César Everardo Esparza Baltazar
Expediente 873/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 873/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- César Everardo Esparza Baltazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia que se dictó en el presente asunto y exhibe el escrito de expresión de agravios, con ocho copias. En consecuencia, con fundamento en los normativos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la invocada ley, se tiene por interpuesto el medio de impugnación de referencia; por tanto, con copia certificada de los insertos necesarios fórmese el cuaderno de antecedentes, distribúyanse entre las partes las copias simples del escrito de expresión de agravios... Notifíquese.
- Principal
Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 873/2022, promovido por César Everardo Esparza Baltazar, por propio derecho, en contra de actos de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el trece de septiembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de los juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y puerto, validado el diecinueve posterior en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, turnado en esa misma data a este Juzgado, César Everardo Esparza Baltazar, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades y actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- LA SEGUNDA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE con residencia en esta ciudad. b).- C. PRESIDENTE EJECUTOR DE LA SEGUNDA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE en Acapulco, Guerrero, como AUTORIDAD VINCULADA con domicilio. IV.- ACTO RECLAMADO.- A).- De la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se reclama la resolución interlocutoria de fecha 08 de julio de 2021, donde de manera ilegal e indebida resuelve declarar improcedente el Recurso de Revisión interpuesto en el juicio natural número 00574/2013 en contra de los autos dictados por su Presidente Ejecutor de fechas 28 de febrero y 02 de marzo ambos del año 2020, los cuales resuelven declarar cumplido en su totalidad el laudo dictado en el natural, siendo que, es incorrecto e ilegal esos acuerdos, ya que, contrario a lo resuelto no se ha dado estricto cumplimiento al laudo de fecha 06 de febrero de 2019, resolución de fecha 09 de diciembre de 2019 y auto de ejecución de fecha 20 de febrero de 2020, los cuales establecen una cantidad liquida a pagar por parte de la patronal, quien a su vez se encuentra obligada a realizar su pago en los términos de la condena, ya que los laudos deben cumplirse en su totalidad, y, la resolución interlocutoria que hoy se combate es a todas luces ilegal al declarar improcedente el recurso de revisión interpuesto. B).- Del C. Presidente Ejecutor de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se reclama la omisión y falta de cumplimiento al laudo de fecha 06 de febrero de 2019, resolución de fecha 09 de diciembre de 2019 y auto de ejecución de fecha 20 de febrero de 2020, así como sus acuerdos dictados el 28 de febrero y 02 de marzo ambos del año 2020, así como el de fecha 24 de agosto de 2022, donde sostiene que no existe cumplimiento de ejecución que seguir, en razón de que según el actor hoy quejoso ya recibió su pago total de conformidad y a entera satisfacción, causando esa determinación severos perjuicios, ya que, es falso que se haya dado cumplimiento total al laudo dictado en el natural y más falso resulta que la cantidad que recibí en su momento la haya recibido de conformidad, pues no cubre el total de lo condenado y embargado en autos, y, los laudos deben cumplirse en su totalidad." SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Actos que consideran vulneran los artículos 1°, 14, 16, 17 y 123, Apartado A, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda. En proveído de veinte de septiembre del año en curso, se admitió a trámite la demanda; se solicitó de las autoridades responsables sus informes justificados; se dio intervención al fiscal federal de la adscripción y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Aspecto que se complementa con el contenido del Acuerdo General 03/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, el cual entró en vigor el día de su aprobación, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito y el Acuerdo General 19/2022, del aludido Pleno, pues se reclaman actos omisivos atribuidos a una autoridad del trabajo, que tiene residencia dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que los actos reclamados en esta instancia son: De la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco: La resolución interlocutoria de ocho de julio de dos mil veintiuno que declara improcedente en recurso de revisión interpuesto en el expediente laboral 00574/2013. Del Presidente Ejecutor de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco: La falta de cumplimiento al laudo de seis de febrero de dos mil diecinueve, resolución de nueve de diciembre del referido año y auto de ejecución de veinte de febrero de dos mil veinte, dictados en el juicio natural. Los autos emitidos el veintiocho de febrero y dos de marzo, ambos de dos mil veinte, así como el diverso de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgador de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del expediente del presente juicio, lo que