Cesar Eduardo Salazar Briceño

Expediente 704/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
704/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
13/07/2021

Partes del expediente

  • Cesar Eduardo Salazar Briceño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    MESA I.- CAUSA ESTADO: Vista la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo dictado el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dictado por este Juzgado, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, no interpuso el recurso de revisión; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCIÓN". NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA I.- Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos el oficio 603 de quince de abril del año en curso, signado por Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite diversas constancias deducidas de la carpeta de investigación D1/1202/2021 de su índice, de la cual se advierte que en autos de la referida carpeta de investigación D1/1202/2021, el quejoso ***, fue puesto a disposición del Juez de Control en turno, del Primer Distrito Judicial del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado. Ahora bien, del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable con su oficio de cuenta, a juicio de la suscrita, sobreviene la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, como se expondrá. INTRODUCCIÓN Del análisis integral de las constancias que integran este asunto, se advierte que el quejoso Cesar Eduardo Salazar Briceño reclama la privación de la libertad o detención al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. HECHOS Ahora, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, las que tienen valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: 1. Del informe justificado del Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, la puesta a disposición a la Fiscalía General del Estado del detenido (ahora quejoso), del veintiocho de abril de dos mil veintiuno. 2. Ratificación de la detención de *** de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, dictada en autos de la carpeta de investigación D1/1202/2021. 3.Puesta a disposicion de la carpeta de investigación D1/1202/2021, con detenido de Cesar Eduardo Salazar Briceño, en el Centro de Reinserción Social del Estado, dirigido al Juez en turno del juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, el treinta de abril de dos mil veintiuno. CONTEXTO LEGAL El artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XVII, párrafo primero, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." Respecto de esta causal, conviene acotar lo siguiente: un cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución, dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. ANÁLISIS Sentado lo anterior, en la especie, la peticionaria de amparo Cesar Eduardo Salazar Briceño, se duele de la privación de la libertad o detención hecha por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, cuya existencia aceptaron las responsables Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir sus correspondientes informes justificados, y se corrobora con las copias certificadas de las puestas a disposición que ambas autoridades hacen, y la ultima el treinta de abril de dos mil veintiuno, al Juez en tuno. Ahora bien, mediante acuerdo de treinta de abril de dos mil veintiuno, dictados en autos de la carpeta de investigación D1/1202/2021, el Fiscal en Jefe en turno de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes con Detenido, puso a disposición del Juez en turno del juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, la carpeta de investigación y al detenido Cesar Eduardo Salazar Briceño, en el Centro de Reinserción Social del Estado. Bajo esa óptica, de las constancias anteriormente reseñadas, las que ya han sido valoradas, quedó plenamente demostrado que si en el presente juicio de amparo, en un principio el quejosa reclamó la privación de la libertad o detención al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, y con posterioridad, el veintiocho de de abril de dos mil veintiuno, el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, puso a disposición a la Fiscalía General del Estado del detenido (ahora quejoso), y treinta de abril de dos mil veintiuno, en autos de la carpeta de investigación D1/1202/2021, el Fiscal en Jefe en turno de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes con Detenido, puso a disposición del Juez en turno del juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a la carpeta de investigación y al detenido ***, en el Centro de Reinserción Social del Estado; es claro, que cambió la situación jurídica del peticionario de amparo, siendo que ante tal situación, la consecuencia legal de la orden en principio narrada quedó insubsistente y ahora ya no puede ser analizada, pues ésta en todo caso ha quedado insubsistente con la puesta a disposición del detenido Cesar Eduardo Salazar Briceño, al Juez en turno, hizo que el estado procesal del quejoso sea diferente a la que reclamó en un principio. En mérito de lo anterior, al aparecer un cambio de situación jurídica en el presente asunto, resulta obvio concluir que el amparo solicitado por Cesar Eduardo Salazar Briceño es improcedente por haberse puesto a disposición de la autoridad judicial, con posterioridad a la mencionada orden de captura y a la promoción del amparo, y por ende, se surte la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia con los datos de localización, rubro y contenido siguientes: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR... Así las cosas, al actualizarse la causal de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional la cual está fijada para el DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO; por tanto déjese sin efectos la misma. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia... "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA III.- Vista la certificación que antecede, en la que se asentó que mediante proveído de ocho de febrero del año en curso se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la sentencia ejecutoria en este juicio y se apercibió que en caso de que no hiciera manifestación alguna en el término de tres días, este Juzgado acordaría lo que en derecho procediera, sin que lo haya hecho; por tanto, conforme al artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo vigente, se procede a resolver si dicha sentencia se encuentra cumplida o no. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veinte firmada el treinta de septiembre siguiente, dictada por este Juzgado, se AMPARÓ Y PROTEGIÓ a la quejosa Elizabeth del Socorro Ponce Camacho contra los actos reclamados a las autoridades responsables, para el efecto de que el Subdelegado de Prestaciones y el Jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas, ambos de la Delegación Yucatán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad: a) Dejen insubsistente el acto de aplicación, consistente en el oficio ISS100.31.300.1.1996.12.2019 de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. b) Dejen de aplicar a la parte quejosa, en el caso concreto y en lo futuro, lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. c) Emitan un oficio, en el que: I) determinen las cantidades que se le deben a la quejosa desde que se redujeron sus pensiones; II) le paguen dichas diferencias; y, III) determinen las cantidades a pagar por pensión por viudez y por jubilación (invalidez), respectivamente, pagando éstas de manera íntegra sin aplicar la limitante prevista en el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Por acuerdo de siete de diciembre de dos mil veinte causó ejecutoria la sentencia de mérito, y se requirió a las referidas autoridades responsables el cumplimiento del fallo protector. En cumplimiento a la sentencia dictada en autos, la Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Yucatán, en representación del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación de dicho Instituto, remitió el oficio ISS100.31.300.1.560.12.2020 de catorce de diciembre de dos mil veinte, emitido por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene y Encarado de la Subdelegación de Prestaciones del aludido Instituto, y sus anexos, en el cual dejó sin efectos el acto de aplicación reclamado consistente en el oficio ISS100.31.300.1.1996.12.2019 de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve; determinó que no se aplicará a la quejosa en lo presente y en lo futuro, lo previsto en el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; asimismo, recalculó la pensión de la pensión de la quejosa, informó las cantidades reflejadas en la nómina de la quejosa en su pensión de viudez y de jubilación (invalidez), las cuales fueron desglosadas; finalmente, procedió a la devolución de las cantidades retenidas; adjuntando copia de dichas constancias. Por tanto, es evidente que con ello se colma el derecho humano de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo y protección de la justicia federal y se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, por lo que debe concluirse que resulta procedente declarar que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente. Con fundamento en el artículo 201, fracción I y 202 de la Ley de Amparo de mérito vigente, hágase del conocimiento de la parte quejosa que puede interponer dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, el recurso de inconformidad establecido en el primer numeral citado, y que una vez transcurrido dicho plazo, sin que hubiere interpuesto el citado recurso, se ordenará el archivo de este expediente, de conformidad con los artículos 196 cuarto párrafo y 214 de la Ley de la Materia. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    *NL*MESA I.- Vista la cuenta que antecede, se acuerda: Toda vez que de la constancia de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, levantada por el quejoso ..., el acuerdo de veinticuatro de mayo en curso, dictada en este juicio, por los motivos que expone en su razón actuarial; en consecuencia, a fin de no dejarla en estado de indefensión, con fundamento en el numeral 27, fracción III, de la Ley de Amparo, hágase al mencionado quejoso la notificación de este acuerdo, y el del veinticuatro de mayo en curso, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE. ACUERDO DE 24 DE MAYO DE 2021: Vista la cuenta que antecede, agréguese para que obre como corresponda el escrito de ..., autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual, comunica que renuncia al cargo de abogada en el presente juicio de amparo, del quejoso .... Al respecto dese vista al quejoso, con el escrito de cuenta, por el término de TRES DIAS, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que una vez transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin él, este Juzgado de Distrito acordara lo que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE y personalmente a la parte quejosa.

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