Cesar Gabriel Escobedo Islas
Expediente 129/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 19 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 129/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 12/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Juez Cuadragésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México
- Cesar Gabriel Escobedo Islas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
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Cuernavaca, Morelos, doce de noviembre de dos mil veintiuno. EXHORTO DILIGENCIADO. Se tiene por recibido el oficio y anexó remitido por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por medio del cual, devuelve debidamente diligenciado el exhorto 48/2021-IV (orden 194/2021); ordenado en los autos del presente juicio de amparo 129/2021-IV; se ordena dar de baja en el libro de gobierno correspondiente y agréguense a los presentes autos para que obren como legalmente correspondan. AVISO NUEVA TITULAR. Se hace del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el Secretario Fernando Cobos González, que autoriza y da fe.
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Cuernavaca, Morelos, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 129/2021-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el siete de julio de dos mil veintiuno, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido a que la suspensión provisional se concedió y la definitiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el Secretario Nestor Paul Lagunas Verastegui, que autoriza y da fe.
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Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 129/2021-IV, promovido por CÉSAR GABRIEL ESCOBEDO ISLAS, por derecho propio; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el día veintiséis siguiente a este Juzgado, por derecho propio CÉSAR GABRIEL ESCOBEDO ISLAS, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Juez Cuadragésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México y otras autoridades. SEGUNDO. Trámite. Por auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, se previno la demanda y, una vez que fue subsanada, el veintidós de marzo siguiente se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la parte tercero interesada y se señaló fecha para la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede y; CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado, en ese sentido se advierte que lo que la parte quejosa reclama del Juez Cuadragésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado y Actuario adscrito a dicho juzgado; si bien lo identificó como todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 1145/2018 promovido por la tercera interesada AUTOFINANCIAMIENTO MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA de CAPITAL VARIABLE, así como la disposición por parte de la Jueza ordenadora del inmueble ubicado en el lote 5-B derecho de la sección B del condominio horizontal denominada Las Puertas construido sobre el predio ubicado en calle Prolongación Héroes de Nacozari 126, colonia Flores Magón de Cuernavaca, Morelos. Sin embargo, de la lectura integral de las constancias del expediente en que se resuelve, concatenado a los conceptos de violación que se formularon, para así arribar a lo exactamente reclamado y no a lo que en apariencia se combate, se constata que el acto de autoridad del que se duele lo constituye la radicación del aludido controvertido, así como las consecuencias que del mismo se derivan pues como se destacará en los considerandos siguientes, en el particular el juicio de origen únicamente existe la radicación del mismo así como la orden de emplazarlo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Cuadragésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, ya que así lo refirió al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las fotocopias certificadas del Juicio especial hipotecario 1145/2018 que adjuntó al informe. De igual forma, se tienen por ciertos los actos que se reclaman al Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, así como al Actuario adscrito a dicho juzgado, no obstante que la autoridad nombrada en primer término al rendir el informe justificado lo haya negado, mientras que el Actuario refirió adherirse a lo informado por el titular del juzgado de su adscripción, lo cierto es que de las constancias que acompañó la Juez Cuadragésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, se advierte la existencia de los mismos. En ese sentido, el Juez Tercero Civil de Primera Instancia en esta ciudad refirió haber recibido un exhorto del Juez Cuadragésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, derivado del juicio especial hipotecario 1145/2018, en el que comisionó al fedatario para que lo cumplimente en sus términos, sin embargo, la referida comunicación oficial fue devuelta a su lugar de origen por no haberse diligenciado. Por ello, al advertirse que en efecto la autoridad jurisdiccional residente en esta entidad actuó en auxilio de la autoridad ordenadora indicada, aunque no se concretizaron las consecuencias por las que fue exhortado, se desvirtúa la negativa expresada y se tienen por ciertos los actos reclamados. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron autorizados por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que haya sido objetada su autenticidad. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser de orden público y estudio preferente, se procede al examen de los motivos de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo. En efecto, una vez analizadas las constancias existentes en autos, quien aquí resuelve estima que en el caso procede decretar el sobreseimiento al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII con relación al 107 fracción V de la Ley de Amparo, interpretado éste a contrario imperio; preceptos legales que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Ahora bien, conforme al artículo 107 fracción V de la ley de la materia, el amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En esas condiciones, se tiene que la Ley de Amparo en la fracción V de su artículo 107, define a los actos de imposible reparación como aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."; lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo que actualmente impera en el orden jurídico mexicano, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Cobra vigencia en lo que interesa, la jurisprudencia 2a. XLVIII/2015 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1070 del Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, de rubro "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO.". Ahora bien, a efecto de explicar la actualización de la causal de improcedencia invocada se estima necesario relatar los antecedentes del acto reclamado los que se obtienen de las copias certificadas del juicio natural que allegó como complemento al informe justificado la Juez Cuadragésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México. El doce de noviembre de dos mil dieciocho AUTOFINANCIAMIENTO MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA de CAPITAL VARIABLE por conducto de sus apoderados legales demandaron en la vía especial hipotecaria a CÉSAR GABRIEL ESCOBEDO ISLAS y otro. El juicio se radicó ante el Juzgado Cuadragésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México donde se registró bajo el expediente 1145/2018 y el quince de noviembre del mismo año se admitió a trámite, ordenando emplazar al aquí quejoso mediante exhorto dirigido al Juez Civil de Primera Instancia en Cuernavaca, Morelos. Por turno correspondió conocer a la Juez Tercera Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos quien radicó la comunicación oficial bajo el exhorto 69/2020, por lo que comisionó al Actuario de la adscripción para diligenciarlo. Mediante razón de nueve de noviembre de dos mil veinte el fedatario adscrito al juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos razonó la imposibilidad para realizar su cometido, por lo cual la titular del juzgado ordenó devolverlo a su lugar de origen. Siendo ésta la última actuación que se verifica en el procedimiento de origen con relación a la parte quejosa. De lo anterior se tiene que dentro del juicio especial hipotecario de origen el aquí quejoso es parte demandada. En ese sentido, se advierte que el quejoso acude al juicio de amparo al referir que desconoce el trámite del expediente natural, pues no ha sido llamado a juicio y por ello aduce ostentar el carácter de tercero extraño al mismo en su variante jurisprudencial de equiparado atento al carácter de parte en el mismo. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila; la "persona extraña" es opuesta a la de "parte procesal". Además, existe jurisprudencialmente otra figura que ha sido equiparada a la persona extraña, que es el sujeto, que formando parte de la controversia por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Por ello, puede decirse que existen dos tipos de persona extraña a juicio, el auténtico y el equiparado. Así, respecto al tercero extraño por equiparación debe entenderse como aquel sujeto demandado que no tuvo conocimiento del juicio seguido en su contra, por dos razones; una, porque no fue llamado al procedimiento; o, dos, porque habiéndolo hecho no se cumplan los requisitos legales establecidos para llevar a cabo el emplazamiento. Puntualizado lo anterior, en el caso, el acto reclamado consiste en la radicación del expediente 1145/2018 y, según lo manifestó el quejoso en las restantes actuaciones emitidas en el juicio especial hipotecario de origen así como lo que refiere constituye la disposición del inmueble ubicado en ubicado en el lote 5-B derecho de la sección B del condominio horizontal denominada Las Puertas construido sobre el predio ubicado en calle Prolongación Héroes de Nacozari 126, colonia Flores Magón de Cuernavaca, Morelos. Sin embargo, el quejoso es parte demandada dentro del Juicio especial hipotecario 1145/2018, en el que se ordenó emplazarlo sin que de las constancias que integran el sumario de origen se advierta que haya sido llamado a juicio aún de manera formal o que existiera alguna diligencia en la que se hiciera constar éste, ni mucho menos que se haya dictado sentencia definitiva en el mismo. La posición jurídica que guarda la parte quejosa respecto de los actos reclamados es de especial importancia, puesto que de ello dependerá si se sujeta a las reglas que rigen el procedimiento del cual derivan, o puede acudir directamente al juicio bi-instancial en defensa de sus derechos. Así, cuando la parte quejosa desconoce el origen de los actos reclamados se surte la hipótesis de procedencia prevista por el artículo 107 fracción VI de la Ley de Amparo, toda vez que quien solicita el amparo comparece como persona extraña a la controversia y, en este supuesto, no estaría obligado a interponer los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan; sin embargo, esa hipótesis está condicionada a que no se desvirtúe plenamente el carácter de tercero extraño, ya que en tal supuesto, el juicio sería improcedente. En ese sentido se tiene que en el escrito inicial de demanda, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento que el quince de febrero del año en curso, la Actuaria adscrita