incluye la intencionalidad de la quejosa, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Al caso, se estima aplicable, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página 32, del tomo XI, Abril de 2000, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Existencia del acto reclamado. La técnica expositiva de las sentencias en el juicio de amparo, impone como presupuesto de orden lógico, la verificación previa de la existencia de los actos reclamados, pues dependiendo de ello se adoptará la postura del fallo, es decir, si el acto reclamado es inexistente, la sentencia debe finalizar con ese pronunciamiento. Por el contrario, si éste existe, entonces podrá procederse al análisis de las causales de improcedencia en su contra, o bien el estudio de fondo del asunto. En su parte conducente, resulta ilustrativa la jurisprudencia XVII.2º.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página sesenta y ocho, abril de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." El Presidente de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, al rendir su informe justificado por sí y en representación del tribunal obrero, negó los actos que se le reclamaron; sin embargo, de las manifestaciones que realizó la nombrada autoridad, pretende poner de relieve la constitucionalidad de los mismos, evidenciando así su certeza; por ende, se tienen por probados plenamente los actos que se les atribuyen. Orienta lo expuesto la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época, del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." La anterior circunstancia, se corrobora con las copias certificadas que remitió el referido Presidente derivadas del expediente 00574/2013, de su índice, a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. Así como la jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Apartado relativo a las causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se procede a analizar si se actualiza una causa de improcedencia del juicio constitucional, porque éstas deben examinarse la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Como las partes no se hicieron valer causal de improcedencia, y no se advierte de oficio la actualización de alguna, se procede al estudio de los motivos de inconformidad. QUINTO. Estudios de los conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación, en razón de que no existe precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción, y no se infringen los principios de congruencia y exhaustividad que todo fallo debe contener. Resulta aplicable la jurisprudencia 58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja ochocientos treinta, tomo XXXI, Mayo de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Son infundados los conceptos de violación que se hacen valer, en atención a las siguientes consideraciones. En esencia, el quejoso César Everardo Esparza Baltazar señala que las autoridades responsables violan en su perjuicio lo establecido en los artículos 14 y 16 constitucional, al emitir en el expediente laboral 00574/2013 de su índice, las determinaciones de veintiocho de febrero y dos de marzo, ambos de dos mil veinte, resolución interlocutoria de ocho de julio de dos mil veintiuno y auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Ahora bien, en el caso en estudio, de las constancias derivadas del expediente natural que remitió la autoridad responsable Presidente de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, a las que se previamente se les otorgó valor probatorio pleno, destacan las siguientes actuaciones: En el laudo de seis de febrero de dos mil diecinueve, entre otras cosas, se condenó a la persona moral demandada Grupo Comercial Atlas, Sociedad Anónima de Capital Variable, de los reclamos que formuló el actor en su demanda inicial. Mediante interlocutoria de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, se aprobó la planilla de liquidación en la que se ordenó a la parte demandada el pago de $2'107,491.54 (dos millones ciento siete mil cuatrocientos noventa y un pesos 54/100 M.N.) a favor del aquí quejoso. El veinte de febrero de dos mil veinte, el actuario adscrito al tribunal obrero trabó embargo en la cuenta número 0443081931 de la institución bancaria BBVA Bancomer, a nombre de la parte demandada, a fin de garantizar el pago al que se le condenó realizar a favor del aquí quejoso. Por auto de veinticuatro de febrero siguiente, se tuvo por recibido un ocurso signado por el apoderado legal de la aquí tercero interesada, a través del que exhibió el cheque número 0001302 que ampara la cantidad de $1'474,371.23 (un millón cuatrocientos setenta y cuatro mil trescientos setenta y un pesos 23/100 M.N.), así como un comprobante de deducción del Impuesto Sobre la Renta y se ordenó notificar dicha circunstancia al actor. A través de proveído de veintiocho de febrero de dos mil veinte, se tuvo por cumplido el laudo de seis de febrero y la interlocutoria de nueve de diciembre, ambos de dos mil diecinueve, toda vez que la parte demandada exhibió el referido cheque con la deducción de impuestos sobre la renta correspondiente, por lo que se ordenó dejar sin efectos el embargo decretado el veinte de dicho mes y anualidad. El dos de marzo de dos mil veinte, compareció ante la Junta responsable el actor, aquí quejoso, a fin de que se le hiciera entrega del referido