César Fernando Reyes Lino

Expediente 821/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
821/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
19/11/2020

Partes del expediente

  • César Fernando Reyes Lino

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través del cual, y en desahogo al requerimiento formulado mediante diverso proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte, informa que con motivo de la autonomía constitucional otorgada a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Dirección General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales ha devuelto las solicitudes de visto bueno para cubrir los gastos de liquidación en vías de cumplimiento de la sentencia de amparo, por lo cual, se encuentra realizando las gestiones pertinentes a efecto de obtener el título de crédito a favor del quejoso y con ello dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. Ahora, del contenido del diverso juicio de amparo 356/2019 del índice de este Juzgado, se desprende que mediante diverso proveído de veinte de octubre de dos mil veinte, se tuvo a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, informando el procedimiento interno que esa Fiscalía lleva actualmente para efectuar el pago de las ejecutorias dictadas en los juicios de amparo, siendo estas las siguientes: (.) En atención a lo anterior, esta juzgadora advierte que el procedimiento de cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo, conforme a lo informado por la autoridad oficiante, respecto del pago de la cantidad que debe entregarse a la quejosa, se encuentra en la ETAPA TRES, y determina que en la misma, la Dirección de Finanzas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, debe elaborar la Cuenta por Pagar a nombre de la parte quejosa. Lo anterior, toda vez que el Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mediante oficio ***, de dos de octubre de dos mil veinte, autorizó la suficiencia presupuestal para pagar a la parte quejosa. Al respecto, esta juzgadora considera que el acto que debe llevar a cabo el Director de Finanzas no implica la realización de gestiones de exagerada dificultad y remitir a esta jueza las constancias que lo acrediten. Por lo tanto, se considera que un plazo de VEINTE DÍAS debería ser suficiente para demostrar el cumplimiento de la etapa de que se trata, lo cual es necesario para dar celeridad al procedimiento de ejecución del fallo protector, mandatorio en términos del séptimo párrafo del artículo 17 constitucional. REQUERIMIENTOS Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al Director de Finanzas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que dentro del plazo de VEINTE DÍAS, remita a esta juzgadora las constancias con las que acredite haber elaborado la Cuenta por Pagar a nombre de la quejosa Guillermo Aguilar Sebastián; o bien, para que igualmente, y dentro del mismo plazo, informe y demuestre la razón objetiva que se lo impide. De igual forma, requiérase al Coordinador General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad requerida, para que dentro del mismo plazo le ORDENE y conmine a cumplir con el presente proveído; o bien, para que igualmente, y dentro del mismo plazo, informe y demuestre la razón objetiva que se lo impide. Cabe señalar a propósito de lo anterior, que la emisión de oficios y su comunicación a éste órgano jurisdiccional no basta para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de sentencia a cargo de los superiores jerárquicos de las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento del fallo protector, sino que deben demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer para constreñir a la autoridad a que cumpla. Las autoridades requeridas deberán exhibir copias certificadas de las constancias fehacientes que acrediten el cumplimiento del fallo protector y su notificación a la parte quejosa. APERCIBIMIENTOS SE APERCIBE a las autoridades en mención, que de no dar cumplimiento a los requerimientos que anteceden, mediante las actuaciones descritas o mediante el informe de imposibilidad de referencia, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de unidades de medida y actualización. Asimismo, se apercibe a todas las autoridades responsables, vinculadas y superiores jerárquicos, que en caso de que se les imponga una multa por desacato, en términos de los artículos 192 y 193 conforme a lo antes precisado, también se remitirá el expediente en el que se actúa al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en incidente de inejecución de sentencia, para que éste a su vez, en caso de considerarlo procedente, emita la resolución respectiva en relación con el incumplimiento de la ejecutoria de amparo y envíe los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico y de las autoridades vinculadas; además de la consignación ante el Juez de Distrito que corresponda por los delitos relacionados con el incumplimiento de una sentencia de amparo. SOLICITUDES DE PRÓRROGA Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, vinculadas y superiores jerárquicos, que conforme a lo dispuesto en el artículo 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo, este juzgado de oficio, no ampliará ni una sola vez