César Efraín Zamorano Pérez
Expediente 1361/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1361/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- César Efraín Zamorano Pérez
Actuaciones
- Principal
(1) Visto el estado que guarda el presente expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós (fojas 8 a 16), en que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que el auto de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese este juicio como asunto concluido. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que carece de relevancia documental. De igual forma, se destaca que en el presente juicio se ha desechado la demanda, por lo que de conformidad al numeral 21, inciso d), del acuerdo general en cita, es susceptible su destrucción dentro de los tres años siguientes a la emisión de este auto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, toda vez que en el juicio de amparo en el que se actúa, obra fotocopia certificada de acta de nacimiento a nombre de ************, exhibida por la parte quejosa (foja 6), requiérase a la misma para que dentro del término de noventa días naturales contados a partir de la notificación del presente proveído, comparezca debidamente identificada ante este Juzgado Federal a recibirlos, previa copia certificada que de los mismos se deje en autos y asentando razón de su recibo; con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término indicado, los documentos de referencia podrán ser destruidos junto con el expediente en el momento procesal oportuno. Exhortación a que hace alusión el artículo 6 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL MODELO DE ATENCIÓN PRESENCIAL BASADA EN CITAS. La presencia física de las partes en los órganos jurisdiccionales se admitirá dentro de los siguientes supuestos y reglas: I. Las partes o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes o para desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional.
- Principal
(1) I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por..., por derecho propio, contra actos del Juez Civil y Familiar de Primera Instancia de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, y otra autoridad. II. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número.... III. Decisión sobre la acción de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que la Jueza de Distrito que conozca del juicio de amparo indirecto deberá examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual imposibilita dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia, que es acorde con el texto vigente de la Ley de Amparo, cuyos datos de localización, rubro y texto establecen: "Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, esta juzgadora advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas" Ahora bien, en el caso en concreto se advierte que el quejoso no es tercero extraño al juicio sucesorio cuya falta de emplazamiento reclama, pues tuvo conocimiento de ese procedimiento que aún no ha concluido. Como preámbulo, se destaca que el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho de audiencia que implica la prerrogativa de todo gobernado para que, previo a cualquier acto de autoridad que pudiera tener por objeto privarlo de la libertad, propiedad, posesiones o de derechos, se le debe dar oportunidad razonable de defenderse en juicio. Las formalidades esenciales del procedimiento constituyen las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en todo proceso, sea jurisdiccional o administrativo, a fin de garantizar la adecuada defensa del gobernado, previamente al acto privativo de sus derechos fundamentales. La primera y más importante de esas formalidades esenciales del procedimiento, además es un requisito indispensable para que se puedan desarrollar las demás, es la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. En el proceso jurisdiccional esa primera formalidad se denomina generalmente emplazamiento. La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que su falta o defectuosa práctica, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. Precisamente por la importancia y trascendencia que tiene el emplazamiento es que, por un lado, las leyes procesales lo regulan detalladamente estableciendo las formalidades de que debe estar investido y, por otro, la falta de apego a esas formalidades que trae como consecuencia su nulidad. En este marco surge la figura de lo que la jurisprudencia se ha encargado de denominar tercero extraño a juicio por equiparación, que se identifica con la persona que, al ser parte en una contienda o controversia, no fue llamada a ella o bien, habiéndolo sido, la notificación resulta ilegal, de modo que el gobernado queda en estado de indefensión al encontrarse impedido para desarrollar adecuadamente la defensa de sus intereses, cuestión que, como tema fundamental, alega en el juicio de amparo. Paralelamente, se encuentra el tercero extraño stricto sensu, que a diferencia del anterior, éste es ajeno a cualquiera de las partes procesales involucradas en la controversia o juicio, y no obstante, se ve afectado en su esfera de derechos por virtud del mismo. En ese supuesto, el auténtico tercero extraño acude al amparo con la finalidad de que se respeten sus derechos que no tienen por qué verse afectados en una contienda en la que, como se refirió, no es parte. En cuanto al procedimiento judicial para la transmisión hereditaria de los bienes que conformaban el patrimonio del de cujus, los artículos 770, 771, 772, 773 y 774 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo, prevén lo siguiente: "Artículo 770.