Cesar Eusebio Nicolas Cortes

Expediente 1111/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1111/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Cesar Eusebio Nicolas Cortes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL. Ciudad de México; a las diez horas con cincuenta y ocho minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, se encuentra en audiencia pública Blanca Alicia Ochoa Hernández, Jueza Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, asistida de Citlalli González Becerra, Secretaria que da fe, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, procede a celebrar la relativa al incidente de suspensión emanado del juicio de amparo 1111/2023, promovido por ***** por propio derecho. [...] Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 128, 132, 136, 138, 144, 146, 147 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se NIEGA a ********************, la suspensión definitiva, por lo motivos expuestos en los considerandos TERCERO y QUINTO de esta resolución interlocutoria. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México; a quince de noviembre de dos mil veintitrés. Admisión de la demanda. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en proveído de trece de octubre del año en curso desahoga la prevención realizada en diverso de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la Circular SECNO/29/2021, de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ADMITE a trámite la demanda de amparo promovida por Cesar Eusebio Nicolás Cortes, por su propio derecho, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades. Inicio de autos incidentales.. Tramítese por cuerda separada el cuaderno físico relativo al incidente de suspensión solicitado, sin necesidad de formar, adicionalmente, un cuaderno duplicado. Lo anterior, con apoyo en los artículos 3 y 128 de la Ley de Amparo; 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa en los órganos jurisdiccionales; y Décimo Segundo del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID- 19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. Señalamiento de fecha de audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Autoridades responsables. En términos del artículo 5º, fracción II, de la Ley de la materia, se tienen como autoridades responsables a: El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El Director General del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito. El Director de Factor Humano del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito. Subdirector de Remuneraciones del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito. El Gerente de Gestión de Nóminas y Prestaciones del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito. El Jefe del Departamento de Nóminas y Obligaciones de Seguridad Social del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito. Representación del titular del Ejecutivo Federal. Por otro lado, cabe precisar que del contenido del escrito inicial de demanda y de los ocursos aclaratorios, se advierte que los actos que se reclaman al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se encuentran previstos en el artículo TERCERO, fracción VI, punto 39 y 54 del Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Por consiguiente, con fundamento en dicho precepto se ordena notificar al Presidente de la República por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que dicha dependencia lleve a cabo la representación presidencial en este juicio de amparo. Solicitud de informe justificado. En términos del artículo 116 de la Ley de Amparo, con copia simple de la demanda, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de quince días, rindan su informe justificado, en el cual, según lo establece el artículo 117 del citado ordenamiento, deberán exponer las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos que se les reclaman o la improcedencia del juicio, acompañando copia certificada, completa y legible de las constancias necesarias para apoyar su informe, en específico, de las que sirvieron de base para emitir los actos reclamados. Apercíbase a las autoridades responsables que, en caso de no rendir su informe justificado se presumirá cierto el acto que se les reclame, salvo prueba en contrario, de acuerdo con el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que en su caso de actualizarse algunos de los supuestos establecidos en los artículos 251 y 260, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a las multas previstas en dichos preceptos legales, hecha excepción de las autoridades legislativas (en el caso de amparos contra normas generales). Hágase también de su conocimiento que su informe justificado deberán presentarse en este órgano jurisdiccional y, en aras de una pronta impartición de justicia, podrá ser remitido vía ordinaria, o bien, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con