el plazo otorgado en el presente acuerdo; y que sólo podrá conceder su prórroga por una sola ocasión, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente: (i) que la autoridad lo solicite dentro del plazo otorgado en el presente acuerdo, y (ii) que la autoridad demuestre mediante constancias en original o copia certificada, la práctica oportuna (esto es, que comiencen al recibir la autoridad el presente requerimiento) de aquellas gestiones que a juicio de este órgano jurisdiccional, realmente sean las adecuadas e idóneas para conducir al acatamiento de los requerimientos respectivos, según la normativa aplicable. Se exhorta a las autoridades para que, en caso de solicitar prórroga en los términos apuntados, en la solicitud respectiva indiquen a este órgano jurisdiccional cuántos días hábiles deben otorgarse como prórroga, para la conclusión total de todos los actos que tienen que llevar a cabo por sí o mediante algún otro órgano, para dar cumplimiento completo al mandato de esta juzgadora. Lo anterior, a reserva de que esta juzgadora fije el plazo prorrogado conforme a un criterio de razonabilidad. Se les informa asimismo, que transcurrido el plazo otorgado o bien su prórroga en los términos descritos, sin que obre en autos el resultado perseguido mediante el requerimiento correspondiente a la etapa del Protocolo de que se trate, se impondrá a las personas físicas que ocupen en ese momento el cargo de las autoridades que en este sentido se consideren contumaces, y que por ende hayan cometido la infracción, las multas con la que se apercibe; mismas que deberán ser pagadas con el patrimonio de dichos funcionarios en lo personal, y no con el del órgano o institución pública a la que pertenezcan. Finalmente, dígasele a la autoridad oficiante que en relación con la prórroga solicitada, deberá estarse a lo ordenado en líneas que anteceden. Se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintinueve de octubre de dos mil veinte. Vista la constancia de cuenta, y dado que la parte quejosa no manifestó su inconformidad contra el proveído del veintinueve de septiembre de dos mil veinte, en el cual se declaró cumplido el fallo protector, en el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se tiene por firme tal determinación para los efectos legales procedentes. Ahora bien, como de autos se advierte que no existe más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Por otra parte, atento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace constar que el presente expediente NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL y, por tanto, SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, pero NO DE DESTRUCCIÓN, según lo previsto en los artículos 3, fracciones VII y XIV, 15 aplicado a contrario sensu, y 18, fracción I, inciso b), y los últimos párrafos del Acuerdo mencionado; luego, una vez que transcurra el plazo de tres años de su conservación, dentro de los 90 días posteriores, tramítese su depuración de conformidad con los últimos párrafos del artículo 18 de dicho ordenamiento y realícese la transferencia respectiva al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintiuno de septiembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Secretaria del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual devuelve el expediente principal del juicio de amparo 1282/2019, en un tomo y remite testimonio certificado de la resolución dictada en la sesión de veinticinco de junio de dos mil veinte, en el R.A. 46/2020. Confírmese recepción al Tribunal Colegiado. Hágase saber a las partes que el órgano colegiado revisor determinó lo siguiente: PRIMERO. Queda firme el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE al quejoso Joel Adrián Rojas Hernández, en términos de la parte final de la resolución recurrida." Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); glósese el cuaderno de antecedentes al cuaderno principal, previa destrucción de las copias simples con las que se ordenó formar dicho cuaderno, ya que su conservación resulta innecesaria. Ahora bien, en la resolución dictada por el órgano colegiado se resolvió confirmar la sentencia recurrida en la que se concedió el amparo de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Directora General Jurídica y de Gobierno de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos: "En tales condiciones, debe otorgarse al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable Directora General Jurídica y de Gobierno de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, emita contestación a la solicitud formulada el ocho de agosto de dos mil diecinueve, y además se la haga de su conocimiento en forma personal, con el fin de restituirlo en el goce del derecho fundamental transgredido, conforme lo dispone el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo." PROTOCOLO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Conforme a lo anterior, este órgano jurisdiccional determina que para el cabal cumplimiento del fallo protector, es necesario que la autoridad lleve a cabo la siguiente actuación, en la etapa que a continuación se describe:1 ETAPA ÚNICA. Directora General Jurídica y de Gobierno de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, debe