César Fernando Aranda Galicia
Expediente 516/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 516/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 29/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- César Fernando Aranda Galicia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve (foja 137), en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de depuración. Asimismo, luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo, del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. El presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS LA SENTENCIA DE FECHA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Sentencia Visto para resolver el juicio de amparo 516/2019-IV, promovido por **************. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito y anexo presentados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el once de julio de dos mi diecinueve, turnados a este juzgado el día hábil posterior, ********* promovió demanda de amparo contra actos de los Jueces Segundo, Quinto, Sexto y Séptimo, todos Civiles por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, así como en contra de los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, todos con sede en esta localidad, en sus denominaciones correctas, de quienes reclamó lo siguiente: VI. ACTO RECLAMADO: Embargo de vehículo Tuve conocimiento del acto reclamando.- 6 de julio, 2019. Segundo. Derechos fundamentales que el quejoso estimó vulnerados. El quejoso señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de quince de julio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables y se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se reclama la inconstitucionalidad de actos ejecutados dentro del territorio en que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que el quejoso reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: De los Jueces Segundo, Quinto, Sexto y Séptimo, todos Civiles por Audiencias del Distrito Judicial Bravos: La orden de embargar el vehículo marca *******, modelo dos mil once (2011) y número de serie ***********, respecto del cual se ostenta propietario; mandato que ya fue ejecutado. De los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos: La ejecución de la mencionada orden de embargo. Lo anterior, ostentándose tercero extraño en sentido estricto, respecto de los juicios de donde emanan tales órdenes. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes justificados, los Jueces Segundo , Sexto y Séptimo , todos de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta localidad, negaron categóricamente los actos que les atribuyó el quejoso, sin que éste haya aportado medio de convicción efectivo alguno a fin de desvirtuarlos. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo con relación a tales autoridades, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y Por su parte, el Juez Quinto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, negó categóricamente el acto que le fue reclamado; sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada, pues los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado , aceptaron el acto de ejecución que les fue atribuido, y señalaron que el mismo devino del expediente ****/2019 del índice del mencionado juzgado; por lo que, con las constancias en copia certificada relativas a tal asunto que remitió la autoridad en comento una vez que le fueron requeridas , se corroboró la certeza del acto que le fue atribuido. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. Como se señaló en la parte final del considerando previo, resultó cierto el acto que el quejoso atribuyó al Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta localidad. La certeza se dedujo de las constancias que remitió la mencionada autoridad, relativas al juicio ejecutivo mercantil ***/2019 de su índice En escrito presentado en el Tribunal Superior de Justicia en el Estado, enviado por razón de turno al órgano en cuestión, ************* (endosatario en procuración de *********** demandó en la vía ejecutiva mercantil a ***********(como suscriptor principal del título de crédito base de la acción), a ********** y ********** (como avales). Luego de ser admitida la demanda, en la diligencia de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, mediante la cual se emplazó al demandado José Manuel Guzmán Martínez, suscriptor del título de crédito base de la acción, luego de requerirle el pago relativo y al mencionar que no contaba con la cantidad, así como que no deseaba indicar bienes para embargo, la parte actora señaló para embargo el vehículo marca **********, modelo **********, ******, con número de serie ********** y permiso de circulación número ******, así como un vehículo para venta de comida; nombrando en ese momento como depositario, al propio demandado de nombre *************. Que en momento alguno, el aquí quejoso figuró como parte en el mencionado juicio, ni compareció al mismo. Tales constancias, poseen valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es el Secretario Judicial adscrito al Juzgado Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta localidad. Asimismo, de lo