César Freyre Morales
Expediente 332/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 332/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/04/2018
Partes del expediente
- César Freyre Morales y Otros.
- Paul Uriel Martínez Rodríguez
- César Freyre Morales
- Paul Uriel Martínez Rodríguez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Toluca, México; dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Vistas las certificaciones secretariales de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra los proveídos de veintiséis de marzo y cinco de abril, ambos del año en curso (fojas 34 a 37 y 48 a 51, respectivamente), a través de los cuales se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por *********, y se desechó respecto de *******, sin que la parte quejosa haya hecho valer recurso alguno; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, en relación con el diverso precepto legal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dichos autos han causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, con fundamento en lo establecido en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo respecto de diversos quejosos y se desechó respecto de otro, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido; lo anterior, con excepción de la resolución en la que se concedió de plano y oficio la suspensión de los actos reclamados, pues ésta deberá conservarse en términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción III, del referido Acuerdo General. De igual modo, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, dígase a la autoridad señalada como responsable que en virtud de lo acordado en líneas que preceden, en esta data se deja sin efectos la suspensión de plano y oficio decretada mediante proveído de nueve de marzo del año en curso (fojas 13 a 17), lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese; personalmente a los quejosos en el lugar de su reclusión y por conducto de su representante común.
- Principal
De conformidad con lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguense a los autos las razones actuariales de cuenta, y en atención a su contenido, se provee: En relación con la constancia de notificación personal, registrada con el número de control 6326, realizada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Tercero de Distrito al quejoso César Freyre Morales, en la cual obra la firma estampada por el quejoso, se advierte que ésta difiere notablemente de la visible en la demanda de amparo (foja 11). Lo anterior, sin que este órgano jurisdiccional tenga que allegarse de una prueba en materia de grafoscopía para determinar si el quejoso César Freyre Morales, fue quien suscribió el escrito inicial, pues resulta evidente que las firmas son notoriamente distintas. ESCRITO DE DEMANDA (FOJA 11) CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DE CUENTA. Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la constancia de notificación de cuenta tiene valor probatorio pleno, pues al tratarse de la actuación de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en su razón corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Es aplicable la jurisprudencia 563, publicada en la página 405 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, cuyo contenido es: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Ahora, de la diligencia referida se advierte que la firma estampada por el quejoso difiere notablemente de la visible en la demanda de amparo; lo anterior, sin que este órgano jurisdiccional tenga que allegarse de una prueba en materia de grafoscopía para determinar si César Freyre Morales, fue quien suscribió el escrito inicial, pues resulta evidente que las firmas son notoriamente distintas. En consecuencia, resulta ilógico especular que las firmas estampadas supuestamente por la misma persona contengan rasgos notoriamente diferentes, toda vez que la firma es el signo grafico que distingue a una persona de otra. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 5°, fracción I, y 6° de la misma legislación, lo procedente es desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda promovida por César Freyre Morales. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, a su vez lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica, por haberse interpretado disposición de similar contenido, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, tomo VII, Novena Época, cuyo contenido es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Luego, los artículos 61, fracción XXIII, 5°, fracción I, y 6°, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. . Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Conviene precisar que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos que pueden estimarse improcedentes, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. A lo anterior sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 175/2013 (10a.) publicada en la página 1344, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Décima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción." Ahora bien, el artículo 6° de la Ley de Amparo expresa que puede promoverse el juicio por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del diverso precepto legal 5º, de la misma legislación, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica y puede hacerlo por sí o por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la Ley de la materia. Asimismo, la palabra perjuicio debe interpretarse en el sentido de ofensa al derecho del quejoso por lo que para la procedencia del juicio de amparo debe exigirse la comprobación por parte de este del derecho que en su concepto ha sido afectación por el acto que reclama de la autoridad responsable. En la especie, al no coincidir las firmas estampadas por César Freyre Morales, en la diligencia de notificación de cuenta, con la que calza la demanda de amparo (foja 11), se advierte que dichos ocursos no fueron signados por la parte quejosa, de lo cual se deduce que el juicio de amparo no fue promovido por el gobernado a quien perjudica la actuación reclamada, con lo que se viola el principio de parte agraviada previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de referencia, con fundamento en lo establecido en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 5°, fracción I, y 6° de la propia legislación. Sobre el particular se invoca, por haberse interpretado disposición de similar contenido, la jurisprudencia V.2o. J/75, publicada en la página 77 del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 1993, Tomo 68, Octava Época, del texto: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Finalmente, resulta aplicable la tesis publicada con la clave V.1º.19K, en la página 1391 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 1999, Tomo IX, Novena Época, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DISCREPANCIA DE LA FIRMA QUE LA CALZA Y LA ESTAMPADA EN LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN DE LA MISMA. La determinación de desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo, cuando existe discrepancia notoria entre la firma que la calza y la de la diligencia de ratificación de la misma, es correcta tomando en consideración que el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y por tanto la demanda de amparo debe ser firmada por el interesado o por su representante para que quede de manifiesto la voluntad de instar el juicio; pues estimar lo contrario, significaría aceptar como válido el proceder de un apoderado que se presenta a ratificar una demanda que no suscribió, con lo que se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, sin ser la interesada, firmara una demanda con el propósito de presentarla oportunamente, para después, en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad con la ratificación de quien no la suscribió." En otro punto, de las razones actuariales registradas con los números de control 6322 y 6323, se advierte que el Actuario Judicial adscrito manifestó la imposibilidad de notificar el proveído de veintiséis de marzo pasado (fojas 34 a 37), a los quejosos Froylán Benítez Benítez y Víctor Manuel Hinojosa Castro, por los motivos ahí expuestos, esto es, porque al constituirse en las instalaciones del centro penitenciario en donde se encuentran recluidos los citados quejosos, fue informado que se encontraban en el área de locutorios y en visita familiar, respectivamente. En esas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, comisiónese de nueva cuenta al Actuario Judicial adscrito para notificar el citado acuerdo y la presente determinación a los aludidos quejosos en el lugar en donde se encuentran recluidos, incluso en días y horas inhábiles de conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a los quejosos César Freyre Morales, Froylán Benítez Benítez y Víctor Manuel Hinojosa Castro, la presente determinación; y a los dos últimos de los citados el diverso acuerdo de veintiséis de marzo de este año, en el lugar en el que se encuentran recluidos.
- Principal
Notifíquese; y personalmente de forma individual a cada uno de los quejosos en el lugar de su reclusión.
- Principal
agréguese a los autos la constancia de notificación hecha por el Actuario Judicial adscrito, de la que se advierte que el quejoso César Freyre Morales, aduce cumplir con los requerimientos insertos en auto aclaratorio de nueve de marzo de este año (fojas 13 a 17). En ese sentido, se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto la totalidad de los quejosos cumplan con lo solicitado en el aludido auto aclaratorio, o bien, fenezca el término concedido para tal efecto. Finalmente, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio; o bien, en el lugar de su reclusión, la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad, tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional a fin de que estuviera en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal conviniera y no hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia, por ende, las determinaciones que no tengan como finalidad impulsar el procedimiento como en la especie y como pudieran ser los escritos agregados en líneas que anteceden o la autorización de copias para alguna de las partes, por citar algunos, no es necesario que se ordene la notificación de manera personal.
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