Cesar Fernando Reyes Lino
Expediente 879/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 879/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/09/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Cesar Fernando Reyes Lino
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y del estado de los autos, se advierte que el plazo para recurrir el acuerdo de tres de septiembre de dos mil veinte, transcurrió del ocho al diecisiete de septiembre del año en curso, sin que dentro de dicho plazo lo haya hecho; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por César Fernando Reyes Lino, ha causado estado. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: a) Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. b) Transferir el expediente principal a los depósitos dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen el penúltimo y último párrafo del artículo 18, del citado Acuerdo General. Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni es susceptible de conservación. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por *, contra actos de la Guardia Nacional y otra autoridad. Integración del expediente. Fórmese el expediente 879/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por César Fernando Reyes Lino, ya que se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. Una vez analizada dicha demanda, este Juzgador considera que debe desecharse de plano, toda vez que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que carece de la firma electrónica de la promovente de amparo. En dichos preceptos se prevé lo siguiente:... Razones de la improcedencia. En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de los artículos 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deduce que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y debe ser promovido por la persona a quien afecte el acto reclamado. Lo anterior, implica que en la demanda de amparo debe constar la manifestación de la voluntad de la persona que promueve, es decir, debe contar con su firma, pues sólo así podría cumplir con el requisito de que el juicio de amparo se inicie a instancia de parte agraviada. En el artículo 3 de la Ley de Amparo, se prevé que es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente, en este caso -como se advierte de la constancia hecha por el secretario- la parte quejosa optó por hacerlo de manera electrónica. En ese precepto se establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica, conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal, la cual se estableció como el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa y es una opción para enviar y recibir promociones. La normatividad que regula la firma electrónica para la presentación de demandas es el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. En los artículos 2, fracción XVI, 3, fracciones I y V, 6, 14 y 45 de ese instrumento normativo se prevé lo siguiente:... El Portal de Servicios en Línea cuenta con los módulos para presentación de demandas, solicitudes y escritos iniciales, envío de promociones y recursos, acceso y consulta de expediente electrónico, generación de notificaciones, consulta de expedientes y lista de acuerdos. Los módulos del Sistema Electrónico del PJF deberán alojarse dentro de la infraestructura de almacenamiento y procesamiento de datos propiedad del CJF. Adicionalmente, en el Portal se establecerán los vínculos necesarios para que las personas justiciables tramiten su FIREL y tengan acceso a la normativa que rige el sistema. También se podrá acceder al listado de las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados, en términos del artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013." "45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda." De los artículos transcritos podemos concluir que la forma en la que se presentan las demandas de amparo de manera electrónica es a través del sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, para acceder a sus servicios, se requiere que la persona interesada cuente con firma electrónica registrada -salvo que se reclamen actos de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en cuyo caso, no se requiere firma electrónica-. En ese sentido, al presentar una demanda de amparo de manera electrónica se emite un Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), que permite asociar de manera segura y fiable la identidad del firmante, permitiendo con ello identificar a su autor. En el asunto que nos ocupa, tenemos que la demanda de amparo no fue firmada de manera electrónica por la promovente del amparo, sino que la firma electrónica corresponde a una de sus autorizadas. Lo anterior, implica que al no haberse firmado electrónicamente la demanda de amparo por quien promueve el amparo, no existe la posibilidad de identificar a su autor y como consecuencia de ello, no existe una manifestación de la voluntad que permita establecer la instancia de parte agraviada que se requiere para iniciar el juicio... Como se advierte, la Primera Sala sostiene que cuando la demanda de amparo carece de firma electrónica debe prevenirse a la parte quejosa; sin embargo, con posterioridad a la emisión de ese criterio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció como jurisprudencia un criterio distinto. En efecto, el ocho de octubre de dos mil dieciocho, al resolver la contradicción de tesis 47/2018, el Tribunal Pleno estableció que la utilización de la firma electrónica a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implica soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivo simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgarse validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas... Así las cosas, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, en principio ambos criterios jurisprudenciales resultan obligatorios; sin embargo, al ser opuestos entre sí, en este asunto este Juez de Distrito opta por seguir el más reciente y que proviene del órgano de mayor jerarquía, es decir, por la jurisprudencia establecida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" debe entenderse aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta. En el caso, la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque: (i) los antecedentes de los actos reclamados narrados en la demanda de amparo son claros; (ii) es claro que la demanda carece de la firma electrónica del quejoso y no se requiere prueba adicional para acreditarlo; (iii) de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión. Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue, la conclusión a la que ha llegado este órgano jurisdiccional tampoco podría cambiar. Conclusión. Al no haberse firmado electrónicamente la demanda de amparo por el promovente César Fernando Reyes Lino, sino por diversa persona tal y como se aprecia del sello en firma electrónica, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se satisface el principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de amparo, razón por la cual procede su desechamiento de plano. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo (listas) y por lo que respecta a José Ignacio Gamboa Almanza y María Teresa González Palacios, se otorga la autorización única y exclusivamente para oír y recibir notificaciones, en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo mencionado, hasta en tanto registren su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se les autoriza el uso de medios electrónicos, a las partes, para obtener una reproducción de las constancias que integran el presente asunto, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma de conformidad respectiva. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
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