anterior se advierte también que el acto reclamado al Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, consistente en el embargo del vehículo automotor en mención, es cierto, tal como lo aceptó en su informe justificado. Ante lo previo, resulta innegable la existencia de los actos reclamados a tales autoridades responsables. Quinto. Improcedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y es precedente al estudio del fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el que suscribe estima que respecto a los actos reclamados que resultaron ciertos, descritos en el considerando que antecede, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; A partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, con entrada en vigor a los ciento veinte días de su publicación (cuatro de octubre de dicha anualidad), se advierte que el artículo 107, fracción I, prevé que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada que aduzca: a) ser titular de un derecho o b) contar con un interés legítimo individual o colectivo, dichos supuestos fueron recogidos por la actual Ley de Amparo. El interés jurídico tiene una connotación diversa a la del interés legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1598, del Tomo II, Libro 64, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, marzo de dos mil diecinueve (2019), Materia Común, con número de registro 2019456, de rubro y texto: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Precisado ello, procede analizar si en el presente juicio el quejoso se ubica en alguna de las hipótesis señaladas para promover el presente juicio, es decir, si la conducta de las autoridades responsables es susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio al gobernado, sea de manera directa o indirecta, generando así su interés jurídico (la afectación a un derecho subjetivo) o interés legítimo (la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico). Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia III.4o.(III Región) 17 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el veinticuatro de enero de dos mil catorce (2014), Décima Época, con registro 2005381, que dice: INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CONCRETO QUE DEBE UTILIZAR EL JUEZ PARA SU DETERMINACIÓN. Del texto del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011, se advierte que la intención del Constituyente es continuar en el juicio de amparo con la tutela del interés jurídico y agregar al ámbito de protección el interés legítimo, los cuales tienen diversos alcances, pues el primero requiere, para su acreditación, el perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular el agraviado; en cambio, el segundo comprende únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo cual supone que el quejoso pertenece a ella; en ese contexto, dichas figuras están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. A partir de las anteriores premisas el Juez, en función del caso concreto, determinará si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizar el interés jurídico o el legítimo, es decir, el método concreto consiste en atender a la condición legal del sujeto frente al acto calificado de transgresor de sus derechos para precisar cuál es su pretensión, lo que se logra mediante la revisión de la demanda en su integridad, las pruebas, la naturaleza jurídica del acto reclamado e, incluso, de la autoridad responsable, dado que estos factores, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse; por ejemplo, si se reclama de una autoridad la orden, ejecución, desposeimiento y embargo de un vehículo de motor en el procedimiento administrativo en materia aduanera, cuya propiedad el quejoso adujo probar con documentos específicos, como la factura con su traducción por ser de procedencia extranjera, este planteamiento permite advertir que se reclama la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida al derecho de propiedad sobre el automotor. Por tanto, a partir de la diferencia de los intereses descritos, no se está en posibilidad de examinar la afectación de los dos en torno a un acto reclamado, en tanto uno excluye al otro, dado sus particulares orientación y finalidad, sin ser dable perfilar el estudio en sede constitucional por la vía del interés legítimo sólo porque así lo refiere el quejoso, pues ello equivaldría a desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional en su calidad de rector del juicio. En primer lugar, se tiene que el accionante del amparo reclama la orden de embargo del vehículo marca *******, modelo ******** y número de serie ***********, respecto del cual se ostenta propietario, así como la ejecución de tal mandato, que ya fue materializada el veintiuno de junio del año en curso; actos que son de aquellos que pueden engendrar una situación jurídica concreta en perjuicio del gobernado, pues con su emisión afectan su patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta; por ello, se estima que el juicio de amparo es procedente respecto de esa especie actos. Ahora bien, respecto a tales actos, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente por parte del