cheque 0001302, manifestando que lo recibía como pago parcial de la cantidad que se condenó de $2'107,491.54 (dos millones ciento siete mil cuatrocientos noventa y un pesos 54/100 M.N.); no obstante, se le hizo la aclaración que de las prestaciones a que fue condenada la parte demandada se procedió a hacer la retención de impuestos sobre la renta, por la cantidad de $633,157.20 (seiscientos treinta y tres mil ciento cincuenta y siete pesos 20/100 M.N.), razón por la que se exhibió un cheque por la cantidad de $1'474,371.23 (un millón cuatrocientos setenta y cuatro mil trescientos setenta y un pesos 23/100 M.N.). Inconforme con dicha determinación, el quejoso César Everardo Esparza Baltazar promovió recurso de revisión de los actos de ejecución en contra del Presidente Ejecutor, medio de impugnación que se resolvió el ocho de julio de dos mil veintiuno, en el que la Junta responsable lo declaró improcedente, toda vez que consideró que la parte condenada al realizar el pago por la cantidad líquida exhibió el comprobante relativo al desglose de las prestaciones que se cubrieron con motivo de la relación laboral y la retención por concepto del impuesto sobre la renta por lo que se tuvo por cumplido el laudo de mérito, acorde con los numerales 940, 946 y 949 de la Ley Federal del Trabajo, que indican que una vez que se decreta en el laudo el importe liquido de una condena, en la etapa de ejecución, el presidente ejecutor tiene la obligación de vigilar su cumplimiento, por lo que el patrón deberá realizar el pago de la cantidad a la que se le hubiere condenado y si al momento de efectuarlo manifiesta que retiene el impuesto sobre la renta, basta que la autoridad laboral observe que se exhiba el recibo de liquidación correspondiente en la que aparezca el desglose los conceptos a los que se le condenó y a la cantidad que retiene por concepto de impuesto, lo que aconteció en el expediente natural. Aunado a que el actor solicitó se le entregara el cheque correspondiente, por lo que acató en sus términos lo acordado por la Presidenta responsable. Finalmente, mediante acuerdo de veinticuatro de agosto del año en curso, se tuvo al aquí quejoso solicitando a la Junta responsable se tomen las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo, a lo que se le indicó que debería estarse a lo ordenado en la comparecencia de dos de marzo de dos mil veinte, en el que se dio fe y legalidad del pago total y cumplimiento de ejecución. Precisado lo anterior, es menester invocar los artículos 1°, 94, 95, 96 y 97 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta dado que el alcance de los mismos permitirán ilustrar el sentido del presente fallo, mismos que a la letra dicen: "Artículo 1. Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos: I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. (.)" "Artículo 94. Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Para los efectos de este impuesto, se asimilan a estos ingresos los siguientes: (.)" Artículo 95. Cuando se obtengan ingresos por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, por separación, se calculará el impuesto anual, conforme a las siguientes reglas: I. Del total de percepciones por este concepto, se separará una cantidad igual a la del último sueldo mensual ordinario, la cual se sumará a los demás ingresos por los que se deba pagar el impuesto en el año de calendario de que se trate y se calculará, en los términos de este Título, el impuesto correspondiente a dichos ingresos. Cuando el total de las percepciones sean inferiores al último sueldo mensual ordinario, éstas se sumarán en su totalidad a los demás ingresos por los que se deba pagar el impuesto y no se aplicará la fracción II de este artículo. II. Al total de percepciones por este concepto se restará una cantidad igual a la del último sueldo mensual ordinario y al resultado se le aplicará la tasa que correspondió al impuesto que señala la fracción anterior. El impuesto que resulte se sumará al calculado conforme a la fracción que antecede. La tasa a que se refiere la fracción II que antecede se calculará dividiendo el impuesto señalado en la fracción I anterior entre la cantidad a la cual se le aplicó la tarifa del artículo 152 de esta Ley; el cociente así obtenido se multiplica por cien y el producto se expresa en por ciento." "Artículo 96. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. La retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario, la siguiente: (.)" "Artículo 97. Las personas obligadas a efectuar retenciones en los términos del artículo 96 de esta Ley, calcularán el impuesto anual de cada persona que le hubiere prestado servicios personales subordinados." De los numerales antes transcritos se entiende que las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en diversos casos, entre ellos, las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. Asimismo, se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. En ese orden, se establece que cuando se obtengan ingresos por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, por separación, se calculará el impuesto anual a pagar. Asimismo, se impone que quienes hagan pagos por ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual y hace la precisión que no se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. Finalmente, indica que las personas