César Ernesto Rodríguez Prieto y Otros.
Expediente 709/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 709/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 30/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- César Ernesto Rodríguez Prieto y Otros.
- Lucila Roca Rodríguez
- César Ernesto Rodríguez Prieto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
." ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA Previo al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes, o bien las que de oficio se adviertan actualizadas, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Mediante escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil veinte, el tercero interesado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), por conducto de su apoderado Juan Carlos García Reyes, manifestó que los quejosos interpusieron recurso de apelación en contra del acto reclamado; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. Es fundada la causa de improcedencia que hace valer la parte tercera interesada. Ciertamente, el artículo y la fracción citados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. .XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado." Los requisitos que establece la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, para que se actualice dicha causa de improcedencia son: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. En el caso, se actualiza el primero de los requisitos señalados, toda vez que de acuerdo con la copia certificada de las constancias que integran el expediente 1279/2019, se advierte que César Ernesto Rodríguez Prieto y Lucila Roca Rodríguez, interpusieron recurso de apelación en contra del auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte; por lo tanto, los peticionarios del amparo fueron las personas que interpusieron dicho medio de impugnación en contra del acuerdo reclamado. También se actualiza el segundo de los requisitos que establece la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativo a que el medio de defensa se haya admitido y se encuentre en trámite al momento de resolverse el juicio de amparo; en virtud de que mediante proveído de diez de noviembre de dos mil veinte, el juez responsable admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por César Ernesto Rodríguez Prieto y Lucila Roca Rodríguez, en contra del auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte, en el efecto devolutivo de tramitación con fundamento en los artículos 688, 689, 690, 691, 692, 692 Bis y 693 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México; ordenó dar vista a la actora para que dentro del término de tres días contestara los agravios; y, dispuso que en su oportunidad se remitiera el testimonio de apelación a la sala civil correspondiente. Finalmente, se actualiza el tercero de los elementos que integran la hipótesis normativa prevista por el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, puesto que de conformidad con los artículos 688, 691, 692 y 692 Bis, todos del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, el recurso de apelación es la vía idónea de impugnación para conducir a la revocación o modificación del acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veinte. En las relacionadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. VII. DECISIÓN Ante el escenario expuesto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, 62, 73, 74, 75, 76 y 124, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Por las consideraciones vertidas en el sexto apartado de la presente sentencia, se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por César Ernesto Rodríguez Prieto y Lucila Roca Rodríguez, por su propio derecho. Notifíquese personalmente a la parte quejosa,
- Principal
."Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para hoy, toda vez que está transcurriendo el término de ocho días que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la Juez Interina Vigésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del veintidós de abril de dos mil veintiuno, para su celebración. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Sin que haya lugar a notificar el presente acuerdo a la autoridad responsable, Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
." agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la Juez Interina Vigésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, mediante el cual rinde su informe justificado y al efecto remite dos legajos en copia certificada del expediente 1279/2019. Ahora bien, con el citado informe y el anexo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, y hágase relación de ellos en la audiencia constitucional. Guárdense las citadas constancias en el seguro de este juzgado, ordenándose formar los tomos I y II, quedando a la vista de las partes para que se impongan de ellas. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Incidental