quejoso y no inferirse con base en presunciones; sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente tutelados. Al respecto, corresponde al juzgador de amparo, analizar las probanzas con las que se pretenda demostrarlo por ser la procedencia del juicio de amparo, una cuestión de orden público. Así, para la promoción del presente juicio, se estima que la parte solicitante debió demostrar la afectación a su interés jurídico durante el transcurso del presente asunto, pues en el caso, no resulta aplicable la promoción del juicio por interés legítimo. Es conducente invocar la jurisprudencia 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 170500, publicada en la página doscientos veinticinco, tomo XXVII, enero de dos mil ocho (2008), Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Asimismo, es aplicable, la diversa tesis de jurisprudencia 1/2002, pronunciada por la aludida Primera Sala, visible en la página 15, tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, febrero de dos mil dos (2002), con número de registro 187777, que dispone: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Sentado lo anterior, es conveniente precisar que el accionante del amparo en este juicio ofertó únicamente como prueba, la factura original con número de folio ***, certificado ********* de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, donde aparece como emisor ***************y como receptor *********, respecto del vehículo marca *******, modelo *******,número de serie **********, pedimento ******* de quince de octubre de dos mil dieciocho; al reverso, aparece un endoso de fecha aparente catorce de junio de dos mil diecinueve, donde *********, otorga los derechos del mencionado vehículo a **********, aquí quejoso. La mencionada probanza merece únicamente valor indiciario en términos de los artículos 133, en relación con el 203, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues es documento privado. En efecto, las facturas son documentos sui géneris, porque no son simples textos elaborados libremente por cualquier persona, en cuanto a contenido y forma, sino que son documentos privados que sólo pueden provenir legalmente de comerciantes o prestadores de servicios registrados ante las autoridades hacendarias, mediante los formatos regulados jurídicamente, sujetos a ciertos requisitos para su validez, y a los cuales se les sujeta a un estricto control, desde su elaboración impresa hasta su empleo. Sin embargo, al no tratarse el aquí quejoso del receptor de la factura, sino que la aparente adquisición de propiedad de tal vehículo se materializó mediante un endoso al reverso, en el análisis de dicha documental, debe considerarse sin lugar a dudas esa particularidad. Ahora, es de acotarse que en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, este juzgador goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas, para determinar su valor. Al respecto, este Juez de control constitucional estima que la mencionada documental resulta insuficiente por sí misma, para acreditar el interés jurídico que el quejoso aduce tener sobre el mencionado automotor, respecto del cual se ostenta propietario. Se hace la anterior aseveración, toda vez que del "endoso" que obra al reverso de la factura aludida, no se desprende otra cosa más que el aparente acto de enajenación del bien de que se trata, por parte de ************, en favor del aquí quejoso. En efecto, la propiedad de los bienes muebles automotores normalmente se transmite por compraventa, donación, permuta, herencia, pago de adeudo o inclusive prescripción, mas no por endoso, pues éste es una forma de transmisión propia de los títulos de crédito y no de los automóviles; sin embargo, no escapa a la consideración de este juzgado la práctica comercial reiterada, de firmar al reverso de la factura de un automóvil, una vez que se ha concertado la compraventa, lo cual, si bien técnica y legalmente no constituye un endoso mercantil, en cambio, conforme al uso comercial, constituye un indicio de la cesión de derechos o compraventa, según haya sido la operación concertada. No obstante, el mencionado endoso carece de fecha cierta; en el caso específico, la fecha cierta se entenderá a) desde el día en que el acto traslativo de dominio haya sido inscrito en la oficina de Registro Público respectiva, b) a partir de la muerte de cualquiera de los contratantes, o bien, c) desde la fecha en que se entregue a un funcionario público, por razón de su oficio, para los trámites relacionados con el estatus del vehículo que se realizan ante las autoridades administrativas, que pueden, en la hipótesis que nos ocupa, considerarse como un registro público. Sin embargo, en el caso, no se advierte que la factura que nos ocupa haya sido presentada ante la oficina de Registro Público respectiva, ante las autoridades administrativas correspondientes para los trámites relacionados con el estatus del automotor -tales como la declaración de diversos gravámenes, en el que apareciera determinada fecha en que el quejoso los realizó ante esa dependencia-, ni fue probado que haya fallecido el sujeto enajenante. En consecuencia, a pesar de que la