César Freyre Morales

Expediente 959/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 20 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
959/2020
Año
2020
Actuaciones
20
Última actuación
11/11/2022

Partes del expediente

  • César Freyre Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, once de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos, del cual se advierte que mediante proveído de nueve de los cursantes se tuvo por recibido el oficio a través del cual la Encargada del Despacho de la Dirección General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales, solicitó a este órgano Jurisdiccional, para que antes del veintitrés de noviembre del año en curso, remita la información del presente juicio respecto de los puntos siguientes: Antecedentes, desarrollo procesal y estado actual del expediente de mérito, así como los datos relativos en su caso, de los recursos interpuestos en la secuela procesal o contra la sentencia y resoluciones que se hubieran emitido. Síntesis de los razonamientos jurídicos relevantes y el sentido de las sentencias emitidas, así como la fecha en que esta fue notificada. Informe si en el expediente de mérito el señor Cesar Freyre Morales manifestó o denunció violación a sus derechos a la libertad derivada de una posible detención arbitraria y prolongada, así como si fue víctima de tortura, malos tratos y amenazas para auto incriminarse y de muerte. En su caso, que determinaciones y medidas pronuncio al respecto, para garantizar los derechos de la posible víctima de tortura. Además, si se le realizaron pruebas conforme a la aplicación del protocolo de Estambul, de ser así cuál fue el resultado, o bien, si se encuentra en etapa de desahogo y, en un supuesto negativo, las razones por las que no se le aplico. Comunique si el señor **** alegó violaciones a su debido proceso en relación con una educada defensa. Así mismo, informe si el peticionario ha sido trasladado a diversos centros de reclusión, por diversas órdenes administrativas o por órdenes judiciales. De ser el caso, informe los motivos por los cuales se ha concedido la movilidad al peticionario. Comunique, si ***** alegó transgresión al principio de presunción de inocencia y lo relativo a la eventual exhibición ante los medios de comunicación y la muestra de su fotografía en espectaculares de los que adujo fue objeto y, si estas fueron valoradas al resolver si situación jurídica. De ser el caso, qué medidas se tomaron al respecto, los razonamientos relevantes y sentido de la determinación, así como si en contra de ésta se promovió algún recurso. Informe si el peticionario denunció trasgresión a su derecho a la salud, derivado de que las autoridades penitenciarias supuestamente han omitido tomar las medidas necesarias para que le sea proporcionada una adecuada alimentación y servicio médico. Informe si el peticionario denunció transgresión a su derecho a la privacidad, derivado de la intervención del teléfono de su madre M****, de ser el caso, qué medidas se tomaron al respecto. Cualquier información u observación que estime pertinente para integrar la postura del Estado Mexicano en el presente asunto y que esté relacionada con los hechos narrados en el escrito del señor ******. Asimismo, solicitó la remisión de la copia certificada, completa y legible de las siguientes constancias: Demanda Autos de admisión, prevención y ampliaciones Acto reclamado Sentencia, así como el auto por el que causó ejecutoria Acuerdos por los cuales se haya proveído sobre la suspensión del acto Proveídos en los cuales se haya emitido pronunciamiento sobre el cumplimiento a las medidas de suspensión Cualquier otro auto o resolución que considere relevante. Por tanto procédase a atender el requerimiento formulado por la Encargada del Despacho de la Dirección General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales, en los términos siguientes: Sobre lo solicitado en el punto número 1: Por escrito presentado el quince de diciembre de dos mil veinte mediante buzón judicial, turnado el mismo día ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, remitido en la misma data a este Juzgado de Distrito; César Freyre Morales solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, respeto de las autoridades responsables y actos reclamados siguientes: "III).- AUTORIDADES RESPONSABLES: DIRECTOR GENERAL DEL CEFERESO #1 "ALTIPLANO", ALMOLOYA DE JUÁREZ. B).- TITULAR DEL ÁREA MÉDICA, DEL CEFERESO #1 "ALTIPLANO", ALMOLOYA DE JUÁREZ. IV).