Cesar Francisco Lezama Mendoza

Expediente 549/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 23 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
549/2020
Año
2020
Actuaciones
23
Última actuación
04/10/2021

Partes del expediente

  • Cesar Francisco Lezama Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Incidental

    V.- Visto el estado que guardan los presentes autos incidentales, toda vez que con esta propia fecha, se tuvo por cumplido el fallo protector en el juicio de amparo principal de donde deriva el presente incidente y que en los presentes autos se negó por una parte y se concedió por otra las suspensiones provisional y definitiva que solicitó la parte quejosa; en consecuencia, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el DUPLICADO de este incidente de suspensión es susceptible de destrucción después de los SEIS MESES siguientes a partir del presente acuerdo, toda vez que existe el cuaderno original. Ahora bien, por lo que ve al expediente ORIGINAL de este incidente de suspensión, conforme al artículo 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General, se indica que el presente expediente debe considerarse de archivo reciente y ser conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años, por lo que una vez cumplido este plazo, deberá transferirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, conforme al artículo 18 del Acuerdo General, este expediente es susceptible de depuración después de los TRES AÑOS siguientes a partir del presente acuerdo, toda vez que existen resoluciones en que se otorgó la suspensión; asimismo, no se considera de relevancia documental, ni contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes. Hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

  2. Principal

    V.- Visto el estado que guardan los presentes autos, conforme así lo permiten las cargas de trabajo debido a las condiciones de limitación de recursos humanos disponibles y la restricción de horario, imperantes circunstancias impuestas con las que funcionan actualmente los órganos jurisdiccionales federales, de los que se advierte que las partes no realizaron manifestación alguna en relación a la vista que se ordenó en proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno; por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento, y este órgano jurisdiccional procede a resolver lo que corresponde en términos de lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia registrada con el número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Precisado lo anterior, es necesario puntualizar los términos de los efectos para los cuales fue concedido el amparo de la Justicia Federal al quejoso CESAR LEZAMA MENDOZA, por propio derecho y en representación de sus menores hijas de identidad reservada, en sentencia terminada de engrosar el treinta de junio de dos mil veintiuno, que fue el siguiente: "a) Deje insubsistente el acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veinte, en lo relativo a la medida de protección y prohibición que decretó; y b) Con plenitud de jurisdicción pronuncie una nueva resolución, en la cual deberá expresar con exactitud además del preceptos o preceptos legales aplicables al caso, señalar con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tenga en consideración para la emisión del acto; debiendo existir adecuación entre los motivos y las normas aplicables; es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas, tomando en consideración las pruebas aportadas por la parte aquí tercero interesada.". Por auto de dos de agosto de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de mérito, motivo por el cual, se requirió a la autoridad responsable correspondiente informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector. En proveídos de nueve y dieciocho de agosto del año en curso, se tuvieron por recibidos los oficios 7148/2021 y 7472/2021, con los cuales la autoridad responsable Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, con sede en esta ciudad, informando respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; para ello, con el primero transcribió el auto de cinco de agosto del año en curso, por el que dejó insubsistente el acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veinte, únicamente en la parte relativa a la medida de protección y prohibición, y dictó uno nuevo en el que tomando en consideración las pruebas aportadas que aludió, fundando y motivando su proveído, determinó no acceder a la orden de restricción y protección que se había decretado al quejoso de sus menores hijas y de la tercera interesada, ordenando girar oficio al Secretario de Seguridad Pública del Estado y Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a fin de dejar sin efectos la medida de protección otorgada a Ángeles Díaz Celaya. Asimismo, ordenó girar oficio al Director del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial del Estado, informando haber dejado sin efecto sin efectos las convivencias ordenadas mediante oficio 6841/2020, de cuatro de diciembre de dos mil veinte, y comunicando también, que quedaban subsistentes las convivencias pactadas mediante convenio elevado a categoría de sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 807/2019; lo que quedó notificado a las partes como lo demostró con las constancias que adjuntó al diverso oficio; lo cual acreditó con copias certificadas para acreditar tal efecto. Documentales a las que se les otorga valor probatorio, al tratarse de documentos en copia certificada, por lo que constituyen documentos oficiales al estar debidamente firmados por los funcionarios con facultades para ello, los cuales tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2; con las que se estima que se ha dado cumplimiento a la sentencia emitida por este Juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, parte SCJN, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, en Materia Común, que establece: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. En proveídos de nueve y dieciocho de agosto del año en curso, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada, con el contenido de los oficios, y anexo que adjuntó la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que en el plazo de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, sin que hayan realizado manifestación alguna. Por ende, es inconcuso que la responsable acató los lineamientos del fallo constitucional y al no existir exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pueda concluirse que la parte quejosa fue restituida en el goce de sus derechos fundamentales, por lo que se declara para todos los efectos legales a que haya lugar, QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. Tómese en consideración que la fecha en que la autoridad responsable dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo fue el nueve de agosto del año en curso fecha en que consta acredita que se notificó a la parte quejosa el proveído que emitió el cinco de agosto de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el invocado numeral 196, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, procede el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, del capítulo Séptimo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que el presente expediente debe ser depurado, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en referido artículo, éste debe ser depurado y posteriormente deberá ser transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación; asimismo, y como lo dispone el párrafo segundo del referido artículo, en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto consérvese únicamente la demanda, sentencia respectiva, acuerdo donde cause ejecutoria el fallo emitido, así como el presente proveído, mismas que deberán digitalizarse debiendo depurarse las constancias restantes; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este juicio como asunto totalmente concluido, por lo que deberá realizarse la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. De igual manera, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo. Igualmente, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de NOVENTA DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos legales la notificación de este proveído, acuda a este Órgano Jurisdiccional a recoger los documentos exhibidos en el presente juicio de garantías, previa identificación a satisfacción de este Juzgado y constancia de su recibo que se deje en autos para tal efecto, así como, previa copia certificada que de los documentos a devolver se deje en este expediente, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, dicha documentación será destruida junto con el expediente, conforme a lo establecido en párrafos precedentes. Ahora bien, toda vez que la autoridad responsable Secretario de Estudio y Cuenta de Juzgado en Funciones de Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia, en el Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, con sede en esta ciudad, adjuntó a su informe justificado y en alcance al mismo, dos anexos en copia certificada del expediente 4/2019, relativo al juicio oral de alimentos; en consecuencia, devuélvanse a la citada autoridad, sin que sea el caso solicitar acuse de recibo correspondiente, toda vez que se tratan de copias certificadas. Por lo que hace a los autos incidentales que derivan del presente juicio de amparo, provéase a lo que corresponda conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto de que se trata. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