base en el artículo 52 Bis, fracción II, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, mediante documento electrónico o digitalizado, rubricado o firmado con firma electrónica, mediante firel o e.firma, y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados, con la precisión de que se requiere su envío por uno solo de los medios citados. Asimismo, se les comunica que para tales efectos, también cuentan con la herramienta electrónica denominada juicio en línea, el cual puede ser tramitado en la liga electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. En términos de los artículos 7, 20, 22, 24 y demás aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, las constancias que se remitan de carácter reservado o confidencial, deberán enviarse debidamente resguardadas en sobre cerrado, especificando en el empaquetado que se trata de "información reservada" o "confidencial" y cumplir con lo dispuesto los artículos 101 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 30 del Reglamento de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, bajo el apercibimiento de que, no hacerlo se entenderá que corresponden al supuesto previsto en el último párrafo del numeral precitado y se podrá ordenar el glose al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Intervención ministerial de la adscripción. Dese la intervención que corresponde a la representación ministerial de la adscripción, como lo establece el artículo 5º, fracción IV de la Ley de Amparo. Notificación del presente acuerdo a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público. La notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio impreso a todas las autoridades y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas como pruebas de la parte quejosa las documentales que se acompañaron a su escrito de demanda, así como la instrumental pública de actuaciones y la presunción en su doble aspecto, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Tomando en consideración que la quejosa exhibió copia simple de las aludidas pruebas documentales; con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, párrafo primero, se ordena su cotejo, compulsa, certificación y glose en el cuaderno incidental, en el que habrá de precisarse qué documentos se exhibieron en original, cuales en copias certificadas y cuáles en forma simple. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la jurisprudencia 71/2020 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número de registro 163758 y este rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97)." Por lo que hace a las documentales exhibidas y que cuentan con cadena original y/o sello digital, se ordena agregarlas al cuaderno incidental a efecto de que se tengan como pruebas de su parte y sean valorados conforme a derecho corresponda, sin necesidad de realizar el cotejo y compulsa de las mismas. En otro contexto, por cuanto hace a su petición formulada en su ocurso de desahogo consistente en que se requiera al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S. N. C, el listado correspondiente al monto de reparto de utilidades, mismo que se observa en el sitio web https://www.plataformadetransparencia.org.mx/, liga 330003223000165; dígase que una vez que se encuentre debidamente integrada la litis en el presente asunto, se acordará lo conducente a su idoneidad. Autorizados. Con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados únicamente para los efectos de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que se mencionan en el segundo ocurso de desahogo, sin perjuicio de las señaladas con anterioridad. Nuevo domicilio Asimismo, se tiene por revocado el domicilio señalado por la parte quejosa en su demanda de amparo y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la ley de la materia, téngase como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: "Calle Dos de Alejo Rico Número 37, Colonia Vicente Guerrero, Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México". Devolución de documentos. En otro aspecto, se estima conveniente precisar a la parte quejosa que los documentos exhibidos o que llegaren a exhibirse en original, no podrán ser devueltos, toda vez que del artículo 122 de la Ley de Amparo, así como 280 del código supletorio, se desprende que los documentos podrán ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta en tanto precluya el derecho de objetarlos, en cuyo caso deberá resolverse dicha objeción, o bien, mientras el asunto no haya sido resuelto definitivamente. De ahí que la oportunidad para la objeción de documentos sea hasta la audiencia constitucional, por lo que éstos no pueden devolverse antes de ese momento procesal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 22/2000, con número de registro 192,294, de rubro: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." Notifíquese.