- ACTOS RECLAMADOS: AMPARO CONTRA ACTOS DEL ARTÍCULO 22, CONSTITUCIONAL Y EN LO ESPECIFICO LO ES LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA EN LAS ESPECIALIDADES DE (ANGIOLOGÍA, NEUMOLOGÍA, INTERNISTA), ASÍ COMO LA FALTA DE SUMINISTRACIÓN MÉDICA POR PADECIMIENTOS CRÓNICOS, Y LA FALTA DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESAR ACCESORIOS (ZAPATOS, CALCETINES, GUANTES), ASÍ COMO LA FALTA DE SOMETER AL QUEJOSO A ESTUDIOS CLÍNICOS PRESCRITOS POR LOS ESPECIALISTAS, LO ANTERIOR BAJO EL COSTO ERARIO PÚBLICO. COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 4 CONSTITUCIONAL.". Que por auto de quince de diciembre de dos mil veinte, se radicó la demanda de amparo con el número 959/2020-II-B, se decretó la suspensión de plano, respecto de la falta de atención médica reclamada y se admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió el informe justificado a las autoridades responsable y se dio vista al Agente del Ministerio Público adscrito. Seguida la secuela procesal, una vez recibidos los informes de ley y las constancias relativas al expediente clínico del quejoso, el doce de marzo de dos mil veintiuno, se dictó sentencia de ley, con los siguientes resolutivos: "R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ****** en los términos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *******s, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables, precisados en el considerando segundo de la presente resolución, para los efectos precisados en el similar último.". Que lo efectos por los que se otorgó el amparo son los siguientes: "En consecuencia, atendiendo al derecho fundamental violado, lo procedente es otorgar el amparo solicitado, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria esta sentencia, las autoridades responsables, en el ámbito de sus competencias, brinden al quejoso la atención médica especializada, puesto que ha quedado demostrado que el impetrante requiere valoración, estudios, seguimiento y tratamiento en neumología y/o medicina interna, por lo que deberán concretar las citas necesarias para el efecto de que sea valorado por los especialistas e inicie el tratamiento que tengan a bien determinar, y de ser el caso, una vez evaluado por los expertos, le otorguen los medicamentos que sean indicados; en caso de que no cuente con ellos, le brinden las facilidades necesarias para adquirirlos. En el entendido de que se tendrá por cumplida la ejecutoria de amparo cuando las responsables remitan a este Juzgado copia certificada de las constancias que acrediten la cita o citas que fueren otorgadas al quejoso para su debida atención en la especialidad que requiere.". Por auto de seis de abril del año en curso, causó ejecutoria la citada sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. En la etapa de ejecución, se advierte lo siguiente: 1. Cumplimiento. Por oficio PRS/CGCF/CFRS1/DG/ 006850/2021 de catorce de mayo de dos mil veintiuno, la Directora General y la encargada del servicio médico del Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada por este tribunal el doce de marzo de dos mil veintiuno, y para tal efecto, acompañó copia certificada de la cita para la realización de análisis y los estudios de laboratorio efectuados al quejoso *****. 2. Vista. Mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibido que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, con base en los elementos obrantes en el expediente y los datos aportados por la responsable. 3. Notificación. El acuerdo de referencia se notificó por lista a quejoso el diecinueve de mayo posterior (fojas 207 vuelta). 4. Desahogo. En proveído de diecinueve de mayo del año pasado, se hizo constar que el peticionario del amparo desahogó la vista dentro del plazo concedido para tal efecto. 5. Cumplimiento. Mediante proveído de catorce de junio del año próximo pasado, se determinó cumplida la ejecutoria de amparo. Por auto de ocho de julio de dos mil veintiuno, se declaró firme la determinación que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo y se ordenó el archivo del juicio como asunto concluido. Respecto lo solicitado en el punto número 2: Se precisa que en el presente juicio, sólo se dictó una sentencia en fecha doce de marzo de dos mil veinte, en la que por un lado se sobreseyó y por el otro se otorgó el amparo solicitado; misma que causo ejecutoría, al no haber sido recurrida por las partes. Los razonamientos jurídicos relevantes son los siguientes: Sobreseimiento: "Sobre el particular, respecto al acto reclamado precisado en el inciso b) del considerando segundo, así como la falta de suministros de medicamentos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Ahora bien, de las precisiones realizadas se arriba a la conclusión de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto tildado de inconstitucional; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. En esas condiciones, la cesación de efectos significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo cual implica no sólo la detención definitiva del acto reclamado, sino la desaparición total de los efectos del mismo, que puede verse acompañado o no de su insubsistencia, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización de la actuación de la responsable, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un hecho que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de los mismos, la reparación constitucional carezca de