al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, se constituyó en su domicilio y solicitó la desocupación y entrega del inmueble. No obstante lo anterior, de la vista que se dio con las constancias remitidas como justificación de sus actos por parte de las autoridades responsables, además de que le permitieron conocer de la existencia de un juicio iniciado en su contra, también advirtió que no se ha dictado la sentencia respectiva, por lo que resulta claro que está en condiciones de comparecer al controvertido de origen, a contestar la demanda, oponer excepciones y ofrecer las pruebas que estime conducentes -una vez que sea llamado a dicha controversia- lo que conduce a concluir que lo aquí reclamado no produce una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, ya que una vez que sea emplazado al controvertido de origen o en caso contrario al apersonar al ya haber tomado conocimiento del estado procesal del juicio de origen, el quejoso estará en aptitud de dar contestación a la demanda, oponer las excepciones que estime pertinentes así como ofrecer las pruebas para demostrarlas, de ahí que lo reclamado en el presente juicio no lesiona bienes jurídicos distintos de los que confieren las leyes adjetivas. Además de que en el presente asunto no se está ante un acto en los que se deje sin defensa a la parte quejosa, ni de los que le causen un perjuicio irreparable, puesto que, como se explicó, el quejoso aún no ha sido emplazado al procedimiento de origen. En tal virtud, ya que el juicio de amparo indirecto procede sólo contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa e inmediata derechos sustantivos de las partes y que trasciendan del ámbito procesal a la esfera del gobernado en cuanto a sus derechos sustantivos como podrían ser la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera; de manera que resulta improcedente como en el caso acontece el que se promueva en contra de los actos que únicamente producen una afectación de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de una determinación favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllos sin vulnerar los derechos fundamentales, de conformidad con los artículos 107 Constitucional, fracción III, inciso b) y 107 fracción V, de la Ley de Amparo. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación de que se trate puede ser analizada nuevamente al dictar la resolución definitiva que se emita en el juicio hipotecario de origen, sino en que, con motivo de una determinación favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso a), fracción III del artículo 107 Constitucional. Aunado a ello, los actos aquí reclamados únicamente recaen sobre derechos puramente procesales, sin lesionar bienes jurídicos distintos de los que confieren las leyes adjetivas, ello es así al advertirse que el juicio especial hipotecario de origen aún se encuentra pendiente de integrar al litigio al aquí quejoso, al no haber sido emplazado al mismo, en tanto que las actuaciones que contiene el controvertido natural -al margen de cualquier consideración sobre el que sean correctas o no- no hacen procedente el amparo, pues no afectan materialmente derecho sustantivo alguno en su contra. De lo que se tiene que con el acto reclamado no se afectan derechos sustantivos de la parte quejosa, puesto que en el juicio de origen falta que se llame al demandado, que se sustancie el juicio y en su caso que se resuelva, la que en todo caso puede ser en sentido favorable al interesado, por lo que no habrán trascendido en su perjuicio los actos que en esta vía combate. Además de que el hecho de que no proceda el juicio de amparo indirecto, no significa que la parte inconforme quede sin defensa, sino que tiene que sujetarse a los requisitos, términos, plazos y límites establecidos en el sistema jurídico mexicano. Por tanto, las actuaciones del juicio especial hipotecario, en la etapa en que se encuentran, no revisten el carácter a que se refiere el ordinal 107, fracción V de la ley de la materia, por ello, el acto reclamado no tiene el carácter de irreparable para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto. En lo conducente cobra aplicación la Jurisprudencia de la Décima Época, de número de registro 2006589, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página: 39, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Bajo ese contexto, es posible concluir que las actuaciones del juicio especial hipotecario de origen, no afecta derechos sustantivos, pues los actos reclamados y existentes en el expediente de origen solo se revisten de naturaleza procesal, por lo que la única consecuencia que genera la improcedencia del amparo indirecto, es que continúe la secuela procesal del juicio de origen desde el emplazamiento del quejoso hasta el dictado de la sentencia definitiva, lo que no da lugar a una afectación material directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, este interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados al Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado y Actuario adscrito toda vez que su constitucionalidad se hizo depender de lo reclamado a la autoridad ordenadora puesto que no se combatieron por vicios propios. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el Juicio de Amparo promovido por CÉSAR GABRIEL ESCOBEDO ISLAS, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y para los efectos indicados en el considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy siete de julio de dos mil veintiuno en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe, en observancia al Acuerdo General 5/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia.