  3. Incidental

    Ciudad de México; quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la copia simple del escrito inicial de demanda y de los escritos aclaratorios, promovida por *****, por propio derecho, así como la copia autorizada del proveído dictado en esta fecha en el cuaderno principal del cual deriva este incidente, en términos de los artículos 125, 128 y 130 de la Ley de Amparo, fórmese de manera electrónica y física el presente incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1111/2023. Solicitud de informe previo. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que rindan su informe previo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas al en que queden notificadas del presente proveído, mismo que deberá satisfacer los requisitos previstos en el artículo 140 de la ley de la materia. Para ello remítaseles copia de la demanda de amparo y de sus ocursos aclaratorios. Se les apercibe que, en caso de no hacerlo, se presumirán ciertos los actos reclamados que se les atribuyen al momento de resolver la suspensión definitiva, en términos del artículo 142 de la Ley de Amparo y, conforme al artículo 260, fracción I, de la ley de la materia, se les impondrá una multa de cien a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Señalamiento de fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. Cabe señalar que aun cuando se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental fuera del plazo previsto en el artículo 138, fracción II de la Ley de Amparo, dicho proceder se realizó con el objeto de que se integre debidamente el presente asunto, a fin de que prevalezca el derecho a una tutela judicial efectiva por encima de los formalismos procedimentales. Pruebas En términos del artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas las documentales que se anexaron al escrito inicial, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia incidental, las cuales se hacen consistir en: - Original del oficio DFH/SR/GGNP/2724/2023, de doce de septiembre del año en curso, dirigido a la parte quejosa. - Impresiones de diversos Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) a nombre de la parte quejosa, con cadena y sello digital de la institución emisora. Lo anterior, de acuerdo con lo previsto en la jurisprudencia 71/2020 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número de registro 163758. Precisión de los actos reclamados. De la demanda se advierte que se solicitó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados consistentes en: a. La discusión, aprobación, promulgación, orden de publicación y refrendo de los Decretos siguientes: 1. Por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adicionan los artículos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho; 2. Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en ese medio de difusión el diecinueve de abril de dos mil diecinueve; 3. Por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. b. La discusión, aprobación, promulgación, orden de publicación y refrendo del Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales dos mil diecinueve y dos mil veinte, publicados en el Diario Oficial de la Federación, respectivamente, el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho y once de diciembre de dos mil diecinueve. c. El Manual de Remuneraciones, Jubilaciones, Derecho y Obligaciones, aplicables al Personal de Confianza del ******************** (BANJERCITO); d. La negativa reiterada para autorizar el pago de las prestaciones relativas a las utilidades generadas en los años fiscales dos mil diecinueve a dos mil veintidós - pagaderas hasta el treinta y uno de mayo de cada año subsecuente al que se generaron-, así como para gestionar el ajuste de su sueldo, prima vacacional y el pago de incapacidades; e. La continuación de esa negativa y la ejecución de las normas generales reclamadas en la demanda; f. La respuesta contenida en el oficio DFH/SR/GGNP/2724/2023, de doce de septiembre del año en curso, emitida por el Director de Factor Humano del ********************; en el que se le indica a la parte quejosa las razones del por qué no se está en posibilidad de autorizar el pago de las prestaciones relativas al pago de utilidades generadas en los años fiscales dos mil diecinueve a dos mil veintidós. g. Los efectos y consecuencias de los actos reclamados. Análisis de la suspensión provisional. El estudio de la suspensión provisional de los actos reclamados conlleva un análisis exhaustivo de la solicitud, para estar en posibilidad de precisar si debe concederse o negarse, dado que deben examinarse diversos conceptos como: a) la apariencia del buen derecho; b) que no se siga perjuicio al interés social ni que se contravengan disposiciones de orden público; y c) que exista urgencia de la medida y peligro en la demora. En relación con el primer concepto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la apariencia de buen derecho consiste en establecer una credibilidad objetiva sobre el fondo del asunto, la cual descarte una pretensión infundada. Lo que se