materia, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, pues el quejoso reclamó de las responsables la falta de autorización o emisión de la receta médica a efecto de estar en condiciones de ingresar al centro de reclusión accesorios de acuerdo al padecimiento que presenta, tales como zapatos, calcetines y guantes, así como el suministro de medicamentos. Ahora, de las constancias remitidas por la responsable se advierte que el dieciséis de diciembre de dos mil veinte (un día posterior a la presentación de la demanda de amparo), el médico de guardia del Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano", atendió al quejoso en el área de medicina general, y en razón a la patología que éste presenta denominada "raynaud", autorizó que ****** utilizara un par calcetines y otro de guantes de lana, asimismo, le fueron entregadas tres tipo de medicamentos diferentes a efecto de tratar dicho padecimiento, recetas en la cual obra su firma de recibido. (Foja 20 de autos). Razón por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio respecto a los actos precisados, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la misma ley. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, Junio de 1999, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". Otorgamiento del amparo: "Ahora bien, de las constancias exhibidas por las responsables como complemento a su informe justificado, se tiene que el médico de guardia del centro de reclusión, el dieciséis de diciembre de dos mil veinte diagnosticó al aquí quejoso con "probable neumopatía", coincidiendo con la manifestación que éste expresó en su demanda de amparo, en el sentido de tener problemas para la adecuada respiración y dolor de pecho al hacerlo; lo que originó que el citado profesionista solicitara la valoración mediante "medicina interna" así como "valoración por neumología". No obstante lo anterior, en la misma data el médico tratante expidió a favor del impetrante un formato de solicitud para laboratorio, estudios de gabinete, consulta de primera vez, así como de especialidad y tratamientos médicos y quirúrgicos; forma de la que se desprende que el quejoso solicitó una ampliación del tope máximo permitido en su cuenta individualizada a fin de que sus familiares le transfieran la cantidad de $1,105.00 (mil ciento cinco pesos 00/100 moneda nacional), para estar en condiciones de costear el gasto de los estudios clínicos ineludibles, haciendo la precisión el profesionista de guardia que dicho pago se realizará en un plazo no mayor de treinta días, y que el numerario se utilizará para la atención médica en favor del paciente. Así, del informe justificado rendido por la responsable, de fecha "15 de enero de 2020" sic, se advierte que expresamente refirió: "no omito mencionar que se está a la espera de que familiares o defensores particulares del paciente realicen el depósito extraordinario por la cantidad de $1,105.00 (un mil ciento cinco pesos 00/100/M.N.), esto con el fin de llevar a cabo la realización de estudios de laboratorio consistentes en: FUNCIÓN HEPÁTICA, FUNCIÓN RENAL Y UROANALISIS". Sin embargo, mediante notificación realizada al quejoso el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, éste manifestó que a la fecha no se le había remitido al área de especialidades en razón de los padecimientos que presenta, mismos que fueron señalados por el propio médico de guardia. Es importante destacar que el seis de enero de dos mil veintiuno, el quejoso fue valorado nuevamente por el médico de guardia, mismo que lo diagnosticó con cuadro de rinitis no grave, solicitando el profesionista de que se trata monitoreo del paciente mediante oximetría y aislamiento en su estancia; así, al ser valorado en varias ocasiones en dicho centro de readaptación, el impetrante ha reiterado las condiciones que padece, por lo que si bien, el área médica lo ha estado tratando, dicho galeno ya solicitó y/o recomendó valoración mediante medicina interna, así como en la especialidad de neumología dados los padecimientos que el paciente presenta en las revisiones. Sin embargo, a la fecha en que se resuelve el presente asunto, no obra constancia en autos de que el quejoso haya sido canalizado a dichas especialidades, o bien, las gestiones hechas por las responsables en las instituciones de salud a efecto de que concreten una cita para la valoración correspondiente, por el contrario, han referido que están a la espera de que el defensor o familiares del promovente, realicen la transferencia de la cantidad citada en párrafos que anteceden para estar en condiciones de realizarle los estudios de laboratorio correspondientes. Es decir, la atención médica del aquí quejoso se encuentra supeditada a que sus familiares o defensor garanticen el pago del costo de los estudios pertinentes; lo que a juicio de este juzgado, es una acción que puede traer consecuencias a la salud del promovente, lo cual constituye una omisión atribuible a las responsables, pues en