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CITATORIO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte TERCERO INTERESADA MARÍA GUADALUPE QUEZADA MORA, APODERADA LEGAL DE AUTOFINANCIAMIENTO MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, el auto y/o resolución de SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, que en lo conducente establece: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 129/2021-IV, promovido por CÉSAR GABRIEL ESCOBEDO ISLAS, por derecho propio; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el día veintiséis siguiente a este Juzgado, por derecho propio CÉSAR GABRIEL ESCOBEDO ISLAS, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Juez Cuadragésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México y otras autoridades. SEGUNDO. Trámite. Por auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, se previno la demanda y, una vez que fue subsanada, el veintidós de marzo siguiente se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la parte tercero interesada y se señaló fecha para la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede y; CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado, en ese sentido se advierte que lo que la parte quejosa reclama del Juez Cuadragésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado y Actuario adscrito a dicho juzgado; si bien lo identificó como todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 1145/2018 promovido por la tercera interesada AUTOFINANCIAMIENTO MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA de CAPITAL VARIABLE, así como la disposición por parte de la Jueza ordenadora del inmueble ubicado en el lote 5-B derecho de la sección B del condominio horizontal denominada Las Puertas construido sobre el predio ubicado en calle Prolongación Héroes de Nacozari 126, colonia Flores Magón de Cuernavaca, Morelos. Sin embargo, de la lectura integral de las constancias del expediente en que se resuelve, concatenado a los conceptos de violación que se formularon, para así arribar a lo exactamente reclamado y no a lo que en apariencia se combate, se constata que el acto de autoridad del que se duele lo constituye la radicación del aludido controvertido, así como las consecuencias que del mismo se derivan pues como se destacará en los considerandos siguientes, en el particular el juicio de origen únicamente existe la radicación del mismo así como la orden de emplazarlo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Cuadragésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, ya que así lo refirió al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las fotocopias certificadas del Juicio especial hipotecario 1145/2018 que adjuntó al informe. De igual forma, se tienen por ciertos los actos que se reclaman al Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, así como al Actuario adscrito a dicho juzgado, no obstante que la autoridad nombrada en primer término al rendir el informe justificado lo haya negado, mientras que el Actuario refirió adherirse a lo informado por el titular del juzgado de su adscripción, lo cierto es que de las constancias que acompañó la Juez Cuadragésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, se advierte la existencia de los mismos. En ese sentido, el Juez Tercero Civil de Primera Instancia en esta ciudad refirió haber recibido un exhorto del Juez Cuadragésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, derivado del juicio especial hipotecario 1145/2018, en el que comisionó al fedatario para que lo cumplimente en sus términos, sin embargo, la referida comunicación oficial fue devuelta a su lugar de origen por no haberse diligenciado. Por ello, al advertirse que en efecto la autoridad jurisdiccional residente en esta entidad actuó en auxilio de la autoridad ordenadora indicada, aunque no se concretizaron las consecuencias por las que fue exhortado, se desvirtúa la negativa expresada y se tienen por ciertos los actos reclamados. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron autorizados por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que haya sido objetada su autenticidad. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser de orden público y estudio preferente, se procede al examen de los motivos de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo. En efecto, una vez analizadas las constancias existentes en autos, quien aquí resuelve estima que en el caso procede decretar el sobreseimiento al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII con relación al 107 fracción V de la Ley de Amparo, interpretado éste a contrario imperio; preceptos legales que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Ahora bien, conforme al artículo 107 fracción V de la ley de la materia, el amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En esas condiciones, se tiene que la Ley de Amparo en la fracción V de su artículo 107, define a los actos de imposible reparación como aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."; lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo que actualmente impera en el orden jurídico mexicano, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Cobra vigencia en lo que interesa, la jurisprudencia 2a. XLVIII/2015 