obligadas a efectuar retenciones calcularán el impuesto anual de cada persona que le hubiere prestado servicios personales subordinados. Por su parte, los numerales 940, 946 y 949 de la Ley Federal del Trabajo establecen lo siguiente: "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita." "Artículo 946. La ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida, expresamente señalados en el laudo, entendiéndose por ésta, la cuantificada en el mismo." "Artículo 949. Siempre que en ejecución de un laudo deba entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al trabajador, el Presidente cuidará que se le otorgue personalmente. En caso de que la parte demandada radique fuera del lugar de residencia de la Junta, se girará exhorto al Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Juez más próximo a su domicilio para que se cumplimente la ejecución del laudo." De dichos preceptos se desprende que la ejecución de los laudos le compete a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la que deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad liquida que se señalaron en el laudo. Siempre que en etapa de ejecución de un laudo deba entregarse una cantidad de dinero o el cumplimiento de un derecho al trabajador, el Presidente cuidará que se le otorgue personalmente. En el caso en estudio se estima que el actuar de las autoridades responsables es correcto y que las determinaciones que se reclaman, se dictaron conforme a derecho. En primer lugar, como se adelantó en párrafos anteriores, la Ley de Impuesto Sobre la Renta estipula que las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta; asimismo, indica que los patrones tienen el carácter de auxiliares de la administración pública federal en la recaudación del impuesto de referencia a cargo de sus trabajadores, en tanto tienen la obligación de retener el causado por alguno o algunos de los conceptos a los que resulten condenados en el laudo con motivo de la terminación de la relación laboral. En ese sentido, una vez que se ha determinado en el laudo el importe líquido de la condena y el patrón al exhibir su cuantificación manifieste haber retenido el impuesto correspondiente, para que la autoridad laboral tenga posibilidad de vigilar el cumplimiento del laudo, bastará con que aquél exhiba el recibo de liquidación en el que pueda observarse con claridad el desglose y coincidencia de los conceptos y cantidades a las que resultó condenado en el laudo, así como las cantidades retenidas por concepto del impuesto. Circunstancia que aconteció en el caso, pues la parte aquí tercero interesada Grupo Comercial Atlas, Sociedad Anónima de Capital Variable, al proceder al pago de la condena de $2'107,491.54 (dos millones ciento siete mil cuatrocientos noventa y un pesos 54/100 M.N.), adjuntó el recibo de liquidación en el que desglosó las cantidades a que se le condenó a pagar y a las diversas que se retuvieron por concepto de impuesto sobre la renta, la que ascendió a $633,157.20 (seiscientos treinta y tres mil ciento cincuenta y siete pesos 20/100 M.N.), por lo que procedió a exhibir un cheque por la cantidad liquida de $1'474,371.23 (un millón cuatrocientos setenta y cuatro mil trescientos setenta y un pesos 23/100 M.N.), a fin de cumplimentar el laudo a que se le condenó, razón por la que el Presidente responsable procedió a declarar por cumplido el laudo de mérito. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 136/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quinientos cuarenta y tres, tomo XXVI, agosto de 2007, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "LAUDO. PARA TENERLO POR CUMPLIDO ES INNECESARIO QUE EL PATRÓN EXHIBA LA CONSTANCIA DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS CONCEPTOS MATERIA DE LA CONDENA O EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA DEDUCCIÓN RELATIVA, PUES BASTA CON QUE EN EL RECIBO DE LIQUIDACIÓN EXPRESE LAS CANTIDADES SOBRE LAS CUALES SE EFECTÚA DICHA RETENCIÓN. Conforme a los artículos 109, 110, 112 y 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 26, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación, salvo los casos de excepción, los patrones tienen el carácter de auxiliares de la administración pública federal en la recaudación del impuesto de referencia a cargo de sus trabajadores, en tanto tienen la obligación de retener el causado por alguno o algunos de los conceptos a los que resulten condenados en el laudo con motivo de la terminación de la relación laboral. En ese sentido, una vez que se ha determinado en el laudo el importe líquido de la condena y el patrón al exhibir su cuantificación manifieste haber retenido el impuesto correspondiente, para que la autoridad laboral tenga posibilidad de vigilar el cumplimiento del laudo, bastará con que aquél exhiba el recibo de liquidación en el que pueda observarse con claridad el desglose y coincidencia de los conceptos y cantidades a las que resultó condenado en el laudo, así como las cantidades retenidas por concepto del impuesto, sin necesidad de que la autoridad laboral proceda a examinar si el cálculo del entero fue o no correcto, pues en caso de que resulte defectuoso, no se deja en estado de indefensión al trabajador, ya que tiene expedito su derecho para solicitar ante la autoridad hacendaria la devolución de las cantidades que le hayan sido