estricto respecto al derecho a la salud consagrado en el numeral 4° de la Constitución, deben realizar las gestiones que estimen suficientes para brindar la atención que requiera, y así sea posible la continuación del tratamiento que tengan a bien determinar los especialistas, sin estar sujetos al desembolso que en su momento realicen los familiares. Lo anterior, en beneficio del gobernado dado el padecimiento y estado de salud que posee, mismo que fue diagnosticado por el propio médico de guardia de dicho centro penitenciario, pues así se encuentra acreditado en autos. Así las cosas, es evidente que las responsables han incumplido con su obligación de preservar y restablecer el derecho a la salud del impetrante, al no realizar las acciones que resulten humanamente posibles a efecto proporcionarle la atención médica y tratamiento que requiere para sus padecimientos, o bien, entablar comunicación con las instituciones de salud ya sea estatales o federales para la valoración del quejoso, dado que al estar únicamente a la espera del pago que en su momento realicen sus familiares, resulta un actuar pasivo por parte de las autoridades, en detrimento del derecho humano previsto en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 457 del Tomo XXVIII, Julio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." Así como la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página sesenta y uno del Tomo XXVIII, Octubre de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del encabezado siguiente: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4º, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL." En consecuencia, atendiendo al derecho fundamental violado, lo procedente es otorgar el amparo solicitado, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria esta sentencia, las autoridades responsables, en el ámbito de sus competencias, brinden al quejoso la atención médica especializada, puesto que ha quedado demostrado que el impetrante requiere valoración, estudios, seguimiento y tratamiento en neumología y/o medicina interna, por lo que deberán concretar las citas necesarias para el efecto de que sea valorado por los especialistas e inicie el tratamiento que tengan a bien determinar, y de ser el caso, una vez evaluado por los expertos, le otorguen los medicamentos que sean indicados; en caso de que no cuente con ellos, le brinden las facilidades necesarias para adquirirlos. En el entendido de que se tendrá por cumplida la ejecutoria de amparo cuando las responsables remitan a este Juzgado copia certificada de las constancias que acrediten la cita o citas que fueren otorgadas al quejoso para su debida atención en la especialidad que requiere. No pasa desapercibida la manifestación del quejoso en el sentido de que igualmente requiere consulta de especialidad en angiología, sin embargo, dicha atención especializada no fue precisada por el médico de guardia del centro penitenciario en que se encuentra. Finalmente, se precisa que la fecha en que el quejoso fue notificado de la sentencia de amparo el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, la cual se realizó de manera personal en el centro de reclusión. Sobre lo solicitado en el punto número 3: En el juicio que se actúa el quejoso señaló como autoridades responsables a las siguientes: Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, "Altiplano", en el Estado de México. Titular del Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, "Altiplano", en el Estado de México. De quienes reclamó: La falta de brindar la atención médica en las especialidades de angiología, neumología e internista, así como la falta de suministros de medicamentos y la omisión de realizarle estudios clínicos en las citadas especialidades. La falta de autorización (emisión de receta médica) para ingresar accesorios de acuerdo al padecimiento que presenta, tales como zapatos, calcetines y guantes. Por lo que no manifestó o denunció violación a sus derechos a la libertad derivada de una posible detención arbitraria y prolongada, así como tampoco hecho de si fue víctima de tortura, malos tratos y amenazas para auto incriminarse y de muerte. Sin embargo, se aclara que este Juzgado, mediante proveído de quince de diciembre de dos mil veinte decretó la suspensión de plano respecto de la falta de atención médica que reclamó el quejoso en el centro de su reclusión. Por otra parte, por lo que respecta al punto 4. En primer momento, se precisa que el juicio en que se actúa es un juicio de amparo, no así de proceso en el que se siga en su contra; por lo que en el caso, se dio trámite al juicio respecto al acto que en ese momento reclamó, consistente en la falta de atención médica de la que adujó ser objeto en el centro de su reclusión. Sobre lo solicitado en el punto número 5: Al respecto se reitera, que el juicio en que se actúa es un juicio de amparo, no así de proceso en el que se siga en su contra; por lo que en el caso, se dio trámite al juicio