  3. Principal

    V.- Notificación personal.

  4. Principal

    V.- Toda vez que de la certificación precedente, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes en el presente juicio, hubiesen interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar por este Juzgado el treinta de junio de dos mil veintiuno, en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que la expresada resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; en tal virtud, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, el efecto del fallo protector es el siguiente: (.) lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa César Francisco Lezama Mendoza, por propio derecho y en representación de sus menores hijas de identidad reservada, para el efecto de que la autoridad responsable Secretario de Estudio y Cuenta en Funciones de Juez de Instrucción Familiar y Civil Oral, con residencia en esta ciudad: a) Deje insubsistente el acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veinte, en lo relativo a la medida de protección y prohibición que decretó; y b) Con plenitud de jurisdicción pronuncie una nueva resolución, en la cual deberá expresar con exactitud además del preceptos o preceptos legales aplicables al caso, señalar con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tenga en consideración para la emisión del acto; debiendo existir adecuación entre los motivos y las normas aplicables; es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas, tomando en consideración las pruebas aportadas por la parte quejosa. En el entendido de que la concesión del amparo obliga a las responsables a que al momento en que provea sobre la solicitud de la parte quejosa, observe los principios de igualdad y no discriminación. Además, la autoridad responsable, en atención al interés superior de la menor, deberá tomar en cuenta el derecho al sano esparcimiento para su desarrollo integral y de convivencia efectiva de estos con el progenitor no custodio, salvo que advierta algún que tal convivencia pueda fehacientemente representar un riesgo o peligro en su integridad, mismo que se encuentra contemplado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el diverso numeral 8º de la Convención sobre los Derechos del Niño. (.)" En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Secretario de Estudio y Cuenta en Funciones de Juez de Instrucción Familiar y Civil Oral, con residencia en esta ciudad para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes a aquél en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, acredite ante este Juzgado con constancias fehacientes, haber dado cabal cumplimiento al fallo protector de mérito. Apercíbase a dicha autoridad responsable que de ser omisa a lo solicitado, o bien, de no manifestar oportunamente el trámite que esté realizando para dar cumplimiento al fallo protector, se iniciará el procedimiento establecido en el artículo 193 de la Ley de la Materia, y en relación con los diversos numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintiuno, atendiendo al perjuicio ocasionado y la actuación dolosa con que califique este juzgador la omisión advertida. Además de que se abrirá el incidente de inejecución de sentencia y los autos originales en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en turno, para la substanciación del incidente aludido, sin perjuicio de que éste a su vez los envíe al Máximo Tribunal para los efectos que se encuentran contenidos en el penúltimo párrafo del citado artículo 193 de la ley de la materia, esto es, la separación del cargo de la autoridad omisa y su consignación ante el Juez de Distrito, dada su conducta contumaz para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

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