César Eduardo Pérez Castellanos

Expediente 397/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
397/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
26/09/2023

Partes del expediente

  • César Eduardo Pérez Castellanos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado el once de septiembre de dos mil veintitrés, por el que se desechó de plano su demanda de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que dicha determinación ha causado estado para los efectos legales procedentes. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO DEL EXPEDIENTE No existiendo asunto pendiente de diligenciar y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del citado acuerdo; esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Asimismo, se destaca que en este expediente no se concedió la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). DESTINO Al tratarse de un asunto en el que se desechó de plano la demanda de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el fracción IV del numeral 20 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, con fundamento en el citado artículo 20 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción siguiendo los lineamientos establecidos en el penúltimo párrafo del precepto citado. LEY DE TRANSPARENCIA Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, once de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, firmado por ****, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de veinticinco de julio pasado, y manifiesta que los hechos y abstenciones descritos en la demanda inicial son bajo protesta de decir verdad, precisa la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado y la persona que le asiste el carácter de tercera interesada. Por lo que al efecto se provee. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a acordar lo conducente, es necesario examinar el escrito inicial de demanda y el aclaratorio a fin de determinar si colman los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable para estimar lo contrario, en términos del artículo 113 de la ley de la materia, del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo que lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Octava Época, con número de registro 221353, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, dentro del tomo VIII, noviembre de 1991, la cual es visible a página 198, y establece lo que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." Ahora, respecto de los actos reclamados, cabe mencionar que, de oficio, este órgano de control constitucional advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. . Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: . Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo anterior se desprende: que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, el término genérico para presentar la demanda con sus excepciones, y la forma en que se computarán los plazos a que se refiere el artículo 17 transcrito. Los actos consentidos tácitamente son aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. La forma en que se computarán los plazos a que se refiere el artículo 17 citado, se realiza de las siguientes formas: A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclame; A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto o resolución que reclame; y, A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. Pues bien, existen tres formas para computar el plazo de quince días, dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla oportunamente promovida, todas ellas tienen características propias y excluyentes entre sí. En la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, se hizo saber al agraviado el acto reclamado. La segunda forma de computar el plazo aludido, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa o, incluso, del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que éste último "tuvo conocimiento" en determinada fecha del acto reclamado; más tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de garantías conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera integral. Por su parte, en la tercera forma referida, se establece que el plazo para la promoción de la demanda de amparo, se contará desde el día siguiente al en que el inconforme se ostente sabedor del mismo o de su ejecución, lo cual implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la que manifieste que conoció del acto impugnado; conducta que puede estimarse que entraña una confesión expresa por parte del afectado, porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda, le perjudica. Bajo este contexto, cuando el inconforme se manifiesta sabedor en determinada fecha de los actos reclamados, no es necesario que, además, se exija que conoció en forma plena, directa y completa de los mismos, toda vez que ello se encuentra inmerso al mostrarse conocedor de aquellos, de tal manera que basta con que el solicitante de amparo, con pleno conocimiento de lo que expresa bajo protesta de decir verdad, se ostente sabedor del acto o actos reclamados en determinada fecha, para que se contabilice el término de la presentación de la demanda a partir de la fecha en que lo refiera. Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis relativas, debe señalarse también que éstas no guardan un orden de preferencia, pues la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos, lo que autoriza afirmar que aun cuando exista constancia de notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame, ésta no podrá tomarse en consideración para tal efecto, si se demuestra que con anterioridad se tuvo conocimiento de tales actos o se ostentó sabedor de los mismos. Ahora, en el caso en concreto, la parte quejosa reclama el auto de vinculación a proceso emitido por el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Puerto Escondido, Oaxaca, en la que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva; precisando, bajo protesta de decir verdad, que el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, le fue notificada en audiencia las determinadas resoluciones. Cabe precisar que la protesta de decir verdad, es una manifestación que constituye una confesión expresa; medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quién la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, el quejoso indicó que en audiencia de ampliación de término constitucional de veintitrés de mayo pasado se le notificó la resolución que reclama, por lo que el término de quince días que el artículo 17 de la Ley de Amparo establece para la interposición oportuna de la demanda de amparo, en los casos como el que nos ocupa, se computa a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto que reclama, iniciando