Cesar Fernandez De Jauregui Pozo
Expediente 431/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 431/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Cesar Fernandez De Jauregui Pozo
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio 4947/1/16-V, enviado por la Secretaria del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, mediante el cual acusa recibo del oficio 2665/2016-II, por cuyo medio se le remitieron los autos del juicio de amparo 431/2016-II, promovido por CÉSAR FERNÁNDEZ DE JAUREGUI POZO, en virtud de que en proveído de treinta de mayo de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional declaró que no tenía competencia legal para seguir conociendo del juicio de amparo, ahora bien, toda vez que la autoridad oficiante hace del conocimiento que aceptó la competencia planteada para conocer del mismo, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, debiendo hacer las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado y en el sistema integral del seguimiento de expedientes.
- Principal
republicacion a la parte quejosa...Vista la demanda de amparo promovida por CÉSAR FERNÁNDEZ DE JAUREGUI POZO, contra actos de este órgano judicial, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, con el número 431/2016-II, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el promovente reclama el aseguramiento del bien inmueble ubicado en Brecha el Becerro, kilómetro 10, de nombre El Queretano, de esta ciudad, que aduce es de su propiedad, acto que le atribuye a diversas autoridades responsables entre las que se destacan los Jueces Séptimo y Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad. Ante lo anterior, este órgano judicial considera que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por CÉSAR FERNÁNDEZ DE JAUREGUI POZO, pues al señalar como autoridades responsables a los Jueces Séptimo y Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, corresponde conocer de dicha demanda al Juez de Distrito más próximo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 103, fracción I, 107, fracciones I y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el artículo 38 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." En tal virtud, este juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la presente acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 103, fracción I, 107, fracciones I y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que, como se dijo, los dos Jueces de Distrito que residen en esta ciudad, fueron señalados como responsables dentro del escrito de amparo que nos ocupa, siendo el Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, residente en Matamoros, el más inmediato dentro de la jurisdicción de los órganos colegiados de esta ciudad. Lo anterior es así, pues en el caso concreto, se reclama el aseguramiento de un bien inmueble, y se señalan como autoridades responsables a los dos jueces de Distrito residentes en esta ciudad, de ahí que este órgano judicial y el homólogo octavo de esta misma ciudad, tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal del juicio de amparo, puesto que con independencia de que hayan emitido o no la orden reclamada, tendrán durante todo el juicio la categoría procesal de contraparte del quejoso, con todas las cargas que ello implica, entre otras, rendir el informe justificado a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. En esa medida, no puede operar la regla general para fijar la competencia que establece el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que los Jueces de Distrito residentes en esta ciudad, han sido señalados como autoridades responsables, quienes con independencia de que ejerzan jurisdicción en el lugar en el que el acto reclamado trate de ejecutarse, podría ejecutarse, o se haya efectuado, pasarán a ser parte en el juicio respectivo y no pueden tener el doble carácter de parte procesal y juez, siendo evidente que se estaría en el caso de impedimento que estipula la fracción IV, del artículo 51 de la Ley de Amparo, de ahí que este órgano judicial no tenga competencia legal para conocer de la demanda de amparo que se provee. Por tanto, se estima que el Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, a favor de quien se declina la competencia, es quien debe conocer de la presente demanda, según lo expuesto en el Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y a la especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por lo que, se le solicita, de no existir inconveniente legal alguno, informe a este órgano de control constitucional si acepta o no la competencia planteada.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por CÉSAR FERNÁNDEZ DE JAUREGUI POZO, contra actos de este órgano judicial, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, con el número 431/2016-II, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el promovente reclama el aseguramiento del bien inmueble ubicado en Brecha el Becerro, kilómetro 10, de nombre El Queretano, de esta ciudad, que aduce es de su propiedad, acto que le atribuye a diversas autoridades responsables entre las que se destacan los Jueces Séptimo y Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad. Ante lo anterior, este órgano judicial considera que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por CÉSAR FERNÁNDEZ DE JAUREGUI POZO, pues al señalar como autoridades responsables a los Jueces Séptimo y Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, corresponde conocer de dicha demanda al Juez de Distrito más próximo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 103, fracción I, 107, fracciones I y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el artículo 38 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." En tal virtud, este juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la presente acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 103, fracción I, 107, fracciones I y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que, como se dijo, los dos Jueces de Distrito que residen en esta ciudad, fueron señalados como responsables dentro del escrito de amparo que nos ocupa, siendo el Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, residente en Matamoros, el más inmediato dentro de la jurisdicción de los órganos colegiados de esta ciudad. Lo anterior es así, pues en el caso concreto, se reclama el aseguramiento de un bien inmueble, y se señalan como autoridades responsables a los dos jueces de Distrito residentes en esta ciudad, de ahí que este órgano judicial y el homólogo octavo de esta misma ciudad, tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal del juicio de amparo, puesto que con independencia de que hayan emitido o no la orden reclamada, tendrán durante todo el juicio la categoría procesal de contraparte del quejoso, con todas las cargas que ello implica, entre otras, rendir el informe justificado a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. En esa medida, no puede operar la regla general para fijar la competencia que establece el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que los Jueces de Distrito residentes en esta ciudad, han sido señalados como autoridades responsables, quienes con independencia de que ejerzan jurisdicción en el lugar en el que el acto reclamado trate de ejecutarse, podría ejecutarse, o se haya efectuado, pasarán a ser parte en el juicio respectivo y no pueden tener el doble carácter de parte procesal y juez, siendo evidente que se estaría en el caso de impedimento que estipula la fracción IV, del artículo 51 de la Ley de Amparo, de ahí que este órgano judicial no tenga competencia legal para conocer de la demanda de amparo que se provee. Por tanto, se estima que el Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, a favor de quien se declina la competencia, es quien debe conocer de la presente demanda, según lo expuesto en el Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y a la especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por lo que, se le solicita, de no existir inconveniente legal alguno, informe a este órgano de control constitucional si acepta o no la competencia planteada.
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