César Emmanuel Aguirre Rodríguez
Expediente 488/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 488/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/03/2021
Partes del expediente
- César Emmanuel Aguirre Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad de México, a dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede a las partes para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada por este juzgado, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, toda vez que el mismo se ubica en el supuesto que alude el artículo Vigésimo Primero, fracción IV, del indicado acuerdo, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en consecuencia, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Por otra parte, del estado de autos se advierte que se ordenó abrir anexo por separado. Por ende, ya que en esta fecha se ordenó el archivo del presente juicio de amparo, es innecesario que dichas documentales continúen a disposición de éste juzgado federal; por tanto, devuélvase el referido anexo a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Incidental
Ciudad de México, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que no obra algún medio de defensa legal pendiente de resolverse ni diligencias pendientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción III, se establece que el original y duplicado de este incidente SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN. Notifíquese.
- Principal
veintiséis de enero de dos mil veintiuno. VISTO para resolver el juicio de amparo 488/2020-I, promovido por XXX, por derecho propio. ANTECEDENTES: PRIMERO. DEL ACTO RECLAMADO. El quejoso tiene la calidad de sentenciado. El trece de enero de dos mil veinte, la Jueza Especializada en Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, estableció que debía dar cumplimiento a la pena de prisión que le fue impuesta mediante sentencia ejecutoriada, en el interior del Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, lo cual implica su reubicación del lugar en el que actualmente se encuentra, esto es, el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la propia entidad. En contra de tal determinación interpuso recurso de apelación, mismo que se tuvo por no admitido el once de marzo siguiente (acto reclamado). SEGUNDO. DEL TRÁMITE. Presentación de la demanda ante el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México: Once de agosto de dos mil veinte (fojas 10 a 12). Prevención para precisar acto y antecedentes: Once de agosto de dos mil veinte (fojas 15 a 20). Aclaración: Trece de agosto de dos mil veinte (fojas 25 y 26). Designa defensor: Veintiuno de agosto de dos mil veinte (foja 29). Acepta y protesta cargo defensor: Veintiuno de agosto de dos mil veinte (foja 30). Admisión con incidente de suspensión: Veintisiete de agosto de dos mil veinte (fojas 36 y 37). Emplazamiento al Ministerio Público adscrito a ese Juzgado: Veintiocho de agosto de dos mil veinte (foja 37 vuelta). Se declina competencia a este órgano por conocimiento previo: Nueve de septiembre de dos mil veinte (fojas 70 a 72). Se acepta la competencia y se avoca al conocimiento: Diecisiete de septiembre de dos mil veinte (foja 80 y 81). Se ordena continuar con el trámite: Veinticinco de septiembre de dos mil veinte (fojas 84 a 86). Emplazamiento al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito: Veintinueve de octubre de dos mil veinte (foja 109), quien no formuló pedimento. Audiencia constitucional: Veintisiete de noviembre de dos mil veinte (foja 112). CONSIDERANDOS: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza penal y la autoridad responsable reside en el lugar en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LITIS. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es el siguiente: La determinación de once de marzo de dos mil veinte, que inadmitió el recurso de apelación interpuesto en contra de la diversa de trece de enero anterior, en la que se estableció que el quejoso debe ser reubicado del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de la propia entidad, a efecto de que dé cumplimiento a la pena de prisión que le fue impuesta. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Autoridad responsable Acto reclamado Sentido del informe Fojas Segunda Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México. La determinación de once de marzo de dos mil veinte, que inadmitió el recurso de apelación interpuesto en contra de la diversa de trece de enero anterior, en la que se estableció que el quejoso debe ser reubicado del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de la propia entidad, a efecto de que dé cumplimiento a la pena de prisión que le fue impuesta. Acepta. 46 La autoridad responsable al rendir su informe justificado (foja 46), aceptó la existencia del acto que se le atribuye, lo que se robustece con las documentales que se allegaron al sumario, consistentes en copia certificada de diversas constancias del toca 102/2020, las que al no haber sido objetadas, tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Dado que las partes no hicieron valer causa de improcedencia, ni este juzgado advierte de oficio que se actualice alguna, procede entrar al estudio del fondo del asunto. CUARTO. ESTUDIO DE FONDO. Cabe precisar que de las constancias, ya valoradas, se advierten los siguientes antecedentes: 1. El cinco de febrero de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en contra del quejoso en el procedimiento abreviado 002/1029/2018-O, por su plena responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado, por lo que se le impuso pena privativa de libertad de nueve años diez meses de prisión (fojas 8 a 18 del anexo I). 