factura exhibida por el quejoso es original, ya que la misma carece de fecha cierta, también carece de la particularidad de ser oponible frente a terceros, al ser una documental privada. Así, la circunstancia de que la factura exhibida por el quejoso carece de fecha cierta, imposibilita determinar si el reclamo que efectúa es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso. En esta tesitura, con tal documental la parte accionante no acredita que cuenta con algún derecho de propiedad sobre el bien de que se trata y que, por consecuencia, le causen agravios los actos reclamados. En este orden, el supuesto básico de procedencia del juicio de amparo es que se acredite un derecho legítimamente tutelado, y así la afectación a su esfera jurídica con la emisión del acto que se reclama y su ejecución, de modo que, al no aportar prueba fehaciente que acredite el derecho que tiene para impugnar el embargo del vehículo marca ********, modelo **********número de serie ***********, que aduce es de su propiedad, es claro que deviene improcedente el juicio de amparo por no acreditar su interés jurídico. Lo previo, con independencia de que se haya tenido por cierto el acto reclamado a las autoridades responsables atinentes, pues esa circunstancia no relevaba al quejoso de la obligación de acreditar su interés jurídico. Lo anterior encuentra sustento jurídico, en la tesis de jurisprudencia P./J. 7/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 190371, inscrita a foja 9, tomo XIII, Primera Parte, Novena Época, enero de dos mil uno (2001) del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: FACTURAS "ENDOSADAS" A FAVOR DE QUIEN SE PRESENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL. ACREDITAN SU INTERÉS JURÍDICO SI NO SON OBJETADAS, IDENTIFICAN LOS BIENES Y EL "ENDOSO" ES DE FECHA CIERTA. El tercero extraño al juicio natural, cuando se le embargan bienes de su propiedad, sin que hubiese intervenido en alguna forma en el procedimiento, puede acreditar su interés jurídico en el juicio de garantías, presentando ante la autoridad jurisdiccional la factura donde se describan los bienes materia del embargo, siempre y cuando, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 2034, fracción III, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicados supletoria y analógicamente, respectivamente, dicho documento no haya sido objetado, la factura detalle los bienes embargados, y el llamado "endoso", que no significa otra cosa más que el acto de enajenación del bien, sea de fecha cierta. Esto último se entenderá desde el día en que el acto traslativo de dominio haya sido inscrito en la oficina de Registro Público respectiva, a partir de la muerte de cualquiera de los contratantes, o bien, desde la fecha en que se entregue a un funcionario público, por razón de su oficio; pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose, de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y, evitando así, que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. De igual forma, las anteriores consideraciones se apoyan en la tesis de jurisprudencia P./J. 7/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 199237, inscrita a foja 136, tomo V, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: ENDOSO. LA SOLA FIRMA AL REVERSO DE LA FACTURA DE UN AUTOMOVIL NO LO CONSTITUYE, PERO SI ES UN INDICIO DE QUE EXISTIO UNA TRASLACION DE DOMINIO. La propiedad de los bienes muebles (automotores) normalmente se transmite por compraventa, donación, permuta, herencia, pago de adeudo o inclusive prescripción, mas no por endoso, pues éste es una forma de transmisión propia de los títulos de crédito y no de los automóviles, según se desprende del contenido de los artículos 26 y 33 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Sin embargo, no escapa a la consideración de este alto tribunal la práctica comercial reiterada, de firmar al reverso de la factura de un automóvil, una vez que se ha concertado la compraventa; lo cual, si bien técnica y legalmente no constituye un endoso mercantil, en cambio, conforme al uso comercial, constituye un indicio de la cesión de derechos o compraventa, según haya sido la operación concertada. Esta circunstancia, aunada al hecho de que el vehículo se encontró en posesión del quejoso, adquiere particular relevancia si se toma en consideración que conforme al artículo 798 del Código Civil, la posesión da la presunción de ser propietario a quien la detenta, por lo que adminiculados ambos elementos de convicción puede concluirse el interés jurídico del solicitante del amparo para defender la propiedad del automotor. Asimismo, no es inadvertido para el que suscribe que al momento de la diligencia de embargo de veintiuno de junio de dos mil diecinueve (foja 82), el Actuario responsable asentó, al describir el vehículo de que se trata, que el mismo contaba con permiso de circulación número *******; de lo que se desprende, que si bien el quejoso no exhibió la tarjeta de circulación en este asunto, aparentemente, sí fue tramitada y expedida. Empero, tal como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 61/2007, la tarjeta de circulación