- En todo juicio sucesorio se formarán cuatro secciones compuestas de los cuadernos necesarios. Deben iniciarse las secciones simultáneamente cuando no hubiere impedimento de hecho. Artículo 771.- La primera sección se llamará de sucesión y contendrá en sus respectivos casos: I.- El testamento o testimonio de protocolización o la denuncia del intestado; II.- Las citaciones a los herederos y la convocación a los que se crean con derecho a la herencia; III.- Lo relativo al nombramiento y remoción de albacea e interventores, y al reconocimiento de derechos hereditarios; IV.- Los incidentes que se promuevan sobre el nombramiento o remoción de tutores; V.- Las resoluciones que se pronuncien sobre validez del testamento, la capacidad legal para heredar y preferencia de derechos. Artículo 772.- La sección segunda se llamará de inventarios y contendrá: I.- El inventario provisional del interventor; II.- El inventario y avalúo que forme el albacea; III.- Los incidentes que se promuevan; IV.- La resolución sobre el inventario y avalúo. Artículo 773.- La tercera sección se llamará de administración y contendrá: I.- Todo lo relativo a la posesión y administración de los bienes sucesorios; II.- Las cuentas, su glosa y calificación; III.- La comprobación de haberse cubierto el impuesto fiscal. Artículo 774.- La cuarta sección se llamará de partición y contendrá: I.- El proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios; II.- El proyecto de partición de los bienes; III.- Los incidentes que se promuevan respecto a los proyectos a que se refieren las fracciones anteriores; IV.- Los arreglos relativos; V.- Las resoluciones sobre los proyectos mencionados; VI.- Lo relativo a la aplicación de los bienes." En el caso particular, de la consulta realizada a través del portal en línea de notificaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo se desprende que el juicio suceorio intestamentario que refiere el aquí quejoso Cesar Efraín Zamorano Pérez reclama todo lo actuado emitido en el mismo, así como su falta de emplazamiento, no ha concluido con sentencia de la cuarta sección, dado que todavía se encuentra en trámite, pues de la consulta en línea de las listas de notificaciones que se publican a diario en los juzgados de todo el Estado, en específico las "Notificaciones por lista del juzgado Civil y Familiar Mixquiahuala" se advierte que en proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno se "nombró interventor" quien aceptó el cargo en auto de seis de diciembre de ese mismo año, por lo que de los preceptos legales antes citados se desprende que se encuentra en la segunda sección, esta es la denominada "inventarios". Luego, el juicio de amparo biinstancial resulta procedente, por regla general, para aquel quien resulta tercero extraño a una sucesión, bien sea porque no se le hubiere señalado como heredero a pesar de estar en alguno de los supuestos legales de dicha institución, o bien, porque teniendo derecho a participar con tal carácter se le hubiere convocado con infracción a las reglas del caso, y por ello, reclame su falta de citación o las deficiencias del emplazamiento practicado. Sin embargo, en ambos casos se erige en presupuesto de procedencia de la acción de amparo el hecho de que el procedimiento patrimonial post mortem hubiere concluido, y ello ocurre cuando de manera definitiva se aplican los bienes que conforman el haber de la sucesión de que se trate. Lo anterior se desprende del contenido de la tesis de jurisprudencia por contradicción emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 193045, Novena Época, Tomo X, Octubre de 1999, página 242, Materia(s): Civil "SUCESORIO. CUANDO UN POSIBLE HEREDERO NO FUERA LLAMADO A UN JUICIO DE ESA CLASE Y ÉSTE HUBIERE CONCLUIDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES ADJETIVAS DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA). Cuando el afectado impugne que no fue llamado legalmente al juicio sucesorio correspondiente, que ya concluyó, argumentando que el emplazamiento, la convocatoria o citatorio de herederos no se ajustó a los lineamientos que establecen los preceptos adjetivos aplicables, debido a que no constituye un imperativo el que tenga que ejercer previamente la acción de petición de herencia a que se refieren los artículos 12, 13 y 834 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 9o. fracción I, 10, fracción VI y 11 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, el amparo indirecto será procedente, de acuerdo con la excepción al principio de definitividad prevista en la parte final de la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece que las personas extrañas al juicio del que emanan los actos reclamados pueden promover su demanda de amparo en forma inmediata, ante el Juez de Distrito. Por tanto, si cuenta con los documentos públicos para probar la idoneidad de su parentesco con el de cujus que le permitiría ser declarado probable heredero, el afectado no está obligado a ejercer la acción de petición de herencia. En todo caso, el ocurrir o no a esa vía jurisdiccional resultaría optativo para el quejoso, siempre que no haya transcurrido el término de diez años para que opere la prescripción, señalado en los artículos 2993 del Código Civil del Estado de Jalisco y 2939 del Código Civil del Estado de Tlaxcala." Del criterio acabado de