2. El seis de junio siguiente, tal determinación fue confirmada en el toca penal SPA 83/2019, por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (fojas 19 a 27 del anexo I). 3. El doce de noviembre ulterior, el Director de la Unidad de Gestión Judicial Especializada en Ejecución de Sanciones, hizo constar que de la revisión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, en el juicio A.D. 124/2019, del índice del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Primer Circuito, se advertía que se negó el amparo al quejoso y se ordenó el archivo del asunto, por lo que la Jueza de Ejecución correspondiente determinó que estaba en posibilidad de ejecutar la sentencia condenatoria de cinco de febrero de dos mil diecinueve, y señaló las diez horas del trece de enero del dos mil veinte, para que tuviera verificativo la audiencia respectiva (fojas 120 a 123 del anexo I). 4. El trece enero de dos mil veinte, se llevó a cabo tal audiencia, en la que, entre otras cuestiones, la Jueza estableció que el sentenciado aquí quejoso debe dar cumplimiento a la referida pena de prisión en el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, por lo que debía ser reubicado del lugar en el que se encuentra (Reclusorio Preventivo Varonil Oriente) (fojas 149 a 153 del anexo I). 4.1 En contra de la anterior determinación, el justiciable promovió juicio de amparo del que conoció este órgano de control constitucional con el número 51/2020-IV. Por sentencia dictada el treinta de octubre del año pasado, se sobreseyó en el juicio y se negó el amparo, misma que se encuentra pendiente de causar ejecutoria. Lo anterior se hace valer como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y conforme a la jurisprudencia de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.". 5. El catorce de enero siguiente, el quejoso interpuso recurso de apelación en contra de la referida determinación de trece anterior (fojas 172 a 176 del anexo I). 6. El once de marzo ulterior, el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, declaró inadmisible el citado recurso de apelación, centralmente porque la naturaleza jurídica de la resolución recurrida es diversa a la de un "traslado", ya que versa sobre la designación de lugar en el que el sentenciado deberá cumplir la pena de prisión impuesta, esto es, su reubicación (fojas 205 y 206 del anexo I) (acto reclamado). Precisado lo anterior, es menester establecer que no se transcribe el concepto de violación por no exigirlo así la Ley de Amparo, el cual resulta ineficaz. En principio, conviene precisar el contenido de los artículos 131 y 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que regulan lo relativo al recurso de apelación: "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla.". "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley.". Como se ve, el recurso de apelación es un medio de impugnación reglado, es decir, procede en contra de las resoluciones antes enlistadas. Ahora bien, el tema de la designación del lugar en el que el quejoso debe cumplir la pena de prisión, esto es, su reubicación de Centro Penitenciario a efecto de compurgar la pena que le fue impuesta mediante sentencia ejecutoriada, no se encuentra de los supuestos previstos para su procedencia. A más de lo anterior, tal designación es un argumento que constituye cosa juzgada, ya que el cinco de febrero de dos mil diecinueve, se dictó sentencia condenatoria al quejoso, por su plena responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado, por lo que se le impuso sanción de nueve años diez meses de prisión, lo cual constituye pena pública, de tal forma que si se ha emitido una sentencia condenatoria y ésta causó ejecutoria, hasta el punto en que ya le fue negado el amparo directo que promovió en su contra, ello obligó al juez de Ejecución a determinar el lugar en donde el quejoso debe cumplirla. Conviene precisar que al resolverse el juicio de amparo directo 124/2019, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Primer Circuito, señaló lo siguiente: "(.) En otro aspecto, se llega a la certeza que son constitucionales las penas de prisión y pecuniaria impuestas por la autoridad responsable al pronunciar el acto reclamado, ya que no son contraria a la ley, ni distintas o mayores a las solicitadas por el agente del Ministerio Público y aceptadas por el acusado, por las razones que se exponen a continuación: Por el delito de ROBO AGRAVADO (hipótesis de respecto de vehículo automotriz con violencia moral y en pandilla) con fundamento en los artículos 220 fracción IV (establece un mínimo de cuatro años y cuatrocientos días multa), sumado a ello, la circunstancia de pandilla, previsto en el artículo 252 párrafo primero, que señala que se aumentará en una mitad las penas a imponer, resultando ser como pena mínima de seis años y seiscientos días multa, y en relación a los párrafos primeros de los diversos 224 y 225, establece dos años como pena mínima respectivamente, del Código Penal haciendo un total de diez años de prisión como pena mínima, y atendiendo a que la Representación Social, solicitó se disminuyera la pena mínima en 1/60, por lo que resulta un total de 09 NUEVE AÑOS 10 DIEZ MESES DE PRISIÓN y 590 QUINIENTOS NOVENTA días multa equivalente a $47,554.00 (CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), tomando como referencia, la unidad de medida y actualización -que era al momento de los hechos, 07 siete de agosto