César Eduardo Valenzuela Rivera
Expediente 856/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 856/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 17/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- César Eduardo Valenzuela Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la resolución por la que se sobreseyó en este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, con relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva, es susceptible de destrucción una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso c) del precepto 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del aludido manual. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del referido Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del aludido manual, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión.
- Principal
Vistos los autos del presente juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento al requerimiento formulado en auto de once de mayo de este año, en el sentido de que señalara domicilio en esta ciudad de Durango, para oír y recibir notificaciones, no obstante que fue debidamente notificada de dicha determinación, según constancias remitidas por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, derivadas del exhorto electrónico ***; en tales condiciones, toda vez que trascurrió en exceso dicho termino, hágase efectivo el apercibimiento contenido en el mismo, y realícese las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal por medio de lista de estrados. Por otro lado, toda vez que se reservó acordar la forma de notificación de la resolución dictada por este juzgado el dieciocho de este mes y año, mediante la cual se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia, ello hasta en tanto transcurriera el término otorgado para señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; en tal virtud, como está ordenado en el presente proveído, hágase la notificación de la aludida resolución, por medio de lista de estrados. Notifíquese. SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 18-MAYO-2022 Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado que rinde la autoridad responsable y anexos que con el mismo se remitieron. Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado que guarda el sumario constitucional en que se actúa, se advierte que ha sobrevenido una causal de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso, se advierte que el quejoso ****, reclama del Tribunal de Control y Enjuiciamiento de Durango, lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad responsable señalada como ordenadora reclamo el Auto de Vinculación a Proceso, por el delito de homicidio dentro de los autos de la causa penal 1083/2021. De la Autoridad Responsable señalada como Ejecutora reclamo el hecho de que me tienen privado de mi libertad personal por la orden recibido por la autoridad responsable señalada como ordenadora" Por otro lado, con el oficio de cuenta el Juez Sexto de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial en el Estado, remitió copia certificada de algunas constancias y de los discos de audio y video de la causa penal 1083/2021, integrada contra **** y otra, por la comisión de los hechos relativos al delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en el subtipo penal de posesión de narcóticos con fines de comercio, previsto y sancionado por los artículos 473, fracciones I y VI, 476 y 479 de la Ley General de Salud; entre ellas, el auto de vinculación a proceso decretado contra el peticionario, por el delito señalado. En esas condiciones, se tendrá como acto reclamado en este juicio, el indicado auto de vinculación a proceso decretado por la comisión de los hechos relativos al delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en el subtipo penal de posesión de narcóticos con fines de comercio, y no por el delito de homicidio como lo expuso el quejoso, habida cuenta que el que se emitió en la causa penal 1083/2021 que señala el peticionario, es por el injusto señalado en primer término. Ahora, de los discos de audio y video señalado, deriva que el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se dictó el auto de vinculación que se reprocha. También se advierte que en audiencia de suspensión condicional del proceso celebrada el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, el juez de control decretó la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de la causa penal 1083/2021, al actualizarse el supuesto previsto por los artículos 327, fracción VI y 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tales discos de audio y video tienen plena eficacia al tratarse de documentos públicos, esto, de acuerdo con lo señalado en los preceptos 200 y 202 del enjuiciamiento civil federal, aplicado supletoriamente de la ley de la materia. Sirve de apoyo en cuanto a la valoración de los discos de audio y video respectivos, la jurisprudencia de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL" Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos de lo atribuido a la responsable, en virtud de que el auto de vinculación a proceso ha quedado sin efecto con el dictado de la resolución de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en la que el juez de control decretó la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de la causa penal 1083/2021, por lo que el acto reclamado ya no agravia al quejoso. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con treinta y seis minutos del trece de junio de dos mil veintidós. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado que rinde la autoridad responsable y anexos que con el mismo se remitieron. Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado que guarda el sumario constitucional en que se actúa, se advierte que ha sobrevenido una causal de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso, se advierte que el quejoso ****, reclama del Tribunal de Control y Enjuiciamiento de Durango, lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad responsable señalada como ordenadora reclamo el Auto de Vinculación a Proceso, por el delito de homicidio dentro de los autos de la causa penal 1083/2021. De la Autoridad Responsable señalada como Ejecutora reclamo el hecho de que me tienen privado de mi libertad personal por la orden recibido por la autoridad responsable señalada como ordenadora" Por otro lado, con el oficio de cuenta el Juez Sexto de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial en el Estado, remitió copia certificada de algunas constancias y de los discos de audio y video de la causa penal 1083/2021, integrada contra **** y otra, por la comisión de los hechos relativos al delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en el subtipo penal de posesión de narcóticos con fines de comercio, previsto y sancionado por los artículos 473, fracciones I y VI, 476 y 479 de la Ley General de Salud; entre ellas, el auto de vinculación a proceso decretado contra el peticionario, por el delito señalado. En esas condiciones, se tendrá como acto reclamado en este juicio, el indicado auto de vinculación a proceso decretado por la comisión de los hechos relativos al delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en el subtipo penal de posesión de narcóticos con fines de comercio, y no por el delito de homicidio como lo expuso el quejoso, habida cuenta que el que se emitió en la causa penal 1083/2021 que señala el peticionario, es por el injusto señalado en primer término. Ahora, de los discos de audio y video señalado, deriva que el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se dictó el auto de vinculación que se reprocha. También se advierte que en audiencia de suspensión condicional del proceso celebrada el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, el juez de control decretó la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de la causa penal 1083/2021, al actualizarse el supuesto previsto por los artículos 327, fracción VI y 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tales discos de audio y video tienen plena eficacia al tratarse de documentos públicos, esto, de acuerdo con lo señalado en los preceptos 200 y 202 del enjuiciamiento civil federal, aplicado supletoriamente de la ley de la materia. Sirve de apoyo en cuanto a la valoración de los discos de audio y video respectivos, la jurisprudencia de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL" Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos de lo atribuido a la responsable, en virtud de que el auto de vinculación a proceso ha quedado sin efecto con el dictado de la resolución de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en la que el juez de control decretó la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de la causa penal 1083/2021, por lo que el acto reclamado ya no agravia al quejoso. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con treinta y seis minutos del trece de junio de dos mil veintidós. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
ÚNICO.- Se niega a****, la suspensión definitiva que solicitó contra los actos que reclamó de la autoridad señalada como responsable. Notifíquese.
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