respecto al acto que en ese momento reclamó, consistente en la falta de atención médica de la que adujó ser objeto en el centro de su reclusión; por lo que en el caso, no se advirtieron alegaciones al principio de presunción de inocencia y lo relativo a la eventual exhibición ante los medios de comunicación y la muestra de su fotografía en espectaculares de los que adujo fue objeto, por tanto, dichas circunstancias no fueron materia de la Litis en el juicio en que se actúa. Por lo que respecta al punto 6. Se informa que en el caso, el quejoso César Frayne Morales en el juicio en que se actúa reclamó la falta de atención médica de que fue objeto en el centro de su reclusión, formulando violaciones al derecho a su salud, por lo que como se expuso en el punto uno se dio trámite a la demanda de amparo, se concedió la suspensión de plano y en su momento se dictó sentención en la que se otorgó el amparo solicitado. En la etapa de ejecución de sentencia, se veló por su debido cumplimiento. Por lo que respecta al punto 7. Al respecto se reitera, que el juicio en que se actúa es un juicio de amparo, no así de proceso en el que se siga en su contra; por lo que en el caso, se dio trámite al juicio respecto al acto que en ese momento reclamó, consistente en la falta de atención médica de la que adujó ser objeto en el centro de su reclusión; por lo que en el caso, no se advirtieron alegaciones a su derecho de privacidad, derivada de la intervención del teléfono de su madre. Sobre lo solicitado en el punto número 8: En el caso, se reitera que el juicio que se actúa el quejoso César Frayne Morales señaló como autoridades responsables a las siguientes: Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, "Altiplano", en el Estado de México. Titular del Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, "Altiplano", en el Estado de México. De quienes reclamó: La falta de brindar la atención médica en las especialidades de angiología, neumología e internista, así como la falta de suministros de medicamentos y la omisión de realizarle estudios clínicos en las citadas especialidades. La falta de autorización (emisión de receta médica) para ingresar accesorios de acuerdo al padecimiento que presenta, tales como zapatos, calcetines y guantes. Que como medida precautoria, este Juzgado, mediante proveído de quince de diciembre de dos mil veinte decretó la suspensión de plano respecto de la falta de atención médica que reclamó el quejoso en el centro de su reclusión. A fin de acreditar lo expuesto, y como se solicita, remítase copia certificada de la totalidad de constancias que integran el presente juicio. Se ordena al licenciado ******, quien funge con el carácter de secretario de Juzgado, para que de manera inmediata proceda a enviar la información solicitada y en su caso remita las copias certificadas respectivas.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, las partes quejoso no interpuso inconformidad, dentro del término legal, contra el auto que tuvo por cumplida la sentencia; en consecuencia, con fundamento en los artículos 357 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento con el artículo 18, fracción I inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, el diverso 7.1.1 en su numeral 1, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; ambos ordenamientos establecen las disposiciones en Materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este asunto, es susceptible de depuración, ya que se concedió el amparo solicitado y carece de relevancia documental. .

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por misiva SEADS/318/2021, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que en sesión celebrada el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, acordó la adscripción a este Juzgado Federal del Juez Juan Manuel García Arreguín, quien a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, es Titular del mismo; por lo que, con fundamento en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese vista a las partes por el términos de tres días, conforme al artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, página 312, Novena Época, con número de registro 164217, del rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Finalmente, visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de dieciocho de mayo pasado, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por las responsables, estando a la espera de la valoración correspondiente.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Intégrese el escrito suscrito por el quejoso ********************, por medio de la cual realiza diversas manifestaciones respecto del cumplimiento a la sentencia que concedió el amparo en el presente sumario; en consecuencia, ténganse por formuladas, las cuáles serán tomadas en consideración al momento de emitir la valoración correspondiente, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo.

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