emitir contestación a la solicitud formulada el ocho de agosto de dos mil diecinueve, y además se la haga de su conocimiento en forma personal, con el fin de restituirlo en el goce del derecho fundamental transgredido, conforme lo dispone el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se ordena a la autoridad involucrada DAR INICIO DE INMEDIATO AL PROTOCOLO de ejecución descrito. Ahora bien, para el cumplimiento de la ETAPA ÚNICA, la Directora General Jurídica y de Gobierno de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, debe emitir contestación a la solicitud formulada el ocho de agosto de dos mil diecinueve, y además se la haga de su conocimiento en forma personal, con el fin de restituirlo en el goce del derecho fundamental transgredido, conforme lo dispone el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Por lo tanto, atendiendo la complejidad de dicha actuación y presumiendo la elevada carga de trabajo de dicha autoridad, en concepto de 1282/2019 este órgano federal es razonable fijar un plazo de veinte días para emitir dicha respuesta y remitir a este Juzgado las constancias que así lo acrediten. REQUERIMIENTOS En consecuencia, con fundamento en el último párrafo del artículo 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la Directora General Jurídica y de Gobierno de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, para que en el término de VEINTE DÍAS, remita las constancias con las que acredite haber emitido contestación a la solicitud formulada el ocho de agosto de dos mil diecinueve, y además se la haga de su conocimiento en forma personal, con el fin de restituirlo en el goce del derecho fundamental transgredido, conforme lo dispone el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; o bien, para que dentro del mismo plazo, informe a este juzgado la razón objetiva y demostrable por la que no es posible cumplir con este requerimiento, acompañando en este caso las constancias que fehacientemente demuestren la verdad de su dicho. Asimismo, REQUIÉRASE a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad requerida, para dentro del plazo de DIEZ DÍAS, demuestre ante este Juzgado haber ordenado a ésta el cumplimiento de la etapa del protocolo de que se trata, o bien, para que igualmente, y dentro del mismo plazo, informe y demuestre la razón objetiva que se lo impide. Cabe señalar a propósito de lo anterior, que la emisión de oficios y su comunicación a éste órgano jurisdiccional no basta para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de sentencia a cargo de los superiores jerárquicos de las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento del fallo protector, sino que deben demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer para constreñir a la autoridad a que cumpla.2 Las autoridades requeridas deberán exhibir copias certificadas de las constancias fehacientes que acrediten el cumplimiento del fallo protector y su notificación a la parte quejosa. APERCIBIMIENTOS SE APERCIBE a las autoridades en mención, que de no dar cumplimiento a los requerimientos que anteceden, mediante las actuaciones descritas o mediante el informe de imposibilidad de referencia, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de unidades de medida y actualización.3 Asimismo, se apercibe a todas las autoridades responsables, vinculadas y superiores jerárquicos, que en caso de que se les imponga una multa por desacato, en términos de los artículos 192 y 193 en los términos precisados, también se remitirá el expediente en el que se actúa al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en incidente de inejecución de sentencia, para que éste a su vez, en caso de considerarlo procedente, emita la resolución respectiva en relación con el incumplimiento de la ejecutoria de amparo y envíe los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico y de las autoridades vinculadas; además de la consignación ante el juez de distrito que corresponda por los delitos relacionados con el incumplimiento de una sentencia de amparo. SOLICITUDES DE PRÓRROGA Se hace del conocimiento de la autoridad responsable, vinculadas y superiores jerárquicos, que conforme a lo dispuesto en el artículo 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo,4 este Juzgado de oficio, no ampliará ni una sola vez el plazo otorgado en el presente acuerdo; y que sólo podrá conceder su prórroga por una sola ocasión, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente: (i) que la autoridad lo solicite dentro del plazo otorgado en el presente acuerdo, y (ii) que la autoridad demuestre mediante constancias en original o copia certificada, la práctica oportuna (esto es, que comiencen al recibir la autoridad el presente requerimiento) de aquellas gestiones que a juicio de este órgano jurisdiccional, realmente sean las adecuadas e idóneas para conducir al acatamiento de los requerimientos respectivos, según la normativa aplicable. Se exhorta a las autoridades para que, en caso de solicitar prórroga en los términos apuntados, en la solicitud respectiva indiquen a este órgano jurisdiccional cuántos días hábiles consideran que debe otorgárseles como prórroga, para la conclusión total de todos los actos que tienen