logra a través de un conocimiento periférico, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el juicio. Ese ejercicio consiste en realizar un adelanto provisional del derecho cuestionado, para resolver posteriormente, en forma definitiva, si el acto reclamado es o no constitucional, tomando en cuenta la naturaleza de la violación alegada. Lo que supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilidad del derecho esgrimido. De ese modo, ese estudio preliminar debe hacerse en conjunto con el relativo al interés social y orden público. Por lo que hace al orden público e interés social, es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que son nociones íntimamente vinculadas; pues ha estimado que por disposiciones de orden público deben entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo sea tutelar los derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja, o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio. Por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En vinculación con los razonamientos de mérito, se considera que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resintiría. Así, la apariencia del buen derecho debe sopesarse siempre con esos conceptos, esto es, con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir la parte quejosa. El último elemento que debe estudiarse tiene que ver con la urgencia y el peligro en la demora. En efecto, a la suspensión en el juicio de amparo le son aplicables las reglas de las medidas cautelares y, por tanto, la urgencia y el peligro en la demora constituyen el primer aspecto que debe verificarse a efecto de advertir su procedencia. Así, el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo, por lo que si no se actualiza hace innecesaria la concesión de la suspensión. Esos conceptos están delimitados en los artículos 138 y 139 de la Ley de Amparo. Adicionalmente, se debe tener en cuenta lo establecido en el artículo 128 del citado ordenamiento legal. Precisado lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138, de la Ley de Amparo, lo procedente es realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social a efecto de pronunciarse sobre la suspensión de los actos reclamados. Efectos de la suspensión. Cabe destacar que la suspensión puede concederse para efectos y consecuencias distintas a las propuestas; pero vinculadas con el acto reclamado esencialmente. Del capítulo de suspensión fijado en la demanda, se advierte que se solicitó la medida cautelar para estos efectos: 1. Que se impida la materialización de los efectos y consecuencias de las normas generales reclamadas, vinculadas con el acto de aplicación identificado en la demanda; 2. Que no se disminuyan sus prestaciones y se le continúe brindando el paquete de las que gozaba, consistentes en el pago de utilidades, aguinaldo, incapacidades y prima vacacional, en los ejercicios fiscales dos mil diecinueve a dos mil veintidós; 3. Se suspendan las órdenes entre las autoridades responsables -del ********************-, a fin de evadir el pago de las utilidades en los ejercicios fiscales citados. Atendiendo a esos efectos por lo que se solicita la medida, la parte quejosa pretende que se le conceda la suspensión como medida conservativa -que no se le disminuyan sus prestaciones- y con efectos restitutorios -a efecto de obtener el pago de prestaciones como las utilidades, generadas en los ejercicios fiscales dos mil diecinueve a dos mil veintidós-. Determinación judicial. La suscrita estima procedente NEGAR la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa. En el caso, cabe destacar que en la contradicción de tesis 146/2019, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que conforme a la Ley de Amparo vigente, la suspensión puede tener dos clases de efectos: a) conservativo; o, b) de tutela anticipada; es decir, puede restablecerse al quejoso en el goce de la garantía o derecho afectado con el acto reclamado, conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo. Es decir, la suspensión del acto reclamado constituye una de las formas fundamentales para restaurar el orden jurídico nacional, la cual equivale a un amparo provisional, porque mantiene al quejoso en el goce del derecho cuya violación reclama, mientras se dicta la sentencia ejecutoria, garantizando la eficacia de la institución del amparo. Por ello, se establece que la medida cautelar tiene efectos conservativos, dado que, lo que se pretende, es que subsista el objeto de estudio de la acción constitucional. En el caso de la suspensión solicitada en contra de normas generales, esa medida conservativa se identifica con la previsión para que al quejoso no le sea aplicada la norma reclamada, de manera que se paralicen sus efectos y consecuencias hasta en tanto se resuelva el juicio en lo principal, a efecto de mantener viva la instancia de amparo. Por otro lado, la concesión de la medida puede tener efectos restitutorios, esto es, con la suspensión puede brindarse a la parte quejosa un beneficio transitorio, el cual, en términos generales, guardaría identidad con