril de dos mil diecinueve, mediante el oficio 139.2019.MSA. De igual forma, señaló que el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, se le notificó el acuerdo de esa misma fecha, dictado en el expediente TJA/JRA/004-A/2019, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, Ponencia A. Manifestación que constituye una confesión que hace prueba plena en su contra, conforme con lo establecido por los artículos 95, 99, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2. Es aplicable, la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, revisable en el Semanario Judicial de la Federación, en el tomo XII, Diciembre de 1993, en la página 857, Octava Época, del rubro y texto: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa". De lo anterior, se tiene que la parte quejosa tuvo conocimiento de la existencia de los actos reclamados desde el veintiocho de marzo y nueve de abril de dos mil diecinueve; respectivamente; de ahí que, el plazo de quince días para promover la demanda, transcurrió en exceso; ello es así, puesto que la demanda de amparo fue presentada en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en Cintalapa de Figueroa, hasta el día veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, como se advierte del escrito de demanda (foja 2); de ahí que se estime promovida extemporáneamente. En consecuencia, dado que el término de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa promoviera su demanda transcurrió en exceso, su presentación resulta extemporánea, traduciéndose dicha circunstancia, en el consentimiento tácito del acto reclamado. Máxime, que el impetrante no se ubica dentro de las hipótesis legales que contempla el artículo 17, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, pues se trata de un acto que no implica restricción a la libertad del quejoso, por lo que en el caso concreto debe estarse a la regla general que contempla el multicitado numeral 17 del propio ordenamiento legal. Apoya a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la Jurisprudencia P./J. 27/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 57, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda por notoriamente improcedente, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal. No es impedimento de lo anterior, el hecho de que el quejoso refiera que se cometieron diversas violaciones en el procedimiento respectivo; sin embargo, debe decirse que el estudio de aquellas cuestiones en el juicio constitucional, sólo se podrá hacer valer hasta que se impugne la resolución definitiva que se llegue a emitir en dichos procedimientos; o en su defecto, que transgredan derechos sustantivos, supuestos que no se actualizan en el presente caso; ello es así, pues el propio quejoso refiere que el treinta de agosto del año en curso, fue informado que el asunto fue turnado con el magistrado instructor para el eventual dictado del fallo, aunado a que las violaciones a las que se refiere son meramente adjetivas o procesales. Asimismo, debe decirse que la anterior determinación no implica una transgresión al derecho fundamental de acceso a la justicia, pues éste no implica dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen los juicios, ya que de considerarse procedente una demanda presentada de forma extemporánea se contravendría el principio de impartición de justicia pronta, y desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que el promovente obtendría un beneficio no previsto en la norma. Es aplicable al caso, por las razones que informa, la tesis VII.2º.C 14 (10ª.), sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el citado medio de difusión, Décima Época, Libro XII, Tomo 3, septiembre de 2012, página 1495, del rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA Y EFECTIVIDAD DE LOS RECURSOS. NO IMPLICA DEJAR SIN EFECTOS LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA Y ADMISIBILIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, al interpretar el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableció que el acceso a la justicia no se agota con la simple existencia de tribunales, procedimientos formales ni con la posibilidad de acudir a ellos, sino que es necesario que los recursos judiciales tengan efectividad, esto es, que se brinde al justiciable la posibilidad real de interponerlos y el órgano jurisdiccional competente evalúe sus méritos, por lo que serán efectivos en tanto sean capaces de producir el resultado para el que fueron concebidos; sin embargo, fue la propia Corte Interamericana, quien estableció que la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de los recursos resulta compatible con la Convención Americana, y que esa efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan tales requisitos, el órgano judicial evalúe sus méritos. Por tanto, el derecho humano de acceso a la justicia y la efectividad de los recursos, no implican dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen en el juicio de amparo, instrumento éste de justicia constitucional por el que, en sede nacional y en vía judicial, se garantiza al individuo la protección de sus derechos fundamentales". Consecuentemente, con fundamento en los artículos 112 y 113 del ordenamiento jurídico citado, se desecha de plano la demanda de amparo. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias.

  4. Principal

    se previene a la parte quejosa

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