Cesar Ernesto Zelaya Palacios
Expediente 900/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 900/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 16/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Cesar Ernesto Zelaya Palacios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Visto el sobre devuelto por la Administración Postal, con sede en esta ciudad, que contiene el oficio 24927 dirigido a la autoridad que en él se precisa, que contiene la leyenda rehusado. Atento a lo anterior, provéase sin mayor pronunciamiento dado que el presente expediente se encuentra totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión [medio de impugnación establecido en el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), de dicha legislación], en contra la sentencia dictada en el presente asunto, en el que se sobreseyó el juicio en que se actúa, sin que ninguna de las mismas lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia causó ejecutoria para todos los efectos legales. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 2 ANOTACIONES Y SE ORDENA ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda lo siguiente: JUICIO DE AMPARO DEPURABLE El presente expediente se considera depurable, pues se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados; por lo tanto, se conservará por el término de tres años en el archivo de "trámite" a que se refieren los numerales 8, fracción I, y 9 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido y transcurrido ese plazo, dentro, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 3 ??A???????????? resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo establece el penúltimo y último párrafo del mencionado artículo. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo de conformidad con el artículo 35 de acuerdo en comento. DIGITALIZACIÒN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 251 , del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su 1 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. (.) Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará´ fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa." caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a las once horas del siete de noviembre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo 900/2022, promovida por Valentín Méndez Zapien, en favor de los quejosos César Ernesto Zelaya Palacios y Héctor Alfredo Alas Cardona, ante la presencia de la Jueza Rosa Patricia Córdova Rangel, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, asistida por Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado, con quien actúa y da fe. El Secretario hace constar que de la consulta efectuada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE], en el módulo "Agenda visita a OJ", opción "Consulta General" no se advierte que alguna de las partes solicitara cita para comparecer a esta audiencia. Relación de constancias. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la Secretaría hace relación de las constancias de autos entre las que destacan: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1. DEMANDA DE AMPARO 1 - 23 2. ESCRITO DE CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÒN 56 y 57 3. AUTO ADMISORIO 58-62 4. EMPLAZAMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y EMPLAZAMIENTO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A ESTE JUZGADO. 66 5. INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR LA JEFA DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS ZONA SUR, ADSCRITA A LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE 67 MIGRACIÓN EN CHIAPAS, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. 6. INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR EL SUBDIRECTOR DE AMPAROS, ASÍ COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON SEDE EN LA CIDUAD DE MÉXICO. 71 7. INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR LA DIRECTORA DE AMPAROS Y CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 75-78 Asimismo, se hace constar que la siguiente relación coincide con las autoridades responsables y el sentido de su informe con justificación: No. AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO 1. INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR LA JEFA DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS ZONA SUR, POR AUSENCIA DE LA TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. AFIRMATIVO 2. INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR EL SUBDIRECTOR DE AMPAROS, ASÍ COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON SEDE EN LA CIDUAD DE MÉXICO. AFIRMATIVO 3. INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR LA DIRECTORA DE AMPAROS Y CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. AFIRMATIVO Estado procesal de autos. La Secretaría da cuenta a la Jueza de Distrito con el estado procesal de los autos, y certifica: que las autoridades responsables Director de la Estación Migratoria, Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia, Subdirector de Servicios Operativos y Atención Al Migrante, Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos, todos pertenecientes a la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a través del Secretario de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, no rindieron informe justificado a pesar de estar debidamente emplazados para ello, pues así se obtiene de la constancia notificación que obra en autos y de la captura de seguimiento de envíos obtenida de la página http://www.correosdemexico.gob.mx/SSLServicios/Seguimiento Envio/Seguimiento.aspx. Asimismo, que no se advierte promoción con la cual dar cuenta. Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos a que haya lugar, y en relación con la omisión de rendir su informe justificado de las referidas autoridades responsables antes señaladas, tómese en consideración al momento de resolver este asunto. Acto seguido se abre la etapa de pruebas: El secretario hace constar que, las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: NO PARTE PRUEBAS FOJA 1. QUEJOSOS DOCUMENTALES 24-29 2. JEFA DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS ZONA SUR, POR AUSENCIA DE LA TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS, CON SEDE EN ESTA CIUDAD DOCUMENTALES 52-53 Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, las cuales se desahogan dada su especial naturaleza. Sin más pruebas que desahogar se declara cerrado este período. Enseguida se abre el periodo de alegatos, y se hace constar que ninguna de las partes los formuló; a continuación, se cierra esta etapa. Desahogadas las etapas correspondientes a la presente audiencia, la Jueza de Distrito da por concluido este acto procesal, y se dicta la siguiente sentencia. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 900/2022. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintidós, ante la Secretaria de guardia de este Juzgado de Distrito, Valentín Méndez Zapien, en favor de los quejosos César Ernesto Zelaya Palacios y Héctor Alfredo Alas Cardona solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que se precisarán en un apartado posterior. SEGUNDO. Trámite. Por auto de esa misma fecha, se registró la demanda de amparo de que se trata, bajo el número de expediente 900/2022, y se reservó proveer sobre su admisión hasta que los citados quejosos dieran cumplimiento a las prevenciones decretadas en esa pieza; se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados y se requirió a las autoridades responsables la información relativa al cumplimiento de esa determinación. En proveído de veintinueve de julio de dos mil veintidós [foja 58 a 62], se tuvieron por cumplidas las prevenciones decretadas a la citada parte procesal; se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación; se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en los términos del acta que encabeza esta resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO.- Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103 fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, 33 fracción IV y 37 párrafo primero de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con los diversos acuerdos 16/2016 y 32/2020 publicados el once de marzo de dos mil dieciséis y ocho de diciembre de dos mil veinte respectivamente en el Diario Oficial de la Federación; al reclamarse actos cuyas consecuencias se materializan dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"1 y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS".2 De la demanda de amparo inicial y de las constancias que integran este expediente, se colige que en el presente juicio César Ernesto Zelaya Palacios y Héctor Alfredo Alas Cardona reclaman de las autoridades señaladas como responsables: De las autoridades migratorias lo siguiente: 1. La orden de detención y/o alojamiento. 2. Incomunicación. 3. Deportación 4. Expulsión 5. La devolución a su país de origen derivado del retorno asistido. Del Congreso de la Unión, Cámaras de Diputados y 1 Tesis P. IV/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255. 2 Jurisprudencia 2ª./J. 55/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, agosto de 1998, página 227. Senadores, y del Presidente de la República: 6. La aprobación, emisión, promulgación y aplicación de lo dispuesto en los artículos 99 y 111 de la Ley de Migración. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos Zona Sur, por Ausencia de la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad; Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, negaron la existencia de los actos que se les atribuyen y el Subdirector de Amparos, así como representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México afirmó la existencia de los mismos. Empero, la autoridad responsable migratoria, puntualizó que el veintiuno de julio de dos mil veintidós, se les otorgó a los quejosos la salida de la Estación Migratoria Siglo XXI y quedaron sujetos a control de firmas en el libro de extranjeros que maneja la Estación Migratoria Siglo XXI, lo cual le fue notificado personalmente a los impetrantes, según consta de la firma autógrafa que obra al margen derecho del documento en mención, que remitió dicha responsable como apoyo a su informe de suspensión de plano [fojas 52 a 53]. De ahí, que debe tenerse por cierto el acto reclamado. Por otro lado, las autoridades responsables Director de la Estación Migratoria, Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia, Subdirector de Servicios Operativos y Atención Al Migrante, Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos, todos pertenecientes a la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a través del Secretario de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, no rindieron su informe justificado a pesar de estar debidamente emplazados para ello, pues así se obtiene de la constancia notificación que obra en autos y de la captura de seguimiento de envíos obtenida de la página http://www.correosdemexico.gob.mx/SSLServicios/Seguimien toEnvio/Seguimiento.aspx, por lo que cobra actualización la presunción de certeza a que alude el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo; por lo tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CLXXV/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos noventa y dos, Libro 18, Tomo I, mayo de 2015, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO. SI CONSISTE EN LA FALTA DE EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD, SE GENERA UNA PRESUNCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE ÉSTA DEBE DESVIRTUAR. El artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada prevé que cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso demostrar la inconstitucionalidad de dicho acto, salvo que sea violatorio de garantías en sí mismo, pues en ese caso la carga de la prueba se revierte a las autoridades para demostrar su constitucionalidad. En esas condiciones, cuando en el juicio de amparo se reclama que la autoridad no ha desplegado sus facultades, se genera una presunción de inconstitucionalidad que ésta debe desvirtuar. Así, dicho acto tiene el carácter de omisivo, lo cual implica un hecho negativo, es decir, que la autoridad no ha realizado algo, por lo que debe acompañar las pruebas necesarias que acrediten el debido ejercicio de su facultad, esto, en concordancia con el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en atención al artículo 2o. de la Ley de Amparo, en el que se precisa que el que niega sólo está obligado a probar, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, por lo que en este tipo de actos, si el quejoso reclama un hecho negativo consistente en la falta de ejercicio de sus facultades, es la autoridad quien debe probar lo contrario. Por otro lado, respecto a la inconstitucionalidad de los preceptos reclamados, la existencia de las normas no son objeto de prueba pues basta que estén publicadas en el Diario Oficial de la Federación. También sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia 56, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 73, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que dice: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". CUARTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en este apartado se analizará si en el presente caso se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea que las hayan invocado las partes o no. En el caso particular, respecto de los actos reclamados a las autoridades migratorias responsables, esta juzgadora considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción, XXI, de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En efecto, la hipótesis en cuestión ha sido definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquélla que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. La interpretación que de la disposición legal en estudio ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso. El término cesar, en su sentido etimológico y gramatical, significa suspender o acabarse una cosa; o bien, dejar de hacer lo que se está haciendo. Asimismo, la acepción efecto, significa lo que sigue en virtud de una cosa, o el fin para el que se hace una cosa. En esa virtud, de acuerdo con el texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto deja de hacerlo, o bien, cuando se revoca o deroga por alguna razón. Así pues, se insiste en que para que sea aplicable esta causal de improcedencia es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados. En consecuencia, para considerar, estrictamente, que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiere nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente, así como los efectos legales y materiales que hubiere producido. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En el caso en particular, Como ha quedado apuntado con anterioridad, la Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos Zona Sur, por Ausencia de la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, señaló que el veintiuno de julio de dos mil veintidós, los directos quejosos dejaron las instalaciones de la citada estación al haberse tramitado la salida y quedando sujetos a control de firmas en el libro de extranjeros que maneja la referida Estación. Lo cual le fue notificado personalmente a los quejosos, según consta de la firma autógrafa que obra al margen derecho del documento en mención, que remitió la autoridad apuntada como apoyo a su informe de suspensión de plano, y dado que dicha constancia tiene valor probatorio pleno, por tratarse de documental expedida por servidor público en ejercicio de sus funciones, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, es válido colegir que han cesado los efectos de los actos reclamados por los impetrantes. Al respecto se invoca la jurisprudencia 198, que previene3: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, 3 Jurisprudencia 198 del tomo II, volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- Septiembre 2011. sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. También es útil en este tema la jurisprudencia, que es del tenor literal siguiente4: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Igualmente resulta aplicable el criterio contenido en la tesis, cuyo rubro y texto son5: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO 4 Jurisprudencia que aparece publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, página 210. 5 Tesis de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, página 71. QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Sobreseimiento que se hace extensivo al análisis de constitucionalidad de los dispositivos legales descritos en el considerando segundo de esta sentencia marcado con el número seis, consistentes en la aprobación, emisión, promulgación y aplicación de lo dispuesto en los artículos 99 y 111 de la Ley de Migración, que también fueron señalados como actos reclamados en este juicio, pues el estudio de una ley o acuerdo general, como en el caso, no puede desvincularse de su acto de aplicación, ya que este último, es el que puede causar perjuicios y no las referidas disposiciones legales por sí solas, consideradas en abstracto. En lo conducente es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada.6 En mérito de lo expuesto, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio examinada, resulta innecesario el estudio de las diversas que propusieron las responsables respecto de los actos que en este considerando se destacan, pues en nada cambiaría el sentido de la presente resolución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, 6 Jurisprudencia de la novena época, con número de registro 191311, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, página 235. porque no cambiaría el sentido de la resolución".7 Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Valentín Méndez Zapien, en favor de los quejosos César Ernesto Zelaya Palacios y Héctor Alfredo Alas Cardona, contra los actos que reclamó de la Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos Zona Sur, por Ausencia de la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad; Director de la Estación Migratoria, Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia, Subdirector de Servicios Operativos y Atención Al Migrante, Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos, todos pertenecientes a la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, todos con sede en esta ciudad; Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a través del Secretario de Gobernación, con sede en la Ciudad de México; Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; y Subdirector de Amparos, así como representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, todas con sede en la Ciudad de México, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a tres de octubre de dos mil veintidós. SOBRE DEVUELTO Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el sobre devuelto por la Administración Postal, con sede en esta ciudad; mediante el cual devuelve el oficio 21017 dirigido al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, el cual contiene la leyenda MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 2 "rehusado por la oficialía de partes de gobernación porque el destinatario no corresponde al domicilio citado". Atento a lo anterior, reexpídase el citado oficio al domicilio General Prim 21, colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06600, Ciudad de México, con la siguiente denominación Secretario de Gobernación, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior para los efectos legales conducentes. DIFERIMIENTO Atento a lo anterior, a fin de no dejar a las partes en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la fecha para la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las once horas del siete de noviembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo ese acto procesal, la cual preferentemente se llevará a cabo con la participación no física de las partes sino a través del envío de sus pruebas, alegatos o promociones, o de ser indispensable, mediante el uso de algún medio electrónico y/o tecnológico que permita realizar diligencias a distancia, en cuyo caso así debe hacerse del conocimiento oportuno de este órgano jurisdiccional por la parte interesada, a fin de realizar la preparación pertinente. El señalamiento de la referida fecha, obedece a la necesidad de utilizar con eficiencia la agenda de este juzgado federal, tomando como base las medidas preventivas y lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General 21/2020 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en su vigencia por los Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021. MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 3 ??A???????????? Inscríbase esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de esta institución, para los efectos estadísticos correspondientes. INEXISTENCIA Asimismo, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días, concedido a la parte quejosa en proveído de seis de septiembre de dos mil veintidós, sin que hiciera manifestación alguna respecto a la vista otorgada en dicho auto para que manifestara lo que a su interés legal convenga en relación al sobre devuelto por la administración postal. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y se tiene por inexistente a la autoridad responsable Comisión Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, por lo que suspéndase toda comunicación oficial con la misma. Notifíquese.
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