..."QC O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ."SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 146, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo acordado, los quejosos reclaman el acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veinte emitido en el juicio especial hipotecario 1279/2019, del índice del Juzgado Vigésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, mediante el cual se negó la devolución del billete con número de folio V954486 por la cantidad de $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100), que fue exhibido en el proceso para cubrir una parte del adeudo al aquí tercero interesado. TERCERO. Existencia del acto controvertido. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto reclamado a la Juzgado Vigésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, ya que así lo manifestó al rendir su respectivo informe previo. CUARTO. Negativa de la suspensión definitiva. Con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa. Los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 128, 129, 138 y 139 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que el peticionario de amparo debe reunir para que proceda la suspensión del acto reclamado, los cuales son, además de que sea solicitada por el quejoso es necesario que: i) Que lo solicite el quejoso; y, ii) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, aun cuando se colma el primer requisito previsto por el artículo 128 de la ley de la materia, ya que la suspensión del acto reclamado fue solicitada por la parte quejosa; se estima que de concederse podría causarse perjuicio al interés social o contravenirse disposiciones de orden público, ya que el acto reclamado consiste en la negativa para devolver el billete con número de folio V954486 por la cantidad de $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100), sobre la base de que fue exhibido en el proceso para cubrir una parte del adeudo al aquí tercero interesado.???????? En efecto, la suspensión permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamenteposible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior". El criterio transcrito sostiene que la naturaleza del acto no es un factor que determine si se debe conceder o no la suspensión, pues para ello, debe analizarse lo siguiente: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. Ahora, la apariencia del buen derecho es un juicio de valor a cargo de la autoridad facultada para emitir una medida precautoria, mediante la cual se formula una hipótesis que, con los medios de prueba aportados por el solicitante, permite adelantar con un alto grado de acierto el sentido de la sentencia ejecutoria que se dicte en el proceso relativo, mediante la aportación de otros medios de convicción que permitan comprobar la hipótesis hecha preliminarmente, con lo cual se trata de evitar que el retraso en la impartición de justicia tenga un impacto negativo a quien, desde un inicio, le asiste la razón, cumpliéndose con el principio general de derecho que indica que la necesidad del proceso para obtener la razón no debe convertirse en un daño para quien la tiene. En ese sentido, si el acto reclamado lo constituye la negativa para devolver el billete con número de folio V954486 por la cantidad de $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100), sobre la base de que fue exhibido en el proceso para cubrir una parte del adeudo al aquí tercero interesado, se considera que, previo a la presentación de la?? demanda de amparo, la parte quejosa no gozaba del derecho que estima violado. Además, existe la posibilidad de una afectación al interés social y las disposiciones de orden público, ya que de los antecedentes narrados por los peticionarios del amparo, se aprecia que el juicio se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, por lo cual la cantidad mencionada puede relacionarse con el pago de la condena impuesta en el juicio de origen, lo cual se analizará en el juicio principal del cual deriva este incidente de suspensión, aunado a que para la sociedad es importante que se cumplan las determinaciones que emiten las instituciones encargadas de impartir justicia, pues ello respalda la seguridad jurídica de los gobernados derivada del buen desempeño de los tribunales. No pasa inadvertido para este juzgador que el precepto 147 de la ley de la materia establece los casos en que puede concederse la suspensión con efectos restitutorios, sin embargo, el diverso 131 del propio ordenamiento, establece que el otorgamiento de la medida cautelar en ningún momento tendrá por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. En ese sentido, si el actuar de las autoridades responsables consistió en la negativa para devolver el billete exhibido por los quejosos, ya que se exhibió para cubrir el adeudo a su cargo; es inconcuso que al momento de la presentación de la demanda de amparo, no tenían constituido un derecho a su favor que pueda ser restituido. Tiene aplicación al caso, la tesis aislada con registro 236958, Séptima Época, visible en la página 45, del Semanario Judicial de la Federación, publicada en la página 4203, bajo el rubro y texto siguiente: "SUSPENSION, EFECTOS DE LA. Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardan al decretarla y no en invalidar lo actuado hasta ese momento, pues esto sería darle a la suspensión señalada efectos restitutorios, lo que es materia exclusiva de la sentencia de fondo en el juicio de amparo, cuando se concede la protección constitucional." Por último, resulta improcedente conceder la suspensión, para el efecto de que la autoridad responsable no ejecute los actos inherentes a la adjudicación directa aprobada en el juicio de origen, en los términos que establece el artículo 151 de la Ley de Amparo; ya que el acto concretamente reclamado lo constituye la negativa a devolver el billete de depósito antes precisado y no así actos en la etapa de remate del juicio de origen. En las anotadas condiciones se niega la suspensión definitiva. Por lo antes expuesto, fundado y además con apoyo en los artículos 125, 127, fracción II, y 128, de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E LV E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por César Ernesto Rodríguez Prieto y Lucila Roca Rodríguez, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la Juez Vigésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, en términos del considerando cuarto de la presente interlocutoria.?????? Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
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