de 2018, $80.60 pesos -ochenta pesos 60/100 moneda nacional -. a) Pena privativa de Libertad que deberán compurgar los sentenciados en el lugar que designe el Juez de Ejecución que corresponda conocer de este asunto para esa etapa, por lo que una vez que cause ejecutoria la presente determinación, remítase copia autorizada de la misma al Juez de Ejecución de Sentencias correspondiente, para su debido cumplimiento, en términos de lo que dispone el artículo 413 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pena privativa de libertad a la que se computará el tiempo que los sentenciados hayan estado en prisión preventiva, de conformidad con el artículo 33 párrafo segundo del Código Penal para la Ciudad de México, que lo fue de a partir desde el día siete de agosto de dos mil dieciocho (detención), a la fecha, la cual subsistirá hasta en tanto cause ejecutoria la presente determinación.". (Lo destacado es nuestro). En ese sentido, el quejoso centralmente pretende impugnar vía recurso de apelación la determinación de que no se ejecute la pena de prisión impuesta por su plena responsabilidad en la comisión del referido delito; sin embargo, tal aspecto es una cuestión sustantiva y fue materia de análisis en la ejecutoria que lo sentenció; lo cual, no puede someterse nuevamente a juicio, al considerarse cosa juzgada. En efecto, conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, el Juez de Ejecución deberá cumplimentar sentencias condenatorias y firmes; de ahí que, se reitera, dicho aspecto no puede analizarse ya que no se trata de un asunto en el que la litis se encuentre vigente, pues de abordar cuestiones propias de la pena, tal análisis sería contrario a la cosa juzgada, que consiste en una limitación plasmada en la Constitución Federal, cuyo fin es proteger la inmutabilidad de lo sentenciado. Por tanto, si una determinada causa penal llegó a su fin, conforme al agotamiento de los medios ordinarios e incluso extraordinarios de defensa que nuestro orden jurídico concede a quienes se instruye un proceso penal y, con posterioridad, pretende variar lo ya sentenciado, se insiste, no podrá prosperar porque encuentra un tope con la cosa juzgada, que hace imposible un nuevo análisis de las cuestiones resueltas. Como lo ha precisado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la estructura y competencias, en cuanto a sistema jurisdiccional que dan lugar a que los justiciables puedan tener acceso a una primera y segunda instancia, así como al medio extraordinario del juicio de amparo, permite que se respeten los derechos de quienes acuden ante los tribunales, al tiempo que da certeza a las relaciones jurídicas, mediante instituciones como la cosa juzgada que implica la inmutabilidad de las decisiones adoptadas por los órganos jurisdiccionales, una vez agotados todos los medios de impugnación. Así, en este sistema, las decisiones gozan de imperio de la cosa juzgada, siendo inmutables, sin que se puedan analizar nuevamente cuestiones que ya fueron justipreciadas al dictar sentencia, en tanto que se rompería tal estructura, la cual garantiza al gobernado el derecho de acceso a la jurisdicción y protege la seguridad jurídica de que lo juzgado permanece. En ese sentido, es legal la determinación de la Sala responsable, al declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto en contra de la determinación que fija el lugar de la ejecución de la pena de prisión que le fue impuesta, pues dicho recurso no procede en su contra; máxime que, en el procedimiento penal opera la institución de la cosa juzgada, que hace inmutable lo decidido en la sentencia definitiva. En consecuencia, al no asistirle la razón al quejoso, sin que se advierta queja deficiente que suplir, lo que procede es negarle el amparo solicitado. QUINTO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Aun cuando las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de esta sentencia, de conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos sensibles que contenga la resolución. Por lo expuesto y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se emite la siguiente: RESOLUCIÓN: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a XXX, contra la autoridad responsable y por el acto reclamado precisados en el considerando tercero, por las razones expuestas en el diverso cuarto. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese; y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así lo resolvió y firma Jorge Antonio Medina Gaona, Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, hasta el día de hoy veintiséis de enero de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante José Ignacio Salinas Díaz, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. José Ignacio Salinas Díaz, Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, CERTIFICA que esta foja corresponde a la parte final de la sentencia dictada en el juicio de amparo 488/2020-I. CONSTE.
- Principal
Ciudad de México, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación y cuenta que anteceden, se advierte que para esta fecha está señalada la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; sin embargo, del estado que guardan los autos, se aprecia que no obran las constancias de notificación del proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veinte. En consecuencia, se difiere la aludida audiencia constitucional y para su verificativo se señalan las ocho horas con veinticinco minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Notifíquese.
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