que llevar a cabo por sí o mediante algún otro órgano, para dar cumplimiento completo al mandato judicial. Lo anterior, a reserva de que este órgano jurisdiccional fije el plazo prorrogado conforme a un criterio de razonabilidad. Se les informa asimismo, que transcurrido el plazo otorgado o bien su prórroga en los términos descritos, sin que obre en autos el resultado perseguido mediante el requerimiento correspondiente a la etapa del Protocolo de que se trate, se impondrá a las personas físicas que ocupen en ese momento el cargo de las autoridades que en este sentido se consideren contumaces, y que por ende hayan cometido la infracción, las multas con la que se apercibe; mismas que deberán ser pagadas con el patrimonio de dichos funcionarios en lo personal, y no con el del órgano o institución pública a la que pertenezcan.5 SEGUIMIENTO Hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional tramitará el presente procedimiento de cumplimiento conforme al Protocolo de Ejecución de Sentencia descrito en párrafos precedentes, para lo cual realizará los requerimientos y apercibimientos correspondientes a cada una de las etapas que lo conforman. Asimismo, que analizará el estado de autos para determinar el cumplimiento de las etapas del Protocolo, y en general, del fallo protector, así como la conducta que asuman las autoridades responsables, sus superiores jerárquicos o en su caso, las autoridades vinculadas en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, cada vez que transcurra uno de los plazos que se otorgue a dichas autoridades para que lleven a cabo determinada actuación, o bien, cuando se presente un oficio en el que la autoridad afirme haber dado el cumplimiento requerido, ya sea al fallo protector en su totalidad o a la etapa del Protocolo en que se encuentre el procedimiento, y haya transcurrido el plazo en el que se dé vista a la quejosa con las constancias respectivas. Por lo tanto, se exhorta a la autoridad responsable, vinculadas y superiores jerárquicos, para qué en el ámbito de sus respectivas competencias, comiencen las demás gestiones necesarias para dar cumplimiento a la siguiente etapa del Protocolo de Ejecución establecido en el presente proveído, con el fin de dar celeridad al debido acatamiento de la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 17 constitucional. Lo anterior, en el entendido que, conforme al criterio del Pleno de nuestro más alto Tribunal,6 se considerará incumplimiento del fallo protector, el retraso en el cumplimiento de las distintas etapas del Protocolo mediante evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, sus superiores jerárquicos o cualquiera que intervenga en el trámite de cumplimiento. CERTIFICACIONES De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y conforme con el derecho a la tutela efectiva de la Ley de Amparo, esta juzgadora determina que los oficios que presenten las autoridades relativos a los trámites y gestiones para el acatamiento paulatino de la sentencia, con excepción de aquellos que versen y se acompañen de copias certificadas que demuestren el exacto y cabal cumplimiento del fallo protector, o bien, de alguna de las etapas del Protocolo de Ejecución a que este auto se constriñe, así como demás promociones de las partes de las que solamente deba tenerse conocimiento por estar transcurriendo algún plazo, solamente se glosarán en el expediente en el que se actúa, mediante certificación que haga el secretario respecto del de su presentación y dará cuenta a la titular de este juzgado federal únicamente con aquellas promociones con las que se acredite el cumplimiento de los requerimientos relativos a las etapas del Protocolo en los términos apuntados, o bien, con el estado que guarden los autos al fenecer los plazos de los requerimientos realizados durante el procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo. En este sentido, las manifestaciones que expongan las autoridades oficiantes y las demás partes se tendrán por hechas desde el momento de la presentación del oficio o promoción de que se trate; y las partes podrán imponerse de tales promociones; pero serán objeto de valoración conjunta en la resolución que se dicte cuando esta Juzgadora tenga a la vista los autos en términos del párrafo que antecede. Lo anterior, persigue como finalidad que la etapa de ejecución sea lo más expedita posible, en acatamiento de lo dispuesto en los párrafos primero y cuarto del artículo 17 constitucional; que la jueza haga una valoración conjunta de las promociones exhibidas por las partes; y qué al mismo tiempo, el expediente se encuentre durante el mayor tiempo posible a disposición de las partes para su consulta. Se hace del conocimiento, que este acuerdo será firmado electrónicamente por la Secretaria encargada del Despacho, así como por la secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior con el fin de contribuir con las medidas de prevención y sana distancia establecidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria y al regreso a las actividades jurisdiccionales observando una nueva modalidad en la que se privilegie el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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