retenidas en forma indebida y corresponderá a la autoridad fiscal su revisión, consecuentemente no es requisito indispensable para efecto de tener por cumplido el laudo que el patrón exhiba el documento en el que acredite la deducción del impuesto para justificar el monto de las prestaciones que debió pagar al trabajador, o la constancia de que enteró la cantidad que retuvo al trabajador como impuesto del producto del trabajo." Ahora bien, el quejoso indica en su concepto de violación que a su consideración, la retención del impuesto sobre la renta debe aplicarse únicamente si se tratara de una indemnización, no así al condenarse a la parte demandada a la reinstalación del trabajador. No obstante, se estima incorrecta dicha percepción, toda vez que la aludida Ley del Impuesto sobre la Renta en el numeral 96 indica que no se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente, circunstancia que no opera en este asunto, pues de las constancias de mérito se desprende que el quejoso percibía un salario diario integrado de $1,544.52 (mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 52/100 M.N.), cantidad que rebasa el salario mínimo general vigente en la región, por lo que no puede exentársele de realizar dicha contribución tributaria. El citado precepto legal que prevé, por una parte, que no se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general y, por otra, que la retención que en su caso se realice a los trabajadores que obtengan percepciones superiores al mínimo se hará sobre la base de la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes de calendario, no viola el artículo 123, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho supremo del trabajador a recibir por lo menos el salario mínimo para cubrir sus necesidades familiares y a que éste no se afecte con embargo, compensación, descuento, u otras figuras afines a ellas, cualquiera que sea su naturaleza u origen. Ello es así, en virtud de que tanto el propio texto que hace referencia al salario mínimo, como el espíritu de la norma constitucional, ponen de relieve que la prerrogativa de no disminuirlo mediante embargo, compensación o descuento, opera desde su nacimiento sólo en relación con trabajadores que obtienen el salario mínimo, como protección a la imperiosa necesidad humana de tener una vida digna y decorosa, no así respecto de aquellos que superan dicho monto, de modo que si se percibe una cantidad superior no existe la necesidad de sustraer el importe del salario mínimo, si se tiene en cuenta que el indicado artículo 123 constitucional no alberga un derecho general a favor de cualquier trabajador -sin importar los salarios que obtenga por el trabajo personal subordinado que desempeñe-, sino particular encaminado a la protección de quienes obtienen sólo el salario mínimo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 164/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quinientos once, tomo XXVI, septiembre de 2007, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, la que se transcribe a continuación: "RENTA. EL ARTÍCULO 113, PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFOS, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2006). El citado precepto legal que prevé, por una parte, que no se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general y, por otra, que la retención que en su caso se realice a los trabajadores que obtengan percepciones superiores al mínimo se hará sobre la base de la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes de calendario, no viola el artículo 123, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho supremo del trabajador a recibir por lo menos el salario mínimo para cubrir sus necesidades familiares y a que éste no se afecte con embargo, compensación, descuento, u otras figuras afines a ellas, cualquiera que sea su naturaleza u origen. Ello es así, en virtud de que tanto el propio texto que hace referencia al salario mínimo, como el espíritu de la norma constitucional, ponen de relieve que la prerrogativa de no disminuirlo mediante embargo, compensación o descuento, opera desde su nacimiento sólo en relación con trabajadores que obtienen el salario mínimo, como protección a la imperiosa necesidad humana de tener una vida digna y decorosa, no así respecto de aquellos que superan dicho monto, de modo que si se percibe una cantidad superior no existe la necesidad de sustraer el importe del salario mínimo, si se tiene en cuenta que el indicado artículo 123 constitucional no alberga un derecho general a favor de cualquier trabajador -sin importar los salarios que obtenga por el trabajo personal subordinado que desempeñe-, sino particular encaminado a la protección de quienes obtienen sólo el salario mínimo." Ahora bien, el quejoso señala que las determinaciones que reclama vulneran en su perjuicio los arábigos 14 y 16 de la Carta Magna; sin embargo, se estima que las mismas cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento y se encuentran debidamente fundadas y motivadas por las autoridades responsables, dichos numerales se transcriben a continuación: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (...)" "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)" De la reproducción de los anotados preceptos se tiene que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. Asimismo, que todo