así dicho término el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, concluyendo el plazo legal respectivo el trece de junio del año en curso, sin contar los días veintisiete y veintiocho de mayo, tres, cuatro, diez y once de junio de dos mil veintitrés, por haber sido inhábiles, por corresponder a sábados y domingos, acorde con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. En este orden, es evidente que la demanda de amparo que originó el juicio en que se actúa, no fue presentada dentro del término legal de quince días que prevé el mencionado numeral 17 de la ley en aplicación, dado que la misma se presentó el veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, tal como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, asentado al margen superior del escrito de demanda; de lo cual resulta evidente, que entre esa fecha y en la que se hizo sabedor el quejoso del acto reclamado, ha transcurrido en exceso el plazo genérico indicado, quedando manifiesta e indudable su extemporaneidad. Cabe señalar, que en la especie no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en el referido cardinal 17 de la Ley de Amparo, en la medida en que no se reclama una ley general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición (fracción I); tampoco se impugna una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión (fracción II); mucho menos se promueve contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal (fracción III); ni tampoco se está en el supuesto de que el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, ya que el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva se emiten dentro de un procedimiento penal; aunado a que no reclama algún acto como incomunicación, ni se trata de una deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de persona o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (fracción IV). Es aplicable en lo conducente, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316 del Apéndice al semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo X, correspondiente al mes de octubre de 1992, con registro 218145, cuyo tenor literal es: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la sustanciación del juicio de garantías ante los Jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: "El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado". Se comprende, pues, que los motivos manifiestos e indudables a que alude el precepto citado son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece, por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo." Así como la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 535, del Libro 9, correspondiente al mes de agosto de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2007063, cuyo rubro y texto son como sigue: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA LA DEMANDA O LA QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA POR INCUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SEDE LEGISLATIVA, RESPETA ESE DERECHO HUMANO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, comprende el de obtener una resolución fundada en derecho. Ahora bien, la resolución judicial que desecha la demanda o la que la tiene por no presentada por no cumplir con las formalidades y los requisitos establecidos en sede legislativa, respeta ese derecho humano, siempre que dichas formalidades y requisitos sean proporcionales entre los fines que preservan, frente a los intereses que sacrifican, y así lo acuerde fundadamente el juez o tribunal respectivo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por César Eduardo Pérez Castellanos. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos, el escrito presentado por César Eduardo Pérez Castellanos, del que se advierte que la firma que lo calza diverge notoriamente de la estampada en su escrito inicial de demanda que dio origen a este juicio de amparo. No obstante lo anterior, tomando en cuenta que el directo quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de Santa Catarina Juquila, Oaxaca, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión, con fundamento en lo dispuesto por el precepto 298, párrafo segundo, del ordenamiento legal invocado y el Acuerdo número 01/2002 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el que aprueba la redistritación judicial para la determinación de la competencia territorial de los Juzgados del Poder Judicial del Estado, envíese despacho al juez de Control, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva ordenar a quien corresponda, notifique al quejoso Cesar Eduardo Pérez Castellanos, en dicho centro penitenciario, el contenido inserto en la presente comunicación y lo requiera para que en el momento de la diligencia, ratifique en todas y cada una de sus partes el escrito, que con firma original se le anexa; haciéndole saber que en caso de no ratificar dicha promoción, se tendrá por no planteada la solicitud ahí contenida. Se invoca en apoyo la jurisprudencia emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento setenta y cinco, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo tenor literal es: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA". Notifíquese por despacho.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diez de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, tomando en consideración que el presente juicio se trata de un asunto en materia penal, y que se encuentran inmersos derechos del quejoso privado de su libertad, quien no cuenta con asistencia de un abogado; por lo que, a fin de garantizar la protección del interés de ****, así como el derecho a una representación jurídica adecuada, con copia simple de la demanda, gírese oficio vía electrónica al Director General de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, para que atento a lo previsto en las fracciones II, VIII, XIII del artículo 16 de la Ley de la Defensoría Pública y demás aplicables, dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación de este acuerdo, en el ámbito de sus facultades, designe a un asesor jurídico para que actúe como representante del citado impetrante dentro del presente juicio de amparo. En la inteligencia que dicho asesor deberá contar con título profesional de licenciado en derecho y cédula profesional correspondiente, lo que deberá acreditar con la documental certificada, o en su caso, que se encuentre registrado en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo. En el entendido de que una vez que la citada dependencia designe a un profesionista en derecho, se notificará el auto de prevención de veinticinco de julio pasado, a efecto de que asesore al quejoso en cita. Notifíquese

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