los efectos de una eventual sentencia favorable, dado que serían similares a los de una sentencia provisional en la que se vislumbra, en forma preliminar, la ilegalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Sobre este tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia1ª. J/21/2016, determinó que la suspensión, como medida cautelar, participa de los efectos prácticos de la resolución definitiva del juicio de amparo y, por tanto, no se limita sólo a las medidas de conservación, sino también a las de restablecer al quejoso en el goce del derecho afectado con el acto reclamado, para mantener viva la materia del amparo e impedir los perjuicios que éste pueda resentir por la duración del proceso, constituyendo así un verdadero amparo provisional con el que se anticipa la tutela constitucional sobre la base del aparente derecho advertido en un estudio minucioso y preliminar del asunto, a reserva de que, en la sentencia definitiva, se consolide esa situación si se constata la existencia del derecho aparente o, de lo contrario, se permita la continuación de los efectos del acto reclamado. Sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 22/2023, acotó que al analizarse la posibilidad de conceder la suspensión con efectos restitutorios, deben atenderse ciertos parámetros para advertir, también en forma preliminar, si los efectos de ese beneficio transitorio de la medida cautelar puedan ser susceptibles de retrotraerse en caso de una eventual sentencia negatoria. Ciertamente, en ese criterio se determinó que en caso de concederse la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Las consideraciones previas resultan suficientes para justificar la negativa de la suspensión provisional, en atención a los efectos retroactivos por los que se solicita, esto es, que se le pague la prestación de utilidades generada en los ejercicios fiscales que refiere. La suscrita juzgadora estima que, en el caso concreto, de concederse la suspensión provisional, el beneficio concedido no sería transitorio, pues sus efectos no podrían retrotraerse, incluso si al analizarse el fondo de la cuestión planteada, se resolviera negar el amparo. Se explica. Si la medida cautelar se concediera con efectos restitutorios y se vinculara a las autoridades responsables a realizar las gestiones administrativas necesarias para cubrir a la parte quejosa, en forma preliminar, la prestación relativa al pago de utilidades en los ejercicios fiscales precisados (2019 a 2022), implicaría obligarlas a la ejecución de diversos procedimientos administrativos cuyas consecuencias serían difíciles de retrotraer en caso de que, analizado el fondo del asunto, se resolviere negar el amparo. Ese procedimiento administrativo está fijado en el artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo, en el cual se indica que para determinar la participación de cada trabajador en las utilidades de la empresa patronal, debe realizarse un estudio particular. Ciertamente, ese proceso donde habrán de determinarse o revisarse las cantidades que, por concepto de reparto de utilidades, la parte patronal habrá de pagar en favor de sus trabajadores, se verifica dentro de un procedimiento administrativo donde intervienen órganos de la administración pública, ya que para obtener esa prestación que, de manera individualizada corresponde a cada trabajador, es indispensable verificar ciertas circunstancias particulares que corresponden al ámbito administrativo. Es decir, para obtener esa prestación, no basta con aplicar a la renta gravable anual obtenida por la empresa de que se trate, el porcentaje que en su caso hubiese determinado la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas; sino que en los términos de los artículos 117 a 125 de la Ley Federal del Trabajo, es imprescindible que en la individualización del monto que corresponde a cada trabajador en lo particular, se tome en consideración, entre otros aspectos, el número de días trabajados por cada empleado en el año, la proporción del monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año, el salario para efectos del reparto de utilidades y, sobre todo, el proyecto de reparto en el cual se establezcan todos esos requisitos. En ese sentido, la concesión de la medida cautelar con esos efectos restitutorios si tendría identidad con aquéllos que, eventualmente, se fijarían en la sentencia emitida en el juicio principal; pero, atendiendo a los parámetros establecidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 22/2023, de negarse el amparo a la parte quejosa, no podrían quedar anuladas todas aquellas gestiones administrativas realizadas para cubrir el pago de la citada prestación; pues, el análisis de fondo únicamente se centraría en determinar si resulta constitucional o no la negativa de las autoridades responsables para cubrir las utilidades, sin que esa decisión -negar el amparo- implicase dejar sin efectos el procedimiento administrativo que se agotó al tenor de los artículos 117 a 125 de la Ley Federal del Trabajo . Lo anterior implica que la negativa de