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1070 del Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, de rubro "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO.". Ahora bien, a efecto de explicar la actualización de la causal de improcedencia invocada se estima necesario relatar los antecedentes del acto reclamado los que se obtienen de las copias certificadas del juicio natural que allegó como complemento al informe justificado la Juez Cuadragésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México. El doce de noviembre de dos mil dieciocho AUTOFINANCIAMIENTO MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA de CAPITAL VARIABLE por conducto de sus apoderados legales demandaron en la vía especial hipotecaria a CÉSAR GABRIEL ESCOBEDO ISLAS y otro. El juicio se radicó ante el Juzgado Cuadragésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México donde se registró bajo el expediente 1145/2018 y el quince de noviembre del mismo año se admitió a trámite, ordenando emplazar al aquí quejoso mediante exhorto dirigido al Juez Civil de Primera Instancia en Cuernavaca, Morelos. Por turno correspondió conocer a la Juez Tercera Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos quien radicó la comunicación oficial bajo el exhorto 69/2020, por lo que comisionó al Actuario de la adscripción para diligenciarlo. Mediante razón de nueve de noviembre de dos mil veinte el fedatario adscrito al juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos razonó la imposibilidad para realizar su cometido, por lo cual la titular del juzgado ordenó devolverlo a su lugar de origen. Siendo ésta la última actuación que se verifica en el procedimiento de origen con relación a la parte quejosa. De lo anterior se tiene que dentro del juicio especial hipotecario de origen el aquí quejoso es parte demandada. En ese sentido, se advierte que el quejoso acude al juicio de amparo al referir que desconoce el trámite del expediente natural, pues no ha sido llamado a juicio y por ello aduce ostentar el carácter de tercero extraño al mismo en su variante jurisprudencial de equiparado atento al carácter de parte en el mismo. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila; la "persona extraña" es opuesta a la de "parte procesal". Además, existe jurisprudencialmente otra figura que ha sido equiparada a la persona extraña, que es el sujeto, que formando parte de la controversia por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Por ello, puede decirse que existen dos tipos de persona extraña a juicio, el auténtico y el equiparado. Así, respecto al tercero extraño por equiparación debe entenderse como aquel sujeto demandado que no tuvo conocimiento del juicio seguido en su contra, por dos razones; una, porque no fue llamado al procedimiento; o, dos, porque habiéndolo hecho no se cumplan los requisitos legales establecidos para llevar a cabo el emplazamiento. Puntualizado lo anterior, en el caso, el acto reclamado consiste en la radicación del expediente 1145/2018 y, según lo manifestó el quejoso en las restantes actuaciones emitidas en el juicio especial hipotecario de origen así como lo que refiere constituye la disposición del inmueble ubicado en ubicado en el lote 5-B derecho de la sección B del condominio horizontal denominada Las Puertas construido sobre el predio ubicado en calle Prolongación Héroes de Nacozari 126, colonia Flores Magón de Cuernavaca, Morelos. Sin embargo, el quejoso es parte demandada dentro del Juicio especial hipotecario 1145/2018, en el que se ordenó emplazarlo sin que de las constancias que integran el sumario de origen se advierta que haya sido llamado a juicio aún de manera formal o que existiera alguna diligencia en la que se hiciera constar éste, ni mucho menos que se haya dictado sentencia definitiva en el mismo. La posición jurídica que guarda la parte quejosa respecto de los actos reclamados es de especial importancia, puesto que de ello dependerá si se sujeta a las reglas que rigen el procedimiento del cual derivan, o puede acudir directamente al juicio bi-instancial en defensa de sus derechos. Así, cuando la parte quejosa desconoce el origen de los actos reclamados se surte la hipótesis de procedencia prevista por el artículo 107 fracción VI de la Ley de Amparo, toda vez que quien solicita el amparo comparece como persona extraña a la controversia y, en este supuesto, no estaría obligado a interponer los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan; sin embargo, esa hipótesis está condicionada a que no se desvirtúe plenamente el carácter de tercero extraño, ya que en tal supuesto, el juicio sería improcedente. En ese sentido se tiene que en el escrito inicial de demanda, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento que el quince de febrero del año en curso, la Actuaria adscrita al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, se constituyó en su domicilio y solicitó la desocupación y entrega del inmueble. No obstante lo anterior, de la vista que se dio con las constancias remitidas como justificación de sus actos por parte de las autoridades responsables, además de que le permitieron conocer de la existencia de un juicio iniciado en su contra, también advirtió que no se ha dictado la sentencia respectiva, por lo