Cesar Eliazar Muñoz Payan
Expediente 412/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 412/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Cesar Eliazar Muñoz Payan
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. 1. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se desprende que transcurrió el plazo legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir el auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó su demanda, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se desechó la demanda de amparo, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Atento a lo anterior, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Documentos. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que la parte quejosa no exhibió documentos originales con el escrito inicial de demanda. 4. Constancia. Como lo establece el artículo 34, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de mayo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que en auto de cuatro de abril del año en curso, se desechó la demanda de amparo, en dicho proveído este Juzgador Federal ordenó notificar al directo quejoso de forma personal, el cual de acuerdo al escrito inicial se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social "David Franco Rodríguez". Ahora bien, la actuaria de la adscripción realizó la citada notificación por medio de lista, lo cual no es acorde a lo ordenado en el proveído referido en el párrafo que precede, por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según se advierte de su numeral 2º, se regulariza del procedimiento para efecto de que cualquiera de los actuarios de la adscripción, notifique de forma personal el auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés a ******************** de forma personal en el Centro de reclusión aludido. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de abril de dos mil veintitrés. 1. Se reciben autos. Téngase por recibido el oficio 3494, suscrito por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por medio del cual hace llegar el original del juicio de amparo indirecto 373/2023. Acúsese recibo. 1.1. Avocamiento. Al surtirse el supuesto de la fracción II del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, este juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Leticia Muñoz Payan, en favor de César Eliazar Muño********************, contra actos del Juez de Ejecución de Sanciones, Región Morelia y otras autoridades responsables. 1.2. Compensación de demanda. Hágase del conocimiento de la Titular de la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad, con copia de la demanda, para que realice la compensación correspondiente. 1.3. Recepción y registro. Por recibida la demanda de amparo que dice ser promovida por Leticia Muñoz Payan, en favor de César Eliazar Muño********************, contra actos del Juez de Ejecución de Sanciones, Región Morelia y otras autoridades responsables; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 412/2023. 2. Causa de improcedencia. En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a DESECHAR la demanda, al advertir oficiosamente que en el particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, en el artículo 61, en relación con el numeral 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, en virtud de que la misma carece de firma electrónica de la promovente y del quejoso directo. Primeramente, cabe mencionar que la demanda de amparo es promovida por Leticia Muñoz Payan, en favor de César Eliazar Muño********************; sin embargo, la misma es firmada electrónicamente por José Alberto Tello Figueroa. Sin que en el caso, se actualice alguno de los supuestos que establece el artículo 15 de la Ley de Amparo, mismo que señala que la demanda de amparo podrá promoverla cualquier persona cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para hacerlo. Lo anterior pues si bien la promovente Leticia Muñoz Payan, quien refiere ser tía del afectado César Eliazar Muño********************, reclama que el quejoso directo sea trasladado del Centro de Readaptación Social David Franco Rodríguez, con sede en Charo, Michoacán, en donde se encuentra recluido, a un diverso centro de reclusión; sin embargo, del contenido integral de la demanda de amparo no se advierte que dicho acto reclamado lo coloque en una situación de inminente peligro en la que su integridad física y su vida se vean gravemente comprometidas. Además, de las manifestaciones de la promovente no se advierte que el quejoso directo se encuentre en un estado de gravedad que le imposibilite firmar la demanda de amparo. Así, dado que la demanda fue presentada mediante el uso de la Firma Electrónica, que constituye el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Por lo cual, al haberse presentado por ese medio, le es aplicable el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, de doce de junio de dos mil veinte, que en sus artículos 16 y 17 a la letra dicen: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii), crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Artículo 17. El registro en el Portal no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En este caso tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Sin embargo, para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, será necesario que las personas usuarias se registren en el Portal." Luego, como el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el gobernado a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y, la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda firmada por el impetrante, virtud a ello, un escrito de demanda presentado sin firma (en este caso electrónica), equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda, por