vehicular tampoco es idónea para acreditar el interés jurídico, pues sólo permite la identificación del vehículo automotriz referido en ella; es decir, su alcance probatorio se limita a comprobar que el vehículo que describe cuenta con el permiso de circulación respectivo y, como se ha dicho, el interés jurídico debe acreditarse fehacientemente y no con base en presunciones. La referida tesis de jurisprudencia 1a./J. 61/2007 con registro 171897, página 175, Novena Época, julio de dos mil siete (2007) del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, es del siguiente contenido: TARJETA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR. NO ES UN DOCUMENTO IDÓNEO, POR SÍ MISMO, PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN PROMUEVE EL JUICIO DE AMPARO EN CALIDAD DE PROPIETARIO DEL VEHÍCULO AUTOMOTRIZ A QUE SE REFIERE. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversas tesis que el interés jurídico en el juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones. El interés jurídico está directamente vinculado con el derecho que se dice vulnerado por el acto de autoridad, por lo cual, cuando se acude al juicio de amparo reclamando el acto consistente en el embargo trabado sobre un vehículo automotriz por afectar el derecho de propiedad del quejoso, debe demostrarse que el quejoso es titular de tal derecho a fin de demostrar el interés jurídico en el juicio de amparo. Ahora bien, la tarjeta de circulación vehicular sólo permite la identificación del vehículo automotriz referido en ella, es decir, su alcance probatorio se limita a comprobar que el vehículo que describe cuenta con el permiso de circulación respectivo; de ahí que dicha tarjeta, por sí misma, no sea un documento idóneo para acreditar la propiedad del vehículo, pues sólo establece una presunción respecto de ese derecho y, como se ha dicho, el interés jurídico debe acreditarse fehacientemente y no con base en presunciones. Tampoco es óbice que en su escrito constitucional, el peticionario del amparo haya narrado -bajo protesta de decir verdad- los antecedentes del acto reclamado, pues ello no acredita su interés jurídico, en la medida en que era necesario que aportara pruebas fehacientes en ese sentido, según así fue razonado. Lo que encuentra sustento jurídico, en la jurisprudencia 3a./J. 27/90, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 207221, inscrita a foja 229, tomo V, Primera Parte, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés. Corolario de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto de los actos anteriormente analizados, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la legislación reglamentaria en consulta. Resta decir que es innecesario analizar los conceptos de violación formulados en la demanda, porque la declaración de sobreseimiento impide analizarlos. Es aplicable la Jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Octava Época, página 708, que establece: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por César *********** con relación a los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma ***********, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ************, hoy treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que en esta fecha se encuentra prevista la celebración de la audiencia constitucional. No obstante lo anterior, de autos se desprende que no se ha logrado llevar a cabo el emplazamiento de los terceros interesados *******, en su carácter de endosatario en procuración de *******, *******, ******* y ******* para que si a sus intereses conviene, comparezcan al presente juicio de amparo. Por lo que, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia prevista para el día de hoy, a fin de tener verificativo a las nueve horas del ocho de octubre de dos mil diecinueve. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, tres de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos se desprende que el trece de agosto del presente año (foja 124), se tuvo al Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, remitiendo las constancias que obran en el Juicio Ejecutivo Mercantil ******* de su índice, de las cuales se advierte que al licenciado *******, en su carácter de endosatario en procuración de *******, *******, ******* y *******, todos ellos demandados en el juicio en mención, les asiste el carácter de terceros interesados en el presente juicio, pues son las partes que integran aquél. Por lo tanto, se comisiona a la Actuaria Judicial adscrita para que emplace al licenciado *******, en su carácter de endosatario en procuración de *******, en el domicilio ubicado en *******; a ******* y *******, en *******; y, ******* en *******, todos con residencia en esta ciudad, entregándoles copia simple de la demanda y haciéndoles saber el contenido íntegro del auto de admisión de quince de julio de dos mil diecinueve, así como la fecha y hora prevista para la audiencia constitucional (nueve horas del nueve de septiembre de dos mil diecinueve). Notifíquese, personalmente a los terceros interesados. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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