la suspensión provisional no se limita a determinar que, de concederse con efectos restitutorios, se dejaría sin materia el estudio de la acción constitucional de amparo, sino que, esa determinación se basa en que, llegado el momento de fallar este asunto, incluso si se emitiera una sentencia sobreseyendo en el juicio, o bien, negando el amparo, los efectos derivados del cumplimiento de la citada medida cautelar no desaparecerían ni podrían retrotraerse. Por esa razón, se reitera, resulta improcedente conceder la suspensión provisional para los efectos requeridos. Otra circunstancia que de igual forma justifica la negativa de la suspensión provisional, atiende a que la parte quejosa no demostró la urgencia ni el peligro en la demora. Como se explicó antes, la urgencia y el peligro en la demora constituyen presupuestos legales y jurisprudenciales para el otorgamiento de la suspensión en el juicio de amparo, por lo que si no se actualizan es innecesario decretar la citada medida. A la suspensión en el juicio de amparo le son aplicables las reglas de las medidas cautelares y, por tanto, la urgencia y el peligro en la demora constituyen un aspecto que debe verificarse a efecto de advertir su procedencia. Así, el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo, por lo que si no se actualiza hace innecesaria la concesión de la suspensión. En el caso, de las manifestaciones hechas por la parte quejosa en la demanda, bajo protesta de decir verdad, se aprecia que la omisión de pago de la prestación relativa a las utilidades se retrotrae al treinta de mayo de dos mil veinte, cuando advirtió que no recibió depósito alguno por ese concepto, generado durante el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. En ese sentido, debe destacarse que la urgencia -dentro del marco de las medidas cautelares- va ligada a evitar el riesgo o las consecuencias que conllevaría la ejecución del acto reclamado, pues podrían depararle al solicitante perjuicios de difícil reparación. Conviene destacar en este punto que, la parte quejosa combate, toralmente, una orden verbal -emitida, según se refiere en la demanda, por el Director General del ********************-, con la cual se le niega la autorización para el pago de utilidades. Ese acto reclamado, en sí mismo, no conlleva una ejecución inminente que cause un perjuicio futuro a la parte quejosa, pues la omisión de pago alegada data desde el año dos mil veinte. Entonces, se reitera que la parte quejosa no demostró la urgencia de la medida, en tanto que su solicitud no está encaminada a prevenir perjuicios mediatos (futuros) sino a subsanar los acaecidos en el pasado -lo que se relaciona con los efectos restitutorios pedidos-. De igual manera, tampoco se evidencia el peligro en la demora, traducido en la posible frustración de los derechos de la parte quejosa como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo, dado que, como ella misma lo señaló en la demanda, es un trabajador en activo dentro del ********************, por lo que se encuentra percibiendo actualmente sus remuneraciones, lo que implica que no existe riesgo inminente de vulneración a sus derechos humanos a la vida digna, al mínimo vital, al producto del trabajo y a su propia subsistencia como a la de su familia. De esa manera, el análisis sobre el derecho que alega la parte quejosa al pago de utilidades puede esperar al estudio que se haga de ello en la sentencia del juicio principal, y no dilucidarse en la medida cautelar los perjuicios que le causa la omisión de su pago. Con lo hasta aquí expuesto, la suscrita juzgadora justifica la negativa de la suspensión provisional. CONCESIÓN DE LA MEDIDA. Sin embargo, la parte quejosa también solicitó la medida para que se impida la materialización de los efectos y consecuencias de las normas generales reclamadas, hasta en tanto se resuelve sobre la suspensión definitiva, en concreto, en lo referente a sus prestaciones. Como antes se determinó, la parte quejosa aduce ser trabajador en activo del ******************** y acreditó su interés suspensional con una impresión de su comprobante de pago expedido el veintiocho de julio de dos mil veintitrés, el cual cuenta con sello digital que le aporta valor probatorio pleno al tenor del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De esa manera, es procedente conceder la suspensión provisional a la parte quejosa para el efecto de que no se le apliquen las disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, así como el Manual de Remuneraciones, Jubilaciones, Derecho y Obligaciones, aplicables al Personal de Confianza del ********************, en detrimento de las remuneraciones que actualmente percibe, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva. Sirve de apoyo, por su analogía con el caso concreto, la tesis de jurisprudencia de Registro digital: 2025789, Undécima Época, Tesis: PC.I.A. J/29 A (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Enero de 2023, Tomo VI, página 5925, de este contenido: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DE LOS ARTÍCULOS 217 BIS Y 217 TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. Hechos: Diversas personas solicitaron la suspensión de los efectos y consecuencias de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y de los artículos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, a efecto de que no se les aplicarán dichos preceptos y, derivado de la resolución que emitieron los Juzgados de Distrito, se interpusieron recursos de queja. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que conocieron de los recursos respectivos sostuvieron criterios distintos sobre la misma cuestión jurídica, consistente en determinar si los efectos y consecuencias de los preceptos combatidos constituyen actos futuros e inciertos o bien futuros e inminentes y si con el otorgamiento de la medida cautelar provisional se contravienen o no disposiciones de orden público y se afecta el interés social. Criterio jurídico: Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito determina que cuando un servidor público promueve juicio de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y de los artículos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, es procedente conceder la suspensión provisional de sus efectos y consecuencias, al colmarse los requisitos del numeral 128 de la Ley de Amparo. Justificación: En los juicios de amparo en que se reclame la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y la adición de los artículos 217 Bis y 217 Ter al Código Penal Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, como normas autoaplicativas y se solicite la suspensión provisional de sus efectos y consecuencias, es procedente conceder la medida cautelar porque se satisfacen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues éstos constituyen actos futuros inminentes y el otorgamiento de la suspensión no infringe el interés social ni contraviene disposiciones de orden público, por lo que a fin de preservar la materia del juicio y evitar que se cause un daño irreparable a los quejosos, procede conceder la suspensión solicitada para el efecto de que no se aplique lo dispuesto en los preceptos combatidos, particularmente, para que las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales a los que la Constitución reconoce autonomía e independencia, no se fijen en términos del ordenamiento legal reclamado, hasta tanto se resuelva sobre la medida cautelar definitiva o se decida el fondo de la controversia." Sin que sobre el asunto en particular -concesión de la medida cautelar- deba hacerse una justificación del por qué con la concesión de la medida no se perjudica al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, como lo marca el artículo 128 de la Ley de Amparo, dado que esas consideraciones forman parte de la jurisprudencia antes invocada, por lo cual, resulta innecesario realizar mayor motivación al respecto. La suspensión provisional decretada surte sus efectos según el artículo 136 de la Ley de Amparo, sin que sea necesario fijar un requisito de efectividad dado que no existe tercero interesado en este juicio, aunado a que no se está en los supuestos del artículo 135 de la ley citada. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México; a trece de octubre de dos mil veintitrés. Causa estado ejecutoria cumplida. Vista la primera certificación de cuenta, se advierte que el proveído a través del cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, no fue recurrido dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 202, en relación con el 201, fracción I, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado estado; por lo cual, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Archivo del expediente. Tomando en consideración el estado procesal de autos, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es CONSERVABLE, por lo que permanecerá en este órgano jurisdiccional un período de tres años, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de este auto y posteriormente será transferido al centro archivístico que corresponda. Archívense por separado los cuadernos incidentales. De conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo antes mencionado el cuaderno original en que se concedió la suspensión definitiva es CONSERVABLE. Y conforme al ordinal 19, fracción II, inciso a) del mismo Acuerdo el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurra el plazo de seis meses. Atento a lo anterior, colóquese el sello de fecha de archivo y destino final en la carátula de cada uno de ellos. Devolución de documentos. Ahora bien, en virtud de que la parte quejosa exhibió documentos originales, pónganse a su disposición para que dentro del plazo de noventa días naturales, se presente a recogerlos, en el entendido que la persona que lo haga, deberá exhibir su identificación oficial vigente y copia simple de la misma, para debida constancia legal; apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos seguirán la suerte del presente expediente. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa.

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