que resulta claro que está en condiciones de comparecer al controvertido de origen, a contestar la demanda, oponer excepciones y ofrecer las pruebas que estime conducentes -una vez que sea llamado a dicha controversia- lo que conduce a concluir que lo aquí reclamado no produce una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, ya que una vez que sea emplazado al controvertido de origen o en caso contrario al apersonar al ya haber tomado conocimiento del estado procesal del juicio de origen, el quejoso estará en aptitud de dar contestación a la demanda, oponer las excepciones que estime pertinentes así como ofrecer las pruebas para demostrarlas, de ahí que lo reclamado en el presente juicio no lesiona bienes jurídicos distintos de los que confieren las leyes adjetivas. Además de que en el presente asunto no se está ante un acto en los que se deje sin defensa a la parte quejosa, ni de los que le causen un perjuicio irreparable, puesto que, como se explicó, el quejoso aún no ha sido emplazado al procedimiento de origen. En tal virtud, ya que el juicio de amparo indirecto procede sólo contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa e inmediata derechos sustantivos de las partes y que trasciendan del ámbito procesal a la esfera del gobernado en cuanto a sus derechos sustantivos como podrían ser la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera; de manera que resulta improcedente como en el caso acontece el que se promueva en contra de los actos que únicamente producen una afectación de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de una determinación favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllos sin vulnerar los derechos fundamentales, de conformidad con los artículos 107 Constitucional, fracción III, inciso b) y 107 fracción V, de la Ley de Amparo. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación de que se trate puede ser analizada nuevamente al dictar la resolución definitiva que se emita en el juicio hipotecario de origen, sino en que, con motivo de una determinación favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso a), fracción III del artículo 107 Constitucional. Aunado a ello, los actos aquí reclamados únicamente recaen sobre derechos puramente procesales, sin lesionar bienes jurídicos distintos de los que confieren las leyes adjetivas, ello es así al advertirse que el juicio especial hipotecario de origen aún se encuentra pendiente de integrar al litigio al aquí quejoso, al no haber sido emplazado al mismo, en tanto que las actuaciones que contiene el controvertido natural -al margen de cualquier consideración sobre el que sean correctas o no- no hacen procedente el amparo, pues no afectan materialmente derecho sustantivo alguno en su contra. De lo que se tiene que con el acto reclamado no se afectan derechos sustantivos de la parte quejosa, puesto que en el juicio de origen falta que se llame al demandado, que se sustancie el juicio y en su caso que se resuelva, la que en todo caso puede ser en sentido favorable al interesado, por lo que no habrán trascendido en su perjuicio los actos que en esta vía combate. Además de que el hecho de que no proceda el juicio de amparo indirecto, no significa que la parte inconforme quede sin defensa, sino que tiene que sujetarse a los requisitos, términos, plazos y límites establecidos en el sistema jurídico mexicano. Por tanto, las actuaciones del juicio especial hipotecario, en la etapa en que se encuentran, no revisten el carácter a que se refiere el ordinal 107, fracción V de la ley de la materia, por ello, el acto reclamado no tiene el carácter de irreparable para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto. En lo conducente cobra aplicación la Jurisprudencia de la Décima Época, de número de registro 2006589, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página: 39, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Bajo ese contexto, es posible concluir que las actuaciones del juicio especial hipotecario de origen, no afecta derechos sustantivos, pues los actos reclamados y existentes en el expediente de origen solo se revisten de naturaleza procesal, por lo que la única consecuencia que genera la improcedencia del amparo indirecto, es que continúe la secuela procesal del juicio de origen desde el emplazamiento del quejoso hasta el dictado de la sentencia definitiva, lo que no da lugar a una afectación material directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, este interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados al Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado y Actuario adscrito toda vez que su constitucionalidad se hizo depender de lo reclamado a la autoridad ordenadora puesto que no se combatieron por vicios propios. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el Juicio de Amparo promovido por CÉSAR GABRIEL ESCOBEDO ISLAS, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y para los efectos indicados en el considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy siete de julio de dos mil veintiuno en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe, en observancia al Acuerdo General 5/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia.
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