acto de autoridad tiene que encontrarse fundado y motivado, esto es, establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos en donde las circunstancias del caso concreto encuadren con la norma legalmente establecida, para otorgar certeza y seguridad jurídica al particular, a fin de que con ello se asegure la prerrogativa de su defensa, ante el procedimiento legal que se siga. Sobre el particular resulta ilustrativa lo establecido en la jurisprudencia de la Séptima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Informe 1973, Parte II, Tesis 11, página 18, de contenido siguiente: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". En ese sentido, de la simple lectura de las determinaciones controvertidas (veintiocho de febrero y dos de marzo, ambos de dos mil veinte, resolución interlocutoria de ocho de julio de dos mil veintiuno y auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós), se observa que éstas se dictaron siguiendo las formalidades del procedimiento que indica la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 940, 946 y 949, ello es así toda vez que el Presidente responsable llevó a cabo la ejecución del laudo de conformidad a los referidos numerales, a fin de que se le realizara el pago al aquí quejoso de la cantidad liquida a la que se condenó a la parte demandada en el referido fallo, suma que se le entregó al impetrante de manera personal ante la presencia del referido presidente, tal como se advierte en la comparecencia de dos de marzo de dos mil veinte. Asimismo, se encuentran debidamente fundadas y motivadas, en razón de que la referida autoridad citó los preceptos legales que consideró aplicables al caso, y expresó los motivos por los cuales ordenó dejar sin efectos el embargo trabado en la cuenta de la parte demandada, aquí tercero interesada y tuvo por cumplido el laudo de seis de febrero de dos mil diecinueve en el expediente laboral 00574/2013, de ahí que se consideran correctas las citadas determinaciones. En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación y al no advertirse suplencia de la deficiencia de la queja que hacer valer ni violación evidente de la ley que haya dejado sin defensa al quejoso, lo procedente en el caso es negar a César Everardo Esparza Baltazar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los preceptos 73, 74, 75, 76, 119, 123 y 124 de la invocada ley; se, R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a César Everardo Esparza Baltazar, contra la autoridad y acto, precisados aquélla y éste en el resultando primero de este fallo. SEGUNDO. Incorpórese al Sistema de Integración de Seguimiento de Expedientes la versión pública de la presente sentencia, así como los datos de registro que se requieren para garantizar el derecho de acceso a la información. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio del Presidente de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, mediante el cual en alcance al informe justificado, remite copia certificada de las constancias de notificación a las partes del acuerdo de catorce de septiembre del año en curso, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional y tomarlas en consideración en el momento procesal oportuno; con su contenido, dése vista a las partes, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en términos del precepto 117 de la invocada ley. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio del Presidente de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, mediante el cual rinde informe justificado, con este y las constancias que se reciben, dese vista a las partes para su conocimiento, en términos del precepto 117 de la invocada ley. Por otra parte, con las documentales que remite, se ordena formar un tomo de pruebas y guardarse por separado; al momento de resolver este asunto deberá tenerse a la vista. Desde otro aspecto, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el acuerdo admisorio se reservó emplazar al tercero interesado, hasta en tanto la autoridad responsable emitiera su informe justificado, y toda vez que esto ya aconteció, se provee lo siguiente: En términos del artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, le resulta el carácter de tercero interesado a Grupo Comercial Atlas, Sociedad Anónima de Capital Variable; en consecuencia, con una copia de la demanda y del auto admisorio, proceda el actuario relativo a constituirse en dicho lugar, y de no tener impedimento legal alguno, emplace al nombrado tercero, por conducto de quien legalmente lo represente; asimismo, le haga saber la instauración del expediente y el derecho que tiene para apersonarse al mismo. Indíquese al fedatario que deberá requerirlo para que en el momento de la diligencia o dentro del término de tres días señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndolo que de no hacerlo, las subsecuentes, aún personales, se practicarán por lista, en términos del precepto 26, fracción III, en relación con el numeral 27, fracción II, de la invocada ley. Por el motivo expuesto, a fin de evitar dilaciones procesales, se deja sin efectos la fecha y hora que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional y para que tenga verificativo se fijan las diez horas con veinte minutos del once de noviembre del año en curso. Notifíquese.
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