transcribir se colige que nuestro Máximo Tribunal consideró procedente el juicio de amparo biinstancial en aquellos casos en que habiendo concluido el procedimiento sucesorio, un tercero extraño reclama la falta de emplazamiento al mismo; pues en tal supuesto, el ejercicio de la acción de petición de herencia no constituye un recurso o medio ordinario de defensa que tenga por objeto modificar, revocar o nulificar la declaración de heredero en favor de determinada persona y que, por ende, debiera tramitarse antes de acudir ante la instancia federal en reclamo de la protección de sus derechos fundamentales. De esta manera, la procedibilidad del juicio de amparo indirecto se encuentra condicionada a que la sucesión de origen haya concluido, para poder reclamar ante la potestad federal la falta de emplazamiento de un presunto heredero, o la citación practicada irregularmente. Luego, cuando en un juicio sucesorio, que se compone de cuatro secciones de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 770 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, no se ha dictado la sentencia de partición y división de la masa hereditaria, es dable concluir que se encuentra en trámite y quien se considere con algún derecho hereditario está en condiciones de apersonarse a él y hacer valer lo que a su interés convenga, verbigracia, el incidente de nulidad de todo lo actuado o la acción de petición de herencia prevista en los artículos 154 y 766, fracción V, del mencionado código. Por lo que, en caso de que, dicha pretensión sea infructífera, surge un escenario jurídico distinto; sin embargo ello no es motivo de análisis en esta ocasión, por ser ajeno a la hipótesis especifica en estudio, atinente al quejoso quien, considerándose con derecho a heredar, está en condiciones de ejercer sus pretensiones ante el juez de la causa, pues al no haber concluido el juicio sucesorio no adquiere el carácter de tercero extraño. Por tanto, la quejosa únicamente pudiera acceder de inmediato al juicio de amparo indirecto si se actualizara la condicionante para adquirir la calidad de tercero extraño, para efectos del juicio constitucional en esta hipótesis, es decir, siempre que el juicio sucesorio haya concluido -lo que no acontece- y, por el contrario, el incidente de nulidad de actuaciones o la acción de petición de herencia, constituyen las vías establecidas para que dicha persona deduzca ante el juez de la sucesión los derechos que expresa le asisten y de resultar fundada su pretensión obtener el reconocimiento que por esta vía se pretende, así como todas sus consecuencias legales en el intestamentario primigenio. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado En Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXVII, febrero de 2008, página 2270. Registro 170323, que dice: Suprema Corte de Justicia de la Nación "EMPLAZAMIENTO A JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. SI EL JUICIO DE ORIGEN NO HA CONCLUIDO POR RESOLUCIÓN FIRME, EN LA QUE SE APRUEBE LA PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO PARA RECLAMAR LA FALTA O ILEGALIDAD DE AQUÉL, SI NO SE AGOTA EL INCIDENTE DE NULIDAD DE TODO LO ACTUADO A PARTIR DE LA DENUNCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 769, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA. De las disposiciones normativas contenidas en el libro cuarto del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente a partir del 1o. de enero de 2005, intitulado "Procedimientos sobre cuestiones familiares", al tenor del cual habrán de sustanciarse los procedimientos hereditarios, concretamente los artículos 763 a 803, aplicables al juicio sucesorio, se advierte que éste se integra de tres etapas perfectamente diferenciadas entre sí: la primera relativa a la denuncia de la sucesión, institución de herederos, designación de albacea tanto provisional como definitivo, y de inventarios y avalúos; la segunda, correspondiente a la administración del patrimonio que la integra; y, por último, la resolución definitiva que se pronuncia en lo relativo a la partición y adjudicación del haber hereditario; de manera que la determinación que se emite al calificar los derechos de los herederos, instituirlos como tales, nombrar albacea definitivo y aprobar los inventarios y avalúos, no constituye una sentencia que pueda considerarse como aquella que pone fin al juicio, pues únicamente pone término a la primera de dichas etapas. Por tanto, si el juicio de origen no se encuentra concluido por resolución firme, en la que se apruebe la partición y adjudicación de los bienes, el amparo promovido por el quejoso para reclamar la falta o ilegal emplazamiento a aquél deviene improcedente, ya que tiene a su alcance la posibilidad de solicitar la nulidad de todo lo actuado, a partir de la denuncia de la sucesión". De igual modo, por identidad, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1627, libro V, febrero de 2012, tomo 2 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del tenor: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Como se observa, del criterio citado se obtiene que el juicio de amparo indirecto promovido por quien se ostenta como tercero extraño, resulta improcedente, si éste tuvo conocimiento del procedimiento natural cuando aún no se había dictado sentencia en la cuarta sección; en el caso, por analogía, dicho criterio es aplicable pues no ha concluido el juicio sucesorio intestamentario de origen. Por todo ello, a juicio de la suscrita, indudablemente y en forma manifiesta se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción VI, a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse en forma notoria y evidente las causas de improcedencia invocadas, se desecha la demanda de amparo. V. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Parte quejosa: ... a. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda, esto es, las listas que se publican en los estrados de este Juzgado Federal. b. Autorizado(s). Téngase por autorizado(s) en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a..., hasta en tanto acredite(n) contar con cédula profesional inscrita en el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. c. Uso de medios electrónicos. Hágase del conocimiento del promovente que no requiere de autorización por parte de este tribunal para hacer uso de los mismos en la consulta del expediente físico. VIII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Asimismo, se requiere a dichos fedatarios para que, al elaborar las síntesis de los acuerdos que deban publicarse en listas, especifiquen en la forma más completa en contenido de las resoluciones emitidas, además de integrar debidamente al expediente físico las razones de las diligencias que practiquen. IX. Se hace extensivo a las partes el contenido del artículo 12 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19. Se hace saber a las partes que de conformidad con el artículo 12 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, en este edificio sede se encuentra habilitada la Oficialía de Partes Común ("OPC"), para la recepción de promociones presentadas físicamente, la cual conforme al artículo 12, fracción I, del ACUERDO GENERAL 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-9, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de abril de dos mil veintidós, operará de lunes a viernes de 8:00 a.m. a las 03:00 p.m., con excepción de los días inhábiles. En la inteligencia que dicha Oficialía -por lo que hace a este Juzgado de Distrito- prestará servicios de las 8:00 a las 15:00, exclusivamente, ello en atención a que de conformidad con el ANEXO 1, relativo a la Asignación de turno y horario escalonado para el trabajo presencial en los órganos jurisdiccionales, de conformidad con el artículo 15 del citado ACUERDO GENERAL 7/2022, este juzgado cubrirá un horario matutino, con hora de entrada 8:30 y hora de salida será a las 15:30. Así, con base en el numeral citado, la persona actuante y encargada de la recepción de las promociones que, conforme a la normatividad aplicable deban presentarse ante la oficialía de partes de cada órgano jurisdiccional, hasta en tanto se concluya el turno de la Oficialía de Partes Común ("OPC"), procederá a entregar la totalidad de las promociones correspondientes a una persona que acuda por cada uno de los órganos jurisdiccionales atendidos por la misma. Esto es, no obstante la hora en que se realice la entrega física de las promociones presentadas por cualquiera de las partes ante dicha Oficialía, será hasta después de las 14:00 horas de ese día cuando serán remitidas a este Juzgado de Distrito, motivo por el cual las mismas no podrán ser observadas físicamente en el día de su presentación, menos aún podrán ser atendidas en las horas programadas en las audiencias señaladas. Lo que se insiste, se hace del conocimiento de las partes a fin de que presenten con la debida oportunidad -y tomando en consideración lo ya expuesto-, toda clase de promociones (informes, alegatos o pruebas); esto es, el día anterior al señalado para la celebración de la audiencia respectiva. X. Exhortación a que hace alusión el artículo 22 del citado ACUERDO GENERAL 21/2020, a fin de mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el numeral señalado en párrafo que antecede, se exhorta a las partes a que: Continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. XI. Expedición de copias. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes justificados; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/20 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán genera citas, a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que le hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. XII. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad a los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que este juzgado, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, los mismos serán utilizados para su tramitación y registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con fines estadísticos; asimismo, en términos de los diversos 43 a 48 de la ley general en cita, quedan a salvo los derechos de las partes de acceso, ratificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los que podrán ejercitar directamente ante este tribunal, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de transparencia de éste, auxiliar de su Comisión de Transparencia. En todo caso, hágase del conocimiento de las partes que este tribunal presume su oposición a la publicación de sus datos personales y únicamente en caso de solicitud expresa, se obrará en contrario. Finalmente, acorde a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto, entre ellas, las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa, implicará que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 del ordenamiento en cita, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales.
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