tal motivo al no existir instancia de parte agraviada, se considera que los actos que en la misma se combaten no afectan su interés jurídico. Así, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la facultad de los jueces constitucionales de examinar el escrito de demanda y establece que, de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, supuesto que se actualiza, como se ha reiterado en la jurisprudencia, cuando el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Por lo que, si en el particular la demanda no fue firmada electrónicamente mediante el uso de la FIREL por la promovente Leticia Muñoz Payan, ni por el quejoso directo César Eliazar Muñó********************; tal situación se considera como la ausencia de manifestación de voluntad de instar el juicio constitucional, lo que hace improcedente el mismo. Lo anterior porque el acto reclamado no encuadra en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 3 y 109 de la Ley de Amparo, que señalan que en tratándose de demanda de amparo promovida en términos del artículo 15 de la propia norma, no se requerirá firma electrónica, empero, se insiste, en el particular no se actualizan dichas excepciones. Por tanto, al no contener la demanda de amparo la firma electrónica de la promovente ni del quejoso directo, no se aprecia su voluntad, ni actualizarse la excepción contenida en los artículos 15 y 109 de la Ley de Amparo, al no existir instancia de parte agraviada, con apoyo en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, presentada a nombre de César Eliazar Muño********************. Se invoca por analogía, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de voz y contenido del siguiente tenor: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA DURANTE LA CRISIS SANITARIA ORIGINADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID 19), A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. DEBE DESECHARSE CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO, SALVO QUE SE ACTUALICE LA EXCEPCIÓN CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron sobre la falta de la firma electrónica en la demanda de amparo indirecto presentada durante la circunstancia extraordinaria de salud pública en el país generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y arribaron a posturas contrarias, pues para un Tribunal debía desecharse de plano, en virtud de que existían otros medios para instar el juicio constitucional, esto es, por escrito, mientras que el diverso Tribunal estimó que era dable su admisión porque la vía electrónica constituía la única opción para instar el juicio constitucional, lo que generaba una excepción al principio de instancia de parte agraviada. Criterio jurídico: Aun en el contexto de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), debe desecharse la demanda de amparo indirecto presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación que carezca de la firma electrónica del promovente, salvo que se actualice la excepción contemplada en el artículo 109 de la Ley de Amparo, es decir, cuando el juicio se promueva con fundamento en el diverso 15 del mismo ordenamiento legal. Justificación: Durante la pandemia por el virus COVID-19, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió la normativa para establecer el esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales para la prestación del servicio público de impartición de justicia como una actividad esencial, procurando la atención de casos urgentes bajo el estricto distanciamiento social y el trabajo a distancia. Por tal razón, a fin de dotar de seguridad jurídica tanto a los operadores jurídicos como a las personas justiciables, se emitió un catálogo enunciativo y no limitativo de los asuntos considerados como urgentes, respecto de los cuales podría promoverse indistintamente el juicio constitucional por medios impresos o electrónicos, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo. En ese tenor, no se advierte una razón suficiente para que, en la contingencia sanitaria, se dispensara de la firma electrónica para presentar la demanda de amparo mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, como una excepción temporal al principio de instancia de parte agraviada, toda vez que no era la única vía al alcance del justiciable para acudir al juicio constitucional, ya que la forma impresa también se garantizó para presentar demandas de amparo. No se desconoce, como hecho notorio, que en la crisis sanitaria se limitó la posibilidad de que los justiciables acudieran ante las autoridades competentes a realizar los trámites respectivos para obtener su firma electrónica y promover el juicio de amparo por esa vía; sin embargo, tal requisito no puede considerarse como una carga excesiva o desproporcional que impidiera el acceso a la justicia, en la medida en que la presentación por medios electrónicos de la demanda integraba una de las opciones para instar el juicio constitucional, ya que los justiciables estuvieron en aptitud de presentar el escrito inicial por cualquiera de las vías disponibles (electrónica o por escrito), de tal manera que el requisito de firmar electrónicamente la demanda en el esquema de contingencia para evitar la concentración de personas y la propagación del virus en los órganos jurisdiccionales, no puede catalogarse como una exigencia que imposibilitara la promoción del juicio de amparo en detrimento del derecho de acceso a la justicia." 3. Notificación por estrados. Se tiene a la parte quejosa señalando los estrados de este juzgado, para recibir notificaciones. 4. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 5. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
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